Las declaraciones que transforman el caso PDVSA-Cripto en una denuncia de despojo empresarial Por la Unidad de Investigación Lo que comenzó como una de las mayores operaciones anticorrupción anunciadas por el Estado venezolano amenaza con convertirse en un caso mucho más complejo. 

Durante las recientes audiencias del juicio conocido como PDVSA-Cripto, los empresarios Carmelo y Daniel De Grazia Suárez sostuvieron que detrás de su detención no existió una investigación financiera legítima, sino una operación destinada a arrebatarles el control de Bancamiga, Compass Bank & Trust y un conglomerado de empresas privadas valoradas en decenas de millones de dólares. 

Las acusaciones, formuladas bajo declaración judicial, apuntan hacia una presunta red integrada por funcionarios, empresarios y allegados al poder político venezolano que, según los denunciantes, habría aprovechado su encarcelamiento para tomar control de activos estratégicos del sector financiero. 

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Uno de los aspectos más graves de las declaraciones es la descripción de los interrogatorios realizados durante la permanencia de los hermanos De Grazia en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). 

Según Carmelo De Grazia, los funcionarios mostraban mayor interés en conocer la ubicación de sus propiedades, vehículos, empresas y activos financieros que en los supuestos delitos económicos que justificaron su arresto. 

Aseguró que la primera pregunta formulada durante los interrogatorios fue: "¿Dónde están los carros y dónde está tu avión?" Daniel De Grazia sostuvo una versión similar.

 Declaró ante el tribunal que los interrogatorios tenían como propósito identificar activos susceptibles de ser transferidos a terceros y afirmó que recibió presiones para desprenderse de sus participaciones empresariales mientras permanecía detenido e incomunicado.

 La toma forzada de Bancamiga: el desembarco de Fospuca  La pieza central de la denuncia gira alrededor de Bancamiga. 

Según los documentos incorporados por la defensa, Carmelo De Grazia era propietario de aproximadamente 49,5 % de las acciones del banco antes de su detención. 

Mientras permanecía recluido, José Simón Elarba habría aparecido como titular de ese paquete accionario y posteriormente consolidado una posición dominante dentro de la institución. Los denunciantes sostienen que existe una inconsistencia temporal relevante: un oficio de autorización emitido por Sudeban tendría fecha del 22 de mayo de 2024, mientras que el contrato privado utilizado para justificar la transferencia accionaria habría sido firmado semanas después. 

La defensa argumenta que esa secuencia plantea interrogantes sobre cómo pudo ser autorizada una operación cuya formalización contractual, según su versión, aún no se había producido. 

El despojo coaccionado de Compass Bank Las acusaciones también alcanzan a Compass Bank & Trust, entidad financiera domiciliada en Dominica. 

Daniel De Grazia declaró que fue obligado a firmar la cesión de 90,7 % de sus acciones mientras permanecía detenido en instalaciones del DGCIM.

 Según su testimonio, la operación fue ejecutada mediante una videoconferencia organizada desde el propio centro de reclusión y sin negociación previa sobre precio, condiciones o forma de pago. 

Documentos incorporados por la defensa identifican a Ibrahim José Velutini Sosa como beneficiario de dicha transferencia y sostienen que el empresario nunca había tenido relación comercial previa con Daniel De Grazia.

 La documentación presentada además señala que posteriormente se aprobaron créditos por más de 10 millones de dólares a diversas compañías vinculadas a operaciones inmobiliarias, recursos que presuntamente fueron utilizados para simular el pago de las acciones transferidas. 

Las denuncias no se limitan al sector bancario. Materiales consignados ante el tribunal afirman que catorce empresas pertenecientes al Grupo De Grazia pasaron a manos de Manuel Flores Melo durante el período en que sus propietarios originales permanecían privados de libertad e incomunicados. 

Los documentos sostienen que dichas transferencias se realizaron sin contraprestación económica efectiva y bajo circunstancias que los denunciantes califican como coercitivas.

Otro episodio relatado durante el juicio involucra a Kerly López, entonces subgerente de Bancamiga. 

Según la versión presentada por su defensa, funcionarios del DGCIM ingresaron a una bóveda de la institución acompañados por José Simón Elarba y otras personas vinculadas a la nueva administración del banco.

 El abogado afirmó que López intentó impedir la extracción de aproximadamente 2,3 millones de dólares en efectivo y que posteriormente fue detenida y acusada de diversos delitos. 

La defensa sostiene que su actuación respondió exclusivamente a las responsabilidades inherentes a su cargo y que terminó procesada por intentar proteger activos bajo su custodia. 

Un caso que trasciende la supuesta criptotrama Más allá de las acusaciones penales originales relacionadas con PDVSA-Cripto, las declaraciones realizadas durante el juicio están construyendo una narrativa distinta. 

Los hermanos De Grazia sostienen que fueron víctimas de una operación desde el alto poder encabezado por la pareja Maduro-Flofes, sus familiares y un aliado necesario, José simon Elarba, dirigida a apropiarse de activos financieros, empresas y participaciones accionarias aprovechando su situación de detención e incomunicación.

 Hasta la fecha, estas afirmaciones constituyen denuncias formuladas por los acusados y sus defensas dentro del proceso judicial. Corresponderá a los tribunales determinar si existieron las irregularidades descritas y establecer las responsabilidades correspondientes. 

Así como a la Fiscalía General de la República y la Superintendencia General de Bancos (SUDEBAN) abrir los procesos administrativos y de investigación que conduzcan a determinar la ocurrencia de posibles delitos penales y financieros. 

 Sin embargo, las revelaciones han introducido una pregunta que trasciende el propio caso PDVSA-Cripto: si las acusaciones resultan ciertas, el expediente dejaría de ser únicamente una investigación sobre corrupción petrolera para convertirse también en uno de los mayores señalamientos de despojo patrimonial y captura de activos privados registrados en la historia reciente de Venezuela. 

Las presuntas irregularidades que apuntan al control bajo una supuesta adquisición forzada Expertos financieros y fuentes ligadas al caso penal advierten sobre la existencia de al menos siete vicios legales de extrema gravedad que habrían marcado el traspaso de la entidad: 

1. El dilema de la propiedad cruzada y el monopolio De acuerdo con los registros, Hurtado Sosa mantendría la propiedad del 25% de las acciones de Bangente al mismo tiempo que asumía el 47,08% del capital de Bancamiga. Esta duplicidad accionaria representaría una presunta violación flagrante al artículo 35 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, el cual prohíbe de forma taxativa la concentración y el control simultáneo de múltiples licencias financieras en manos de un mismo actor económico, una medida diseñada precisamente para evitar monopolios y proteger los fondos del público.

 2. Cronología invertida: El aval anticipado de la Sudeban Uno de los hallazgos más desconcertantes en la denuncia judicial de los accionistas originales es la incongruencia de fechas. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) habría emitido un oficio de aprobación para el traspaso el 22 de mayo de 2024. Sin embargo, el contrato privado de compraventa no se firmó sino hasta semanas después, el 14 de junio de 2024. Esto indicaría que el ente regulador estatal aprobó formalmente una transacción financiera que legalmente aún no existía ni se había consumado entre las partes. 

3. Evasión de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) Al ser Bancamiga una entidad inscrita y activa en la Bolsa de Valores de Caracas, cualquier cambio en su control accionario de esta magnitud requería la activación obligatoria de una OPA, según lo estipulado por la Ley de Mercado de Valores. La supuesta omisión de este paso legal habría dejado en completa indefensión y desprotección a los accionistas minoritarios de la institución, impidiendo una competencia abierta de ofertas en el mercado. 

4. Un precio presuntamente simulado e irrisorio La valoración financiera de la venta ha encendido alarmas de auditoría forense. El acuerdo de traspaso fijó el valor del 50% de las acciones de Bancamiga en apenas 350.000 dólares. Para esa misma fecha, los balances de la institución reflejaban un acumulado de más de 16 millones de dólares en dividendos líquidos por distribuir. La desproporción matemática sugiere la simulación de un precio de venta artificial, muy alejado de la realidad del mercado. 

5. Denuncias de coacción e indefensión en reclusión El aspecto más sombrío del caso radica en el contexto en que se aprobó el aumento de capital y el cambio de junta directiva.

 Estos movimientos se concretaron mientras los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia Suárez, fundadores originales de Bancamiga, se encontraban en una situación de reclusión e incomunicación absoluta en el área de "La Máxima" de un centro penitenciario. 

Durante las asambleas extraordinarias, se asentó una supuesta "renuncia" de los fundadores a su derecho de suscripción preferente, justificada por una inasistencia que, en la realidad, era forzada por su privación de libertad. 

6. Omisión de alertas para Personas Políticamente Expuestas (PEP) Finalmente, el proceso de validación de los fondos utilizados para la compra también bajo sospecha. 

A pesar de tratarse de una compradora con nexos familiares directos con una persona sancionada internacionalmente (Malpica Flores) y calificada técnicamente como Persona Políticamente Expuesta (PEP), las autoridades del Saren (Notaría Segunda de Baruta, en fecha 18 de noviembre de 2025) y los fiscalizadores financieros habrían tramitado el papeleo de forma expedita, presuntamente omitiendo los protocolos internacionales rigurosos de auditoría contra el lavado de activos. 

Esta cadena de supuestos vicios no solo compromete la legitimidad del control actual de Bancamiga, sino que expone un patrón de presunta instrumentación de los aparatos de justicia y reclusión penal en Venezuela. 

La hipótesis que cobra fuerza entre analistas del sector es el uso de la coacción estatal como mecanismo forzoso para transferir activos financieros de gran valor hacia el patrimonio de corporaciones satélites vinculadas a la cúpula gobernante.

Con información de nota de prensa

Este viernes, la Asociación Bancaria de Venezuela informó que las entidades financieras recibirán hasta el último de este mes los billetes que saldrán de circulación a partir del 25 de septiembre.

A través de su cuenta en X, la institución dijo que los ciudadanos «tendrán oportunidad de depositarlos para su cambio en los bancos hasta el 30 de este mes».

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Los billetes que dejarán de circular son los de 10.000, 20.000, 50.000 y 200.000 que pertenecen al Bolívar Soberano, emitidos desde el 2019.

Se informó en la resolución N° 24-08-01 del BCV que saldrán de circulación los billetes con denominación de 10.000, 20.000, 50.000 y 200.000 de la familia del Bolívar Soberano, emitidos desde 2019.Tendrán oportunidad de depositarlos para su cambio en los bancos hasta el 30/9/24 pic.twitter.com/oyCt5GXRA0

La Superintendencia de Bancos (Sudeban) presentó en sus cuentas de redes sociales el calendario bancario 2023. Indicó que dicho cronograma se elaboró de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del Sector Bancario.

Para el primer mes del año se contempla el domingo 1º de enero la celebración del Año Nuevo, por lo que se aplicará feriado nacional.

El feriado correspondiente al 6 de enero (Día de Reyes) se ejecutará el lunes 9 de enero.

El sábado 14 de enero, Día de la Divina Pastora, “no se ejecutará por ser fin de semana”.

El lunes 20 y martes 21 de febrero se celebrará Carnaval, será feriado bancario.

El correspondiente al domingo 19 de marzo (Día de San José) no se ejecutará por ser fin de semana.

El jueves 6 y viernes 7 de abril será feriado por Semana Santa, y el miércoles 19 de abril por el Día de la Independencia.

El lunes 1º de mayo será feriado por el Día del Trabajador, y el correspondiente al jueves 18 (Ascensión del Señor) se ejecutará el lunes 22.

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Del mismo modo, los feriados correspondientes al jueves 8 (Corpus Christi) y el martes 13 (Día de San Antonio) se ejecutarán los lunes 12 y 19 de junio, respectivamente.

El sábado 24 de junio será feriado nacional por conmemorarse la Batalla de Carabobo

El correspondiente al jueves 29 de junio (Día de San Pedro y San Pablo) se ejecutará el lunes 3 de julio.

Los días miércoles 5 (Día de la Independencia) y lunes 24 (Natalicio del Libertador) de julio serán feriados nacionales.

El feriado correspondiente al martes 15 de agosto (Asunción de Nuestra Señora) se ejecutará el lunes 14 de agosto.

Los días lunes 11 de septiembre (Día de la Virgen de Coromoto).

El jueves 12 de octubre (Día de la Resistencia Indígena) es feriado nacional, mientras el 26 de octubre (Día del Dr. José Gregorio Hernández) serán feriado bancario el siguiente lunes (30 de octubre).

El feriado correspondiente al miércoles 1º de noviembre (Día de todos los Santos) se ejecutará el 6 de noviembre; el sábado 18 (Día de a Virgen del Rosario) no se ejecutará por ser fin de semana.

Por último, el feriado correspondiente al viernes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) se ejecutará el lunes 11 de diciembre.

Los días 24, 25 (Natividad de Nuestro Señor) y 31 de diciembre serán feriados nacionales.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ofreció detalles sobre la autorización para que los bancos otorguen créditos en bolívares. Los mismos se aprobarán con recursos provenientes de captaciones en moneda extranjera.

La medida, anunciada a principios del mes por la administración de Nicolás Maduro, «busca impulsar e incentivar el financiamiento» que será de 10% de las captaciones.

La primera regla es que otorgarán los créditos exclusivamente en bolívares y deben contar con la aprobación de los requisitos establecidos por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Se trata de la resolución publicada en la Gaceta Oficial 43.312, del 4 de febrero. Según estos parámetros expresarán «los créditos mediante el uso de la Unidad de Valor de Crédito (UVC)». Se refiere al «resultado de dividir el monto en bolívares del crédito otorgado entre el Índice de Inversión (IDI)». Esto, «tomando en cuenta la variación del tipo de cambio de referencia de mercado y publicado diariamente por el BCV».

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Los créditos tendrán una tasa de interés anual de 2% sobre el saldo resultante de su expresión en Unidad de Valor de Crédito (UVC), según lo establecido en la resolución del BCV.

Los bancos que otorguen créditos deben cobrar a sus clientes «en moneda nacional, una vez expresados en Unidad de Valor de Crédito (UVC)». La tasa de interés anual no puede exceder de 16% ni bajar de 8%.

Las instituciones bancarias deben contar con la aprobación de la Sudeban y del BCV, si aplica, para ofrecer y promocionar sus productos e instrumentos financieros.

También tienen que remitir a la Sudeban la propuesta de contrato, según lo establecido en la resolución del BCV.

Para los especialistas, la decisión de Nicolás Maduro de bajar el encaje legal de 85% a 73% es «positivo», pero «insuficiente. Sobre todo porque ese porcentaje sigue siendo demasiado alto, tomando en cuenta que en gran parte de los países, la tasa ronda 5%.

Tamara Herrera, economista y directora de la firma Síntesis Financiera, cree que la reducción del encaje legal y el hecho de que los bancos puedan prestar bolívares con base a su posición en dólares, «aumentará alrededor de 39 % la cartera de crédito del país».

Dijo, en entrevista con Unión Radio, que se trata de «una medida esperada» que está «en el camino correcto para permitir la reactivación de los créditos.La banca está recibiendo un pequeño espacio adicional, pero la tasa de encaje sigue siendo sumamente elevada», ratificó.

Entre tanto, el también economista Luis Arturo Bárcenas, sostiene que «lo que dispondrán los bancos locales para prestar seguirá siendo minúsculo. Apenas $173 mil millones, considerando los depósitos líquidos a enero, en ambas monedas. A esto se agregará cada vez menos si el Ejecutivo continúa recortando el gasto en lugar de aumentarlo».

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Argumenta que, «incluso si los bancos lograsen capturar como depósitos la totalidad de lo que circula en dólares en efectivo en el país, ello significaría solo $250 mil millones adicionales para otorgar financiamientos».

«Aunque tales montos superan el tamaño actual de la cartera crediticia ($310 mil millones), la misma se ubicaría en apenas 1% del PIB. Para poner en contexto, en América Latina, el crédito para los privados está entre 30% y 50% de su producción, en promedio».

No obstante, aclara que «el crédito en Venezuela debe ascender hasta los $13.000 MM para alcanzar a la región. Algo prácticamente imposible en el contexto real y financiero actual. Con un encaje de 50%, apenas se llegaría a los $2.000 MM».

Advirtió que, «en ausencia de una normativa para el manejo del riesgo de estas operaciones, muchos bancos seguirán viendo con recelo los préstamos formales en dólares. Esto ocurrirá mientras no se permita una mecanismo que contribuya con la circulación de divisas entre banco, entre otras».

En la noche de este jueves, Delcy Rodríguez aseguró que el sistema de la banca tanto pública como privada está listo para la tercera reconversión monetaria.

De acuerdo a sus declaraciones todo ha transcurrido de manera positiva en el marco de la reconversión que entrará en vigencia a partir del 1 de octubre.

«Estamos a solo un día para la nueva expresión monetaria. Ya todo el sistema bancario y financiero, público y privado; está listo para suprimir seis ceros a nuestra moneda y darle impulso al bolívar digital», explicó la funcionaria de Nicolás Maduro.

Por medio de su cuenta en Twitter, recordó que este jueves a partir de las 8:00 de la noche se hará «una pausa operativa» en los sistemas bancarios nacionales; lo que se extenderá hasta las 6:00 de la mañana de este viernes.

«El 1 de octubre se reactivarán paulatinamente los servicios digitales de la banca, con más facilidad y sencillez en las operaciones. Vamos rumbo al bolívar digital», refirió.

1/2 Estamos a solo un día para la #NuevaExpresiónMonetaria. Ya todo el sistema bancario y financiero, público y privado, está listo para suprimir 6 ceros a nuestra moneda y darle impulso al bolívar digital.

Venezuela se enfrenta a su tercera reconversión en 14 años; pero sigue siendo un proceso engorroso y preocupante para los venezolanos.

Desde el 27 de septiembres las opciones de pagos digitales se encuentran en mantenimientos.

Por lo que los usuarios encuentran imposible realizar el pago de sus servicios mediante las plataformas digitales.

También algunas de las aplicaciones telefónicas suspendieron su opción de pago móvil a partir de la tarde de este 30 de septiembre por la pausa de operaciones bancarias.

Se espera que la pausa operativa de las bancas tanto pública como privada sean hasta la mañana del 1 de octubre.

La hiperinflación y la dolarización de la economía han hecho estragos en la banca venezolana. Tal es esta crisis que el sector redujo su oferta de oficinas y cajeros automáticos en 70% desde 2013.

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), posee datos que señalan que en Venezuela había 9.395 cajeros automáticos en marzo de 2013. Pero, en su último reporte, de marzo de este año, registra que esa cantidad cayó a 2.764.

Mientras que las agencias bancarias han sufrido una contracción cercana a 19% y el recurso humano en más de 50%.

En este sentido, César Aristimuño, director general de la consultora Aristimuño Herrera y Asociados, considera que la banca venezolana se ha adaptado a la realidad actual. “Muchos de los servicios hoy son digitales, ya la presencia en los bancos se ha reducido”, dijo, en entrevista para Banca y Negocios.

Puso como ejemplo las políticas impartidas por Nicolás Maduro en cuanto al sistema que utilizan para otorgar los bonos a través del Sistema Patria.

“Se están dando vía crédito en cuenta y cada uno de los beneficiarios tiene una tarjeta de débito de la cual puede hacer uso, o girar contra sus recursos. Por lo tanto eso es lo que viene sucediendo y esto es demostrativo de que tampoco hacen falta tantas oficinas en el país», explicó.

«En la medida en que las oficinas se digitalicen más, se tecnifiquen más, y la tecnología sea una fuente vital de la operación del negocio bancario, el requerimiento de oficinas obviamente se hace menos intenso que el que ha tenido hasta la fecha”, agregó Aristimuño.

Incluso, dijo que la reducción de agencias y personal es una tendencia mundial de la banca.

“El uso de oficinas físicas cada vez va a ser menos requerido. El uso de la tecnología va a facilitar que no se haga necesario tener oficinas bancarias con prácticamente cero facilitación del servicio a la clientela”, aseveró.

Con esta opinión coincide el director de Econométrica, Henkel García. A su juicio, la reducción no es exclusiva de Venezuela. No obstante, en el país influyen varias dinámicas, como la crisis de la economía venezolana.

«Hay todo un proceso de digitalización de diferentes sectores y la banca está pasando por eso. Entonces al digitalizarse, al hacer un conjunto de operaciones en línea, parte de las operaciones del cliente también se hacen en línea. Entonces, no hay necesidad ni de tener tantas oficinas y tampoco de tener tantos empleados”, remarcó.

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Pero, una cosa es la digitalización de la banca y otra los cajeros automáticos. Por una sencilla razón: los venezolanos aún necesitan dinero en efectivo para pagar, por ejemplo, el transporte público. Esta es la razón de las largas colas en las agencias bancarias a diario.

“Aumentar la oferta de cajeros automáticos no va a ser una posibilidad a corto plazo. Hay cantidades de cajeros que no están operativos y parte de la razón de su no operatividad son la baja denominación de bolívares en el mercado. Y, obviamente, el no requerimiento del papel moneda teniendo ya el uso digital tan propagado”, alegó César Aristimuño.

Henkel García tampoco ve posible ni necesario, un aumento a corto plazo de los cajeros automáticos. Esto, porque hay un sistema bancario que maneja “tan poco efectivo». También porque «no hay emisión de nuevos billetes por parte del Banco Central de Venezuela».

Dijo que la cantidad de dinero en efectivo circulante, en moneda nacional, apenas ronda los 20 millones de dólares al cambio. “Eso te da un indicio de lo poco que hay de efectivo de bolívares circulando. Dada esa realidad, los cajeros automáticos pierden su función”, aseveró.

Sin embargo, dice que sería una realidad “muy distinta” si en Venezuela la banca manejara un sistema de cuentas en divisas para buena parte de la población y que las personas pudiesen obtener sus dólares a través de los cajeros automáticos. “Eso le daría un uso tremendo”, afirmó.

La banca del país espera por la autorización para formalizar operaciones en dólares. Específicamente por los mecanismos que les permitan la compensación de divisas.

Según el portal El Diario, hace más de dos meses que el sector espera que el Banco Central de Venezuela (BCV) convoque la reunión para evaluar el tema.

«Todavía no hemos tenido esas mesas de trabajo. Pero debe venir por ahí esa compensación de divisas”, dijo una fuente citada por el portal.

“Hoy en día los bancos tienen posiciones de captaciones en divisas que superan en más de 50% el total de sus depósitos. Las piezas en moneda extranjera superan también las piezas en la calle de nuestro cono monetario”, indicó.

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De acuerdo con la data de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), al cierre de julio las captaciones totales del público se ubicaron en 359.220.928.977.440 bolívares.

De esta cantidad, 184.769.395.307.970 bolívares son colocaciones en moneda extranjera. Calculados a la tasa de cambio oficial de Bs. 258.364,81, del 31 de julio, equivalen a 715.149.231,46 dólares.

Poco más de 80% de esa cantidad corresponde al Convenio Cambiario N°20 (en dólares). Casi 20% al Convenio Cambiario N°1 o de libre convertibilidad (en euros y dólares).

“Las cuentas que no se pueden movilizar son las del CC20. Estas solo se pueden movilizar a través de bancos corresponsales porque el dinero se obtuvo a través de las subastas del BCV”, precisa la fuente. Agrega que muchos bancos le están dando movilidad hoy a las cuentas en divisas (CC1), pero dentro de la misma entidad financiera.

Al BCV y al régimen, en general, le convienen la compensación en divisas. «Esto genera ingresos al BCV a través del encaje legal en divisas. El Seniat cobraría los tributos en divisas y para el gobierno es tremenda bomba de oxígeno para perpetuarse en el poder”, señala.

«En términos económicos, se estaría formalizando un poco más la dolarización espontánea”, sostiene el economista Giorgio Cunto.

La dolarización financiera es el siguiente paso a la dolarización transaccional, que desde el año pasado ha ido ganando espacio con el uso de divisas en las operaciones cotidianas del venezolano y que se ve reflejado en el pago de sus compras.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela autorizó a través de una circular emitida a las instituciones bancarias, el establecimiento de montos mínimos para operaciones a través de puntos de venta, banca en línea, banca telefónica, banca móvil interbancario y pago móvil de personas a comercios.

Tipos de operaciones

Puntos de Venta (POS) Bs. 100.000.000, pago móvil intercambiario Bs. 20.000.000, pago móvil de personas a comercios (P2C) Bs. 100.000.000.

Además, transferencias intercambiarias para personas naturales Bs. 50.000.000, transferencias intercambiarias de personas jurídicas Bs. 300.000.000, transferencias a terceros a un mínimo banco 300.000.000