Los 66 soldados que estuvieron tres días «secuestrados» por campesinos en el sureste de Colombia fueron liberados este lunes, informó el Ministerio de Defensa de Colombia en redes sociales.

«Fueron liberados los 66 uniformados que permanecieron secuestrados por más de 72 horas en área rural de San José del Guaviare, por comunidades instrumentalizadas por el bloque Jorge Suárez Briceño», confirmó la institución el lunes en su cuenta en la red social X.

Según el Gobierno, miembros de la comunidad fueron influenciados por el bloque armado para retener a los militares, reseña AFP.

El domingo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, advirtió a los alzados en armas que «si no existe real compromiso» la prórroga del cese el fuego pactado con el gobierno vigente hasta el 15 de octubre próximo, podría suspenderse.

Los uniformados permanecieron cercados por alrededor de 650 campesinos en zona rural de San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare (sureste), dijo el alcalde Willy Rodríguez en la emisora Caracol Radio.

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El Ejército aseguró que las tropas estaban en la zona realizando una operación contra la extorsión.

Los militares «continuarán cumpliendo con su misión constitucional», señala un comunicado difundido por el Ejército el lunes tras la liberación. «Las acciones ofensivas contra la criminalidad se mantendrán», agrega el boletín.

El alcalde Rodríguez dijo que el domingo visitó la zona y observó a los uniformados con su armamento. De acuerdo con su relato, los campesinos impidieron a los soldados movilizarse para evitar una «confrontación» con los disidentes.

Ese frente guerrillero, que se negó a firmar el acuerdo de paz de 2016, está negociando ahora con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que intenta desactivar el conflicto de seis décadas al dialogar con guerrillas y grupos de narcotraficantes armados.

En regiones conflictivas, como el departamento del Guaviare, la fuerza pública suele tener choques con campesinos, especialmente cuando erradican narcocultivos.

En abril, 34 uniformados fueron detenidos y luego liberados por una comunidad en el departamento del Meta (sur).

Un año atrás, una protesta contra la empresa Emerald Energy terminó en el secuestro de más de 70 policías antimotines y seis empleados de la petrolera en San Vicente del Caguán (sur). Uno de los uniformados murió supuestamente degollado.

En 2016, el Estado colombiano firmó un acuerdo de paz con las FARC, pero varias facciones del grupo se apartaron del pacto.

El largo conflicto ha dejado 9,5 millones de víctimas entre secuestrados, desaparecidos, desplazados y asesinados.

Con información de AFP

El ministro Néstor Osuna, dio detalles de la política de drogas que trabaja el Gobierno y que quedaría aprobada la próxima semana, y señaló que una de las propuestas es pagar un subsidio temporal a los campesinos cultivadores de coca por “dejar que la selva recupere su frontera natural”.

Osuna habló en el programa radial del Gobierno Informativo Colombia Hoy, diciendo que “Esas personas dejarían de cultivar. Entonces, mientras encuentran otra actividad lícita, en otra parte, la oferta del Gobierno es que les otorgará un subsidio económico”.

Esta es una propuesta que guarda similitud, en una parte, con el programa actual de sustitución de cultivos Pnis, bajo el cual los campesinos cultivadores reciben unos pagos del Gobierno por cambiar la coca por un cultivo legal.

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El ministro de justicia también dijo que dentro de este nuevo enfoque sería necesaria la participación de distintos organismos del Estado en temas de agricultura, educación e infraestructura, “porque se trata de sustituir la economía cocalera por una economía dentro de la ley”.

“Es un giro muy importante el que estamos dando en esa política de drogas, porque para resolver este problema vamos a llevar el Estado social de derecho, la democracia, la prosperidad, la economía legal, a todas esas zonas donde no ha habido oportunidad de hacer nada diferente a tener cultivos ilícitos”, acotó uno de los ministros más importantes en el Gobierno Petro.

El jefe de la misión de la ONU para la verificación de los Acuerdos de Paz en Colombia manifestó este miércoles ante el Consejo de Seguridad su preocupación por el aumento de la violencia contra excombatientes que depusieron las armas en el marco de dichos pactos y dirigentes campesinos.

«Es preocupante la persistente violencia contra los excombatientes», dijo Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de la ONU, Antonio Guterrez, para la verificación de dichos acuerdos. Solo en los últimos días han sido asesinados cinco, recordó.

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La violencia también afecta a los dirigentes campesinos y a los solicitantes de tierras a «medida que avanza la aplicación de la reforma rural», alertó y recordó los «obstáculos» contra los funcionarios del gobierno que trabajan en ella.

Tras instar al gobierno a «hacer mucho más para proteger» a estos colectivos, Ruiz Massieu le pidió que cumpla la promesa de nombrar a un alto funcionario para supervisar la aplicación del Acuerdo de Paz Final, firmado en 2016.

"Los avances registrados en el último informe del Sec. Gral. son un indicador de que la puesta en práctica está tomando impulso en varios puntos del acuerdo (…) especialmente las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo", @CGRuizMassieu ante el Consejo de Seguridad de ONU. pic.twitter.com/oCXIz5Rjr5

Asimismo, elogió el enfoque que ha dado el gobierno de Gustavo Petro, comprometido con la «paz total» que se centra en la «sostenibilidad, la reintegración basada en la comunidad, haciendo hincapié en la reconciliación, el acceso a la tierra y el empoderamiento de las mujeres y las cuestiones de género».

Ministro de Relaciones Exteriores @AlvaroLeyva, representante Especial @CGRuizMassieu, miembros del Consejo, Colombia puede contar con el Reino Unido para seguir apoyándola en su camino hacia la paz y la seguridad para todos los colombianos. pic.twitter.com/vTW170efJR

En esta sesión trimestral, que contó con la participación del canciller Álvaro Leyva Durán y la lideresa de la sociedad civil Diana Salcedo, el Consejo de Seguridad analizó el informe que Guterres presenta cada tres meses con los avances de la implementación de los acuerdos y las preocupaciones de la ONU.

«¡Queremos ganar la paz!», dijo por su parte el canciller Leyva, quien reconoció: «Necesitamos reducir los índices de violencia en el país y las dinámicas violentas en los territorios».

En una carta enviada el pasado 14 de febrero, Leyva informó al Consejo de Seguridad de los esfuerzos de diálogo del gobierno de Petro con cinco grupos armados e indicó la intención del gobierno de solicitar la verificación de estos procesos por parte de la ONU. 

Tras pedir al secretario general recomendaciones para esta eventual solicitud, en una carta fechada el 13 de junio, Guterrez propone dos opciones para ampliar la misión de verificación en el país, actualmente integrada por 120 observadores.

Una de las opciones es que la misión participe en el monitoreo y la verificación de los altos el fuego decretados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (EMC Farc-EP), que precisaría 95 observadores más. 

La otra es que la misión participe en el monitoreo de las treguas con todos los grupos identificados por el gobierno, que requeriría 130 observadores adicionales.

Dicha ampliación tendrá que ser autorizada por el Consejo de Seguridad, lo que en principio no debería ser difícil, en una comunidad internacional que apuesta decididamente por la paz en Colombia.

China, que había manifestado sus dudas en negociaciones anteriores para ampliar el mandato de la misión, se mostró favorable este miércoles. «Creemos que ayudará a consolidar el momentum positivo» de las actuales negociaciones de paz, afirmó.

El departamento de Boyacá es importantísimo para Colombia, pues allí se siembran y se cultivan gran parte de los alimentos que se consumen en el país.

Boyacá es una despensa agrícola, pero los campesinos, el alma de esa zona, dicen que las cuentas no les cuadran por cuenta del costo de los insumos.

Jornaleros, que tienen perseverancia y ganas de salir adelante, también pidieron al Gobierno nacional que se empiece a ejecutar un programa de estabilización de precios.

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Segundo Chaparro, secretario de Fomento Agropecuario de Boyacá, indicó que se han “invertido más de 30 mil millones de pesos con el programa Boyacá nos Alimenta, el incentivo a fincas y alianzas productivas”. Él invitó al Gobierno nacional para que “nos siga apoyando y los jóvenes no emigren para tener relevo generacional”.

Ocurrió cuando las Farc tomaron a Villarrica a sangre y fuego, destruyeran viviendas y mataran policías e inocentes hijos del pueblo.

A los campesinos les acusaron de todo para robarles la cosecha, la paz y la tierra, “bandoleros, chusmeros, delincuentes, comunistas”; epítetos degradantes que solo podrían ser creíbles en el imaginario de la “gente bien” y las fuerzas militares.

Y los imberbes e inocentes hijos de Villarrica habrían de alistarse como hombres, para defender la vida, la familia, sus parcelas y sus dioses como cientos de años antes lo hicieran los heroicos pijaos al enfrentarse en asimetría de condiciones al ejército de la maldita madre patria. Los mataron a todos.

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El espíritu de doña Mercedes Sáenz Leal viuda de Peralta, una de las víctimas de la masacre de la Quebrada del Muerto y Matefique donde fueron asesinados 130 campesinos, entre ellos su esposo y su suegro en cercanías del Darién, ha de estar revolcándose en su tumba ante la inercia gubernamental de investigar y condenar a los directos responsables de estos crímenes de lesa humanidad que no tienen prescripción según la Carta de la Naciones Unidas, firmada entre las partes después de la segunda guerra mundial.

La denuncia, hace más de cincuenta años, fue instaurada por doña Mercedes ante un juzgado de Cunday contra el ejército de Colombia y un juez penal militar archivó el caso ante la supuesta falta de pruebas.

Un cabo y oficial de la patria asesinaron la inocencia campesina. Igual ocurrió con la masacre del Roble, atribuida a la policía política del régimen y otras tantas nunca investigadas durante las mal llamadas guerras de Villarrica.

Igualmente, el Estado colombiano ha de responder por las bombas incendiarias de Napalm, prohibidas en acuerdos internacionales utilizadas por la fuerza aérea colombiana contra los campesinos de Villarrica.

«El napalm es el dolor más terrible que se pueda imaginar… el agua hierve a 100 grados Celsius, el napalm genera temperaturas de 800 a 1.200 grados centígrados».

El Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945 que estableció el Estatuto del Tribunal de Núremberg, definió como «crímenes contra la humanidad» el «asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos (…)

Los crímenes contra la humanidad tienen la especial característica de ser imprescriptibles, es decir que pueden ser perseguidos en todo tiempo.

He aquí algunos de los episodios de la historia negados aún a las nuevas generaciones. ¿Dónde estarán los adalides y abogados y alcaldes y políticos que supuestamente defienden la causa de los campesinos colombianos?

Fuentes: Edison Peralta González en las 2Orillas; Monseñor Germán Guzmán en La Violencia en Colombia; La Crónica de Villarrica Jacques Aprile N; Malcolm Menzies en Desde las Montañas de Colombia; Pizarro León Gómez en 1949- 1957; Edison Peralta González, Lágrimas y Sangre; Jaime Jara en Cuadernos de la Violencia.

Al menos 120 soldados llevan varios días sin poder salir de un cuartel militar en la frontera con Venezuela, cercados por campesinos cocaleros que se oponen a la erradicación de narcocultivos, informó este lunes el Ejército.

Las tropas “cumplían trabajos de erradicación de cultivos ilícitos” en Tibú (norte de Santander) cuando fueron sorprendidas por cultivadores de hoja de coca que las obligaron a replegarse en la base militar, detalló el alto mando en un comunicado.

Según informó un responsable militar a la agencia de prensa AFP, son por lo menos 120 soldados que permanecen inmovilizados en el batallón Caño Indio, desde el 6 de mayo pasado.

Información ofrecida por Caracol Radio da cuenta de que son más de 200 los militares retenidos, que habían llegado en tres pelotones a la zona a erradicar la coca.

Los uniformados se enfrentaron primero a un cerco de los labriegos en la zona rural. “Posteriormente, los fueron llevando [a los uniformados] y arrastrando hasta la base militar, de donde no les permiten salir”.

Nelson Leal, alcalde de Tibú, dijo que los cocaleros “se fueron juntando hasta lograr un gran número de campesinos; fueron amedrantando al Ejército, y después de tenerlos reunidos les han cortado el agua y la luz”.

El general Ómar Sepúlveda, comandante de la Segunda División del Ejército, denunció como una retención ilegal la acción contra sus hombres, y confirmó que  les “cortaron el suministro de agua y de la luz”.

“Han sido secuestrados por más de 300 campesinos cocaleros, empleando piedras” y “palos”, denunció el oficial. “Han hecho que las tropas queden concentradas y no tengan movilidad en el área general de la base militar”.

Tibú forma parte de la región del Catatumbo, el territorio con más narcocultivos del mundo en el que se calcula hay unas 40.000 hectáreas sembradas de coca, según la ONU.

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En octubre, unos 180 soldados que erradicaban narcocultivos allí fueron retenidos por campesinos en una escuela rural de esa población y luego liberados con la intermediación del organismo estatal de derechos humanos.

Rebeldes de la guerrilla Eln y disidentes de la exguerrilla de las Farc que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 delinquen en la zona lucrándose de las rentas del narcotráfico.

Con una política de perseguir al narcotráfico con mano dura, el presidente Iván Duque ha redoblado la persecución al negocio de la droga mediante la erradicación forzada de los sembradíos, que realizan manualmente los soldados en medio de frecuentes choques con los sembradores.

Con una cifra récord de producción de 1.010 toneladas en 2020, Colombia se mantiene como el mayor exportador mundial de cocaína y Estados Unidos como el principal consumidor de esa droga.

La población de Ituango vive en una sola angustia por las actuaciones violentas del Clan del Golfo. En esta oportunidad acabaron con la vida de un campesino y su niño de 11 años de edad en una zona rural.

Según el parte policial, los cadáveres del menor y su padre los localizaron dentro de su residencia, ubicada en el corregimiento La Granja.

Desde que fue capturado Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, las también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia han intensificado sus ataques.

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El pasado 7 de noviembre asesinaron a cuatro militares en el corregimiento de Santa Lucía.

Desde julio de este año, ya los hechos de violencia y la presencia de diferentes grupos armados en Ituango habían incrementado el éxodo de cientos de campesinos.

La captura del capo del narcotráfico y el despliegue de las fuerzas militares del gobierno de Iván Duque para acabar con otros líderes del Clan del Golfo, estos éxodos se han incrementado.

Este nuevo crimen contra los campesinos y que mantiene consternada a la población, hizo que las autoridades de Ituango convocaran de urgencia un consejo de seguridad.  

Unos 180 soldados que erradicaban narcocultivos están secuestrados por campesinos cocaleros en la frontera de Colombia con Venezuela, informó este jueves una fuente militar.

El general Ómar Sepúlveda denunció como un «secuestro» la captura de sus hombres por comunidades que se oponen a la destrucción de los plantíos ilegales.

Los cocaleros «secuestraron a seis pelotones del Ejército nacional» el martes en el municipio de Tibú (este), señaló el oficial a la prensa.

El responsable militar relató que las tropas fueron rodeadas por campesinos con palos y machetes mientras cumplían «tareas de lucha contra toda la cadena de narcotráfico».

Los soldados están concentrados en una escuela rural, reseñó AFP.

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El vocero de una asociación campesina que se identificó como «Junior» dijo a W Radio que la comunidad tiene «la mejor disposición de diálogo».

Esto para permitir la salida de los militares.

Agregó que retuvieron a los soldados en protesta porque -aseguran- el gobierno incumplió sus compromisos en el programa de sustitución de sembradíos de hoja de coca por cultivos lícitos.

En un video compartido por el Ejército a la AFP se observa un grupo de soldados camuflados y armados con fusiles en lo que parece ser un pequeño caserío.

Civiles los vigilan de cerca.

La Defensoría del Pueblo, informó en Twitter que se dirige hacia Tibú para adelantar una mediación y obtener la liberación de los soldados.

Tibú, en el departamento de Norte Santander, forma parte de la llamada región del Catatumbo, el territorio con más narcocultivos del mundo.

En la zona hay unas 40.084 hectáreas sembradas con hoja de coca, según el último informe de la ONU de 2020.

Rebeldes de la guerrilla ELN y disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 operan en la zona lucrándose del narcotráfico.

El defensor del pueblo Jaime Marthey dijo a W Radio que los campesinos reclaman desde hace tiempo que la erradicación sea un proceso concertado.

Una comisión de la entidad humanitaria buscará «llegar a un acuerdo para que se bajen los ánimos» entre los habitantes de la región y los uniformados, agregó.

El presidente, Iván Duque, ha redoblado la persecución a ese negocio ilegal mediante la erradicación forzada de los sembradíos, que realizan manualmente los soldados.

Los campesinos cocaleros suelen sostener choques con los militares que arrancan los plantíos.

Pese a la persecución, miles continúan sembrando coca, especialmente con la mano de obra de colonos y migrantes venezolanos.

Con una cifra récord de producción de 1.010 toneladas en 2020, Colombia se mantiene como el mayor exportador mundial de cocaína.

Estados Unidos es el principal consumidor de esa droga.

A menos 6 heridos dejan los choques entre Ejército y campesinos que se oponen a la erradicación de cultivos de coca en Guaviare.

En este contexto los enfrentamientos producen tensión específicamente en zona rural del municipio de Calamar, vereda Salto Gloria. En video han quedado registrados los hechos.

Allí se puede ver cómo los campesinos y militares se agreden verbalmente mientras se escuchan disparos y gritos de socorro por los heridos.

Los campesinos se enfrentaron contra los soldados de la Brigada 22 de Selva justo cuando los uniformados realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos en la zona.

Por ahora la situación es confusa, los civiles desmienten que hayan atacado a la fuerza pública, mientras las autoridades no se han pronunciado para explicar lo que está sucediendo.

No obstante, el Ejército estaría relacionando lo sucedido con la operación del pasado jueves.

Cuando fue capturado alisas ‘Pansa Mango’ presunto cabecilla de las disidencias de las Farc quien según registro militar obligaba a campesinos de la zona a la siembra de cultivos ilícitos.

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Además los incitaba a manifestaciones violentas contra la Fuerza Pública.

El Mayor General Antonio María Beltrán, comandante de la Cuarta División del Ejército, confirmó los enfrentamientos en esa zona del departamento del Guaviare.

BLU Radio se contactó con campesinos en la zona, quienes manejan otra versión, y aseguran que fueron los uniformados quienes agredieron a los campesinos.

Han asegurado que recibieron golpes con palos y apuntándoles con los fusiles a la altura del rostro hasta que finalmente varios campesinos resultaron heridos.

Viviana Martínez, habitante de la vereda, desmintió las declaraciones del comandante de la Cuarta División.

“Nosotros no tenemos que ver con nada de lo que haya pasado con ese señor, ellos si se quieren lavar las manos”, indicó Martínez.

“Incluso no demoran en decir que es que acá entre los campesinos hay guerrilleros y que todos somos guerrilleros, eso es lo que siempre llegan y dicen”, precisó.

Por su parte el Alcalde del municipio del Retorno, Yeison Pineda, se mostró preocupado por lo sucedido y pidió la intervención del Gobierno Nacional.

Pide diálogo y confirmó que fueron 6 los civiles heridos en medio del enfrentamiento.

“3 personas heridas de bala, 2 personas con heridas en el cráneo por golpes con armas de fusil y don Pedro Mosquera con múltiple fracturas en su pierna izquierda, dañándole todo el tema de su peroné”.