La fundación Juntos se Puede presentó el “Informe de Cohesión Social y Articulación en la Ruta de Bogotá – Ipiales”, en el cual alerta la condición de vulnerabilidad de los caminantes venezolanos ante la falta de organismos de seguridad en el eje cafetero.

Juntos se Puede logró demostrar “que existe una ausencia de organismos de seguridad y cooperación internacional en las vías entre ambas ciudades; dejando desprotegidos a los miles de caminantes venezolanos que diariamente transitan esta ruta que incluye dos páramos y peligrosas carreteras”.

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Destacan que a lo largo de esta ruta “se han registrado casos de trata de personas, violencia desmedida, robo y vejaciones a los caminantes que realizan este complejo y extenso recorrido de Bogotá- Ipeales”.

La directora de la fundación Juntos se Puede, Ana Karina García, afirmó «En Ipiales y en la ruta del eje cafetero nos preocupa porque es una vía compleja; es una vía donde pasas dos páramos y no hay puntos de atención hasta que llegas a Cali. En estas rutas los venezolanos se suben a las volquetas sin ningún tipo de precaución; y lamentablemente se han presentado casos en donde resultan heridos por distintas circunstancias”.

La fundación Juntos se Puede, realizó un recorrido por la Ruta del Sur que tiene 475 km y abarca los departamentos Nariño, Valle del Cauca y Cauca, en Colombia. Este trecho lo recorren caminantes venezolanos al ingresar a ese país, principalmente por Cúcuta. Y es la ruta que siguen si deciden ir a Ecuador.

«Los caminantes que transitan (la ruta) enfrentan múltiples adversidades. Entre ellas temperaturas extremas que van desde 3° a 33°, además de caminar por estrechas carreteras que atraviesan altas montañas y llanos extensos», alerta la fundación.

Sumado a los retos del clima y el territorio, también «es evidente la presencia de grupos armados que practican reclutamiento forzado», dice la ONG. Agrega que lo hacen «para sumar personal a los cultivos ilícitos que persisten en esta zona de Colombia».

Frente a esta situación, la presidenta de la fundación, Ana Karina García, aseguró: “hay un contexto importante que recordar. Esta es una zona de Colombia donde históricamente se ha practicado el reclutamiento forzado y trata de personas, crímenes de los cuales han sido víctimas algunos caminantes”.

Asimismo, recordó que «hay algunos casos en donde los migrantes que transitan esta ruta sufren el fenómeno de la doble victimización. No solo se ven obligados a salir de Venezuela, sino que además se convierten en desplazados internos. Esto, por los efectos del conflicto armado que aún persiste en Colombia».

García además aseveró: “tenemos también la problemática que depende de la población migrante. Es que salen de Venezuela con una moneda devaluada y no les alcanza para terminar el recorrido. Comienzan a caminar por las peligrosas carreteras de la ruta del sur del país”, dijo.

Resaltó que, «pese a que esta ruta es sumamente transitada solo hay dos puntos de atención a los migrantes forzados. El primero está ubicado en el municipio Palmira en el departamento Del Valle del Cauca. El segundo, está en el municipio Ipiales en el departamento del Nariño. Aquí le ofrecen a los migrantes atención médica primaria, alimentación, hidratación e información geográfica de interés para continuar el camino».

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Resalta la ONG que «los gobiernos locales, la sociedad civil, las organizaciones multilaterales y las implementadoras, están avocadas en apoyar a los caminantes de esta ruta».

No obstante, «el esfuerzo se diluye, ya que se requiere una articulación constante y efectiva entre estas instituciones y este escenario no existe».

Pero también llamó a «reconocer el importante trabajo que constantemente realizan organizaciones pertenecientes a la iglesia católica y ONG locales, el cual tendría un mayor impacto si se realizara en forma articulada».

Durante su recorrido e investigación, la Fundación ofreció a los miembros de las alcaldías de Cali y de Popayá, la posibilidad de crear escenarios para la formación de los funcionarios sobre la atención no solo de los caminantes. También de todos los venezolanos que se encuentran en estas ciudades.

“Como fundación nos pusimos a la orden tanto con la alcaldía de Cali como la alcaldía de Popayá para crear una jornada de formación a funcionarios en cuanto al tema migratorio», aseguró García, en nota de prensa.

Asimismo, propuso apoyar a miembros de las ONG locales en el fortalecimiento de sus capacidades. Todo para atender a los venezolanos que recorran esta ruta. Trambién para sumar esfuerzos en la cooperación internacional. La idea es lograr alianzas muchos más sólidas en beneficio de los migrantes forzados.

Luego de este recorrido, la Fundación publicará un informe. Allí expondrá la cohesión y cooperación social de los actores presentes en la ruta del Sur,.

La finalidad es «visibilizar las prácticas positivas y hacer las recomendaciones que considere pertinentes con la intención de que este documento llegue a distintos escenarios para optimizar la atención a los migrantes forzados».

El sol se posa en línea recta en una meseta sin sombra. Con la respiración entrecortada por los 3.700 metros de altura, Anyier intenta reponerse sentada a la orilla de la carretera. Hace siete horas cruzó a pie a Chile desde Bolivia, su quinta frontera desde que dejó Venezuela. Ella es una más de los llamados caminantes venezolanos.

«Esto ha sido lo más difícil, horrible», lanza esta exempleada de la Siderúrugca Nacional (Sidetur), de 40 años. El 25 de enero emprendió la travesía de más de 5.000 km junto a Reinaldo, un barbero de 26 años, y la hija de ella Dany, de 14. 

Salieron desde Guatire, un suburbio de Caracas, con 350 dólares y una mochila con lo justo.

Como esta familia, muy quemados por el sol y los labios partidos, decenas avanzan por la vía cordillerana al desierto de Atacama -norte de Chile. Son jóvenes de ciudades como Barinas, Maracaibo, Apure y Maturín. Todos sin excepción piden agua. Llevan días, meses o semanas de haber cruzado las fronteras de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

«Ni agua nos quieren dar», lamentaba Ramsés, un merideño que tiene como meta llegar donde un amigo en Rancagua. En esta ciudad cerca de Santiago, lo esperan para trabajar en un campo agrícola.

Anyier y su familia se detuvieron al borde de la ruta después de 25 kilómetros caminando sin nadie que les ofreciera ayuda. Es una zona transitada sobre todo por camiones de carga. También, «últimamente taxistas y esa gente que los extorsiona para llevarlos».

«Un taxista se paró a preguntarnos si teníamos papeles: Cuando dijimos que éramos venezolanos se burló, y aceleró», contó a la AFP Anyier, dolida hasta las lágrimas.

Tras cruzar muy temprano por el costado del puesto fronterizo cerrado, «nos montamos en una camioneta para que nos trajeran a Iquique o hasta Huara. Nos dijeron que no, que no le iban a tender la mano a los venezolanos», apunta Reinaldo. Afirma que a migrantes bolivianos y cubanos sí los trasladaron.

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Si de día el sol es insoportable, con ráfagas de viento capaz de mover una camioneta, en la noche «el frío es bajo cero», indica a la AFP el alcalde de Colchane, Javier García. 

En esta comuna de 1.700 habitantes, una de las 10 más pobres de Chile, afirman que han vivido desde enero «un fenómeno migratorio y crisis humanitaria jamás visto en la región».

Cuentan tres muertes oficiales: una mujer colombiana, un bebé y un venezolano de 69 años. «Han muerto de frío, hipotermia», dice un militar en Colchane.

«Durante meses pudimos apreciar imágenes crudas, inhumanas, que llegaban durante la madrugada a temperaturas bajo cero, -8 o -10, llorando de hambre, a veces sin dinero», describe el Alcalde, quien también menciona el choque cultural de los migrantes con los aymaras, gente reservada que se siente confrontada a actitudes atrevidas y ruidosas de algunos caminantes.

A unos 40 km de Colchane, un joven de 26 años está paralizado en la carretera, tapado con cobijas viejas, lleva ropa delgada y sandalias de playa con calcetines. Balbucea que se llama Alexander y que viene desde Carúpano, ciudad costera a 500 km de Caracas. Llora porque no siente las manos. 

«Es que él no puede con el frío», aclara su amigo antes de echarse encima de su espalda a darle calor con un abrazo. 

«Vamos chamo, pa lante», le dice. Estáticos, ambos se emocionan, mientras dos amigos más, todos entre 23 y 26 años, echan sus cobijas y mochila al interior de un desagüe al costado de la ruta, a ver si logran protegerse para dormir.

Unos creen que Santiago (a más de 2.000 km al sur de Colchane) está cerca de esa frontera altiplánica que bordea con el pueblo boliviano de Pisiga.

Ahí se enteran de que para llegar a la capital primero hay que ver cómo avanzar a Huara, una localidad 170 km más abajo por esta ruta sin gente a la vista y clima inclemente. Los pocos poblados no tienen luz eléctrica y hay poca agua.

«Muchos llegan con celulares, digo yo ¿cómo no revisan antes adónde van para que tampoco abusen de ellos la gente mala?», se pregunta Ana Moscoso, dueña de un almacén en Chusmiza. 

Son pueblitos tranquilos «y hemos tenido miedo porque algunos entran a las casas sin pedir permiso», señala Moscoso. 

En estas zonas hay caseríos donde el rechazo a los venezolanos creció en enero, como en Quebe, poblado de pastores aymaras de alpacas. Allí cerraron la entrada con un cartel que advierte: «Cuidado – Prohibido ingresar al pueblo – 3 pitbull sueltos». 

«Aquí llegaron, amenazaron con matarme, con comerme porque los saqué de la casa de mi nieto», acusa Maximiliana Amaro, de 82 años, quien vive de sus animales y de sus siembras de quinoa, papa y maíz. 

Amaro está furiosa con el tránsito de venezolanos y se queja de que entran al poblado, se meten a las casas mientras pastorean las alpacas y piden las cosas con prepotencia. «Y en Colchane les dan de todo, comida, pero a nosotros no».

Los caminantes en estas partes se encaraman en la parte trasera de camionetas mineras o camiones para avanzar. Otros pagan hasta 100 dólares por persona para que los dejen en la ciudad portuaria de Iquique, pero al final los abandonan antes de Huara, a 78 km al noreste de Iquique.

En Huara ya están en el desierto, se les ve en las calles, duermen a la intemperie, y otros se amontonan en un galpón dispuesto por un poblador local. Habitantes, policías, militares todos viven la situación con asombro, cautela y muchos empatizan con un drama complejo. Nadie se siente a salvo, ninguno ve solución fácil, todos piden ayuda.

En Iquique, una ciudad de casi 200.000 habitantes, la pandemia ha golpeado fuerte. 

Allí las residencias sanitarias siguen atiborradas de migrantes que deben hacer cuarentena sin poder tramitar ningún estatus migratorio o pedir refugio. A algunos los sacaron de esas residencias a un avión militar para deportarlos en febrero.

Desde antes de diciembre han llegado miles de migrantes a Iquique y más de 8.000 ingresaron por la frontera norte. Algunos tomaron buses hacia el sur de Chile, pero durante la crisis de la primera semana de febrero muchos fueron trasladados desde Colchane a este balneario.

«Pasamos el 31 de diciembre en esta plaza, no tenemos donde ir ni dinero. Hay gente que nos da carpas, nos cocinamos, algunos salen a hacer trabajitos, vender dulces o a pedir dinero», cuenta Anabella, de 26 años, y con dos niños pequeños que la rodean en la Plaza Brasil de Iquique. 

Otros llegaron al final de la cuarentena en la ciudad, como Anyier y su familia. Desde ahí reciben envíos de dinero de amigos o familiares en distintos puntos de Chile y se compran el pasaje en bus a su nueva vida.

«Tengo los nervios de punta», dijo ella al llegar al terminal de buses de Iquique, repleto de inmigrantes venezolanos, colombianos y haitianos, varados por falta de dinero o papeles.

Anyier y su familia lograron llegar a Santiago el 23 de febrero, un mes después de dejar Guatire, y se dirigieron a la casa de su hermana, radicada aquí desde hace tres años. «Gracias a Dios, y ojalá nos vaya bien», afirma, abrazada a ella. 

La dirigente nacional de Primero Justicia, Karim Vera, aseguró este martes que el tema de los caminantes es grave.

Alertó que no sólo es una medida desesperada asumida por venezolanos en búsqueda de un mejor futuro.

Señaló que están expuestos a  eventos infortunados en los que incluso, ponen sus vidas en riesgo.

Vera exhortó a la comunidad internacional y a los ciudadanos a no permitir que la situación de los llamados caminantes llegue al punto de ser normalizado.

“Son nuestros hermanos que han perdido todo, incluso sus vidas a causa de una crisis que día a día se agudiza en el país”, aseveró.

Asimismo, insistió que esto es un tema que va más allá de lo político, es un tema de humanidad.

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Informó que en los últimos 15 días, se observaron caravanas en crecimiento de venezolanos en las vías de Pamplona.

Por lo que sostuvo que esto generó que se creen puntos de control en su transitar.

“La crisis lleva a los venezolanos a tomar medidas desesperadas, no es suficiente lo que hace hasta ahora”, aseguró.

Indicó que se trata de seres humanos que no llevan ningún tipo de protección personal.

“Reconocemos la colaboración que países hermanos han tenido con los venezolanos, así como ataques de xenofobia impulsados incluso por autoridades”.

Karim Vera, hizo un llamado a todos los organismos internacionales a impulsar algunas medidas de emergencia.

Por el grave escenario y evitar que más venezolanos pierdan la vida en su trayecto e incluso sean captados por grupos irregulares.

Salir del país se ha convertido en todo un negocio para los grupos irregulares que controlan la zona fronteriza. pero también para los organismos de seguridad del Estado que hacen caso omiso a los abusos que se cometen contra los caminantes.

Júnior Colmenares, encargado de la Juventud del partido Voluntad Popular en Táchira, hizo la denuncia. Dijo que estos grupos irregulares o simples delincuentes se encargan de cobrar tarifas a las personas que movilizan a los a los caminantes. «Esto sucede con la complicidad de los cuerpos de seguridad”, remarcó en entrevista para La Nación.

«A diario son cientos de venezolanos, hombres y mujeres, de todas las edades y de diferentes rincones del país ingresan caminando al estado. De aquí continúan con su odisea en la vía hacia San Antonio o Arauca. Van con destino a distintos países del continente”, relató el dirigente.

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También dijo que este drama social mantiene preocupados a diversos sectores de la sociedad tachirense. Ellos abogan por una solución a la crisis o que al menos se alivien las penas que traen a cuestas estas personas».

Señaló que en sus contactos con los caminantes ha recibido denuncias de que son víctimas de abusos y extorsión. «Funcionarios de seguridad que portan uniformes los han despojado de artículos personales y ropa. También de objetos, prendas de valor o del poco dinero que traían consigo».

Los caminantes que vienen con más recursos, de igual manera tienen que caminar largos trayectos. Esto debido a las restricciones del transporte público por la cuarentena. “Caminan hasta conseguir alguna mototaxi o transporte particular. A través de escalas y pagando montos excesivos en dólares o pesos colombianos, los llevan su lugar de destino», precisó.

La dirigente de Primero Justicia, Karim Vera, denunció que cada vez aumenta el número de muertos entre los llamados caminantes venezolanos. Alertó que el escenario de estas muertes son las carreteras del estado Táchira. Allí, lamentablemente han perdido la vida más de 10 ciudadanos, en los últimos días, ante a la indiferencia de las autoridades.

«Son innumerables las denuncias que hemos realizado en los últimos años, cuando empezó el aumento de venezolanos escapando por la frontera», dijo en nota de prensa.

Destacó que esas denuncias no se toman en cuenta. «No es necesario ser vidente para saber los escenarios que podía ocurrir, se tienen que tomar cartas en el asunto», expresó.

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«Se trata de hermanos venezolanos los arrollaron en las vías. Eran hermanos venezolanos los que murieron al voltearse un vehículo, no se puede seguir estirando la arruga frente a la tragedia. Los caminantes claramente han expuesto sus vidas por alcanzar salir de país”, lamentó.

Por otro lado, denunció que también aumentan lo abusos por parte de funcionarios de organismos de seguridad. «La cantidad de denuncias por abuso de poder ejecutados por uniformados no cesan. Van desde falsas alcabalas, hasta el despojo de las pocas pertenencias, inclusive económicas», dijo.

Dijo que es terrible que hagan esto, porque estas personas llevan todo lo que pueden conseguir «para llegar a la frontera y huir de un país que no les brinda ni seguridad”.

Finalmente Karim Vera insistió en que el escenario no es alentador. «Con la pandemia, los caminantes están más expuestos a contagiarse y lo más doloroso es que tienen un destino incierto». Lamentó que «es poco probable que puedan recibir ayuda médica». 

La presidenta de la subcomisión de Fronteras de la Asamblea Nacional, Karim Vera alertó por la grave situación a la que se exponen los caminantes venezolanos en su afán por llegar a Colombia.

«Ponen en riesgo sus vidas al cruzar el río Táchira y así alcanzar la libertad», dijo en nota de prensa.

Explicó que, debido a las recientes lluvias caídas en Táchira, el río que separa a Venezuela de Colombia ha crecido. «Esto no impide que los caminantes se arriesguen y lo crucen. La desesperación, el hambre y la miseria, tristemente los motiva a tomar un enorme riesgo», lamentó.

Destacó que «el régimen se niega a aceptar que son los únicos responsables de lo que está ocurriendo en los pasos irregulares de San Antonio».

Al provocar la huida de los venezolanos «dejan claro que harán lo que sea por seguir sometiendo a los ciudadanos a situaciones extremas. Lo vemos diariamente», afirmó.

Por otro lado, denunció que la escasez de gasolina en el Táchira es muy grave. «Se han implementado innumerables planes fracasados que perjudican sólo al ciudadano común. Ya vimos como para actos del PSUV sí hay transporte y no hay chip que cuente».

Así arriesgan sus vidas los Vzlanos que a diarios pasan hacia #Colombia a través de los pasos irregulares de San Antonio por el #RioTachira, algunos en busca de sus sueños de libertad, otros solo a buscar alimentos y medicinas que la dictadura les niega.#Frontera #VzlaAlzaLaVoz pic.twitter.com/JUXYGjWLJw

Sin probar bocado, con los pies ensangrentados, con el sudor empapando sus ropas y –en varios casos– enfermos por el largo trayecto. Miles de venezolanos realizan las caminatas de la miseria hacia la frontera con Colombia. Y en medio de éstas crece el número de muertes.

Así narró este lunes el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Omar González Moreno, la trágica realidad que viven los venezolanos que huyen de la crisis nacional.

El parlamentario señaló que reportes suministrados por funcionarios del estado Táchira señalan que por los menos 12 personas han fallecido en los últimos días. Esto, durante las peligrosas travesías emprendidas por miles de venezolanos para salir del “paraíso socialista” construido por el finado y consolidado por Nicolás Maduro.

Acusó a la usurpación por el sufrimiento de los caminantes del hambre. Y por cada una de las muertes de los venezolanos que huyen del caos, escasez, inflación. Así como por la violación de los derechos humanos que creo el llamado Socialismo del Siglo XXI.

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González indicó que los caminantes del hambre cruzan las fronteras entre Venezuela y Colombia, y Venezuela y Brasil con el afán de conseguir un mejor destino.

Y agregó que muchos de los venezolanos no se quedan en los países fronterizos, sino que continúan su recorrido más allá, con el propósito de encontrar un país que los reciba.

“Ni el Covid-19 los detiene, pues saben que el socialismo es más criminal que el coronavirus o cualquier otro virus conocido”, apuntó.

Sobre la pandemia, el representante de Anzoátegui ante el Parlamento señaló de irresponsable a la usurpación al pretender crear una sensación de normalidad y cotidianidad. Y permitir la reactivación de bares, restaurantes y licorerías, mientras mantiene las escuelas y universidades cerradas.

“Es evidente que Maduro juega a embriagar los sentidos de la población; el régimen busca aturdir con las fechas pre-navideñas a los venezolanos para agilizar una ‘aceptación’ pasiva de su farsa electoral orquestada para el 6 de diciembre”. Explicó.

Omar González manifestó que el objetivo de Miraflores es desviar la atención de los venezolanos. Distraerlos con “pan y circo” como ha sido su práctica desde hace 21 años atrás. El diputado llamó a la ciudadanía a no caer en esta “trampa”.

El legislador aseguró que en todo el país han aumentado las protestas populares por las fallas de los servicios públicos. Y que el régimen de Nicolás Maduro ha incrementado la represión contra la ciudadanía que exige soluciones.

Igualmente, denunció los injustos arrestos perpetrados por los organismos de represión del Estado. Tras la fuga de Leopoldo López, dirigente nacional de Voluntad Popular.

“Ni la cocinera se salvó. Los ciudadanos Nubia Campos, Ibhahim Sojo, Carlos García y José Neira están privados de su libertad; todo porque los del régimen quieren hacer creer que no les entra en su cabeza cómo ya se le han fugado Antonio Ledezma, Iván Simonivis y ahora Leopoldo López”.

Con información de nota de prensa.

La crisis venezolana ha aumentado el abandono de mascotas. Pero, para gran número de familias, el abandono de sus peludos no es una opción. Incluso si se trata de emigrar, aunque sea caminando.

Este es el caso de Cripper, el perrito que ha acompañado a su familia humana en su travesía hasta Colombia. La familia de Cripper es una de las tantas que forman parte de los caminantes venezolanos que huyen del caos.

Este grupo familiar decidió descansar una vez pasaron el punto de control de Peracal, en San Antonio del Táchira, reseña el diario La Nación.

La travesía, para llegar a la frontera, duró casi dos días. La mayor parte fue caminando, hubo aventones, pero muy pocos. «La solidaridad de la gente se demostró con la comida que nos daban, y hasta refugio», dijo una de las féminas del grupo familiar.

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Por los momentos, piensan llegar hasta Cúcuta y comenzar a buscar empleo en cualquier área. «La fe es lo último que se pierde, somos gente de bien y sé que vamos a alcanzar nuestras metas», destacaron.

Al perro «nos lo pidieron en varias alcabalas. Policías y guardias se enamoraban de él», señalaban en tono jocoso, mientras dejaban claro que Cripper es un integrante más del núcleo y no podían dejarlo solo.

Bajo un techo que los protegía del abrasador sol de la frontera, indicaron que dejan Venezuela con la esperanza de que pronto volverán. «En estos momentos esperamos que el gobierno colombiano nos permita pasar», remarcaron.»

Desde El Mirador, en San Cristóbal, Hasta San Antonio del Táchira, sigue la marcha de caminantes que arriban de diversas zonas del país con el objetivo de migrar a Colombia por las llamadas trochas.

El nuevo éxodo venezolano ha puesto a trabajar arduamente a las autoridades de Colombia. Y el Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf), en Villa del Rosario, ha decidido lanzar el plan «Frontera Segura y Regulada’. Este tiene como objetivo la activación del plan masivo y control a la población migrante.

De esta manera responden al llamado de la ciudadanía y del Gobierno Nacional. En vista de que el ingreso y salida de personas por pasos irregulares en la frontera colombo-venezolana, en el Norte de Santander, causa molestias en los habitantes de los municipios fronterizos. Según publicó La Opinión de Cúcuta.

El plan «Frontera Segura y Regulada» asistieron los secretarios de Gobierno, Juan Corzo Álvarez, de Fronteras y Víctor Bautista Olarte. Así como los comandantes de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel José Luis Palomino; de la Fuerza de Tarea Vulcano, brigadier general Olveiro Pérez Mahecha y de la Trigésima Brigada del Ejército, Ilvar González Villamil.

La estrategia cuenta con un despliegue de uniformados de la Policía y Ejército Nacional, según dieron a conocer las autoridades en temas fronterizos. Y se busca fortalecer con más de 900 efectivos de la Fuerza Pública, los pasos ilegales o trochas. Para así evitar los riesgos que implica para los venezolanos el paso por estos espacios, y comisión de delitos por estos cruces ilegales.

En este sentido, Bautista Olarte dijo que está estrategia dirigida desde el Gobierno Nacional. Y busca mantener en firme la seguridad y soberanía del país frente a la crisis migratoria que se vive en la región.

“Estamos seguros que en este momento de crisis hay decisiones importantes que se han adoptado en esta zona de frontera que es la más crítica del departamento y de todo Colombia. Creemos que algo positivo pasará para los migrantes y es cambiar la costumbre negativa de pasar por las trochas, acción que los perjudica tanto a ellos y a nosotros”.

Por su parte, González Villamil, comandante de la Trigésima brigada señaló que el Ejército de Colombia, dentro de su trabajo en los 424 kilómetros del departamento que están en custodia de la autoridad militar. Por lo que tienen disponibles 500 hombres para llevar a cabo la vigilancia de los pasos fronterizos, en donde se trabaja en puntos específicos como Puerto Santander y Guaramito.

La unidad del pie de fuerza de la región y el apoyo de la institucionalidad del gobierno departamental y de los gobiernos locales, lograrán llevar a cabo la estrategia planeada. Estos darán prioridad a la seguridad y al cumplimiento de los derechos y deberes tanto de la población migrante como de los colombianos. Según informó por su parte el coronel Palomino.

En cuanto al paso de los migrantes venezolanos por las trochas, va en aumento al tiempo que la frontera está cerrada tras la declaratoria de emergencia generada por la pandemia de COVID-19.

Medios colombianos destacan que el retorno de los migrantes venezolanos por el corredor humanitario no ha mermado. Sin embargo, ahora el fenómeno de los caminantes hacia el interior de Colombia volvió a presentarse, y se ha hecho notorio en Pamplona.

Está previsto que hasta el 1 de noviembre sea el cierre fronterizo. Hasta ahora se desconoce si el Gobierno de Iván Duque decidirá abrir el paso por los puentes internacionales.