Más de 2.000 efectivos de la policía de Colombia comenzaron este martes a ingresar a 11 cárceles del país para combatir la extorsión, un delito dirigido mayoritariamente por presos y que los grupos criminales usan para financiarse.

El operativo se inició en la madrugada en prisiones de Bogotá, Medellín (noreste) e Ibagué (centro-oeste), según un mensaje de la institución enviado a los medios.

Alrededor de 2.000 miembros de los comandos de operaciones especiales participan en el despliegue apoyados por helicópteros y unidades caninas.

El director de la policía, general William Salamanca, aseguró en un video que el objetivo del operativo es dar un golpe a «quienes están alterando el orden y la convivencia» de Colombia desde las cárceles.

El gobierno afirma que la extorsión es una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado, como ocurre en otro países de Sudamérica.

Tras las rejas, los delincuentes engañan y amenazan a sus víctimas con llamadas telefónicas o mensajes de texto.

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En las calles también intimidan con panfletos a comerciantes y empresarios, que en algunos casos han llegado a ser asesinados, erseña la agencia AFP.

En Bogotá las autoridades señalan principalmente a bandas de origen venezolano, como el Tren de Aragua y Los Satanás, como responsables.

En 2023, al menos 9.800 personas denunciaron ante la policía ser víctimas de este delito, según datos recogidos por la Defensoría del Pueblo.

La entidad estatal que protege los derechos humanos pidió al gobierno modernizar «el sistema penitenciario con tecnología» para mejorar los «inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles colombianas».

En zonas rurales y pequeños poblados, guerrillas como el ELN y las disidencias de las FARC y cárteles como el Clan del Golfo también extorsionan para mantener el control territorial.

Junto a Colombia, Perú es uno de los países más afectados por la extorsión en la región.

El gobierno de ese país declaró el estado de emergencia en 14 distritos de Lima hasta la segunda semana de 2025, por lo que los militares están desplegados en las calles.

Colombia y Estados Unidos suscribieron la Carta de Implementación de Proyectos que permite financiar procesos productivos y de industrialización en las cárceles de Colombia. 

El acuerdo lo suscribieron el Gobierno de ese país y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos, durante la conmemoración de los 100 años de la creación de la Colonia Agrícola de Acacías (Meta).

Cabe destacar que el proyecto piloto de esta industrialización será en la penitenciaría agrícola de Acacías, un establecimiento de reclusión que se creó hace un siglo pensando en un modelo de resocialización a partir de las actividades agropecuarias, señala un comunicado. 

#20Jul ?? CONVENIORepresentantes de Colombia y EE.UU. firmaron la Carta de Implementación de Proyectos que permite financiar procesos productivos y de industrialización en las cárceles de Colombia? Vía: @1Yasminvelasco pic.twitter.com/YsQW6BSRs7

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Las autoridades a cargo del convenio son la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago; el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña; el Director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos, Kevin Murakami; y los directores del INPEC y la USPEC.

La ministra Ángela Buitrago destacó la necesidad de pensar en los privados de libertad «como seres humanos, resocializar y pensar que esas personas van a salir a la sociedad en algún momento».

Se mostró complacida de ver cómo «cada una de las personas encargadas de este centro agrícola ha puesto un granito de arena para estas iniciativas. También agradezco el convenio que vamos a firmar con el INL».

Por su parte, Kevin Murakami, director de INL, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos está enormemente complacido de apoyar al Gobierno de Colombia en hacer del sistema penitenciario de Colombia un establecimiento digno, así como «en posesionarlo como un actor relevante en el sector productivo del país. Esperamos que este proyecto sea la base para que Colombia implemente una política pública de industrialización en sus prisiones”.

Este centro penitenciario tiene 791 personas privadas de la libertad y 13 proyectos productivos entre ganadería, porcicultura, piscicultura, taller de confección, panadería y ebanistería, entre otros.