Durante el primer semestre de este año 2022 al menos 62 reclusos que estaban detenidos en calabozos policiales en Venezuela murieron, según un informe de Una Ventana a la Libertad, que muestra que al igual que el año pasado  la principal causa de muerte en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Venezuela, son las enfermedades.

Del total de las defunciones, 55 fueron por complicaciones en la salud con tuberculosis, desnutrición, COVID-19, infartos, bronquitis, convulsiones, insuficiencia renal y Accidentes Cerebrovasculares (ACV), indica la nota de prensa.

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El resto de las defunciones confirmadas entre enero y junio del año en curso corresponden a riñas, con cuatro casos, muertos por fuga y recaptura, con dos casos y un recluso fallecido por abuso de funcionario.

Los investigadores de UVL monitorearon 335 calabozos policiales en toda Venezuela, en los cuales se determinó que 347 privados de libertad tienen tuberculosis.

Mientras que 1.116 reclusos tienen escabiosis; 1.075 detenidos han presentado gripe; 33 personas han tenido COVID-19 y 53 internos tienen VIH.

Como en periodos estudiados anteriormente por el equipo de Una Ventana a la Libertad, el hacinamiento es una de las principales razones de la propagación de las enfermedades.

En las prisiones preventivas, se registró un 156,54 % hacinamiento, pues 16.778 reclusos estaban detenidos en espacios que tienen capacidad de albergar a 10.718 personas por un lapso de 48 horas mientras son presentadas en tribunales.

Sumado a las enfermedades y el hacinamiento, en el primer semestre de 2022 se registraron al menos 373 casos de extorsión por parte de funcionarios policiales encargados de la custodia en los CDP.

Este delito se cometió de la siguiente manera: en 108 comisarías los efectivos cobraron dinero para permitir el ingreso de medicamentos y en 75 calabozos se cobró para permitir el ingreso de alimentos.

Mientras que en 89 CDP se solicitó dinero para traslados ante emergencia de salud y en 101 prisiones preventivas pidieron dinero para traslados a tribunales con boleta autorizada por Fiscalía.

Este informe del primer semestre de 2022 de Una Ventana a la Libertad destaca que es importante fijarse en el tipo de delito que ha cometido esta población reclusa como causa de ingreso; robos / hurtos (259 o 19.26%) y homicidios (208 o 15.46%), mantienen las cifras más significativas.

Uno de los datos más resaltante es que  continúan siendo altas las cifras de violencia de género (204 o 15.17%) y abuso infantil (154 o 11.60%). Por violencia de género hubo una disminución de dos casos.

Aunque las cifras no son exactas, debido a las limitantes que muchas veces se presentan para encontrar la información, las causas de ingreso se confirmaron de la siguiente manera: homicidios: 208; robos / hurtos: 259; secuestros: 139; extorsiones: 189; violencia de género: 204; abuso infantil: 156; tenencia / distribución de drogas: 190.

Como en periodos anteriores, se confirmó que la violación de los derechos humanos fundamentales de las personas detenidas se mantiene.

El Estado sigue sin asumir su responsabilidad por la vida y calidad de vida de estas personas. El debido proceso continúa casi totalmente detenido, victimizando más a quienes están en los Centros de Detención Preventiva.

Con información Una Ventana a la Libertad

Los reportes oficiales sobre la pandemia COVID-19 en Venezuela, presentan una baja incidencia entre las personas recluídas en Centros de Detención Preventiva del país. Pero, en los calabozos no se están tomando las medidas necesarias para evitar los contagios.

Familiares de los detenidos están preocupados por las condiciones que presentan los centros de detención. Las mismas «elevan la vulnerabilidad y el riesgo de que los detenidos resulten afectados por la pandemia», reseña un informe de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).

La organización explica que «fallas en el suministro de agua potable, limitaciones de logística e infraestructura y el alto nivel de hacinamiento, impiden la aplicación efectiva de medidas básicas de prevención», en los recintos.

En este sentido, señala que en los calabozos no se puede cumplir con «el distanciamiento físico ni el lavado recurrente de manos, con agua y jabón». Mucho menos con «el aislamiento y aplicación de pruebas de detección». Tampoco se aplican «medidas de aislamiento a privados de libertad de nuevo ingreso y a aquellos que presenten síntomas vinculados al coronavirus».

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La ONG monitoreó los centros de detención en Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia, donde se muestra cómo se ha vivido el contexto de la pandemia en los calabozos policiales.

En los centros de detención preventiva en Caracas, los familiares de los presos están preocupados porque no se hacen diagnósticos. También temen que si se contagias ni reciban tratamientos.

«Solicitudes de evaluaciones médicas, jornadas de desinfección y de medidas preventivas para evitar el contagio son las principales solicitudes de los familiares», dice la UVL.

Agrega que en Caracas «hay internos con enfermedades respiratorias y con síntomas asociados al COVID-19. Pero ninguna autoridad ha confirmado casos positivos con el virus o muertes por esta causa».

UVL determinó que en solo en algunos calabozos de las sedes policiales en Caracas, se han hecho un máximo de dos jornadas de desinfección. Aunque se aplican medidas como el uso de tapabocas, “allí no toman en cuenta a los privados de libertad”, dijo una de las mujeres consultadas por la ONG.

En los centros de detención en los Altos Mirandinos, Guarenas-Guatire y Valles del Tuy la situación es similar.

En el caso de Nueva Esparta, destaca que «al principio se atendió a la población de presos con jornadas de despistaje, entregas de tapabocas y kits, desde finales del año 2020 hubo un retroceso significativo».

El seguimiento a posibles brotes de COVID-19 en los calabozos policiales de la isla de Margarita ha sido prácticamente nulo este 2021.

«Tan solo en el Cicpc en Porlamar se hizo una jornada donde se aplicaron pruebas de despistaje. Lamentablemente los familiares de los presos aseguran que no tienen información sobre los resultados», dice UVL.

“Debemos estar informados si están positivos o lo estuvieron. Al final no se les dio tratamiento y eso nos hace pensar que estaban negativos en el calabozo, pero no estamos seguros. Todo es así siempre hay un silencio absoluto e incómodo, que puede resultar peligroso”, dijo un familiar .

En varios CDP de Nueva Esparta se han registrado síntomas similares al coronavirus, pero sin pruebas estas afecciones se quedan en sospechas.

La familia se enteró de la muerte porque otros presos se comunicaron con ellos. La policía nunca los llamó para informarle sobre lo sucedido.

Aseguran que lo vieron por última vez hace cinco días y mostraba un cuadro de salud bastante crítico. Al parecer él le pedía a los funcionarios que lo trasladaran a un hospital, pero no le prestaban atención.

No fue sino hasta la mañana del martes cuando se complicó aún más y lo trasladaron al hospital Domingo Luciani, de El Llanito, donde falleció al poco tiempo de ser ingresado.

Sus parientes cuentan que casi no podían llevarle comida y alimentos porque los funcionarios cobran hasta por dejarle pasar una pastilla.