La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), denunció este viernes que fueron sentenciados a la pena máxima, todos los implicados en el caso del asalto al fuerte Paramacay, ocurrido en el 2017, en el estado Carabobo.

“Una vez más, nos llega la información de que en horas de la madrugada de este viernes 19 de diciembre, han sido condenados todos los acusados en el denominado caso Paramacay, con las penas más altas establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano”, publicó JEP en su cuenta en X.

Entre los sentenciados a 30 añosa de cárcel  estaría el líder del levantamiento, el capitán Juan Caguaripano.

Alerta que los familiares de las víctimas denuncian que “el fallo se dio en medio de un proceso que desatendió en todas sus partes las normas del debido proceso”.

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Para la ONG, “este fallo no es un evento aislado, sino que se inscribe en un patrón sistemático donde la forma jurídica se mantiene solo como una fachada. Al vulnerar reiteradamente el debido proceso, se rompe el pacto social básico que protege al ciudadano frente al poder del Estado, y se marca un precedente peligroso en el que la indefensión se institucionaliza”, alerta.

Sostiene que “cuando el castigo máximo se aplica en el marco de un juicio que ha desatendido las normas elementales del debido proceso —como el derecho a la defensa legítima, la presunción de inocencia y la imparcialidad del tribunal—, la severidad de la condena pierde su legitimidad moral cuando no se sustenta en garantías procesales sólidas, transformando el derecho penal en un mecanismo de persecución donde el objetivo no es la verdad, sino la aniquilación civil de perseguido político”.

n el asalto al fuerte Paramacay, militares insurrectos robaron armas de la Brigada 41, en la ciudad de Valencia, capital de Carabobo, y huyeron junto a un grupo de cómplices, pese a que dos de ellos fueron abatidos por soldados fieles al Gobierno de Nicolás Maduro y otros siete aprehendidos.

En un video difundido en agosto del 2017, un grupo de hombres vestidos de militares, quienes portaban armas largas, acompañaron al «capitán Juan Caguaripano»,  quien dijo declararse «en rebeldía» contra la que calificó como «tiranía asesina de Nicolás Maduro», aunque precisó que no se trataba de un «golpe de Estado».

Caguaripano explicó entonces que esa era una «acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional» y para «salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos» de jóvenes y familiares.

El militar era miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB ), quien en 2014 hizo pública su oposición a la revolución bolivariana por la «represión» a las protestas antigubernamentales de entonces, que se saldaron con 43 fallecidos, según datos oficiales.

Con información de Efe

Por segunda vez consecutiva la audiencia del caso del fuerte Paramacay, donde está señalado como cabecilla el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Carlos Caguaripano, fue diferida.

Así lo informa Luis Armando Betancourt, coordinador de la organización Foro Penal en el estado Carabobo. El abogado indica que la audiencia pautada para este martes fue diferida por el tribunal tercero de juicio de la entidad. Esto después de que informaran, tras varias horas de espera, que no hubo traslado porque uno de los indiciados se contagió de coronavirus.

Vale destacar que el diferimiento de la audiencia se da horas después de que se conoce que sin una orden del tribunal, a varios de los detenidos por el caso del fuerte Paramacay, los trasladan desde la cárcel militar de Ramo Verde, hacia los internados judicial de El Rodeo y Yare, ambos en el estado Miranda.

Por el asalto al fuerte Paramacay hay más de veinte detenidos entre militares, policías y civiles. Según Betancourt, a la audiencia diferida solamente asistieron los abogados de unos ocho detenidos.

Al parecer, los demás juristas no estaban informados del proceso.

En agosto del 2017 el capitán de la GNB, Juan Carlos Caguaripano, junto a otros militares y civiles, realiza el asalto al fuerte Paramacay. De esta unidad militar sustraen algunas armas de guerra. Luego se declaran en desobediencia en contra de la administración de Nicolás Maduro.

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A finales del mismo mes, a Caguaripano lo detienen junto al primer teniente Jeferson Gabriel García, quien era el encargado del parque en el fuerte. A ambos los capturan en una alcabala policial en la urbanización La Urbina de Caracas.

Posteriormente, se producen diversos allanamientos y logran la detención de la veintena de detenidos relacionados al hecho por parte de la administración de Maduro.

El capitán de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano podría ser uno de los presos políticos beneficiados tras la reforma del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.

Así lo dio a entender Alfredo Romero, directivo de la organización no gubernamental de Derechos Humanos, Foro Penal, organización que este martes presentaría una interpretación específica del artículo 230 del Copp, el cual indica que un detenido con la figura de «detención preventiva» no puede estar más de tres años tras las rejas.

Romero recalcó a nuestra reportera Mildred Manrique que actualmente en el país hay 61 «presos de conciencia» a los cuales les debe ser evaluada su condición. Ellos tendrían ya unos dos años detenidos bajo la figura antes mencionada.

Lo que llama más la atención de la ONG es que actualmente, además de los otros 61 presos, hay en las cárceles venezolanas 67 detenidos. Entre ellos el oficial Caguaripano, que tiene más de tres años encerrados sin sentencia y bajo la premisa de estar detenido «de manera preventiva».

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Resaltó Romero que el artículo 230 indica que lo máximo que debe estar un detenido con esta figura jurídica son dos años. Salvo excepciones justificadas, un tribunal puede alargar la medida hasta un año más, pero de cumplirse los tres años el detenido debe salir a la calle y continuar su proceso judicial en libertad.

Es por ello que casos como el del capitán Juan Carlos Caguaripano, quien fue detenido el 11 de agosto de 2017 y Ermilendris Benítez acusada de «magnicidio» y detenida también en agosto del 2018, deberían, según Romero, tener ya una libertad de «oficio» firmada por los respectivos tribunales de ambas causas.

En el caso de Benítez los familiares recalcaron que durante su detención la mujer tuvo un aborto y actualmente se encuentra delicada de salud.

Otro caso emblemático es el de Antonio González, quien fue apresado en junio del 2015. Así como Jormer Escalona, José Eloy Díaz, Alejandro Pérez Gómez y Humberto De La Sota Quiroga. Todos detenidos entre mayo y agosto del 2018, así como muchos otros.

Romero resaltó que estos 67 presos políticos que tienen más de tres años detenidos deben ser liberados de inmediato. Sobre los otros 61 que tiene dos años tras las rejas, se deben estudiar sus medidas.

Otro tema de la referida reforma del Copp fue el relacionado al enjuiciamiento de civiles en tribunales militares.

Romero considera que a partir de este momento ningún civil podrá ser enjuiciado en un tribunal militar, aunque el delito sea cometido en dicha jurisdicción. A partir de este momento todas las causas que se encuentren bajo los tribunales castrenses deberán pasar a uno civil. No podrán volver a cero; es decir, los procedimientos adelantados deberán continuar su curso.