En el departamento de Santander se están registrando una serie de bloqueos por parte de camioneros, quienes protestan por el alza del precio en el diésel.

Son tres puntos del departamento los que tienen restricciones en la movilidad. El primero es el Socorro, que es la vía que comunica hacia Bogotá, La Lizama, que conduce hacia Barrancabermeja, y el sector de Vijagual, que lleva hacia la Costa Atlántica, reportó Noticias Caracol.

Los bloqueos comenzaron sobre el mediodía de este domingo, 1 de septiembre de 2024, y se registran largos trancones de vehículos.

Los camioneros señalaron que las protestas se van a mantener de forma indefinida porque dicen estar gravemente afectados por el alza en el combustible del diésel.

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«El Gobierno nos llevó a esto», dice un camionero.

“Alzar el combustible es un golpe a toda Colombia porque la mayoría de la canasta familiar se traslada en tractocamiones de los puertos a los centros de acopio en todas las ciudades. Nos tocó salir a protestar por la decisión de que tomó el Gobierno, que nos llevó a esto”, indicó Iván Mantilla, camionero.

Los más afectados son las personas que se movilizan entre la Costa Atlántica y Bucaramanga, ya que han tenido que bajarse de los vehículos y caminar varios kilómetros para intentar llegar hacia la ciudad de Bucaramanga.

Desde tempranas horas del domingo 1 de septiembre, los transportadores se instalaron en el anillo vial de Girón, Santander, interrumpiendo el flujo de vehículos que se dirigen hacia la costa Atlántica. Los bloqueos continuaron el lunes 2 de septiembre.

Frente a esta situación, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, hizo una publicación en su cuenta de X en la que le pidió al Gobierno nacional que inicie una mesa de diálogo, pues, de acuerdo con el mandatario de la capital de Santander, el norte de la ciudad está bloqueado.

En nombre de los bumangueses le pido al @MinHacienda y a @MinTransporteCo que se inicien mesas de diálogo con los transportadores. Hoy Bucaramanga está bloqueada en su parte norte. Escuchen a los territorios @infopresidencia. pic.twitter.com/givtLGEu6r

Desde hace varios años, mediante el bloqueo a los usuarios que les critican, funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, usan esa práctica para violar el derecho a la información y a la libertad de expresión de los venezolanos.

La denuncia la hizo la ONG Espacio Público, en el evento: «Te ha bloqueado»: Sin acceso a información pública, a través del cual la institución refleja una conducta no solo de los funcionarios gubernamentales, sino de una manera de actuar que ha pasado de los particulares al Estado.

La coordinadora del Programa Observatorio de Libertad de Expresión de la ONG, Marysabel Rodríguez, destaca que «en los últimos 4 años se ha registrado un incremento de las restricciones a la libertad de expresión en internet».

«Los estándares internacionales de libertad de expresión resaltan la necesidad de mantener los principios de transparencia para entidades públicas o asuntos de interés público», manifestó.

En el informe presentado por Espacio Público se destaca que «las redes sociales virtuales constituyen hoy uno de los ejes más importantes del debate público, ya que su estructura facilita el intercambio de información e ideas, por lo que se usan también para denunciar irregularidades, debatir, buscar soluciones a problemas sociales, criticar acuerdos o acciones estatales que se consideran injustas y hasta ilícitas».

Pero, alerta que «si bien estas herramientas significan una oportunidad para que periodistas, activistas y ciudadanía en general, interactúen, compartan, opinen, divulguen, critiquen y pregunten de manera directa; también representan una vía de riesgo para todo aquel que cuestione cualquier decisión gubernamental. Estas acciones, que se desprenden por opinar o criticar a través del mundo digital, también se ven traducidas en serias restricciones al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública en línea».

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“Existe la necesidad de establecer políticas que garanticen el acceso a la información pública a través de cualquier vía para que haya transparencia”, apunta Rodríguez.

Y advirtió que «actualmente existe una cultura en la opacidad informativa dentro de la gestión pública que tiene consecuencias tanto fuera de línea como en internet”.

La activista informó acerca de una encuesta de la ONG entre periodistas y defensores de derechos humanos, de la cual se supo de 46 bloqueos desde las cuentas de funcionarios públicos.

«De los usuarios bloqueados, 50% son periodistas/reporteros, mientras que 49% son a defensores de derechos humanos. Uno de los funcionarios venezolanos que bloquea con mayor frecuencia es Tarek William Saab», Fiscal de Nicolás Maduro, indicó Rodríguez.

De acuerdo a la encuesta, Rodríguez reveló que los resultados obtenidos fueron los siguientes: «Tarek William Saab – 27 bloqueos, Diosdado Cabello – 7 bloqueos, Nicolás Maduro – 5 bloqueos, Elías Sayegh- 3 bloqueos».

“Si bien Twitter no tiene la obligación legal de garantizar el derecho humano de la libertad de expresión, tiene la obligación de respetar derechos, y por lo tanto hay una vinculación con el tema de DDHH”, apunta Rodríguez.

En el informe se alerta que «desde el año 2009 se observan restricciones a la libre expresión en internet, pero fue en 2014 el primer año que registró una escalada en la cantidad de personas detenidas por hacer uso de la plataforma Twitter para criticar u objetar las acciones del gobierno oficialista, año que coincidió con un contexto de alta conflictividad social y política».

Denuncia que «en ese periodo, los contenidos publicados por las personas que fueron detenidas estuvieron relacionados con opiniones sobre temas políticos y la crisis nacional en sus diferentes tópicos, predicciones astrológicas, difusión de información pública, o casos de corrupción».

Además, «el registro de los últimos cuatro años, apunta a un patrón restrictivo que limita la libre expresión y el acceso a la información. Del total de casos contabilizados entre 2018 y 2021, casi un cuarto corresponden a restricciones en internet. La cantidad se elevó en el año 2021 cuando se registraron más de 100 casos, lo que equivale a 42,62% del total documentado en materia de libertad de expresión, incluidas las vulneraciones fuera de línea».

Y lo peor es que el oficialismo redactó la «Ley Antibloqueo y la Ley contra el odio, las cuales amparan acciones que incumplen las obligaciones nacionales e internacionales respecto a la libertad de expresión y acceso a la información pública».

En este sentido, «solo en 2021 registramos 17 casos de incitación al odio o invocación de la ley contra el odio, esto sumó al menos 13 detenciones arbitrarias».

Este contexto «sugiere que para evitar el cuestionamiento mediático, algunos funcionarios públicos en Venezuela deciden bloquear desde sus cuentas en Twitter a periodistas, ciudadanos, comunicadores y organizaciones, como parte de un patrón para silenciar críticas y reducir la transparencia, lo que en definitiva busca cerrar un mecanismo de debate, intercambio y participación, práctica que se aleja de principios auténticamente democráticos».

#14Sep #ImpactoVenezuela Hilo ?Marysabel Rodríguez, coordinadora del Programa Observatorio de Libertad de Expresión, señala que en los últimos 4 años en @espaciopublico han registrado un incremento de las restricciones a la #LibertadDeExpresión en internet.@ImpactoVE ? pic.twitter.com/ENdZU5BuFX

Iván Duque indicó que los bloqueos que se presentan en diferentes vías de Colombia son una agresión contra los derechos de los ciudadanos.

«No son un tema de negociación, trueque o transacción”, aseguró el mandatario colombiano.

Así mismo indicó que estas expresiones ciudadanas tienen que ser rechazadas por todos los sectores en el país.

«Los bloqueos no son protesta pacífica (…) buscan desabastecer, afectar el aparato productivo, generan pérdidas de empleo y de capital», dijo.

Por eso insistió que los bloqueos se tienen que levantar en defensa de los derechos de todos los colombianos.

Reiteró que el Gobierno ha dispuesto los canales del diálogo, pero rechazó las vías de hecho como solución a las protestas en Colombia que completan 36 días.

Los bloqueos son una expresión que “no ayuda, que afecta y que merece siempre el rechazo y la actuación decida de todas las autoridades», afirmó.

En ese sentido hizo un llamado a la responsabilidad por parte de alcaldes y gobernadores.

Además del aparato judicial, la propia Fiscalía, de las autoridades de Policía y las autoridades militares.

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Aseguró que el desbloqueo de vías es un “deber moral”, señalando que la violencia debe ser enfrentada con la “ley del orden” y con el apoyo de la fuerza pública.

La misma fuerza pública que ha sido criticada por la represión policial y la violación de derechos humanos por parte de la CIDH, la ONU y la Unión Europea.

“Una de las líneas que hemos mantenido siempre, como Gobierno, ha sido la de darle todo el respaldo a la fuerza pública, pero, al mismo tiempo, toda la exigencia”, indicó.

Finalmente, resaltó que la fuerza pública debe reconocer su “papel histórico, democrático, patriótico”.

Sin embargo, señaló que no se toleraran conductas que atente contra los derechos humanos, la Constitución y la ley.

Según Fedesarrollo, el Paro Nacional en Colombia ha generado hasta 6,1 billones de pesos colombianos en pérdidas, principalmente por los bloqueos viales.

He dado instrucciones para acelerar los procesos de desbloqueos, porque son hechos ilegales, una agresión a los derechos ciudadanos y una afectación a los colombianos. Reiteramos que tenemos espíritu dialogante, pero estas vías de hecho no son una herramienta de negociación. pic.twitter.com/rcBQ17PaP2

El Gobierno de Colombia y el Comité Nacional del Paro lograron un documento de preacuerdo para instalar la mesa de negociaciones por el paro nacional.

El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, aseguró que no se está promoviendo ni paros, ni que la gente deje sus trabajos para protestar.

Explicó que la estrategia del Comité Nacional del Paro no son los bloqueos y aclaró que hay sectores en los que se han venido dando, más allá de sus directrices.

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“Jamás el Comité Nacional del Paro se sentó a dialogar dónde debía haber bloqueos. Nosotros haríamos ese llamado y en algunos sitios puede ser que eso obedezca a un diálogo con autoridades locales pertinentes”, expresó.

Agregó que respetan los bloqueos como una forma de protesta, aunque aclaró que no los promueve y que no son ilegales.

Asimismo, precisó que el miércoles, 26 de mayo, y el sábado, 28, habrá “manifestaciones artísticas”, lo que no necesariamente significa que se presenten bloqueos.

“Este acuerdo lo que hace es darle camino a la otra parte: a la mesa de negociación de pliego de emergencia. No estamos promoviendo ni paros ni le estamos diciendo a la gente que no vaya a trabajar”, dijo Orjuela en entrevista a BluRadio.

Los promotores de la protesta en Colombia, afirmaron que luego de nueve días de conversaciones se avanzó en varios compromisos importantes.

Sobre otros temas, dejaron constancias para que sean analizadas posteriormente y se puedan constituir grupos de trabajo y de seguimiento.

«Le están quitando los sueños a los colombianos», aseguró el presidente Iván Duque en encuentro con periodistas al referirse a los múltiples bloqueos en vías del país que impiden suministros.

Colombia se está viendo afectada por desabastecimiento de alimentos, gasolina, medicinas, insumos agrícolas, ataques a la misión médica.

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A pesar de la apertura de corredores humanitarios, el país experimenta una grave crisis de suministros en todo sentido y el incremento de precios en comida, principalmente.

Cali y el Valle del Cauca, a pesar de los corredores humanitarios, experimenta la más grave situación de desabastecimiento de alimento y gasolina por los bloqueos.

Cientos de conductores se encuentran en la búsqueda de combustible y en las estaciones de suministro hay presencia militar para evitar disturbios.

Durante este viernes el presidente Iván Duque tuvo una jornada de reuniones con personalidades, equipos políticos y líderes políticos que buscan ayudarle a solucionar la crisis.

Entre ellos la «coalición de la esperanza» con diferentes dirigentes colombianos, algunos de la oposición que plantearon su apoyo al mandatario colombiano ante la coyuntura.

Asimismo se reunió con los alcaldes de las ciudades capitales y el vicepresidente Germán Vargas LLeras, exvicepresidente de Colombia y uno de los más grandes opositores de la reforma tributaria.

«Tenemos disposición de escuchar a los que protestan y a los que no lo hacen. Invitamos al Comité de Paro, y ya avanzamos en diálogos con diferentes sectores sociales, políticos y judiciales», aseguró

De otra parte, se conoció que las centrales obreras analizan si van al Palacio de Nariño a reunirse con Iván Duque.

Lo que indica que los líderes del paro tienen una posición divida frente a la negociación con el gobierno.

Quienes desean hablar con Duque aseguran que lo harán «para explorar el ambiente del Gobierno pero no para negociar una salida».

El otro grupo desea continuar en las calles e, incluso, han convocado a nuevas marchas a través de una agenda de movilizaciones que incluye manifestación de madres este sábado.

Y para el miércoles 12 de mayo de 2021, otra con todos los sectores que protestan.

Por su parte el mayor líder opositor de Duque, Gustavo Petro se pronunció este viernes asegurando que el paro debpia levantarse.

«Cuando se desmontó la reforma se debió levantar el paro que ha generado el desgaste del movimiento social (…) y hay una distanciamiento entre el comité de paro y la gente en la calle», dijo.

Agregó que la juventud popular y barrial – mayor participante de las protestas- ya no tiene los objetivos claros.

Ante estas declaraciones sectores estudiantiles han manifestado su rechazo.

Al caer la noche de este viernes se registran 18 puntos de movilizaciones y el cierre de 52 estaciones del sistema de transpsorte Transmilenio que ocasionó gran caos vehicular.

Hubo bloqueos viales en el norte de Bogotá tras una protesta pacífica.

Se espera que la protesta de madres programada para este sábado en el centro de Bogotá sea pacífica y no haya alteraciones de orden público.

Sigue siendo la ciudad más crítica en cuanto a manifestaciones. En la noche de este viernes se registraron 4 heridos por disparos en el sector de La Luna y el paso del comercio, dónde desde vehículos dispararon contra los asistentes a plantones.

También se conoció que la Procuraduría General de Nación abrió 18 investigaciones preliminares por las protestas por abuso de autoridad y abusos sexual por parte de la Policía.

Asimismo contra los alcaldes de las ciudades de Cartagena, Pereira y el Gobernador del Magdalena por las protestas de los últimos 10 días en Colombia.

Como país debemos hacer una reflexión, y es que no hay justificación para que haya bloqueos que no dejan llegar alimentos a las familias, oxígeno a pacientes y vacunas. No a los bloqueos, son una violación de los derechos ciudadanos, y de nuestra parte estamos abiertos al diálogo pic.twitter.com/mpOpCTigVW