Luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, recibiera la renuncia de la canciller Claudia Blum, el gobierno decidió remplazar temporalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores por Adriana Mejía.

Según BluRadio, el rumor que rodaba desde el pasado fin de semana se cumplió, cuando Blum aseguró que su salida era inminente.

Lea también: ¿Acuerdo político en Venezuela? Maduro y Guaidó negociarán

Claudia Blum estuvo en el cargo poco más de un año, cuando entró a reemplazar al fallecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Asimismo, fuentes extraoficiales confirmaron al medio colombiano que el Gobierno de Duque prepara nuevos cambios en el Gabinete.

Los anuncios se harán en los próximos días.

Adriana Mejía Hernández, es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales.

Se desempeñó como Viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2010.

También ejerció como Viceministra de Cultura y Directora de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos.

Recientemente se desempeña como Viceministra de Asuntos Multilaterales, según la página de la Cancillería de Colombia

La Cancillería de Colombia anunció que sigue informando con sus embajadas y consulados, a los países y organismos internacionales sobre la coyuntura en Colombia.

Manifestó que han recibido manifestaciones de solidaridad de diversos Estados y organizaciones internacionales que han ratificado su confianza en la institucionalidad democrática.

También que la comunidad internacional ha reconocido de manera positiva la convocatoria al diálogo por parte del Gobierno del Presidente Iván Duque.

«Con todas nuestras embajadas y consulados en el exterior, estamos ratificando al mundo que Colombia es un Estado de Derecho, con instituciones democráticas sólidas, separación de poderes y órganos de control independientes», dice.

En este marco, el Gobierno de Colombia asegura que toma todas las medidas para garantizar la protesta pacífica.

Así mismo, informa que desafortunadamente el derecho a la reunión y a la movilización ha sido afectado por vándalos y actores violentos.

Lea también: Hospitales COLAPSADOS por COVID-19 y heridos de protestas: suspenden celebración del Día de La Madre en Bogotá

Los cuales «han agredido a la ciudadanía y a la Fuerza Pública, e impactado en algunas regiones, la seguridad alimentaria, la vacunación y salud, la movilidad, y otros derechos de los colombianos»

En ese sentido también comunicó que sus embajadas y consulados darán a conocer las medidas e investigaciones que han iniciado sus instituciones de manera autónoma.

«Para asegurar que los casos de posible violación a los derechos humanos o uso excesivo de la fuerza sean debidamente sancionados».

En conclusión, asegura el documento que de acuerdo con su posición histórica «Colombia seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional»

Pero, que rechazarán siempre los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad, y que buscan alimentar la polarización e impedir la construcción de consensos en nuestra patria.

"En nuestro diálogo permanente con la comunidad internacional, desde la Cancillería y con nuestras embajadas y consulados, seguimos informando constantemente a países y organismos internacionales sobre coyuntura que tenemos en Colombia desde el pasado 28 de abril", Canciller Blum pic.twitter.com/Njov6ONneU

La cancillería de Colombia se pronunció este lunes ante los conflictos armados que se han desarrollado en las últimas dos semanas en la frontera con Venezuela.

Emitió un comunicado mediante sus redes sociales y exigió respeto por los derechos y la vida de la población civil en la frontera.

“Los enfrentamientos armados en la zona limítrofe de Arauca y Apure están afectando gravemente la vida de la población civil”, alertó.

Asimismo, aseguró que esto obligó a que las familias abandonaran su hogar y pertenencias.

Por ello, insistieron en exigir respeto de esta población vulnerable.

“Colombia seguirá ofreciendo asistencia humanitaria a miles de personas que han tenido que desplazarse a nuestro país, al departamento de Arauca”, detalló.

En ese sentido, resaltó que estos desplazamientos forzosos se deben al conflicto armado.

Asimismo, resaltó la importancia de la cooperación internacional en esta respuesta humanitaria.

Cancillería de Colombia exige respeto por los derechos y la vida de la población civil en la frontera con Venezuela.

Colombia seguirá ofreciendo asistencia humanitaria a miles de personas que han tenido que desplazarse a nuestro país, al departamento de Arauca, por esta situación y resalta la importancia de la cooperacion internacional en esta respuesta humanitaria.

Más temprano, Vladimir Padrino López emitió una rueda de prensa para otrecer balance ante las “operaciones militares” que se desarrollan en Apure.

“Se han dado 9 bajas de estos grupos terroristas, y lamentablemente hemos sufrido la pérdida de 8 compañeros de la FANB”, dijo López.

Indicó que contabilizan 34 heridos Ya más de 21 han salido de alta.

Detalló que 33 personas las presentaron ante la justicia militar, desmantelaron 9 campamentos y desactivaron 16 dispositivos explosivos en el territorio aledaño a La Victoria.

“En 15 días hemos hecho lo que Colombia en un año”, agregó.

La cancillería de Colombia rechazó los hechos violentos registrados en los últimos días en La Victoria, estado Apure.

Se refiere al enfrentamiento armado entre disidentes de las FARC y el Ejército venezolano, registrado el domingo. También al ataque con explosivos contra la sede de la aduana, en la misma población, registrado el martes por la noche.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno Nacional, expresa su preocupación por los graves efectos humanitarios sobre la sociedad civil en el estado Apure de Venezuela», dijo en Twitter.

Lea también: CARACAS ENTRE BALAS: víctima de «El Coqui» rompe el silencio

Destacó que los destrozos son producto de «los enfrentamientos armados que están ocurriendo en esa región limítrofe con el departamento colombiano de Arauca».

La cancillería hizo «un llamado a la comunidad internacional». Pide que se unan «en la asistencia ante esta crisis humanitaria». La misma afecta «a más de 3.100 personas han tenido que desplazarse de manera forzada para encontrar protección en Colombia».

Cancillería, en nombre del Gobierno Nacional, expresa su preocupación por los graves efectos humanitarios sobre la sociedad civil en el estado Apure de VEN, causados por enfrentamientos armados que están ocurriendo en esa región limítrofe con el departamento colombiano de Arauca

Por medio de su cuenta de Twitter la cancillería de Colombia emitió sendos mensajes cuestionando las declaraciones de Nicolás Maduro a través de su ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, al que secundó el presidente Nicolás Maduro con relación a la refinería de Amuay.

Declaraciones que denunciaban la responsabilidad del Gobierno colombiano en la explosión del pasado 27 de octubre en la refinería de Amuay que, según El Aissami, se debió a un ataque con misil.

«Las autoridades venezolanas sospechan que la refinería de Amuay, la más grande del país, fue atacada con un misil lanzado desde un dron o una embarcación (…)», informaba este jueves el funcionario venezolano.

En su momento, Maduro denunció que el presidente de Colombia, Iván Duque, así como el exmandatario de ese país Álvaro Uribe, estaba detrás de este ataque junto con organismos de inteligencia de EE.UU.

Como respuesta a las acusaciones, en un primer mensaje la Cancillería de Colombia rechazó los señalamientos y explicó las verdaderas razones del incendio en la refinería.

«La Cancillería, en nombre del Gobierno nacional, rechaza las falsas acusaciones del régimen dictatorial de Maduro sobre la explosión en la  refinería de Amuay, que según noticias públicas se produjo por una sobrecarga o razones técnicas».

En un segundo mensaje el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia atribuyó a la «incapacidad» de la administración Maduro el incidente en la anta de producción de petróleo.

«La falta de liderazgo del régimen no solo se refleja en su incapacidad de atender las necesidades de sus ciudadanos, sino en el mal manejo de su industria petrolera».

El gobierno colombiano se sostiene en que ese no tiene la capacidad para atacar los bienes que pertenecen al pueblo venezolano ni mucho menos ejecutar ataques de tal magnitud.

Por su parte, la administración Maduro anunció que espera el informe del comité técnico de investigación designado para investigar el hecho y estudia cuál fue o desde dónde fue lanzado este misil para que haya impactado contra esta planta de la refinería.

No es la primera vez que Maduro sospecha de actos que lesionan la infraestructura venezolana por parte del gobierno colombiano.

En reiteradas ocasiones ha denunciado el ataque por parte de grupos terroristas que se preparan en el territorio colombiano, bajo directriz de Iván Duque, contra la industria fundamenta venezolana.

“Es un ataque que hemos venido denunciando de grupos terroristas que está preparando desde Colombia Iván Duque para atacar nuestras industrias fundamentales, refinerías, la industria del petróleo, para atacar a industria eléctrica, para atacar a Venezuela, es una guerra sucia”, dijo el mandatario

Asimismo, denunció que eso “no se ha hecho ni en guerra”, puesto que en un conflicto armado “se respetan las instalaciones vitales de los países que le dan electricidad, petróleo, gas, gasolina, agua”.

Lea también: RÉGIMEN reporta 424 casos de COVID-19 y cinco muertes este 31Oct

El Aissami consideró que la explosión fue “un acto terrorista, deliberado, debidamente planificado de forma quirúrgica con saña, crueldad para causar daños a objetivos estratégicos”.

Responsabilizó del ataque a “grupos terroristas vinculados a le extrema derecha venezolana”.

Y del mismo modo recordó que un “espía estadounidense” fue detenido en septiembre pasado cerca de las refinerías Amuay y Cardón, cuando portaba un lanzagranadas, material explosivo y teléfonos satelitales, por lo que consideran que iba a atacar la refinería.

También denunció 87 ataques al sistema eléctrico en el estado Falcón, en el que se encuentra Amuay y del que se alimenta la refinería que forma parte del Centro de Refinación Paraguaná (CRP).

“Hemos evidenciado actos de sabotaje en los sistemas hídricos asociados a las refinerías de Amuay y de Cardón con objetivo de afectar los servicios industriales necesarios para garantizar las operaciones del CRP”, sostuvo el ministro del Petróleo.

Por todo ello, El Aissami concluyó que “hubo distintos eventos o cadena de eventos que derivaron ya en la acción perpetrada el martes”, cuando explotó la planta 4 de Amuay.

(1/2). La Cancillería, en nombre del Gobierno nacional, rechaza las falsas acusaciones del régimen dictatorial de Maduro sobre la explosión en la refinería de Amuay, que según noticias públicas se produjo por una sobrecarga o razones técnicas.

(2/2).La falta de liderazgo del régimen no solo se refleja en su incapacidad de atender las necesidades de sus ciudadanos, sino en el mal manejo de su industria petrolera.

La cancillería de Colombia anunció que se realizarán las investigaciones relacionadas con los actos vandálicos que se produjeron en el consulado general de Venezuela en Bogotá.

«Sobre la vandalización de la instalación del consulado del vecino país en Bogotá, las autoridades investigarán los hechos, incluidas las versiones que indican que los propios funcionarios se llevaron equipos y bienes debido a la falta de pago de sus salarios», escribió el Twitter el Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino.

Agregó que la vigilancia en el recinto será reforzada. «Hemos solicitado a la @PoliciaColombia el refuerzo de la vigilancia en ese sitio».

También se refirieron a lo ocurrido en la sede del consulado de Colombia en Puerto ordaz, estado Bolívar, donde también se produjeron actos vandálicos. «Rechazamos la vandalización de las instalaciones de nuestro consulado en Puerto Ordaz», destacó la cancillería.

No obstante, aclaró que «desde la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, la seguridad de nuestras instalaciones en Venezuela son prestadas por una empresa privada».

Sobree ste hecho, el canciller del régimen, Jorge Arreaza, adelantó que se trata de «un «falso positivo», por parte de Colombia.

“Así mienten, con desparpajo (…) la mentira como política de Estado: no saben de campos de mercenarios en su territorio, tienen lanchas fugitivas, no son responsables del fracaso de los acuerdos de paz, ni de asesinatos a líderes sociales y masacres, no financian paramilitares, no aumenta la producción de drogas”, criticó.

La cancillería de Colombia denunció este jueves que la Guardia Nacional detuvo, de manera arbitraria, a tres ciudadanos colombianos e incautó un cargamento de ayuda humanitaria otorgada por Noruega.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar a la comunidad internacional que el día de ayer, 15 de julio de 2020, se recibió información de la Armada Nacional sobre la retención arbitraria de tres ciudadanos colombianos por parte de militares de Venezuela, cuando navegaban en inmediaciones del río Negro, entre San Felipe y Puerto Colombia (Guainía)», indica un comunicado.

Agrega que «los tres ocupantes de la embarcación colombiana de nombre ‘CEJAL 1’, transportaban ayudas humanitarias otorgadas por el Consejo Noruego para Refugiados».

Esta ayuda consiste en 73 kits de aseo y setenta y 73 mercados, con destino a las comunidades indígenas que habitan en esa zona de frontera».

Según el reporte de la Armada Nacional de Colombia, «la embarcación con sus tres tripulantes fue retenida por parte de militares Venezolanos cerca a su lugar de destino en Puerto Colombia, siendo conducidos a la población venezolana de Maroa».

En este sentido, «el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de la República de Colombia, exige el respeto a la integridad personal y la inmediata liberación y retorno de los tres ciudadanos colombianos, al tiempo que rechaza de manera categórica este hecho violatorio del derecho a la libre navegación de los ríos comunes, que interrumpió una labor humanitaria en tiempos de pandemia», finaliza el comunicado.

La cancillería de Colombia aseguró que el proceso de recompensa es una herramienta más para luchar contra la impunidad de quienes huyen de la justicia. El pronunciamiento lo hizo en relación a los casos de Jesús Santrich e Iván Márquez.

Mediante un comunicado de prensa, validó el anuncio emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las recompensas ofrecidas como parte del Programa de Narcóticos en contra de estos dos miembros de las FARC que tienen procesos abiertos por su vinculación en la distribución de drogas en Colombia y Venezuela hacia Estados Unidos.

Resaltó que el anuncio está acorde con la acusación que también emitió el Departamento de Justicia el pasado 26 de marzo, sobre la ampliación de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en contra Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando Carvajal Barrios y Clíver Antonio Alcalá Cordones.

“Como se recuerda, los individuos mencionados son acusados de participar en una conspiración narcoterrorista, corrupta y violenta entre el Cartel de Los Soles y la antigua guerrilla de las FARC, desde alrededor de 1999 y hasta 2020”, expresó el ministerio de Relaciones Exteriores.

Indicó que esto se desprende de la acusación penal y que estas conspiraciones permitieron la presencia de unidades de las FARC en territorio venezolano y además, coordinar los envíos de cocaína hacia los Estados Unidos.

Alias Iván Márquez es uno de los 50 acusados en el proceso desde 2006. Se indicó en la acusación ampliada que bajo su liderazgo y el de alias Jesús Santrich, miembros de la antigua guerrilla, cultivaron y traficaron cocaína en Colombia y Venezuela.

El documento contiene igualmente el recuento de la acusación que pesa sobre Santrich en relación con la conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos en 2017 y por la cual, en virtud de la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, fue arrestado en Colombia a comienzos de 2018.

Este viernes, EE.UU., emitió un comunicado en el que ofrece hasta 10 millones de dólares por la captura de los dos guerrilleros colombianos, prófugos de la justicia.