El Gobierno de Venezuela ha intensificado la lucha para erradicar el uso de teléfonos móviles dentro de las cárceles, siete años después de promulgarse una ley que prohíbe estos aparatos o el acceso a internet dentro de las prisiones, informó este lunes la ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista.

«Se hacen requisas diarias para erradicar que los privados (de libertad) tengan esos teléfonos, porque algunos a lo mejor es que quieren comunicarse con sus familiares, pero otros lo usan para otros actos que no deben ser», dijo la ministra al canal estatal VTV.

Es conocido que los pranes o líderes negativos coordinan desde dentro de los mismos centros penitenciarios crímenes y delitos cometidos en barrios, calles e, incluso, fuera de las fronteras del país.

Explicó que en algunas prisiones, sin especificar cuántas o el porcentaje que representan, el Gobierno implementa un sistema de llamadas a parientes a través de teléfonos habilitados.

En 2016, la Asamblea Nacional de mayoría opositora para entonces, promulgó la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, con el fin de prevenir la comisión de delitos desde las cárceles, recuerda EFE.

Pero hasta el momento, las organizaciones no gubernamentales siguen denunciando extorsiones a comerciantes por parte de grupos delictivos que operan desde las prisiones.

Por otra parte, la ministra indicó también trabajan en el «descongestionamiento de los centros penitenciarios» por medio de la revisión de penas de los detenidos, a quienes instó a emplearse dentro de las cárceles pues, explicó, dos días de trabajo reducen uno de condena.

Aseguró además que los servicios de las prisiones son «totalmente gratuitos», por lo que ningún familiar o encarcelado debe pagar por alimentación, asistencia jurídica y de salud, así como por las revisiones de medidas judiciales.

En el informe anual, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró que en las cárceles se registró un hacinamiento del 64,19 % durante 2022, con una población reclusa de 33.558 personas para una «capacidad real instalada» de 20.438 plazas.

Con información de EFE

Al menos mil 500 presos serán trasladados a la antigua cárcel de Sabaneta de Maracaibo como consecuencia de los dos motines registrados en los calabozos de comandos policiales de la PNB en los estados Aragua y Miranda.

Se trata de una medida rechazada por los habitantes de las zonas cercanas, quienes durante muchos años vivieron un infierno por los tiroteos y las extorsiones que se ejecutaban desde el interior del recinto.

De acuerdo a trabajo de nuestro compañero Edwin Prieto la reapertura de la cárcel de Sabaneta podría recibir en una primera etapa a unos mil quinientos presos, provenientes de penales del centro del país.

Como se recordará la cárcel de Sabaneta, cerrada en el año 2013, tras un terrible suceso en el que producto de una guerra entre pranes que dejó como resultado al menos 16 reos muertos.

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Teniendo en cuenta este contexto, no es de extrañar la molestia e indignación que ha causado la noticia entre quienes habitan en las adyacencias, porque conocen de primera mano el horror que vivieron durante muchos años.

Con cierre de la cárcel de Sabaneta y luego del desalojo, los pabellones fueron demolidos, sin embargo, quedó el anexo de mujeres donde actualmente hay presos provenientes del extinto retén de Cabimas. Este anexo tiene la capacidad para albergar a unos 400 privados de libertad.

En un recorrido del equipo de Impacto Venezuela por la zona, pudo constatar que la angustia en la población ya que el traslado de los presos traerían “extorsión, amenazas… el cobro de vacunas y otros delitos que mantenían a los habitantes de sabaneta en zozobra”.

El traslado de los presos forma parte de plan de abordaje para descongestionar los centros policiales del país que se encuentran repletos de detenidos y a su vez en hacinamiento.

El Observatorio Venezolano de Prisiones asegura que muchas de las extorsiones y secuestros registrados en el país lo planifican los reclusos desde los centros penitenciarios de Venezuela, y denuncia que estas actividades son posibles por la falta de gestión del Ministerio Penitenciario.

Humberto Prado, director de la ONG, manifiesta que esto se debe a que buena parte de la comunidad penitenciaria incrementa su capacidad delictivan en los propios centro, e incluso el 65 % de los que salen en libertad reincide en los delitos.

«Los problemas dentro de los penales se han agudizado por factores como el retardo procesal, hacinamiento en condiciones críticas, tráfico de armas y drogas», declaró Prado a la periodista Euseglimar González, de La Prensa de Lara.

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Añadió que el sistema no cumple con los parámetros para la reinserción del reo a la sociedad, sino que, al contrario, operan como universidades del crimen: «las prisiones son escuelas donde buscan graduarse en el delito», aseveró.

En el estado Lara, funcionarios militares han detectado como personas externas a los penales, presuntamente con complicidad de los custodios, intentan ingresar drogas para ser manejadas por los reos.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró que los líderes en las cárceles conocidos como «pranes», manejan «alrededor de cuatro millones de dólares al año» que obtienen a través de actividades ilícitas.

«Fuentes extraoficiales aseguran que los ‘pranes’ manejan alrededor de 4 millones de dólares al año en servicios de ‘seguridad’ a otros reclusos, cobro de deudas e impuestos extorsivos llamados ‘causas’ a todas las actividades carcelarias», detalló la ONG en una infografía publicada en su sitio web.

Explicó que «estos impuestos «la causa» tienen un valor semanal que oscila entre los 25 y 50 dólares, y que son los familiares de los detenidos quienes deben costear el pago para garantizar el bienestar de los privados de libertad.

Añadió que estos líderes negativos también trafican con armas y drogas y «disponen de lujosas instalaciones» dentro de los penales.

El observatorio aseguró que el poder de los pranes «trasciende las paredes de las cárceles» y los convierte en jefes de estructuras criminales que usan delitos como las extorsiones y los asesinatos para atacar a la ciudadanía en general.

A juicio del OVP, «el poder de las mafias» que controlan los centros de detención «aumentó de forma desmedida» la crisis de las cárceles que, aseguró, están «azotadas» por el hambre, el hacinamiento y las enfermedades.

#27Dic OVP: presos obtienen 4 millones de dólares al año ?El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que en cárceles venezolanas presos obtienen unos 4 millones de dólares al año producto de diferentes actividades ilícitas.? Reportó @SYaguare Déjanos tu opinión?? pic.twitter.com/PpDtMysTS0

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El pasado mes de julio, esta ONG denunció que las condiciones de higiene e infraestructura de los centros penitenciarios de Venezuela son «precarias» y que, además, existe un «problema de alimentación grave», especialmente desde 2018, cuando empezaron a registrar muertes por desnutrición y tuberculosis.

El OVP también denunció la precaria situación en la que se encuentran los privados de libertad en el Centro de Formación Hombre Nuevo Winnie Mandela, en el estado Zulia.

Durante una reunión con activistas de la ONG los reclusos clamaron por atención, ya que aseguraron estar “desesperados por comida”.

En este sentido, aseguraron que solo reciben tres cucharadas de raciones por persona. Ante esta situación, sufren a diario los efectos de la desnutrición.

El OVP precisó que el centro penitenciario fue “inaugurado” en el 2018 por el Ministerio de Servicio Penitenciario, pero los presos están ocupando el anexo femenino de la antigua cárcel de Sabaneta que fue desalojada en el año 2013.

“Dicho centro penitenciario fue destinado para extranjeros y comenzó con 54 presos de distintas nacionalidades”, detallaron.

Asimismo, puntualizaron que en la actualidad hay 120 reclusos, más de 70 de ellos son colombianos, entre otras nacionalidades y algunos venezolanos.

Hambre, hacinamiento, enfermedades y corrupción, son los flagelos que ponen en riesgo la vida de los reclusos en las cárceles del país, donde la vida es un negocio.

Así se resume la presentación que hizo el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Carolina Girón, directora de la OVP dijo que «Venezuela cuenta con 52 centros de reclusión. Los mismos están discriminados así: 35 de hombres, 1 cárcel de mujeres y 16 anexo femeninos. La capacidad instalada en los penales del país es para 20.438 personas y la población es de 32.200 personas. Esto se traduce en hacinamiento crítico de 158%, de esta población. Del total de presos, 2.500 son mujeres, de las cuales 1.900 viven en anexos femeninos, que no cuentan con las condiciones para la permanencia de mujeres».

Girón presentó el informe el 18 de marzo, en el marco del período de sesiones 183 de la CIDH, en una audiencia de 30 minutos.

“Todo se paga en dólares. Esto viene ocurriendo desde hace rato, desde que la economía se dolarizó de facto”, apuntó. Esos pagos se realizan en efectivo o, incluso, por transferencias bancarias.

Pero, estos cobros no solo los hacen «lo pranes» o líderes negativos, como los llama la administración de Nicolás Maduro.

Reos y familiares también pagan a «funcionarios del ministerio de servicios penitenciarios. Es una corrupción total de custodios y funcionarios de la Guardia Nacional. Esto ocurre en todas las cárceles, haya ‘pranes’ o no”, advierte.

Citó como ejemplo que si el familiar de un preso desea llevar a cualquier cárcel, desde una fruta o un envase de agua potable adicional, «debe pagar». Esta situación ha llevado a las familias a hacer lo que sea para conseguir dinero, como vender los electrodomésticos y enseres del hogar.

“Llegas a sus casas y están desmanteladas. Tienen que pagar para que su ser querido viva. Cobran por todo, hasta por respirar”, asevera Girón.

Y no contentos con esta situación de crisis, que Maduro niega, los reos reciben «clases» de formación «política y patria».

Además de que el año pasado, bajo el supuesto plan de descongestionamiento, liberaron a cientos de detenidos bajo el régimen de “confianza tutelada”.

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La desnutrición es uno de los principales problemas de las cárceles de Venezuela. El OVP denunció que entre 2017 y enero de 2022, 960 personas fallecieron. 412 de ellas murieron por enfermedades derivadas de la falta de alimentación.

Asimismo, en los calabozos policiales murieron 770 detenidos en ese mismo período, 261 por desnutrición. Entonces, 773 de los 1.730 presos fallecidos perecieron por desnutrición, alertó el Observatorio.

En este sentido, Marianela Herrera, directora del Observatorio Venezolano de Salud, explicó en la audiencia que «no existe personal especializado del Estado que diagnostique desnutrición severa en las cárceles».

Expuso gráficas que muestran cómo se encuentran la mayoría de los presos. “Su palidez cutánea y de mucosas, mejillas hundidas, tórax delgado con costillas evidentes». Además de «la alteración el color del cabello y edema por falta de proteína”, son muestras de esa realidad.

Destacó que, en consecuencia, «todos los presos en Venezuela tienen síntoma de desnutrición. Cerca de 60% de ellos presentan síntomas de desnutrición severa.

“Es un problema sistémico. Todo el sistema está mal. La alimentación del preso está basada en carbohidratos, en harinas. No hay ingesta de proteínas”, detalla.

Según las investigaciones del Observatorio, solo 12,7% de los reos venezolanos come tres veces al día. Mientras que 40,1% recibe alimentos una vez por día; 38%, dos veces; y 9,2% dice que nunca recibe comida.

La abogada del OVP recordó que el hambre ha llevado a los reclusos a vivir situaciones extremas como fue el caso de un interno que tuvo que comer ratas para saciar el hambre. Otro grupo de presos quienes mataron un perro para alimentarse.

María de los Ángeles Rincón, abogada del OVP, expuso la existencia de armas de alto calibre dentro de las prisiones, las cuales permanece en poder los reclusos. Situación que, aunque la CIDH ha realizado sus recomendaciones, el Estado no ha tomado las medidas.

Karen Valera, otra abogada del OVP, denunció como la corrupción en los penales y retenes policiales ha escalado. «Cobran por el acceso a la comida y además la reventa de cada objeto o alimento que se introduce», dijo.

«Además, se está cobrando por las visitas de niños, conyugales, por el acceso al agua. También por el derecho al estar en un recinto o a la convivencia a través de las llamadas causas”.

“Entre los agentes de corrupción hemos identificado personal del poder judicial, personal penitenciario y los propios presos”, detalló Valera.

Marianella Herrera, directora del Observatorio Venezolano de Salud, acompañó la exposición del OVP ante la @CIDH, donde mostró evidencia del estado crítico de salud que atraviesan los presos venezolanos. #183PeriodoCIDH pic.twitter.com/XyXuohFCZf

«La escasez de alimentos, la falta de higiene y salubridad, han contribuido de forma abismal e insostenible el incremento de la proliferación de enfermedades», en las cárceles y comisarías del país.

Así lo destaca el informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denominado: Desnutrición, el hambre azota a la población reclusa venezolana».

La situación descrita en el primer párrafo destaca que esos factores se han «materializado en la pérdida de la vida de personas en prisión».

Agrega el escrito que se ha «registrado el aumento de casos de desnutrición en los recintos carcelarios». Alerta que «no existe información oficial y data específica por parte de los organismos y autoridades encargadas». Sin embargo, la ONG hace un «registro y monitoreo constante de la situación carcelaria».

La misma apunta «a un incremento evidente de la tasa de desnutrición en los centros de detención del país». En este sentido, señala que «al menos 70% de la población reclusa venezolana presenta desnutrición severa».

Alerta que el problema «de la falta de alimentos y las repercusiones en la salud de los presos, no se pudo silenciar ante la llegada de la pandemia del COVID-19».

Dice que «las restricciones de movilidad representó uno de los más grandes obstáculos para que los familiares pudieran trasladarse a suministrar alimentos a sus seres queridos».

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El OVP recordó que «es una responsabilidad del Estado la entrega de alimentos en las cárceles».

No obstante, «este peso ha recaído directamente en las madres, esposas (os), hijos y demás parientes o amigos de las personas recluidas».

Agrega que «la desatención y la falta de medidas concretas, eficientes y oportunas con respecto a este problema se evidencian no solo en las denuncias. También en el aumento desgarrador de las muertes en los recintos del país».

De hecho, «entre 2019, 2020 y primer semestre del 2021, la situación de salud se ha posicionado como la principal causa de muerte en las cárceles. El problema se extiende a los hacinados y abandonados calabozos policiales».

Asimismo, entre «2017 y hasta el primer semestre del 2021, el equipo del OVP ha registrado al menos 628 decesos por condiciones de salud». «De 381 de los fallecidos se encontraban en las cárceles y 247 en los calabozos policiales».

Igualmente, resalta que «el tema de la alimentación se ha denunciado con gran preocupación, por familiares, abogados y organizaciones de la sociedad civil».

Incluso, «entre el 2020 y primer semestre del 2021, las protestas exigiendo celeridad procesal, alimentos, agua, atención a la salud” se presentan de forma continua».

Desde que comenzaron las liberaciones de presos, como parte de la labor de la Comisión para la Revolución Penitenciaria, la situación de los privados de libertad en el país no es la mejor. Tanto, que todavía hay demasiado retardo procesal.

Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a La Libertad, explicó que aún existe 70% de la población penitenciaria afectada por el retardo.

En entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, el activista detalló que la finalidad principal de esta comisión, es «eliminar el retardo procesal». También «deshacinar los centros de detención preventiva que son espacios donde los reclusos deberían estar en un lapso no mayor de 48 horas. Lamentablemente, en Venezuela se han convertido en cárceles permanentes».

Sin embargo, Nieto recalcó que el hecho de aplicar este procedimiento no significa que los liberados «tengan una sentencia definitivamente firme. Por lo tanto no saben si son culpables o inocentes».

Precisó que este proceso ya cumple 90 días de desarrollo y ciertamente se ha procedido a la liberación masiva de privados de libertad. «Pero vemos que es un proceso desorganizado, no hay criterios definidos de quiénes son las personas que deben salir en libertad y quiénes no».

Las puestas en libertad colectivas más recientes son las del Retén del Marite, en Maracaibo. También el de Cabimas, ambos ubicados en el estado Zulia.

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Nieto Palma dice que estos procesos contradicen la Constitución «que dice que tienen que ser hechos en libertad».

En este sentido, opinó que si bien «este es un derecho que tiene la población reclusa, causa impacto que en un día liberen a 259 reclusos del retén de Cabimas». «Se espera que liberen a 100 más, sigue siendo un trabajo pendiente de esta comisión ponerse al día con el retardo procesal que lleva muchos años en Venezuela», dijo.

Alertó sobre el proceso de estigmatización que pesará sobre la mayoría de los liberados mediante estos procedimientos. «La gente ve que quien está saliendo es un delincuente, un ladrón, un asesino, un violador», alertó.

Por esta razón, considera que el Estado debe cumplir con preceptos constitucionales como «la asistencia post penitenciaria para estos reclusos, como conseguir un trabajo. También otros beneficios que se pueden otorgar luego de haber pasado toda una vida, meses y años dentro de una cárcel. Es volverse a acostumbrar a estar en libertad y hay que recordar que a muchos de ellos sus familiares los han abandonado».

En este caso insiste en la responsabilidad que tienen las instituciones nacionales de «evitar que estos ciudadanos que salen nuevamente a la vida en libertad vuelvan a delinquir».

Dijo que «el problema se presenta que cuando se sale de la cárcel y no tienes ninguna opción de trabajo, de generar ingresos, y sales de un recinto que ha podido ser un centro de reeducación para los privados de libertad, y más bien son universidades del delito. Así, es probable que vuelva a delinquir».

La ONG no tiene una cifra de personas liberadas a través de este mecanismo. Pero «desde UVL trabajan en una data que les permita precisar esta cantidad. No obstante, creemos que ha sido liberada alrededor del 20% de la población penitenciaria».

Las cárceles en Venezuela se convirtieron en fábricas de corrupción, enfermedades y delincuentes.

El retardo procesal y la paralización de los tribunales, trajo como consecuencia el hacinamiento de las cárceles que llega al 190% en todo el país.

Según el informe de la ONG, Observatorio Veneolano de Prisiones, hay 37.500 presos, cuando la capacidad instalada es para 26.238 en el país.

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Enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición se cobraron la vida de 90 presos en el año 2020 y en lo que va de 2021, ya van más de 20.

La periodista Rosalí Hernández nos presenta en un reportaje para Testigo Directo que la “precariedad y la crueldad” es lo que se vive en las cárceles de Venezuela.  

Dos presos fallecieron de tuberculosis, uno en el Centro Penitenciario  Agroproductivo José Antonio Anzoátegui de Barcelona y el otro en el Eje de Homicidios del Cicpc El Llanito en Caracas.

Los familiares de Iván Alexander Azacón Arena, de 27 años de edad,  reo que falleció, aseguran que fue en la cárcel donde contrajo tuberculosis.

El privado de libertad, Carlos Guevara, de 23 años de edad tenía cinco meses con complicaciones de salud a causa de tuberculosis.

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De manera extraoficial, una Ventana a la Libertad conoció que otros seis reclusos se encuentran en delicado estado de salud por la misma afección.

Azacón Arena y Guevara se suman a las estadísticas de fallecidos por tuberculosis en 2021.

Con ellos son 3 los reclusos que pierden la vida a causa de esta enfermedad en lo que va de año.

InSight Crime denunció que las mujeres privadas de la liberta en Venezuela son abusadas de manera sistematica.

La muerte a causa de un disparo el 13 de marzo, Daniela Geraldine Figueredo Salazar, de 19 años en un calabozo de la policía en Venezuela, alertó sobre la situación.

Sucesos que destapó la serie de abusos que funcionarios policiales ejecutan contra presas venezolanas.

Daniela fue asesinada en la Comisaría Municipal de Zamora en Guatire, ubicada en el estado Miranda.

El disparo provino del arma reglamentaria de un funcionario que más tarde fue detenido.

«Es el manifiesto los altos niveles de violencia que enfrentan las mujeres privadas de la libertad», ratifica fundación dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe.

Tras la muerte de Figueredo, sus compañeras denunciaron que estaban siendo obligadas a mantener relaciones sexuales con funcionarios de la guardia, según Una Ventana a la Libertad (UVL).

Los abusos sexuales eran coordinados por un exfuncionario que también está actualmente encarcelado, según afirman las mujeres.

“Él es el que nos obliga a tener relaciones sexuales tanto con él como con otros funcionarios”, manifestó una de las mujeres a la ONG.

Pero no es la primera vez que se denuncian que mujeres privadas de la libertad son abusadas.

En 2018 se conoció que las reclusas eran obligadas a tener relaciones sexuales con guardias para poder asistir a las audiencias judiciales.

Además, en 2019, un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado de violencia sexual contra las detenidas.

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Denuncia que el hacinamiento, la falta de personal capacitado, y la ausencia de atención integral a las mujeres privadas de la libertad, posibilita la violación de sus DD.HH.

Y aumenta las posibilidades de victimización de las mismas.

Además, alerta que las mujeres representan más del siete por ciento del total de la población carcelaria del país.

A esto se suma que no hay cárceles acondiconadas para ellos y, por tanto, s eles alberga en centris de reclusión diseñados para hombres.

O están en lugares como donde murió Daniela que no están destinados a albergar personas durante más de 72 horas.

Y donde permanecen en de insalubridad y hacinamiento.

Además, el personal encargado de vigilar a las reclusas no siempre es femenino, por lo cual quedan bajo el control de guardias hombres, contraviniendo las normas internacionales.

«La ausencia de garantías básicas de los derechos de las presas, hace que los centros de detención preventiva y las cárceles sean propicios para los abusos sexuales», como afirma Magally Huggins, criminóloga de UVL.

Además, «en muchos casos, las reclusas se ven obligadas a tener relaciones sexuales con líderes carcelarios (pranes) y guardias, para garantizar su seguridad, dijo Huggins a InSight Crime.

Tampoco hay productos básicos de higiene femenina, como lo son las toallas sanitarias.

Y esto “pueden convertirse en instrumentos de manipulación”, según María Corina Muskus Toro, consultora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

“El sexo puede ser la manera de pagar por ello, o por algún otro beneficio”, dijo Muskus Toro.

Además de la violencia sexual, las detenidas pueden ser víctimas de  falta de acceso a los servicios de salud e higiene.

Las mujeres embarazadas, por ejemplo, deben vivir en hacinamiento y con escasos alimentos.

Con información de InSight Crime

A pesar del infierno que se vive detrás de los barrotes, intuir cómo son las cárceles es venezolanas por dentro, no es tan difícil, basta observar las redes sociales.

Pero aún quedan muchos interrogantes en el aire.

Son pocas las personas que se salvan de caer en la perdición del sistema, intentando regenerarse después de haber cometido algún delito.

Situación que contrasta con quienes son inocentes y su vida termina convirtiéndose en una pesadilla.

Mildred Manrique junto a Junto a Ramón Veliz cuentan en esta entrega de 24/7 cuál es el panorama de un sistema corrompido y asfixiado por una gran población carcelaria.

De la voz de sus protagonistas (presos, familiares, autoridades, analistas) describen el panorama de 42 cárceles en la visita al Centro Penitenciario Fénix en Lara.

Un completo análisis del patrón de conducta de los reclusos cuando salen de las cárceles, la situación de salud con la tuberculosis y el COVID-19.

Así como el papel de lo pranes, la negligencia administrativa y la falta de alimentación adecuada.

No se pierda en el siguiente video cuál es el mensaje que envían los presos, la visión de tema del Observatorio Venezolano de Prisiones y la  administración de Nicolás Maduro.

Esto es 24/7.

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De la pandemia del COVID-19 y la crisis económica y política que tiene el país tampoco se salvan los privados de libertad. En las cárceles de Venezuela los presos comen una sola vez al día.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) constato esta situación, específicamente en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) en el estado Táchira.

Los familiares de los reclusos denuncian que la falta de alimentos y la violación a los derechos humanos en el penal es constante.

 “Allí, los presos comen sólo una vez al día“, reveló Raiza Ramírez, coordinadora de la OVP en Táchira.

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Ramírez recordó por la pandemia del cornavirus el sistema de justicia estuvo paralizado por meses, afectando a 1.430 reclusos en todo el país, según El Nacional.

El Centro Penitenciario alberga a 600 reclusos en el CPO, 1.450 en el CPO II y cerca de 220 mujeres en el anexo femenino.

Asimismo, hay una población cercana a 160 en la zona de procesados militares, de acuerdo con la representante del OVP.

“Todos ellos solo se alimentan una vez al día porque no hay suficientes recursos para darles las tres comidas al día”, denunció Ramírez.

El abogado José Santoto denunció este domingo la crítica situación de hacinamiento que existe en los recintos carcelarios en Venezuela, específicamente en el estado Anzoátegui.

El jurista ha hecho seguimiento al tema desde enero de este año y ha podido constatar la flagrante violación a los derechos humanos en los calabozos de la región.

Santoyo advirtió, por ejemplo, que las personas están presas sin distinción de delitos, sexo o enfermedades.

Y aseguró que se ha constatado el embarazo de privadas de libertad que han tenido relaciones sexuales con otros internos debido a que los reos no están separados por género.

Además, «los detenidos de la  comunidad LGBTTIQ, quienes tienen una orientación sexual distinta y no deben permanecer con los detenidos comunes, están gravemente afectados».

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El abogado anexó detalles del estado de hacinamiento en el que se encuentran actualmente los recintos.

Este miércoles 14 de octubre el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó el informe temático El VIH y la Tuberculosis en las cárceles venezolanas, el cual expone desde el punto de vista médico las dificultades que enfrentan los presos que padecen estas enfermedades y lo que implica ejecutar un tratamiento adecuado en lugares con hacinamiento.

Según lo señalado en el informe, cuyos datos fueron recolectados entre octubre del 2019 y abril del 2020, el problema de la salud y los fallecimientos que tienen su origen en la situación de hacinamiento es un asunto en el que el OVP viene reparando desde hace varios años.

Este es uno de los factores, aunado a la desnutrición, que ha permitido el incremento de las enfermedades –y las muertes como consecuencia de estas– desde el año 2017.

Carolina Girón, directora del OVP, informó que de un total de 55 presos fallecidos en las cárceles durante el periodo de tiempo antes mencionado, 40 perecieron por problemas de salud, principalmente por tuberculosis y desnutrición.

En los calabozos policiales, las muertes por violencia sucedieron en cantidades importantes, pero las muertes por salud también causaron estragos con un total de 28 fallecidos, siendo la desnutrición la causa principal.

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Cabe destacar que la data recolectada es recintos penitenciarios y calabozos policiales de los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa y Trujillo.

Por ejemplo, en el Centro Penitenciario de Oriente, conocido como la cárcel de El Dorado en el estado Bolívar, se registraron 6 muertes en este lapso de seis meses (2 en octubre de 2019 y 4 en abril de 2020), todos por tuberculosis.

Mientras que por esta misma enfermedad fallecieron 4 presos en el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, conocido como Tocuyito en el estado Carabobo, y una lamentable cifra de 13 muertos en el Centro Penitenciario David Viloria y Centro Penitenciario Fénix, ambos en el estado Lara.

En tanto, de la muestra total de 116 reclusos enfermos en los estados Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta y Táchira, 74 de ellos están enfermos de tuberculosis y 25 de ellos presentan además VIH.

La muestra de población tomada para el mencionado informe está constituida por hombres, en el rango de edad entre 18 y 45 años, que presentaban bajo peso.

De los 74 reos enfermos, solo 18 reciben el tratamiento requerido para tuberculosis, mientras los otros 56 sufren la enfermedad sin tratamiento alguno. Ninguno de los que además presentan VIH recibe tratamiento antirretroviral.

En el informe se detalla que “la situación clínica preexistente de estos reclusos no se pudo determinar por no contar con las pruebas clínicas; sin embargo, debemos indicar que según los estudios sobre esta enfermedad, la tuberculosis afecta mayormente a individuos que tienen anemia y desnutrición».

«Si al ingresar a un centro penitenciario la persona presenta condiciones de salud endebles, tales como las mencionadas, ello implica un mayor riesgo a contraer enfermedades durante el período en prisión”.

De igual manera, expresa que “el ambiente en las cárceles ofrece dificultades inherentes al propio entorno penitenciario; es decir, a las condiciones de higiene y espacio del recinto. Cuando los prisioneros padecen alguna enfermedad, ésta generalmente tiende a complicarse debido a las carencias sanitarias del sistema penitenciario».

«La proximidad y la intensidad de exposición en las cárceles son los principales factores de riesgo para el contagio de la tuberculosis, aunado a que las reglas de la prisión sólo permiten que los reclusos estén un tiempo reducido del día fuera de sus celdas, de manera que estos pueden llegar a pasar hasta 23 horas seguidas dentro de recintos abarrotados”.

Por otra parte, la población reclusa a menudo tiene dificultades para acceder a la atención médica porque los centros penitenciarios no tienen presupuestos adecuados para el área de salud, incluyendo la falta de personal capacitado.

Cuando un recluso enfermo no recibe ayuda médica de inmediato, la enfermedad no es detectada y puede ser contagiada a los compañeros de celda.

Feliciano Reyna,  fundador de Acción Solidaria y conocido por su trabajo en la lucha contra el SIDA en Venezuela, estuvo presente en la actividad donde enalteció el trabajo del OVP y recordó sus inicios en el 2003 con apoyo de Humberto Prado.

Para ese momento el observatorio estaba apareciendo en todos los centros y se preguntaban qué podían hacer.

En esa época la población penitenciaria era de 19.500 reos, por lo que para él resulta frustrante ver en lo que se ha convertido el sistema penitenciario en el país.

Pero lo anima que hay este trabajo sostenido por parte del Observatorio y aliados, esperando que todo esto se convierta en prácticas.

“No se han podido implementar programas con enfoques en DDHH, entre ellos el de la salud para atender a la población penitenciaria. Pudimos avanzar poco a poco, hubo prohibición abierta para que la organizaciones pudieran entrar a trabajar”, agregó.

Estas condiciones penitenciarias se encuentran de cara con la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, y en ese sentido los privados de libertad se convierten en los grupos de mayor vulnerabilidad, esto como dato importante aportado por el activista.

Añadió además que “si uno piensa en los grupos más afectados por las emergencias sobrevenidas, están los más diferenciados como las mujeres y niñas, le sigue la comunidad LGBTI, personas con discapacidad y las privadas de libertad, todos estos grupos vulnerables se encuentran congregados dentro de las cárceles”.

“Hay una crisis sostenida, generalizada y lo más importante es que hay algo sistemático, en esa omisión hay una sistematicidad.  Espero que organizaciones como el Observatorio no dejen de tener ese compromiso para garantizar la dignidad de los privados”, puntualizó Reyna.

Por su parte, el médico internista-infectólogo Santiago Bacci aclaró que la tuberculosis es un indicador de salud.

Explica que es catalogada como la pandemia de la pobreza unido a los indicadores de vida.

“La desnutrición y la tuberculosis son la principal causa de muerte entre la población penitenciaria, en otros años la violencia fue la causa de muerte“.

Según datos aportados por Bacci, la  tuberculosis se ha dejado de lado cuando en años pasados estaba relativamente estable.

Las cifras en años anteriores era de 30 casos por 100.000 habitantes hasta el 2015  para el 2019 era de 47 por  cada 100.000 habitantes, por lo que para él se puede convertir en una epidemia si no se controla.

“Es importante saber  que los fármacos no llegan en más del 50% de los casos, no hay información en los boletines de datos de tuberculosis, las visitas reducidas de los familiares impiden la entrega de los tratamientos, es parte de las razones por las que no se ha podido controlar la enfermedad”, concluyó.

La Comunidad Penitenciaria Fénix, ubicada al norte de Barquisimeto en el estado Lara, es una cárcel construida para presos con sentencia firme.

La cárcel, inaugurada en el año 2013, tiene una capacidad para albergar a 1.500 personas y presentada como una cárcel modelo y de máxima seguridad.

Las denuncias por fallas en el suministro de alimentos se han incrementado considerablemente en el 2020.

En el mes de marzo se registra una huelga de hambre en señal de protesta por la desidia que azota a los presos venezolanos, quienes desde el día de su detención se encuentran bajo la responsabilidad del Estado.

Desde principios de año y como consecuencia de la suspensión de la “paquetería” por parte de los familiares que debían cumplir con la cuarentena por COVID-19, arrecia el hambre dentro de las celdas de Fénix Lara.

No tenían las tres comidas diarias e incluso les redujeron las porciones que a duras penas les daban, por lo que se comenzaron a evidenciar casos de desnutrición y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) documentó casos de reclusos que rebajaron hasta 30 kilos de peso.

En los primeros seis meses del año 2020, OVP registró que en Fénix Lara fallecieron 11 privados de libertad, 10 de ellos por condición de salud, específicamente por tuberculosis, obstrucción intestinal, la mayoría con indicios de desnutrición.

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Uno de los fallecidos lo asesinaron con un arma blanca, pero las razones para este crimen estuvieron ligadas a las carencias del penal.

El interno había robado agua y comida para sobrevivir, pero resultó ultimado como castigo por sus compañeros de celda.

A las denuncias por falta de alimentos, se suma la falta de atención médica, pues la población penitenciaria no cuenta con un médico dentro de las instalaciones para atender emergencias.

La mayoría de las víctimas las trasladaron a un hospital cuando estaban en estado de gravedad o fallecieron.

Cabe resaltar que enfermedades como la tuberculosis pueden ser tratadas y curadas a tiempo.

La falta de medicamentos y una dieta balanceada la convierten en una enfermedad mortal para los presos venezolanos.

Fénix tiene capacidad instalada para 1.500 personas y actualmente alberga a 2.300 hombres y 171 mujeres, según datos del OVP, con un porcentaje de hacinamiento crítico del 65%.

Las cloacas en el área de Máxima colapsaron este año, lo que implicó el traslado de más de 300 presos hacia un galpón del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, ubicado a escasos metros de Fénix.

Al transcurso de un mes los presos fueron ubicados entre las áreas de Observación, Mínima y Media, reduciendo aún más los espacios.

El área afectada por el desbordamiento de aguas servidas aún se mantiene desolada y a la espera de que culminen los trabajos de reparación.

En la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara los presos pagan hasta 50 dólares por el servicio de agua potable.

Sus familiares son los encargados de cancelar estos montos a través de pago móvil.

El cobro por el servicio fue suspendido una vez que esta organización visibilizó las denuncias.

Cada privado de libertad tiene acceso a un tobo de agua semanal que deben usar para lavar la ropa, sus necesidades fisiológicas y consumo humano.

“Hemos pacificados las cárceles nacionales”, así de contundente fue Iris Varela, quien hasta este viernes ocupó el cargo de ministra de Servicios Penitenciarios del régimen.

El país donde los pranes son los que tienen el control de los centros penitenciarios y la tuberculosis, el hacinamiento, la desnutrición, las mutilaciones y las muertes son la constante.

“La revolución ha saldado deudas sociales y una de ellas era controlar las cárceles y bajar los índices de violencia: ¿Qué se ha hecho? Pacificar las cárceles nacionales”, dijo Varela en la estatal VTV.

Considera que el «hombre nuevo» que se ha formado en las cárceles “es una experiencia digna de respeto y admiración por otros países del mundo”.

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“Organismos de las Naciones Unidas han mostrado su admiración y reconocimiento porque aquí en Venezuela la revolución ha superado las reglas de (Nelson) Mandela para los privados de libertad”.

Sin embargo, el reciente informe emitido por la Alta Comisionada de DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, retrata la degradación de las cárceles y los calabozos en el país.

Enfatiza el informe que las cárceles en Venezuela se han convertido “en verdaderos infiernos”.

Según los reportes del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), han fallecido más de 7.000 reclusos desde la llegada de la revolución bolivariana.

Un informe de Transparencia Venezuela da cuenta que en los últimos 20 años, “miles de reclusos también han sido lesionados, muchos de gravedad, con mutilaciones u otras heridas”.

Además, «las enfermedades como VIH, tuberculosis y escabiosis (sarna) pululan tras los barrotes, a causa de aberrantes condiciones de hacinamiento e insalubridad y con escasa o ninguna atención médica». 

Varela insistió en la «impresión y satisfacción» de los organismos internacionales en los supuestos programas sociales a la población carcelaria que alcanza a los familiares.

Entre los programas, nombró las Casas de Encuentro Familiar y los planes de atención a las madres que están implementados desde hace algunos años.

«Han superado con creces las reglas aprobadas por las Naciones Unidas”, dijo pero en ningún momento mostró cifras de su gestión.

Sostiene que varios países han solicitado su asesoría para llevar estos planes penitenciarios a otras fronteras.

Hambre, enfermedades, retardo procesal y desidia fue la mezcla perfecta que cobró la vida de Johel Antonio Castro. Este joven de 26 años murió en la Cárcel de 26 de julio del estado Guárico y para el régimen es un caso más.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó el caso en su portal. Relató que los familiares de Castro viajaron desde Barlovento. Querían obtener más información sobre la salud de Johel, preso en ese recinto desde hace siete años.

Cuentan que recibieron una llamada telefónica y les informaron que Johel Antonio estaba convaleciente. Presas de la desesperación y conscientes de la desidia que azota a la población penitenciaria, lograron trasladarse hasta el penal. Esto a pesar de la cuarentena obligatoria por la COVID-19.

Lamentablemente Johel Antonio falleció a las 4:00 de la mañana de este sábado 5 de septiembre a causa de presunta tuberculosis. Se convirtió en una víctima más de la precaria situación a la que sobreviven los presos venezolanos. La crisis en los penales ha sido denunciada por esta organización en un sinfín de oportunidades.

Los familiares del recluso fallecido relataron que compañeros de celda del joven los contactaron el domingo 30 de agosto. Les aseguraron que estaba muy enfermo con fiebre, vomitaba sangre y ya no podía caminar.

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Una vez que lograron trasladarse el martes 1 de septiembre, un funcionario del penal los recibió en las puertas del penal. Les indicó que Johel Antonio estaba en perfectas condiciones y que lo atendían en la enfermería. No les brindó mayores detalles sobre la enfermedad que padecía. Los familiares aseguraron que el director se negó a atenderlos.

Pidieron ayuda de un abogado público asignado a su caso para solicitar una orden de traslado hasta un centro asistencial. Pero este nunca les dio una respuesta.

Al mismo tiempo y tras su insistencia, en el penal les aseguraron que este 4 de septiembre le harían la prueba para detectar tuberculosis. Eso nunca sucedió y una de las excusas fue que no tenían cómo trasladarse.

“Ahora sí nos respondieron en el penal para confirmar que estaba muerto. Cuando ya es demasiado tarde. Mi familiar murió de mengua”, dijo uno de los afligidos parientes.

Agregó que los funcionarios del penal tampoco se comunicaron con ellos para informarles sobre el fallecimiento de Johel Antonio. Una vez más, recibieron la noticia de parte de otros reclusos.

Hasta la 1:00 de la tarde de este 5 de septiembre el cadáver permanecía dentro de la cárcel. Supieron que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) no hicieron el levantamiento.

Carolina Girón, directora del OVP, explicó que Johel Antonio también fue víctima del retardo procesal. «Tenía siete años recluido y desde el 18 de agosto del 2018 esperaba ser trasladado hasta los tribunales para iniciar el juicio. Nunca lo hicieron bajo el alegato de que no había vehículos».

Asimismo, exigió a las autoridades penitenciarias que ayuden a esta familia con el traslado de su ser querido hasta el estado Miranda. «No tienen recursos para hacerlo. Desde el momento de su detención Johel Antonio se encontraba bajo la responsabilidad del Estado».

La abogada puntualizó que al equipo del OVP llegó una denuncia acerca de que hace semanas llegaron toneladas de alimentos al penal, en especial productos cárnicos. Pero los presos del 26 de julio continúan sufriendo por hambre.

Girón solicitó una investigación oportuna, exhaustiva y veraz por parte de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.

Al menos 85 reclusos dieron positivo a la prueba del COVID-19 en los Centros de Detención Preventiva en Venezuela.

Según un reporte en las redes sociales de  la organización Ventana a la Libertad, el estado Nueva Esparta sigue siendo el estado con más contagiados, 64 reclusos.

Los estados Miranda tienen 5 casos; Táchira tiene 9 reclusos; Barinas con 5, Lara con 2 y Sucre con 1 solo caso fallecido.

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La información fue proporcionada por las autoridades penitenciarias a  Ventana a la Libertad que presentará este sábado el informe del primer semestre 2020 sobre la situación de los reclusos en Venezuela.

Según el último reporte oficial presentado por la vicepresidenta del régimen la noche de este miércoles, en Venezuela la cifra total de casos es de 41.965 personas infectadas por COVID-19.

Mientras 351 personas han perdido la vida por la pandemia, de los cuales ya van 100 trabajadores de la salud.

El Distrito Capital encabeza la lista con 290 casos. Las parroquias de Caracas con mayor número de contagiados la encabeza Sucre con 42, El Valle con 35 y El Paraíso con 19.

«Al día de hoy en el país se han realizado 1.723.801 para la detección temprana de Covid-19, lo que representa 57.460 test por millón de habitantes», dijo Delcy Rodríguez.

Al #27AGOSTO2020 hay oficialmente 85 reclusos diagnosticados de Covid-19 en Centros de Detención Preventiva de Venezuela. Lara 2, Miranda 5, Nueva Esparta 64, Táchira 9 y Sucre 1 (Fallecido) y 5 en Barinas. Información proporcionada por autoridades regionales. #UVLobserva

La organización Ventana a la Libertad reportó que oficialmente en los Centros de Detención Preventiva de Venezuela ya hay 1 recluso muerto y 59 diagnosticados con Covid-19.

A través de sus redes sociales, la ONG especificó que en los estados Lara tiene dos internos contagiados; Miranda con cinco reclusos; Nueva Esparta, el estado con más casos con 42; Táchira con 9 y Sucre con un caso que falleció.

En su último informe de mayo 2020, Una Ventana a la Libertad advertía que el hacinamiento en las cárceles del Distrito Capital, Miranda y Vargas, “constituye un importante factor de riesgo para la propagación de enfermedades infecciosas”.

Esta situación se podría agravar con la pandemia del Covid-19 que desde marzo que fue detectado el primer caso en Venezuela, podría llegar a las cárceles donde los protocolos para evitar el contagio serían casi nulos.

Con la crisis del país, muchos de los centros penitenciarios no reciben los insumos necesarios para garantizar el derecho a la alimentación de los reclusos. El informe de mayo 2020 refleja que “941 privados de libertad padecen de desnutrición, 188 privados de libertad tienen tuberculosis y otros 10 tiene el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)”.

Hasta mayo no se conocían de casos de contagios de Covid-19, hasta el mes de julio que los Centros de Detención Preventiva tienen 59 reclusos contagiados. Ya la pandemia entró a las celdas de las cárceles.

Al #13AGOSTO2020 hay oficialmente 59 reclusos diagnosticados de Covid-19 en Centros de Detención Preventiva de Venezuela. Lara 2, Miranda 5, Nueva Esparta 42, Táchira 9 y Sucre 1 (Fallecido). Información proporcionada por autoridades regionales de cada estado. #UVLobserva

Más de 380 presos políticos están en peligro ante el brote de la pandemia de COVID-19 en los centros penitenciarios de Venezuela.

La denuncia la hizo el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, Freddy Valera, qien responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro “por la integridad de quienes permanecen tras las rejas sin haber cometido delitos”. 

Considera que el grave hacinamiento que hay en las cárceles venezolanas, donde hay diputados, dirigentes políticos, militares y ciudadanos de bien, “es un factor de mucho riesgo” y, además, se les niegan los derechos mínimos como son la salud y el agua .

«El Estado que acabó con el sistema de salud en Venezuela, menos respuesta puede dar a los 380 ciudadanos que se mantienen secuestrados en  cárceles». 

En este sentido, Valera enfatizó en que deben otorgarse medidas humanitarias que les permitan mantenerse a salvo de la pandemia. «Es necesario que tengan su libertad para que puedan preservar su vida», sumó.