El 2 de julio en horas de la noche había dado inicio al plan. El máximo jefe de la operación y gobernante de Venezuela, dio la orden por los medios de comunicación: “El presidente saliente de Colombia, Iván Duque, continúa activando planes y ataques terroristas contra el sistema eléctrico, personalidades y líderes políticos de Venezuela”, dijo. A lo que su ministro de Relaciones Interiores respondió de inmediato con: “Mantenemos seguimiento a los grupos generadores de violencia, con conexiones extraterritoriales, para ponerlos a orden de la justicia”. Comenzaba todo.

La primera acción del plan consistió en el infructuoso allanamiento de José Castro, luchador social y militante del opositor partido Bandera Roja en los Valles del Tuy, estado Miranda. Un día después volverían los policías armados a secuestrar a su esposa como mecanismo de canje para la entrega de Castro, lo cual nunca sucedió. Aún sigue sin aparecer.

El 4 de julio, entrada la mañana, fue secuestrado de forma violenta y delante de sus hijos pequeños el profesor Alcides Bracho, también militante de Bandera Roja. Bracho, el primero de los detenidos por agentes difusamente identificados, sufrió fuertes torturas ejecutadas por policías y también por delincuentes instigados por oficiales de policía, durante cuatro días continuos. Horas después de esta primera detención, es secuestrado Emilio Negrín, dirigente sindical, quien es vecino y amigo de Bracho. Para ese momento el plan causaba su primer impacto en procura de un terror generalizado. Redes sociales comenzaban a denunciar una “ola de detenciones a luchadores sociales y dirigentes sindicales”. El terrorismo comenzaba a causar efecto en algunos luchadores y dirigentes sociales.

El 5 de julio fue secuestrada Yenny Pérez, dirigente de los educadores del estado Miranda y esposa de José Castro. En medio de la confusión se comenzó a identificar un patrón claro, con detenciones dirigidas principalmente a militantes de Bandera Roja, luchadores sociales vinculados o relacionados de distintas formas al partido opositor y a la lucha de los trabajadores en el país. Sin embargo, muchas organizaciones aún hacen silencio, y el mutis resultado del terror, comenzaba a apoderarse de algunos venezolanos.

Ese día, en horas de la tarde, la familia del falconiano, dirigente pesquero, luchador social y militante de Bandera Roja, Alonso Meléndez, sufre el allanamiento de la Policía Nacional a su residencia en el municipio Los Taques, estado Falcón. Vecinos y familiares lo alertan y Meléndez se esconde durante unas horas hasta que, junto a su familia, decide entregarse ya que no entendía la razón del allanamiento ni la detención. No es sino hasta comenzada la madrugada del día 6 de julio cuando es finalmente detenido y llevado a Coro para luego ser trasladado a Caracas, junto al resto de sus compañeros.

Tras la detención de Alonso y ya entrada la mañana, era allanada una casa en la que alguna vez vivió el luchador social y dirigente de Bandera Roja en el estado Táchira, Jesús Manuel Berbesí. Este infructuoso allanamiento generó una alerta que permitió a Jesús ponerse a resguardo, algo que hasta la publicación de este escrito aún mantiene. Ese mismo día, pero en horas de la noche, el exmilitante de Bandera Roja y dirigente sindical de ASI, Gabriel Blanco, era allanado. Tras un largo forcejeo jurídico, la organización Provea recibió durante la madrugada del 7 de julio una orden de detención emitida por el Tribunal contra el Terrorismo a cargo del juez José Márquez García, en el juzgado 4to. Blanco era finalmente detenido.

En horas de la madrugada de ese mismo día, fue allanada la residencia de Reynaldo Cortés en el estado Guárico. Dirigente político, luchador social y representante de la CTV en el estado llanero, fue secuestrado por oficiales sin una clara identificación, sin orden de captura ni de allanamiento. El también secretario general de Bandera Roja en el estado, apenas pudo enviar un mensaje a sus compañeros: “Creo que vinieron por mí”.

Ninguno de los secuestrados estaba en alguna acción irregular. Todos fueron detenidos en sus residencias. Todos fueron trasladados a la estación policial de La Quebradita, sede de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB. Alcides Bracho no sabe con certeza si fue en este sitio o en otro, quizás no oficial, en el que le aplicaron torturas en medio de un interrogatorio a la fuerza, sin haber visto familiares, orden de detención ni abogados para su defensa.

El partido Bandera Roja, de carácter marxista, suma actualmente la mayor cantidad de presos políticos del país, además de tener a dos militantes perseguidos por oficiales de inteligencia política, quienes procuran su detención, lo que difiere del discurso de izquierda del que hace gala internacionalmente el partido de gobierno.

Así, con 6 detenidos y varios perseguidos, comenzó el plan de terrorismo de Estado contra los luchadores sociales y dirigentes sindicales en 2022. Pero hasta ahora parece no haber surtido el efecto esperado. Las luchas sociales y laborales se han intensificado durante el mes de julio y apuntan a agudizarse en todo el país tras el impago de vacaciones, salarios, tablas y aumentos correspondientes a los trabajadores. La lucha sigue.

En la noche de este sábado, la Organización No Gubernamental (ONG), Foro Penal, informó que funcionarios de la administración de Nicolás Maduro privó de libertad a dos dirigentes de Bandera Roja,

El abogado, Gonzalo Himiob, informó mediante su cuenta en Twitter que los activistas fueron presentados en el tribunal y posteriormente ordenaron su privativa de libertad.

#9Jul 9:09PM Reportan @stefmiglio y @betangut, abogados del @ForoPenal que ya fueron presentados activistas humanitarios, sindicalistas y miembros del partido Bandera Roja. Quedan privados de libertad por los supuestos delitos de Asociación para Delinquir y Conspiración.

Se le imputan por los supuestos delitos de Asociación para Delinquir y Conspiración.

“De momento permanecerán detenidos en la sede de la PNB de “La Quebradita”, aunque se plantea cómo su centro de reclusión “El Rodeo II””, escribió Himiob.

Se trata de Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, todos ellos militantes de Bandera Rojas. En ese momento, también detuvieron a Gabriel Blanco y Emilio Negrín, defensores de DD.HH y vinculados a movimientos sociales, pero luego de retenerlos y amenazarlos, los dejaron en libertad.

#ATENCIÓN @HimiobSantome informa que fueron presentados activistas humanitarios, sindicalistas y miembros del partido Bandera Roja. Quedan detenidos por supuestos delitos de Asociación para Delinquir y Conspiración. @ImpactoVE ? pic.twitter.com/NNpiAvGS4U

En los últimos cuatro días, seis dirigentes del movimiento sindical y de trabajadores, cuatro de ellos pertenecientes a Bandera Roja, han sido detenidos por órdenes de la administración de Nicolás Maduro, denuncian integrantes de esa tolda.

Se trata de Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, todos ellos militantes de Bandera Rojas. Y además, también detuvieron a Gabriel Blanco y Emilio Negrín, defensores de DD.HH y vinculados a movimientos sociales. No obstante, a estos últimos los retuvieron y amenazaron y luego liberaron.

La información fue confirmada por Jesús Hermoso Hernández, jefe de comunicaciones de Bandera Roja y miembro de la dirección nacional del partido.

En conversación con Impacto Venezuela, dijo que se trata de una maniobra «del gobierno para amedrentar al movimiento social y de trabajadores de Venezuela y en especial a Bandera Roja, por ser el único partido de oposición que está vinculado con las bases sindicales, jubilados y pensionados y el magisterio».

Relató que a los dirigentes los han ido deteniendo desde el domingo 3 de julio, hasta este jueves y a todos los han implicado «en un supuesto plan conspirativo» contra Maduro.

Dijo que, en el caso de Alcides Bracho, ha sido el único a quien lo llevaron a una audiencia de presentación que se produjo en la madrugada de este jueves, cuando el Ministerio Público pidió la imputación de los delitos de conspiración, posesión de arma de fuego y asociación.

El titular del tribunal cuarto en casos de terrorismo ordenó mantener la privación de libertad contra Bracho, «sin contar con elementos de convicción».

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Hermoso adelantó que Bandera Roja se va a pronunciar sobre estos casos, puesto que todo indica que «hay una clara intención de neutralizar al movimiento popular, a través de la persecución y encarcelamiento y para montar una patraña que nos involucre en ese supuesto plan conspirativo».

El dirigente denunció que en todos los casos «las detenciones están plagadas de irregularidades, con agentes sin identificación ni orden de aprehensión».

Citó como ejemplo, el caso de Reinaldo Cortés, a quien se lo llevaron bajo una «supuesta acusación de posesión de armas, pero nunca presentaron el arma. Los abogados argumentaron este hecho, pero igual se lo llevaron».

A Astudillo lo detuvieron «en un enorme operativo en Charallave, pero quienes se lo llevaron se hicieron pasar por miembros del consejo comunal», relató.

Asimismo, alertó que estas acciones contra Bandera Rojas comenzaron desde que hace una semana, Nicolás Maduro le ordenó a su ministro del Interior, Remigio Ceballos, actuar en relación con un supuesto plan de sabotaje contra el Sistema Eléctrico Nacional.

Reseñó que las acciones contra el partido y los movimientos sociales se deben a que los trabajadores son los que están asumiendo la lucha por sus reivindicaciones y sus derechos, más allá del enfrentamiento que hay entre el oficialismo y la oposición.

URGENTE | A las 2am del día de hoy 7 de julio #7Jul fue secuestrado por hombres armados nuestro dirigente en @BRGUARICO Guárico Reynaldo Cortés. Son 4 los secuestrados de @Bandera_Roja hasta ahora y un militante del estado Miranda perseguido por el Dgcim. #AbajoLaDictadura pic.twitter.com/Z9j6RIi93I

El partido Bandera Roja (BR) se pronunció contra el fallo del TSJ del régimen que le arrebató los símbolos, colores y tarjeta, a la directiva tradicional de la organización. En un comunicado, BR calificó la sentencia como una «desvergüenza del máximo organucho jurídico del país que no conoce límites».

Destaca el escrito que el ataque contra el partido se concretó cuando faltaba apenas un día para cesar las postulaciones de candidatos para el 6 de diciembre. «El tsj (minúsculas bien ganadas) hizo un acto de prestidigitación», al habilitar «a un señor que desde 2013 es financiado por el régimen para postular con la tarjeta electoral de Bandera Roja».

Recuerda que para BR no es nueva «la lucha contra la dictadura». Dice el escrito que desde 1998 denunciaron «la estafa chavista, incluso antes de que llegaran al poder. La intromisión ilegítima e ilegal del régimen contra nuestra organización política ya dura siete años. Copei vive una similar situación y casi por el mismo tiempo».

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Relata que el proceso contra BR es largo y para nada jurídico, pero sí muy amañado. Dice que desde hace tiempo «Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales siempre metieron sus manos como verdugos del régimen». «Ese excelso y autónomo poder electoral le permitió a Pedro Véliz Acuña y sus compinches quintacolumna, usar nuestros símbolos y nuestras siglas».

Afirma que esa «era el tipo de oposición que necesitaba el régimen para medio cubrir las apariencias. Potestad que tuvo desde las elecciones municipales de 2013. Y hasta el evento llevado a cabo en mayo de 2018, en el cual dieron apoyo a Henri Falcón».

Afirma que «la desesperación y el espíritu arrogante y bravucón es lo que los lleva a tomar a troche y moche esta decisión». Agrega que es «a todas luces es inmoral, aparte de ilegal e inconstitucional. No hay suficiente barniz en el mundo para encubrir la farsa del 6-D».

Resalta que «el pueblo organizado y la ciudadanía sabrán responder tamaña alevosía. La sublevación frente a la hambruna y la represión de este régimen no podrá ser detenida con este tipo de argucias. Muestran claramente las costuras de la ignominia, el atropello y la felonía».

Aseguran que «en todas esas luchas nobles y necesarias estará Bandera Roja al frente del combate. Nuestra existencia no está determinada por algún cenáculo de tramposos en el tsj o en el cne. Tenemos claro nuestro derrotero, el cual no se restringe a derribar la dictadura y revalidar la Constitución».

Añade que persistirán «en nuestro ideal de construir una Venezuela donde imperen los valores democráticos, la solidaridad, la justicia social. Donde el desarrollo de todas nuestras capacidades vaya de la mano con la prosperidad de las mayorías nacionales».

Bandera Roja (BR) y Compromiso País (Compa) son los partidos de izquierda que este miércoles el TSJ de Maduro, intervino  y les impuso juntas directivas.

En dos comunicados, el TSJ informa que son habilitados Pedro Celestino Veliz como presidente de BR y Olga Alejandra Morey como coordinadora de Compa.

Ambos dirigentes podrán realizar las postulaciones de candidatos ante el Consejo Nacional Electoral para las parlamentarias del 6 de diciembre.

Hace unos días, 27 partidos políticos en el país entregaron un documento donde anuncian que no participan en las elecciones, entre ellos BR.

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Días después de que los 27 partidos presentaron el documento, el TSJ de Maduro intervino al PPT y nombró una junta directiva, encabezada por Ileana Medina.

Lo mismo pasa con el partido Tupamaro que le arrebataron a José Pinto y entregaron a William Benavides Rondón.

Bandera Roja surge en 1970 como un frente guerrillero producto de una escisión del Movimiento Izquierda Revolucionaria, quienes habían abandonado la lucha armada.

Formó parte de la Mesa de la Unidad Democrática, siendo críticos de la revolución bolivariana de Hugo Chávez y que ahora lidera Nicolás Maduro.

El partido Compa viene de la coalición Alternativa Popular Revolucionara (APR), impulsado por varios partidos tradicionalmente aliados del chavismo.

Rompieron con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de cara las elecciones legislativas.