“Es al gobierno al que corresponde atender la crisis del combustible. No puede resolverse con pañitos calientes. Tampoco con el traslado de costos adicionales, transaccionales y financieros de importación» a terceros.

La afirmación la hizo el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, Leonardo Palacios. El directivo exigió, en un comunicado, que la administración de Nicolás Maduro deje de improvisar al respecto.

Palacios refutó de esta forma el plan de 60 días propuesto por Maduro para solucionar el problema de abastecimiento de gasoil.

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“Debe haber una respuesta oficial contundente a todas aquellas exigencias. Las mismas no son más que el clamor de todo el sector privado productivo», expresó.

Dijo que la idea es «beneficiar a la ciudadanía en general y evitar que la pandemia sanitaria se siga solapando con la pandemia económica. Ambas causan mucho más estragos a la grave situación del país”, agregó.

Palacios recordó que hace un mes las cámaras de todo el país exigieron soluciones al problema. «Pero, la respuesta no puede circunscribirse única y exclusivamente a pasar esa responsabilidad a los empresarios», criticó.

“Los venezolanos tienen no solamente derecho al tránsito libre por todo territorio nacional. También deben acceder a bienes y servicios. Pero también tienen derecho a no ser víctimas de un mercado negro que perjudica la producción y encarece los productos. Esto es lo que el gobierno debe evitar», remarcó.

Finalmente, advirtió que «el país no aguanta mucho más días la falta de diésel. Esta crisis refleja la incapacidad del gobierno de articular una política producción y distribución de combustible y evidencia la implosión de la industria petrolera en el país”.

La Cámara de Comercio e Industria de Caracas rechazó la medida de expropiación de parte de Petróleos de Venezuela, sobre varias estaciones de gasolina en la capital y en el interior del país.

En un comunicado, el gremio alertó que esta acción atenta contra el debido proceso y viola las garantías constitucionales relacionadas con la seguridad jurídica.

«Medidas como la adoptada, generan desempleo, afectación directa e indirecta al mercado de productos y bienes generados y prestados en el mercado nacional , así como una lesión a varios empresarios que por décadas vienen realizando de manera sostenida con esfuerzo, de su patrimonio la actividad económica de expendio de combustible y actividades conexas», alerta el escrito.

Destaca como «un valor esencial del estado de derecho la seguridad jurídica, el concurso de la iniciativa privada en sus distintas manifestaciones de organización empresarial y la República para la generación de empleo, valor agregado, atracción de inversión nacional y extranjera, desarrollo de la economía y, en general, el bienestar del ciudadano, tal como se establece en el artículo 299 de la Constitución».

El gremio también argumenta que «la reestructuración del negocio de distribución, importación y expendio de combustibles líquidos realizado por PDVSA, de acuerdo con las pautas del Ejecutivo Nacional, no puede conllevar al desconocimiento arbitrario de las relaciones jurídicas de origen contractual, a la aplicación caprichosa de cláusulas exorbitantes y de potestades administrativas, ni a la conculcación de los derechos fundamentales de los concesionarios, contratistas y propietariosde estaciones de servicios».

En consecuencia, la cámara exige «la estricta observancia de los derechos fundamentales de las empresas y empresarios y dirigir su acción administrativa de acuerdo con los preceptos constitucionales».

Igualmente pide que se aplique «de forma irrestricta lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción durante la vigencia del Estado de Emergencia Económica y el Estado de Alarma, especialmente en la garantía del debido proceso».

Y finalmente demanda que se eviten «actuaciones similares que en nada contribuyen a la reactivación económica del país, al establecimiento y estabilidad de las fuentes generadoras de trabajo, riqueza y bienestar».