Un bebé de apenas nueve meses de edad perdió la vida cuando supuestamente tropezó con un cable eléctrico dentro de su hogar en el estado Carabobo.

El hecho habría ocurrido en la calle principal del barrio El Samán, en la población de Puerto Cabello, este miércoles #23Ago.

El niño gateaba dentro de su hogar y al parecer tropezó con un cable con cierto desperfecto, que provocó la descarga eléctrica de manera inmediata.

La madre, quien estaba al cuidado del niño, intentó ayudar al pequeño, pero ya el niño había perdido la vida.

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Según medios regionales, al lugar del suceso acudieron comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), para recoger el cuerpo del infante, además de hacer las verificaciones pertinentes ante el hecho.

La Fiscalía General colombiana está investigando la muerte de un bebé de tres meses en Valledupar sospechándose que pudo haber sido causada por violencia intrafamiliar.

Es que los médicos que lo atendieron, en el hospital Rosario Pumarejo de López, hallaron señales de maltrato en el cuerpo del menor; afirmó el coronel Luis León, comandante de la Policía del departamento Cesar.

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El coronel León dijo que al bebé “Le hicieron unos exámenes y una tomografía en la cabeza y se evidenciaba una especie de fractura y unos hematomas en diferentes partes del cuerpo, eso manifestó el médico de turno”.

El cuerpo del bebito fue trasladado a Medicina Legal donde la necropsia establecerá si también hubo abuso sexual en contra el niñito.

Una mujer de 19 años llegó con un bebé en brazos al Centro Diagnóstico Integral de Ureña, estado Táchira, cuando los médicos de emergencia lo atendieron, se percataron que ya estaba muerto.

La mujer identificada como Gina Liseth García Llánes, de nacionalidad colombiana dijo a los galenos que ella había amamantado al bebé y lo dejó al cuidado de su hermano, Renny Rodrigo García Duque de 31 años de edad, quien asegura se lo entregó dormido.

Pasado un tiempo que el lactante no despertaba, la madre supuestamente se percató que no respiraba y corrió al CDI para que lo atendieran.

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Como el infante llegó sin signos vitales, los médicos dieron parte al Cicpc y realizaron la autopsia de ley que determinó que el pequeño Eduar Adrián García Llánes, de 4 meses y 28 días de nacido, falleció producto de una golpiza.

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Según el director del cuerpo detectivesco, Douglas Rico, una comisión del ente inició las investigaciones, interrogaron a los hermanos, quienes manifestaron incoherencias entre sus relatos y fueron detenidos.

Los hermanos quedaron a la orden de la Fiscalía 26 º del Ministerio Público del estado Táchira para ser procesado por el horrendo crimen contra el bebé de 4 meses.

Una adolescente de 17 años estaba en su casa en el estado Guárico cuando le dieron los dolores de parto. Tenía 38 semanas de gestación.

Se fue al baño, dio a luz al bebé, cortó el cordón umbilical con una tijera y con la misma lo asesinó, provocándole heridas en el cuello y hemitórax.

Al cerciorarse que su hijo estaba muerto y con la mayor frialdad, lanzó al neonato por la ventana del baño de su residencia, ubicada sector Elena de Chávez, Calabozo, estado Guárico.

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Los familiares encontraron a la joven ensangrentada y luego el cadáver del bebé. A ambos los trasladaron al hospital Dr. Francisco Torrealba.

Médicos del hospital recibieron a la joven y el cuerpo del bebé y dieron parte a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Delegación Municipal Calabozo.

Horas más tarde, detuvieron a la adolescente, incautaron el arma homicida y están investigando el caso, reseñó Noti Pascua.

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la condena de 28 años de prisión contra Jerimar de los Ángeles Quintero Rivero (27). Ella asesinó «mediante asfixia a su hijo recién nacido», según se lee en la sentencia N.º 118 redactada por la magistrada Yanina Beatríz Karabin de Díaz.

Los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2019. Ese mismo día, Jerimar dio a luz un niño dentro de su residencia ubicada en el sector Federación 1, avenida 44, Cabimas, estado Zulia.

A los minutos de haber nacido el bebé, Jerimar lo asfixió hasta causarle la muerte, reseña el legajo. Luego vistió el cuerpito del bebé y lo introdujo en un bolso.

Acto seguido, la mujer salió de su residencia con el bolso y se dirigió a una zona baldía ubicada en las cercanías de la residencia. Allí arrojó los restos de su hijito que cayeron en un basural. Ella co cubrió con desechos para que no lo notaran.

Las investigaciones del Cicpc condujeron a la detención de Jerimar, a quien imputaron por homicidio calificado.

A los 45 días, el Ministerio Público solicitó abrir un juicio a la mujer el cual se inició el 7 de diciembre de 2019 y concluyó el 14 de mayo de 2021. En esa fecha, el Tribunal 2° de Juicio del Zulia, condenó a Jerimar a cumplir 28 de años de prisión.

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Los abogados defensores apelaron la condena. Alegaron que la muerte del bebé se produjo por causas naturales y no por acción de Jerimar, reseña la nota del TSJ.

La Corte de Apelaciones del Zulia rechazó tal planteamiento y, ante ese fracaso en la Corte, los abogados acudieron a la Sala Penal mediante la figura del recurso de casación.

Los magistrados detectaron que la defensa de la mujer tenía la intención de someter a un nuevo análisis y apreciación por parte de la Sala Penal, las circunstancias de la muerte del recién nacido.

En la sentencia, la Sala Penal recordó que los tribunales superiores, como la Corte de Apelación y el TSJ, solo deben constatar “si el razonamiento del tribunal de juicio se hizo conforme a las reglas de la valoración establecidas en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal”.

Al menos 20 disparo accionó la Guardia Costera de Trinidad y Tobago contra la embarcación de migrantes venezolanos, donde falleció un menor de un año de edad con un tiro en la cabeza.

El abogado CJ Williams y su equipo que representa a los venezolanos de la embarcación, aseguró que ninguno de los tripulantes tenían armas de fuego y que, por lo tanto, jamás dispararon contra el  patrullero TTS Scarborough.

Tres de los 17 adultos mayores que estaban en la embarcación declararon sobre lo que ocurrió la noche del 5 de febrero.

Luis Alexis Ramírez Cabral, de 52 años de edad; Katiuska Daniela Gutiérrez, de 22; y Lesbia Margarita Saavedra, aseguran que en la lancha iban 17 personas y 20 niños.

Asimismo, indicaron que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó al menos 20 veces, uno de los tiros los recibió en la cabeza Yaelvis Santoyo Sarabia, de 1 año de edad. Su madre  también resultó herida.

Según el diario local Trinidad Express, la embarcación de migrantes venezolanos salió de Tucupita, estado Delta Amacuro, con dos motores.

Indican que uno de ellos tenía graves fallas y se apagó en ocasiones durante el viaje.

Dijo el representante legal de los migrantes que el bote al acercarse a las inmediaciones de Moruga, Trinidad, en el océano, “un motor se apagó nuevamente y tuvieron dificultades para moverse en el agua”.

Asegura que mientras avanzaban lentamente, “los migrantes escucharon una fuerte voz seguida de dos bengalas. Se disparó una bengala al aire y la otra bengala se disparó contra su bote”.

Minutos después, explicaron los migrantes al equipo de abogados, se escucharon fuertes golpes.

Era la ráfaga de disparos que venían del barco de la Guardia Costera, donde habían seis oficiales a bordo.

“Todas las personas intentaron buscar refugio en el bote después de que se dispararan aproximadamente 20 tiros contra su bote”, dijo Williams.

El abogado explicó que el buque trinitense se encontraba a unos 30 metros de distancia y que solo cesó el fuego cuando se escuchó a una mujer llorar y exclamar que le habían disparado a su hijo.

Los oficiales se acercaron lentamente y llamaron a un barco más grande para que los ayudara al percatarse de lo que había ocurrido.

Resalta el medio local que cuando llegó el barco más grande, primero sacaron a la madre, sin su hijo fallecido, luego las personas restantes y de último el cadáver del pequeño.

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El abogado indicó que a los migrantes los pusieron de rodillas en la cubierta del patrullero y antes de tocar tierra les dieron permiso de que se sentaran.

“Al llegar los subieron en un vehículo y los transportaron a las instalaciones del Helipuerto”.

“Varios niños mientras estaban en el bote y en las instalaciones del Helipuerto se enfermaron y comenzaron a vomitar, sin embargo, aún no han sido atendidos por ningún personal de atención médica. A la fecha, ninguno de los ocupantes de la embarcación fue entrevistado, emitido órdenes de detención u órdenes de deportación”, expresó.

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, declaró el miércoles que la muerte a tiros del niño venezolano fue un accidente.

#11Feb? ¿LEGAL Y APROPIADA?Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, defiende a su Guardia Costera y dice que el asesinato del niño Yaelvis Santoyo de 1 año es producto de una acción legal.Vía: @dayanakraysVisítanos en Impacto Venezuela para más noticias ? ?? pic.twitter.com/wEP8TLqlVG

Defendió el trabajo de los guardacostas ante el rechazo generado por su accionar. Afirmó que los oficiales estaban cumpliendo órdenes razonables y profesionales bajo protocolos y leyes internacionales.

“¡Kamla Persad-Bissessar acusó públicamente a los oficiales de la Guardia Costera de asesinato! Según ella, se debería permitir que la nave evadiera la patrulla fronteriza. Deberían haber sabido que había un bebé a bordo”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

Rowley acusó a la líder de la oposición de ser una oportunista y una desvergonzada y lamentó nuevamente “la terrible muerte” del niño.

El primer ministro insistió que lo que ocurrió fue un accidente y alegó que la embarcación de migrantes,  “fácilmente podría haber transportado cualquier cargamento de armas, municiones o asesinos”.

Según la Guardia Costera en un comunicado justificaron la acción asegurando que el bote desobedeció la voz de alto.

Igualmente que la embarcación con un motor apagado, “hizo maniobras agresivas” e “intentó embestir su patrullero TTS Scarborough”.

Esta posición fue criticada  por David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

“Esta fue la embarcación utilizada por la Guardia Costera de Trinidad para disparar al peñero. Un barco de guerra apuntando a un bebé. No puede haber indiferencia ante esto”, expresó el funcionario en Twitter.

Un lamentable suceso sacudió al departamento colombiano Sucre, ayer martes 11 de enero al conocerse la muerte de cuatro menores en la vereda El Bajito, en el corregimiento de Plan Parejo del municipio de San Onofre.

La catástrofe se produjo en una humilde vivienda de palma y bahareque que fue consumida por las llamas producidas por un fogón de leña mal apagado; aseguró Caracol Radio.

Entre las víctimas está una menor de 14 años, uno de 12 años, otro de 10 años y un bebé de 4 meses de nacido. 

Según las autoridades, un menor de 7 años fue el único sobreviviente y actualmente se encuentra en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

Las investigaciones que han adelantado los entes encargados del caso arrojan que los menores estaban a cargo del abuelo paterno, quien para ese momento no se encontraba en la vivienda.

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El alcalde de San Onofre, Jesús Julio Berrio, indicó que el padre de las víctimas se encontraba visitando a la abuela de los menores que tiene complicaciones de salud, además, dijo que ya se encuentran asistiendo a la familia.

Los vecinos de la zona se percataron del incendio, pero cuando quisieron dar aviso a las autoridades, era muy tarde y las llamas ya habían consumido la vivienda.

La vereda El Bajito carece de electricidad y de varios servicios públicos y para llegar al sitio solo se puede lograr movilizándose en animales.

Marvin Rex Lake, quien se desempeñaba como niñero en la ciudad de El Paso (Texas, EE.UU.), fue encarcelado esta semana bajo cargos de homicidio en primer grado por la muerte de un bebé de un año.

Según el mismo admitió, le aplicó «varias ‘llaves’ de lucha libre», informó la cadena Fox News.

El pasado 13 de abril, Lake, de 24 años, vigilaba a Ahren Joshua DeHart y a otros dos menores mientras sus padres trabajaban.

Según la madre de la víctima, ese día vio a través una videollamada a su hijo, que parecía «en buen estado de salud y alerta, pero lloraba y estaba inquieto».

En la noche, Lake la llamó para advertir que el pequeño «había vomitado algo rojo».

Al llegar a casa, poco antes de la medianoche, lo encontró inconsciente.

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El niño fue trasladado a un hospital, donde el personal médico le detectó numerosas lesiones que fueron descritas como «agudas y no accidentales», según un comunicado de la Policía.

Finalmente se determinó que tenía daño cerebral, hemorragia pulmonar y hematomas abdominales, además de una fractura de cráneo.

Permaneció en cuidados intensivos y tres días después, el 16 de abril, los especialistas decidieron desconectarlo de su soporte vital y falleció.

«Solo le causé las heridas internas», publica el portal tn8.TV

Según confesó Lake, el día de los hechos estuvo con los infantes viendo la televisión.

En un determinado momento se enfureció con Ahren por romper una almohada, y en represalia le aplicó «varias ‘llaves’ y ‘castigos’ al estilo lucha libre», lo que incluyó apretujarlo duro y sin medir su propia fuerza.

En medio de todo, el bebé se resbaló de sus manos y se golpeó con el borde de un mueble. «No le hice daño en la cabeza, solo le causé las heridas internas», se justificó.

Este 19 de abril, un médico forense determinó que la muerte de Ahren fue un homicidio intencional por trauma.

Ese mismo día, Marvin fue arrestado e ingresado en un centro de detención de El Paso, donde permanece sin derecho a fianza.

Entre tanto, las autoridades esperan informes sobre la condición de los otros dos niños que estuvieron al cuidado de Lake, que también resultaron lesionados.

Polilara detuvo a una joven de 22 años de edad por inducirse un aborto y botar a su bebé a una letrina.

Según La Prensa, el hecho ocurrió en Nueva Delicias de Tamaca, al norte de Barquisimeto, donde detienen a Kimberli Nieves.

La familia de Nieves sabía que ella tenía 30 semanas de gestación pero el pasado viernes la notaron sin barriga y le preguntaron qué pasó con la criatura.

Un vecino dijo que la joven había botado al bebé, pero es después que la madre del infante cuenta lo que supuestamente sucedió.

Aseguró que el bebé se le había salido y cayó a una letrina para defecar.

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Otra explicación que ofreció la victimaria es que le dieron dolores de parto, expulsó al bebé y al ver que no lloraba, lo metió en una bolsa y lo lanzó a la letrina.

Funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) de Polilara, se llevan a la mujer detenida para iniciar las investigaciones.

El cuerpo del bebé, efectivamente lo encontraron en la letrina en avanzado estado de descomposición y trasladado a la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda.

Kimberli Nieves la llevan al hospital para realizarle el curetaje.

Además, confirmar si abortó como denuncian los vecinos, o dio a luz.

Un trabajador de saneamiento ambiental del Hospital Central de San Cristóbal, estado Táchira, encontró un feto en el bajante de la basura de los desechos médicos.

El hallazgo ocurrió a primera hora de la mañana, cuando el trabajador realizaba sus labores y se consiguió con el cuerpo de una niña de 8 meses de gestación.

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Autoridades del Cicpc se trasladaron al hospital para iniciar las investigaciones cómo llegó a ese lugar el cadáver y si correspondía a alguna paciente recluida en el centro asistencial.

Se hizo el levantamiento del cuerpo del bebé y se llevó a la morgue del Hospital.

Se realizan la experticia para saber quién es la madre y  las razones por la cual dejó el cadáver allí.

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría anunció este lunes que se retira del comité que investiga la muerte del bebé de 11 meses tras una jornada de vacunación en Chacao, organizada por la dirección de Salud el estado Miranda.

En un comunicado, la institución argumentó la decisión por «la poca transparencia» con que se maneja el ministerio de Salud, en relación con este hecho, además de una serie de desacuerdos tras el fallecimiento del infante, ocurrido el 16 de mayo en el barrio El Pedregal.

Asimismo, denuncia «la desconfianza en los biológicos suministrados por el Ministerio de Salud en el PAI, tanto en el gremio médico así como en la comunidad al no hacer pública toda la valiosa y técnica información presentada en la primera reunión presencial en el Instituto Nacional de Salud (INH), que hizo muy difícil que una sociedad científica pueda, por si sola generar confianza en la comunidad sobre un tema que es potestad del Ministerio».

La Sociedad también alertó sobre «el hecho de no presentar un informe forense completo y a tiempo a este comité, sin ninguna explicación y con el retraso de más de 45 días de acaecida la muerte del menor, y ante las preguntas del gremio médico a esta sociedad como integrante del Comité, sin tener ninguna respuesta científica que dar, arroja sobre nosotros una duda razonable sobre la seriedad del proceso investigativo, duda que esta Sociedad no está dispuesta a cargar , luego de 82 años de una trayectoria integra que nos han posicionado con una muy buena credibilidad ante la colectividad».