El vocero de la presidencia de Argentina, Manuel Adorni, dijo este martes que Argentina “busca seguir el ejemplo de Bukele” en materia de seguridad, al referirse a la visita que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realiza a El Salvador.

“La ministra visitó el centro de confinamiento del terrorismo, la cárcel más grande del continente, donde están presos 40.000 terroristas bajo un fuerte régimen de excepción”, describió Adorni.

“La Argentina sigue, por supuesto, el ejemplo de Bukele, para erradicar el narcoterrorismo”, afirmó.

#18Jun ?️SEGUIRÁ EL EJEMPLO DE EL SALVADORPara "erradicar el narcoterrorismo" Argentina seguirá "el ejemplo" de El Salvador, informó el vocero presidencial de Milei, @madorniLa ministra de seguridad @PatoBullrich sostendrá un encuentro con el pdte @nayibbukele ?Cortesía pic.twitter.com/g880mliM60

Tanto el gobierno argentino como el salvadoreño difundieron imágenes del recorrido de la ministra, al que no tuvo acceso la prensa, recogió CNN.

La ministra Bullrich recorrió las cárceles junto con el mandatario centroamericano tras manifestar sus intenciones de adaptar el modelo de El Salvador a su país.

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Mientras, la política de seguridad de Nayib Bukele ha sido criticada por organismos como Amnistía Internacional, que advirtió en un informe difundido en marzo que la aplicación del régimen de excepción ha “institucionalizado” la violación de derechos humanos.

Sin embargo, el presidente Bukele está convencido de sus gestión y ha defendido en reiteradas ocasiones su política de seguridad, y afirma que redujo los niveles de violencia.

Luego de atender varias denuncias sobre irregularidades en las cárceles de los estados Guárico y Lara, y tras varios operativos sorpresas fueron detenidos 11 funcionario del Ministerio de Servicios Penitenciarios, entre ellos dos directores.

La información la dio a conocer el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que venía denunciando en varias oportunidades hechos de corrupción en todos los recintos penitenciarios del territorio nacional.

Entre las denuncias más contundentes destacar las condiciones de hacinamiento luego del “fin del pranato” tras la intervención de siete cárceles desde el noviembre de 2023.

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#28Feb? DIRECTORES DE CÁRCELES en Guárico y Lara fueron apresadosDe acuerdo con el OVP, los funcionarios "fueron puestos tras las rejas durante una serie de operativos sorpresa" por las constantes denuncias por "corrupción" hechas por la institución.https://t.co/FmV2sxL7NU

Según las investigaciones y testimonios recopilados por OVP, “dichos operativos no lograron más que incrementar el hacinamiento, permitir la fuga de peligrosos pranes como “Niño Guerrero” y fomentar la corrupción por parte de los funcionarios”.

Los funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios, estaría cobrando una suma semanal o mensual, a cambio de algunos beneficios y la integridad física de los privados de libertad, denuncia la OVP.

Detalla que los privados de libertad deben pagar desde  la visita conyugal hasta el ingreso de alimentos.

Según esta organización, la solución siempre ha sido el cambio de un recinto a otro para los directivos y funcionarios como única sanción, lo que no constituye la solución del problema.

Casi finalizando el 2023 la administración de Nicolás Maduro anunció con bombos y platillos una disminución en los índices de criminalidad durante el 2023. Destacan que las intervenciones a las cárceles influyó de manera considerable.

Remigio Ceballos, ministro del Interior y Justicia, calificó como un éxito la operación Gran Cacique Guaicaipuro, la cual tuvo como destino la intervención de siete cárceles en el país, donde las mafias manejaban diversos delitos a gran escala, entre ellos la extorsión.

Conocedores de la materia reconocen que ciertamente en el país hay una especie de disminución del delito. Coinciden en la estadística con el Gobierno (18%).

Sin embargo, consideran que dicha disminución no responde de manera directa a los factores o acciones que ha emprendido el Gobierno Nacional.

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No dejan de reconocer que dichos planes influyen de manera considerable en dicha disminución, pero explican que hay otros items que deben ser tomados en cuanta como factores que pueden haber ayudado a alcanzar dicha estadística, que no se puede obviar, es satisfactoria para la ciudadanía.

El consultor en temas de seguridad y periodista, Javier Ignacio Mayorca, reconoce que realmente hay una disminución de la criminalidad que ronda el 18%.

Pero según Mayorca, dicha reducción no es atribuible a ninguna política de seguridad llevada a cabo por el Gobierno, ya que para él, esto no existe.

«No existe el trazado de un conjunto de decisiones que estén documentadas e investigadas, que sean evaluables, porque estén previamente señaladas».

El experto manifiesta que hace algunos años se realizaron estudios, donde participaron personalidades calificadas en materia de seguridad, pero, actualmente, la administración de Nicolás Maduro no ha expuesto estudios que demuestren la puesta en marcha de acciones planificadas para radicar la delincuencia.

«No hay políticas de seguridad con las que tú puedas decir, eso fue lo que incidió. Lo que sucede es que ha disminuido la oportunidad para el delito y no porque hayan elaborado concienzudamente una política, sino porque el frenazo económico ha sido de tal magnitud de que resta posibilidades para que los delincuentes obtengan algún tipo de ganancia«.

Aunado a esto, hay que tomar en consideración que la crisis económica y social, ha causado merma en la población. Es decir, la ya conocida diáspora venezolana de casi 8 millones de personas, en su mayoría son jóvenes.

Lapoblación joven es la que mayormente está expuesto a la criminalidad, tanto como víctimas, como victimarios. Numéricamente, esto puede incidir en una disminución de las tasas del crimen.

«Este frenazo se vio en materia delictiva básicamente en los primeros nueve meses. Dato curioso, en el noveno mes empezaron las intervenciones a las cárceles».

Hay que reconocer que la Operación Gran Cacique Guaicaipuro II, según los expertos, era necesaria.

-Era necesario que el Estado tomara control de lo que allí estaba sucediendo. No podía existir un régimen carcelario, por una parte, y por la otra una ausencia total de régimen.

«Todos sabemos lo que había detrás de eso. Todos sabemos que allí había una serie de enganches políticos entre los líderes de esos grupos y elementos de distintos niveles y tomas de decisiones en el oficialismo. Eso está muy claro y eso fue lo que permitió que se prolongara estas situaciones en estos internados judiciales, especialmente en el de Aragua», dice Mayorca.

«El propio Gobierno le dijo en su momento a los grandes empresarios, que los grandes centros de extorsión estaban en estos internados judiciales sobre todo en Tocorón, pero hay informes de los organismos de seguridad que hablaban de Puente Ayala y Uribana«.

Existe la posibilidad de que los resultados de una operación como la Gran Cacique Guiacaipuro II estén por venir.

Según los datos recabados por Mayorca en los primeros días después de las intervenciones de los 7 penales, se conoce que en Aragua hubo una especie de incremento en la criminalidad, mientras que en Carabobo y Anzoátegui afortunadamente hubo una merma.

«En Bolívar la cosa se mantuvo más o menos igual en materia de criminalidad como era antes de la intervención… No se puede todavía establecer unas conclusiones definitivas sobre los efectos que puede tener esta acción, pero era necesaria».

Si bien es cierto que el estado no podía estar ajeno o no actuar en contra delas mafias carcelarias, también es cierto que el abordaje de este problema, puede traer consigo otro.

«Abordaron un problema, pero crearon otro. Desplazaron a más de 8 mil detenidos a otras instalaciones que estaban ya al tope. Allí se van a generar problemas de hacinamiento, de violencia y posiblemente nuevos esquemas de extorsión como los que existían», dice el experto en seguridad.

La población carcelaria en Venezuela, según cifras extraoficiales, está por el orden de 33 mil reclusos.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los recintos carcelarios que existen en el país están creados para albergar unos 20 mil presos, por lo que la ONG considera que en Venezuela hay un hacinamiento de un 64%.

En el caso específico de la operación Gran Cacique Guaicaipuro II, fueron 7 los penales intervenidos:

En este reportaje, el periodista Héctor Sarassi nos muestra la dramática situación de las cárceles ecuatorianas, donde más de 32.000 personas están privadas de la libertad, muchas de ellas sin sentencia.

Los enfrentamientos entre bandas, la falta de atención médica, la corrupción institucional y la violación de los derechos humanos hacen que estas cárceles sean inhumanas, según la comisionada de paz Claudia Garzón.

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¿Qué soluciones se plantean para mejorar las condiciones de vida de los reclusos y garantizar su resocialización?

¿Qué papel juega la sociedad civil en este proceso?

Este es un imperdible informe especial que revela una realidad que nadie quiere ver.

Vean aquí:

La corrupción en las cárceles salvadoreñas en el pasado era demasiado fuerte, los miembros de las pandillas tenían muchos privilegios al punto de celebrar bodas colectivas.

Estos hechos fueron descubiertos y denunciados por el gobierno actual, liderado por el presidente Nayib Bukele, quien puso al descubierto todos los abusos cometidos en el sistema penitenciario salvadoreño, que se dieron principalmente durante la tregua entre ambas pandillas y el gobierno de la administración de izquierda del expresidente Mauricio Funes.

Los ciudadanos mostraron indignación y exigieron que se pusiera orden en las cárceles.

¡Imperdible! Reportaje que deben ver aquí:

Fue detenida una mujer que pretendía llegar al pabellón de los extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá, con una falsa barriga de embarazada en la que pretendía ingresar celulares, cargadores, manos libres, USB y bolsa de aguardiente.

«Los hechos ocurrieron sobre las 11:40 de la mañana de este domingo en la zona de entrada a la cárcel La Picota”, cuando las autoridades le hacían una requisa a una mujer que se identificó como María Vicky Mancera, quien presuntamente también entraba cosas a otras cárceles, según afirmó prensa del INPEC.

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Al momento de realizar una amplia requisa, se encontraron que esta mujer tenía una falsa barriga de embarazada hecha en silicona en la que pretendía ingresar cuatro celulares, cuatro cargadores, manos libres, USB, dos bolsas de aguardiente y dos chocolatinas. Estos elementos eran sostenidos por una serie de fajas con las que se pretendía no levantar sospecha alguna.

En Blu Radio se dio a conocer que los elementos encontrados a la mujer fueron entregados a las unidades de la Policía. La mujer, por su parte, será sujeta de una sanción por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, quienes aseguran que la señalada no podrá ingresar por un año a las cárceles del país a visitar a los reclusos.

Existe un total de 277 presos políticos en las cárceles venezolanas, lo que representa un incremento de 22 detenciones desde su último informe presentado por el Foro Penal el pasado 24 de noviembre, manifestó el presidente de la Organización No Gubernamental (ONG), Alfredo Romero.

«Quería recordar algunos casos de presos políticos que es importante hacer notar. Hay que recordar que estamos en inicios de un cuarto proceso de negociación donde se habla de los presos políticos. Estamos hablando de que hoy hay 277 presos políticos en Venezuela», manifestó Romero en un video en su cuenta de Instagram.

Además afirmó que se ha continuado el proceso definido como «puerta giratoria», el cual consiste en excarcelar y encarcelar a nuevas personas.

Romero mencionó casos puntuales de presos políticos que deben ser atendidos con prontitud, ya que incluso hacen huelga de hambre, lo cual en forma evidente afecta su salud.

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Con relación al tema, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo algunas propuestas en torno al caso venezolano, entre las que destacó “amnistía general, de un desbloqueo general de la economía venezolana, de unas elecciones que para el año 2024 deben darle garantías a todas las fuerzas que allí intervengan”.

El planteamiento lo hizo en el marco del Foro de París por la paz, tras la reunión con delegaciones de la oposición y la administración de Maduro.

Al conversar con la prensa, Petro hizo un llamado a la amnistía. Explicó la importancia de la amnistía para «todo aquel que esté preso por alguna razón política».

Sobre las elecciones presidenciales de 2024, Petro dijo que las negociaciones en México entre las partes deben generar «garantías para todos los que participen».

Recordó que Venezuela «sufre de una polarización política y de una inestabilidad democrática indudable».

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, trata de resolver los hacinamientos en las cárceles colombianas, que ya es del más de un 20.9%.

Así las cosas, el gobierno de Petro presentará al Congreso un proyecto de ley para brindarle penas alternativas a los condenados por “delitos que no revisten mayor gravedad”, como medida opcional a la privación de la libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Néstor Osuna, en el debate de control político citado en el Senado, advirtió que la situación carcelaria de Colombia es una “bomba de tiempo” que podría estallar por problemas en materia de atención en salud, infraestructura, espacios para la alimentación, programas de producción y trabajo, situación que estaría vulnerando los derechos de las 98.143 personas que permanecen en prisión intramural.

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Cifras dadas por el Instituto Nacional de Prisiones (Inpec) muestran que se superó la capacidad de los 128 establecimientos penitenciarios, que pueden recibir máximo 81.175 personas privadas de la libertad, y en su lugar cuentan con una población de 98.143, lo que representa una sobrepoblación de 16.968 personas.

Una persona privada de la libertad le cuesta al Estado colombiano 31,1 millones de pesos al año; según se afirma en un reciente informe del Consejo Superior de Política Criminal

Durante el primer semestre de este año 2022 al menos 62 reclusos que estaban detenidos en calabozos policiales en Venezuela murieron, según un informe de Una Ventana a la Libertad, que muestra que al igual que el año pasado  la principal causa de muerte en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Venezuela, son las enfermedades.

Del total de las defunciones, 55 fueron por complicaciones en la salud con tuberculosis, desnutrición, COVID-19, infartos, bronquitis, convulsiones, insuficiencia renal y Accidentes Cerebrovasculares (ACV), indica la nota de prensa.

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El resto de las defunciones confirmadas entre enero y junio del año en curso corresponden a riñas, con cuatro casos, muertos por fuga y recaptura, con dos casos y un recluso fallecido por abuso de funcionario.

Los investigadores de UVL monitorearon 335 calabozos policiales en toda Venezuela, en los cuales se determinó que 347 privados de libertad tienen tuberculosis.

Mientras que 1.116 reclusos tienen escabiosis; 1.075 detenidos han presentado gripe; 33 personas han tenido COVID-19 y 53 internos tienen VIH.

Como en periodos estudiados anteriormente por el equipo de Una Ventana a la Libertad, el hacinamiento es una de las principales razones de la propagación de las enfermedades.

En las prisiones preventivas, se registró un 156,54 % hacinamiento, pues 16.778 reclusos estaban detenidos en espacios que tienen capacidad de albergar a 10.718 personas por un lapso de 48 horas mientras son presentadas en tribunales.

Sumado a las enfermedades y el hacinamiento, en el primer semestre de 2022 se registraron al menos 373 casos de extorsión por parte de funcionarios policiales encargados de la custodia en los CDP.

Este delito se cometió de la siguiente manera: en 108 comisarías los efectivos cobraron dinero para permitir el ingreso de medicamentos y en 75 calabozos se cobró para permitir el ingreso de alimentos.

Mientras que en 89 CDP se solicitó dinero para traslados ante emergencia de salud y en 101 prisiones preventivas pidieron dinero para traslados a tribunales con boleta autorizada por Fiscalía.

Este informe del primer semestre de 2022 de Una Ventana a la Libertad destaca que es importante fijarse en el tipo de delito que ha cometido esta población reclusa como causa de ingreso; robos / hurtos (259 o 19.26%) y homicidios (208 o 15.46%), mantienen las cifras más significativas.

Uno de los datos más resaltante es que  continúan siendo altas las cifras de violencia de género (204 o 15.17%) y abuso infantil (154 o 11.60%). Por violencia de género hubo una disminución de dos casos.

Aunque las cifras no son exactas, debido a las limitantes que muchas veces se presentan para encontrar la información, las causas de ingreso se confirmaron de la siguiente manera: homicidios: 208; robos / hurtos: 259; secuestros: 139; extorsiones: 189; violencia de género: 204; abuso infantil: 156; tenencia / distribución de drogas: 190.

Como en periodos anteriores, se confirmó que la violación de los derechos humanos fundamentales de las personas detenidas se mantiene.

El Estado sigue sin asumir su responsabilidad por la vida y calidad de vida de estas personas. El debido proceso continúa casi totalmente detenido, victimizando más a quienes están en los Centros de Detención Preventiva.

Con información Una Ventana a la Libertad

Dos presos de una cárcel de Ecuador fueron encontrados muertos el sábado, tras masacres registradas esta semana en otras dos penitenciarías que dejaron 29 fallecidos, informó la entidad estatal que administra las prisiones (SNAI).

Un guardia penitenciario reportó «dos personas privadas de la libertad fallecidas» que fueron halladas en uno de los pabellones del reclusorio del puerto de Esmeraldas (noroeste y cercana a la frontera con Colombia), señaló en un comunicado.

«De manera preliminar, se pudo evidenciar señales de asfixia en los cuerpos, los cuales serán confirmados tras las pericias de ley», agregó el SNAI, sin ofrecer más detalles.

Entre lunes y miércoles estallaron enfrentamientos entre reclusos de bandas vinculadas al narcotráfico en cárceles de Latacunga (sur) y del puerto de Guayaquil (suroeste), con saldo de 29 muertos y 66 heridos, entre ellos cinco policías.

El sistema penitenciario de Ecuador afronta una crisis por la guerra por el poder entre organizaciones criminales que deja unos 400 fallecidos desde febrero de 2021.

En las prisiones del país, con capacidad para unas 30.200 personas, hay una población de 32.400.

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Desde las cárceles, bandas como Los Chone Killers, Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones manejan el creciente tráfico de drogas en Ecuador, que en lo que va del año ha decomisado unas 152 toneladas.

Ubicada entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, el país incautó el récord anual de 210 toneladas de droga en 2021.

Ese mismo año la tasa de homicidios casi se duplicó al cerrar con 14 asesinatos por cada 100.000 personas. En lo que va de 2022 el índice de asesinatos subió a 18.

Los actos judiciales realizados incluyen audiencias preliminares, aperturas de juicio, revisión de medidas y otorgamiento de medidas humanitarias, fórmulas alternativas de cumplimiento de pena y redenciones por estudio y trabajo, «todo ello con la participación de otros órganos del sistema de Justicia»

El TSj informó este domingo que se han realizado “numerosas jornadas de atención jurídica en los establecimientos penitenciarios en las diferentes regiones del país, celebrando actos judiciales».

La información está basada un informe presentado por la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez,con motivo de 100 días de gestión.

Se trata de  actos judiciales tales como audiencias preliminares, aperturas de juicio, revisión de medidas y otorgamiento de medidas humanitarias, fórmulas alternativas de cumplimiento de pena y redenciones por estudio y trabajo, reseña EFE.

Dicho trabajo se realizó “con la participación de otros órganos del sistema de Justicia”.

Pese a que no precisan la cifra de excarcelaciones destaca el TSJ que «se ejecutó el plan de abordaje para el descongestionamiento de los centros de detención preventiva».

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Cabe destacar que esta semana la ministra de Servicios Penitenciarios, Mirelys Contreras, informó que está trabajando para «coadyuvar en el descongestionamiento» de centros de detención preventiva.

UN dato relevante sobre este particular es que varias ONG, aseguran que están saturados con una población carcelaria que supera la capacidad de atención.

En tal sentido, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció en mayo que la población reclusa está en «riesgo crítico» debido al hacinamiento.

Las causas del hacinamiento son, según las ONG, la disminución de 5 mil 050 plazas vacantes por el cierre de 10 centros penitenciarios desde 2002 y el retardo procesal, que afectó al 70% de los casos.

Destaca el TSJ que las distintas salas que conforman el máximo tribunal han mostrado una resolución del 96,19% de los asuntos ingresados en los últimos 100 días.

Detalla que son  50 mil 419 sentencias y la celebración de 28 mil 003 audiencias.

El impacto que ha tenido la dolarización en Venezuela no solo se ha reflejado en el comercio, también ha llegado a las cárceles, donde el pago en divisas se ha vuelto algo cotidiano, pero difícil de llevar, tanto para los presos como para sus familias.

“Igual que afuera, en la misma proporción y en la misma época”, explicó Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Presiones (OVP), en entrevista con Bloomberg.

Dice que los reclusos y sus familiares «deben pagar todo en dólares aún antes de ser trasladados. Kit de higiene personal, uniformes y también todo lo que demandan los pranes», agrega

“Quien no tiene acceso a dólares, paga todo en bolívares, pero duplicado. Si son 10 dólares, le tocará pagar 20 en bolívares”, denunció.

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Un recluso debe pagar en promedio unos 10 dólares por vivir y hasta 20 «por la causa».

Las visitas conyugales, que son un derecho, cuestan entre entre 10 y 50 dólares. Y en el caso de los penales de mujeres o anexos femeninos, por una toalla sanitaria se debe pagar un dólar a los custodios.

En 2016, el pago por la causa tenía un costo de 1.000 bolívares , equivalente a 2 dólares al precio de ese año.

Pero, para este 2022, el valor de la estadía aumentó a 6 dólares, así lo explica un ex recluso del penal de Tocuyito entrevistado por Bloomberg.

“Se pagaba por todo, ahí la vida es de millonarios. Todo es 2,3 o dólares. Todo está sobre las nubes (…) Hay caminantes o luceros que son los que tienen autorización para desplazarse, otros no, y tienen que pagar por eso”, detalló.

En este sentido, Girón sostiene que la necesidad es lo que ha empeorado el esquema de cobro en divisas.

«Empezó por la falta de comida. El personal y el preso pasaba hambre. La comida del Ministerio se queda en el empleado», lamentó.

Señala que «hacinamiento es otro factor» que incide en la situación.

«Venezuela cuenta con 52 centros de reclusión. Los mismos están discriminados así: 35 de hombres, 1 cárcel de mujeres y 16 anexo femeninos. La capacidad instalada en los penales del país es para 20.438 personas y la población es de 32.200 personas. Esto se traduce en hacinamiento crítico de 158%, de esta población. Del total de presos, 2.500 son mujeres, de las cuales 1.900 viven en anexos femeninos, que no cuentan con las condiciones para la permanencia de mujeres», dijo.

Las cárceles en Venezuela se convirtieron en fábricas de corrupción, enfermedades y delincuentes.

El retardo procesal y la paralización de los tribunales, trajo como consecuencia el hacinamiento de las cárceles que llega al 190% en todo el país.

Según el informe de la ONG, Observatorio Veneolano de Prisiones, hay 37.500 presos, cuando la capacidad instalada es para 26.238 en el país.

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Enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición se cobraron la vida de 90 presos en el año 2020 y en lo que va de 2021, ya van más de 20.

La periodista Rosalí Hernández nos presenta en un reportaje para Testigo Directo que la “precariedad y la crueldad” es lo que se vive en las cárceles de Venezuela.  

La situación en las cárceles de en Venezuela se le está escapando de las manos al régimen de Nicolás Maduro. Expertos en la materia aseguran que la muerte de más y más reclusos a causas de enfermedades y del hacinamiento hace cada vez más mella entre la población carcelaria.

“El gobierno central debe dedicarse de inmediato a tomar todas las medidas sanitarias en las cárceles. Es lamentable que se estén muriendo los presos. Ellos son familiares, seres humanos, es prácticamente un delito de lesa humanidad que se está cometiendo con ellos».

La afirmación la hizo para la Voz de América, el criminólogo Luis Alfonso Martínez.

En un video difundido por el portal, se puede observar celdas abarrotadas de presos literalmente en los huesos. Además, los recintos están sucios y faltan servicios básicos como agua.

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 Ya el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) emitió recientemente un informe donde advierte del incremento de internos fallecidos «por motivos de salud». Enfermedades como tuberculosis, VIH y COVID-19 aumentan exponencialmente en los calabozos.

Carolina Girón, directora de la ONG, alerta que, desde octubre del 2019 hasta el presente, de las 55 muertes que contabilizaron en las cárceles, 40 fueron por motivos de salud. La mayoría ligados a desnutrición y hacinamiento, que es de 167%.

«Debemos tomar en cuenta que durante los primeros seis meses superamos la cantidad de muertos en el 2019. Esta cantidad de muertos son por tuberculosis y desnutrición. Esto se está incrementando de una manera importante y alarmante. Lamentablemente los presos no están en el sistema integral para la lucha en contra de la tuberculosis porque no han sido diagnosticados”, señala Girón.

“Hemos pacificados las cárceles nacionales”, así de contundente fue Iris Varela, quien hasta este viernes ocupó el cargo de ministra de Servicios Penitenciarios del régimen.

El país donde los pranes son los que tienen el control de los centros penitenciarios y la tuberculosis, el hacinamiento, la desnutrición, las mutilaciones y las muertes son la constante.

“La revolución ha saldado deudas sociales y una de ellas era controlar las cárceles y bajar los índices de violencia: ¿Qué se ha hecho? Pacificar las cárceles nacionales”, dijo Varela en la estatal VTV.

Considera que el «hombre nuevo» que se ha formado en las cárceles “es una experiencia digna de respeto y admiración por otros países del mundo”.

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“Organismos de las Naciones Unidas han mostrado su admiración y reconocimiento porque aquí en Venezuela la revolución ha superado las reglas de (Nelson) Mandela para los privados de libertad”.

Sin embargo, el reciente informe emitido por la Alta Comisionada de DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, retrata la degradación de las cárceles y los calabozos en el país.

Enfatiza el informe que las cárceles en Venezuela se han convertido “en verdaderos infiernos”.

Según los reportes del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), han fallecido más de 7.000 reclusos desde la llegada de la revolución bolivariana.

Un informe de Transparencia Venezuela da cuenta que en los últimos 20 años, “miles de reclusos también han sido lesionados, muchos de gravedad, con mutilaciones u otras heridas”.

Además, «las enfermedades como VIH, tuberculosis y escabiosis (sarna) pululan tras los barrotes, a causa de aberrantes condiciones de hacinamiento e insalubridad y con escasa o ninguna atención médica». 

Varela insistió en la «impresión y satisfacción» de los organismos internacionales en los supuestos programas sociales a la población carcelaria que alcanza a los familiares.

Entre los programas, nombró las Casas de Encuentro Familiar y los planes de atención a las madres que están implementados desde hace algunos años.

«Han superado con creces las reglas aprobadas por las Naciones Unidas”, dijo pero en ningún momento mostró cifras de su gestión.

Sostiene que varios países han solicitado su asesoría para llevar estos planes penitenciarios a otras fronteras.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este domingo la muerte de dos personas por tuberculosis y desnutrición. Estos se suman a la lamentable lista de los presos que se han visto azotados por la precariedad de las cárceles venezolanas.

Mediante su cuenta en la red social Twitter la organización detalló que las víctimas mortales son: Gabriel Pérez Navarro (24) y Ramón Carvajal (60).

Navarro se encontraba recluido en Tocuyito y murió en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) en Valencia, Carabobo,

Mientras que Carvajal falleció luego de ser ingresado a la CHET. Él se encontraba recluido en el Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador.

Mientras que Ramón Carvajal (60) también falleció tras ser ingresado a la CHET y se encontraba recluido en el Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador 2/2

El 29 de junio el OVP señaló que cinco reclusos de la cárcel de Tocuyito murieron presuntamente a causa de tuberculosis, según las denuncias de los familiares.

En el momento, el observatorio reportó que diariamente eran  traslados varios reclusos hasta el Hospital Enrique Tejera, debido a enfermedades respiratorias avanzadas, como tuberculosis.

El 27 de junio hubo disturbios dentro del retén de Cabimas en el Zulia luego que los presos de los pabellones del centro penitenciario lanzaran varias granadas para exigir atención a los reclusos que padecían tuberculosis y no eran tomados en cuenta por los funcionarios del penal.