En el informe anual de la Comisión Interamericana de DD. HH. correspondiente al 2025, se alertó acerca del riesgo que corren los privados de,libertad en las cárceles de Venezuela.

En el Capítulo IV, la CIDH  advierte que las personas privadas de libertad en Venezuela se encuentran en una situación de “riesgo especial”, producto de factores como "la sobrepoblación, el empleo excesivo de la prisión preventiva, las deplorables condiciones de detención, el sistema de autogobierno y los malos tratos”.

La Comisión también expresa especial atención y alarma ante la existencia de “una dualidad de sistemas penitenciarios”, uno oficial y otro paralelo compuesto por centros de detención preventiva, y advierte sobre la falta de información oficial actualizada sobre la población reclusa.

Según datos citados en el informe, para julio de 2025 había 22.019 personas privadas de libertad para una capacidad de 15.096 plazas, lo que representa un hacinamiento de 45,85%, con centros que registran entre “110% y 255% de hacinamiento”.

Este nivel de sobrepoblación no solo refleja una crisis estructural, sino que agrava las condiciones de vida dentro de los recintos, incrementando el riesgo de violencia, enfermedades y muertes bajo custodia.

Asimismo, la CIDH señala que las personas detenidas enfrentan “una infraestructura deplorable, condiciones insalubres, celdas sin ventilación adecuada ni acceso constante a la luz natural, alimentación deficiente en calidad y cantidad, limitado acceso al agua y falta de provisión de insumos básicos”, lo que las obliga a depender de sus familiares para cubrir necesidades esenciales.

El informe también advierte sobre la “complicidad o negligencia de funcionarios penitenciarios”, que permite el ingreso de “armas, drogas y otros objetos prohibidos”, lo que coloca “en riesgo la vida e integridad de la población”.

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En relación con las consecuencias de estas condiciones, la CIDH documenta que “del 26 de julio de 2011 al 26 de julio de 2025, han resultado 3.528 personas fallecidas y 5.094 heridas por falta de atención médica y como resultado de hechos de violencia”.

Solo en 2024, “al menos 149 fallecimientos ocurrieron (…) la mayoría por problemas de salud producto de la falta de asistencia médica y las condiciones insalubres”.

Además, la Comisión alerta de que los calabozos policiales “carecerían de condiciones mínimas de habitabilidad”, y que en estos espacios se han registrado muertes “principalmente por razones de salud y falta de atención oportuna”, pese a haber sido diseñados para detenciones de corta duración.

Para este análisis, la CIDH tomó en cuenta información documentada por el Observatorio de Prisiones  y otras organizaciones de la sociedad civil, lo que confirma la relevancia de las denuncias sostenidas sobre el deterioro del sistema penitenciario venezolano.

Los hechos recientes confirman este diagnóstico. La muerte de cinco personas privadas de libertad en Yare III, junto a los fallecimientos de Deivi Enrique García en el Rodeo IV, Ovidio José Madriz Mendoza en el Rodeo III, Elvis Alfredo Espinoza García en Tocorón y Rosqui Norberto Escalona en Uribana, reflejan cómo la violencia, la falta de atención médica y las condiciones de reclusión siguen cobrando vidas bajo custodia del Estado.

Con información de CIDH y OVP

Nicolás Maduro afirmó este jueves que ya van más de 1.200 guarimberos capturados, los cuales pagarán por sus delitos y, en consecuencia, anunció que reabrirán las cárceles de Tocorón y Tocuyito para meter a todos esos «guarimberos».

Prometió mano dura para quien continúe protestando en las manifestaciones que se originaron por el anuncio de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Dijo que referidas cárceles serán de máxima seguridad, donde los meterán para reinsertarlos a la sociedad, donde irán a trabajar construyendo carreteras, como en el pasado.

No obstante, por otro lado María Corina Machado llamó a movilización nacional este sábado 3 de agosto y pide auxilio a la comunidad internacional.

“Nos encontramos todos en familia con nuestros hijos, nietos, abuelos. En todas las ciudades de Venezuela, y a las 10:00 de la mañana en Caracas, en la avenida principal de Las Mercedes”, anunció.

«Los guarimberos, estos criminales, tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a mil más», aseveró por su parte Maduro.

«Esta vez no va haber perdón, estoy preparando dos cárceles que debo tener listas en 15 días», aseguró.

A esto, familiares de los detenidos denuncian que la protesta en Venezuela es prácticamente un derecho inexistente, y por el que pudieran generarse más detenciones en las próximas horas tras la orden de Maduro de un mayor patrullaje militar y policial en todo el país-

Mientras, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso de amparo solicitado por Maduro y cita a todos los candidatos para este viernes, para iniciar las investigaciones y «dirimir» el conflicto por los resultados electorales-

En forma simultánea, presidentes de varios países consideran crucial establecer un proceso de verificación de resultados de los comicios en Venezuela y exhortan a iniciar transición democrática.

Las exigencias de atención a la salud y una mejor alimentación por parte de los presos de Venezuela continúan, a pesar de haber cesado la huelga de hambre que comenzó el pasado 9 de junio en al menos 51 centros carcelarios del país, en protesta por mejores condiciones, principalmente, contra el retraso procesal, informó la ONG Una Ventana a la Libertad.

«Ya no hay huelga en ningún lado y se han activado los equipos para revisar la situación jurídica de los reclusos. En algunos casos se han dado libertades, pero también hay un poco de desconfianza por parte de muchos presos y sus familiares porque en otras oportunidades les han hecho ofrecimientos similares y no han cumplido», dijo a EFE Ventana a la Libertad.

La organización alertó sobre el descontento en tres cárceles del estado Zulia, donde no se ha logrado la atención médica ni la mejora en la calidad de la comida y el agua, pese a que el Ministerio de Servicio Penitenciario comenzó a atender los reclamos, según informó a EFE el pasado viernes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

El Ministerio Penitenciario solo informó que se ha acercado a distintas cárceles del país para empezar con los procedimientos en tribunales, así como medidas de libertad, y que continúa la atención de denuncias de familiares de presos.

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El pasado sábado, el OVP exhortó al Gobierno a mejorar las condiciones de vida de los reclusos, «garantizando acceso a servicios de salud, alimentación adecuada y condiciones sanitarias, lo cual garantiza la vida e integridad de la población reclusa».

Asimismo, pidió crear las políticas y mecanismos necesarios para dar cumplimiento a «las garantías y protecciones judiciales»» que, a su juicio, es un problema multifactorial y uno de los más preocupantes en los actuales momentos.

Desde el inicio de la protesta, el Ejecutivo no ha facilitado un balance sobre la situación dentro de las cárceles y ni siquiera ha empleado la palabra «huelga».

Dentro de los «pañitos calientes», el Servicio Penitenciario lo que hizo fue habilitar un correo electrónico para recibir las denuncias de los reclusos y familiares.

Con información de EFE

Tras cuatro días de huelga de hambre, el ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, difundió un correo electrónico en aras de tener una gestión puertas abiertas para recibir denuncias relacionadas al sector.

García Zerpa indicó a través de su cuenta en X que las personas puede escribir al siguiente correo: denunciafamilia@mppsp.gob.ve 

Allí, tanto familiares como y privados de libertad puedan enviar sus requerimientos e inquietudes.

Además, resalta que se permite a los interesados visitar las oficinas del Ministerio para Servicios Penitenciarios ubicadas en el Edificio Platinum, ubicado en la avenida Venezuela de la urbanización El Rosal, en Chacao, Caracas.

Comunicado Oficial ? @mppsp_vzla pic.twitter.com/1I9N7CSdh9

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La huelga de hambre pacífica que viene desarrollando desde el 10 de junio tiene por objeto para exigir respeto a a la garantías judiciales, principalmente en protesta por el retardo procesal.

Según reportes, son más de 16 las cárceles venezolanas se han sumado a la huelga de hambre.

“70% de retardo procesal, es decir, que de cada 100 presos que hay en Venezuela, 70 no tienen una sentencia condenatoria definitivamente firme”, expresó Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad.

Las estimaciones no oficiales sostienen que al menos el 40% de los reclusos en cárceles comunes se han unido a esta protesta, una población penitenciaria de más de 30.000 personas.

Un recluso de 64 años, identificado como Mario Antonio Boza, falleció este martes en la Comunidad Penitenciaria Fénix de Lara, ubicada al norte de Barquisimeto.

El reo, oriundo de Caracas, presentaba un cuadro de hipertensión e insuficiencia cardíaca, informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).  

«Se encontraba a 365km de sus familiares, quienes no lo podían visitar por el alto costo que implican los traslados», señaló la ONG a través de redes sociales.

Destacan que gracias a la ayuda económica por parte de allegados «pudo sobrevivir desde el día de su detención».

En horas de la mañana de este martes falleció un recluso identificado como Mario Antonio Boza, de 64 años, en la Comunidad Penitenciaria Fénix en #Lara. El hombre, quien presentaba un cuadro de salud delicado por hipertensión e insuficiencia cardiaca, era oriundo de Caracas y… pic.twitter.com/HHBmp6pFb2

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El observatorio señala que durante la última visita al penal realizada por la exministra de Prisiones Celsa Bautista, fue notificada el caso «pero la medida humanitaria nunca llegó». 

La  muerte del privado de libertad se registra en medio de una huelga de hambre que ha sido reportada en 19 centros de reclusión a nivel nacional. 

Por otra parte, la OVP reporta que una mujer de la tercera edad que se encuentra privada de libertad en el INOF, la única cárcel de mujeres del país, presentó síntomas de diarrea con sangre tras 55 horas de huelga de hambre en dicho recinto penitenciario.

Una mujer de la tercera edad que se encuentra privada de libertad en el INOF, la única cárcel de mujeres en #Venezuela, presentó síntomas como diarrea con sangre tras 55 horas de huelga de hambre en este recinto penitenciario. Mientras tanto, la población penitenciaria continúa… pic.twitter.com/J6W09ZySZK

Mientras, la población penitenciaria continúa esperando respuestas, ahora del nuevo ministro, y aseguran que no desistirán en la lucha por sus derechos.

De acuerdo a registros, 16 cárceles venezolanas se han sumado a la huelga de hambre que el domingo inició la población penitenciaria contra la desidia dentro de los recintos y el retardo procesal, que según diversas ONG supera el 70% de los casos, proporcionalmente similar al número de muertes por desnutrición o tuberculosis.

Lo más insólito es que, pasadas más 24 horas de haber comenzado la huelga de hambre en al menos un tercio de las cárceles del país, aun las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre las exigencias de los reclusos. Nuestro compañero Johan Álvarez nos trae detalles.

Para saber más de esta y otras informaciones, te invitamos a ver nuestro canal de YouTube.

«70% de retardo procesal, es decir, que de cada 100 presos que hay en Venezuela, 70 no tienen una sentencia condenatoria definitivamente firme», expresa Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad.

Las estimaciones no oficiales sostienen que al menos el 40% de los reclusos en cárceles comunes se han unido a esta protesta, una población penitenciaria de más de 30.000 personas.

«En cárceles hay como 30.000 reclusos y en centros de detención preventiva adscritas a las diferentes policías del país hay como 50.000 más, la gran mayoría de los que se han sumado a la huelga hasta ahora son de las cárceles», puntualizó Nieto Palma.

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Desde las ONG afirman que la recién intervención gubernamental en las prisiones venezolanas ha disminuido significativamente el porte de armas por parte de los reclusos, lo que ha generado que la mayor causa de muerte dentro de los penales sea por desnutrición o por infección respiratoria.

«Las muertes en Venezuela hoy en día, que antes estábamos acostumbrados a que fallecían por enfrentamientos entre ellos mismos. Eso ha cambiado, ahora los reclusos se mueren por desnutrición o tuberculosis», explica.

Con información de Johan Álvarez

“Familiares de privados de libertad del Centro De Reclusión para Procesados Judiciales ’26 de Julio’ en Guárico denunciaron que varios presos fueron presuntamente agredidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la huelga de hambre pacífica”.

Así lo informó informó Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en su cuenta de la red social X, que compartió fotos de los presuntos reos agredidos.

De acuerdo a la ONG, hasta primeras horas de la tarde se habían unido a la protesta más de 15 cárceles, 4 anexos femeninos y más de 10 calabozos policiales en todo el país.

¡EN PROTESTA! ?Privados de libertad del Centro Penitenciario El Dorado, #Bolívar, se sumaron a la huelga de hambre para exigir medidas humanitarias, traslados a penales de origen y el fin del retardo procesal.?: @Jhoalys pic.twitter.com/xJDUcalhBf

Privados de libertad en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara, en el oeste de Caracas, anunciaron que también se unían a la huelga de hambre pacífica, que desde este 10 de junio protagonizan los reclusos para exigir respeto a sus garantías judiciales, principalmente en protesta por el retardo procesal.

Privados de libertad en la PNB de La Yaguara en #Caracas anunciaron que también se unen a la huelga de hambre pacífica, que desde ayer protagonizan más de 15 cárceles, 4 anexos femeninos y más de 10 calabozos policiales en todo el territorio nacional para exigir respeto a sus… pic.twitter.com/IZIV3xAEqb

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Esta huelga nacional se inició en Centro Penitenciario de Coro, en Falcón, y en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en el estado Miranda, prometió extenderse por todo el país.

“Ya basta de mentiras y engaños” ?️Mujeres privadas de libertad en el INOF, emiten comunicado a 30 horas de iniciar una huelga de hambre pacífica. Aseguran que no cederán hasta recibir respuestas. ? @oveprisionespic.twitter.com/TCvsFe88kJ

“Los privados de libertad en Venezuela, víctimas del retardo procesal y la desidia penitenciaria, se sienten engañados por los planes de abordaje impulsados por el Ministerio que no les han aportado ninguna solución a su situación jurídica”, había comentado antes sobre la génesis del conflicto.

Usuarios de las redes sociales también compartieron en sus cuentas episodios de la protesta desarrollada.

#9Jun Privados de libertad del Internado Judicial Rodeo 3, en #Guatire, Edo #Miranda, se unieron a la huelga de hambre iniciada este domingo en diferentes cárceles del país La #protesta es contra el retardo procesal y para exigir celeridad en los procesos judiciales pic.twitter.com/MxJsm5QdDG

ALERTA CON LAS PRESAS POLÍTICAS DETENIDAS EN EL INOF#9Jun En el #INOF Las mujeres allí detenidas cantaron el himno nacional y anunciaron q se unirán a la huelga de hambre pacífica.En ?? el Retardo Procesal y demás violaciones a los DDHH son allí norma impuesta por la Tiranía pic.twitter.com/B62ICh0Smq

El ministro del Interior y Justicia, Remigio Ceballos Ichaso, indicó que los organismos de inteligencia de Venezuela han descubierto un nuevo plan desestabilizador, el cual estaría enfocado en crear caos en las cárceles venezolanas.

Durante el acto de rechazo a las medidas económicas dictadas por Estados Unidos en contra de la administración de Nicolás Maduro, en la sede de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) en Caracas, el representante del Gobierno indicó que han realizado una serie de investigaciones y ya se encuentran tras la pista de los posibles responsables.

«Hemos develado un plan que intenta alterar la estabilidad de los centros penitenciarios, tenemos investigaciones avanzadas, vamos tras ellos. No permitiremos el desorden en los centros penitenciarios y pedimos al TSJ la judicialización de los que pretenden alterar la paz».

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A pesar de hablar sobre posibles personalidades allegadas a la extrema derecha, el ministro de Maduro no ofreció mayores detalles sobre los posibles involucrados, ni la forma en cómo buscan alterar el orden público a través de las cárceles venezolanas.

«Ese ataque tiene un objetivo que es la fragmentación del Estado venezolano con todas las amenazas y apoyados por los apellidos y políticos de extrema derecha que a lo largo del tiempo han tratado de alterar la paz de la Patria«, dijo Ceballos Ichaso.

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró este miércoles que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agemda durante su visita de dos semanas al país.

«Respecto a los centros de detención, el Gobierno no me permitió que fuera y, sencillamente, las autoridades estaban cambiando mi agenda de forma constante y muchas veces no sabíamos a dónde ir», dijo el relator en una conferencia de prensa, ofrecida luego de varios días de reuniones con representantes del Ejecutivo, organizaciones no gubernamentales y otras agrupaciones civiles, reseñó EFE.

Pese a esta negativa describió la situación de los privados de libertad sin explicar las fuentes de información utilizadas o si ofrecerá nuevos detalles al respecto en la presentación de sus conclusiones el próximo marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Fakhri dijo estar «seriamente» preocupado por la seguridad alimentaria de los presos, especialmente por el estado en el que se encuentran los detenidos en los centros de custodia preventiva que albergan casi el doble de internos de su capacidad, según un informe presentado la semana pasada por la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL). 

Son centros «temporales que no incluyen instalaciones para alimentarlos (…) las autoridades no proporcionan a los detenidos ninguna comida, agua, baño o atención sanitaria», subrayó Fakhri, quien instó a agilizar los juicios de estas personas así como sus traslados hacia las cárceles, donde «la situación es algo mejor».

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Explicó que, debido a los retrasos judiciales, estos centros se han convertido en lugares de detención asignados, por lo que algunas personas cumplen penas de varios años en estos calabozos que son «inhumanos, degradantes y pueden constituir torturas».

Consultado por las razones que le impidieron visitar estos calabozos -en los que murieron 17 reos en 2023 por problemas de salud, según UVL-, instó a preguntar al Gobierno sobre sus motivos para mantener esta negativa.

Finalmente, manifestó que sorteó «problemas logísticos» para atender algunas reuniones y expresó sus «frustraciones» al Gobierno en vista de que los funcionarios priorizaron haciéndolo perder horas en almuerzos oficiales y en actos para ser fotografiado.

Con información de EFE

Temor, tristeza, incertidumbre, agonía y desespero, son algunas de las emociones que han experimentado los familiares de reclusos venezolanos luego de que comenzaron los operativos para desmantelar las actividades delictivas que ocurrían en la mayoría de estos centros penitenciarios.

La liberación de cárceles como Tocorón, Tocuyito, y hasta en centro de detención preventiva, como ha ocurrido en estos últimos días, ha causado una desesperación inminente a los familifamiliares,ares qué desconocen cuál será el futuro de sus privados de libertad.

Recientemente, los familiares de presos que se encontraban en el centro de detención preventiva en el estado Monagas, expresaron su sentir, luego de que autoridades intervinieran este espacio.

“No sabemos para dónde los van a llevar. Tampoco sabemos la cantidad de presos que serán sacados, lo único que sí es cierto es que sólo serán llevados aquellos que cumplen condena”, reveló la madre de un recluso a la Organización No Gubernamental (ONG), Una Ventana a la Libertad (UVL).

La mujer que prefirió no revelar su identidad por razones de seguridad cree que los trasladarán al Centro Nelson Mandela, un anexo del Centro Penitenciario de Oriente, también conocido como cárcel de La Pica.

“No hay notificaciones de que serán llevados a otros penales. Ninguno de los presos tiene esa información y si los sacan del estado sería violar lo que dijo el presidente (Nicolás Maduro) sobre que los presos deben cumplir la condena donde el juez ordena”, agregó.

Como bien han sabido, desde hace varios años, muchos reclusos han cumplido parte de su condena en centro de detención preventiva, y esto ha ocasionado un gran hacinamiento en muchos de ellos, por eso, esta medida también la han visto como una “medida de descongestionamiento”.

“Muchos duermen de pie, porque están apretados en las celdas. Hay un espacio que mide cuatro metros de largo por cuatro metros de ancho en el que viven 100 presos”, dijo la madre del privado de libertad”, dijo el papá de uno de los reclusos.

El hombre está de acuerdo con que se descongestionen los espacios, pues significaría mejoras para la población reclusa. Sin embargo, cree que las mejoras deben ser completas y abarcar el reacondicionamiento de los calabozos para que acabe el hacinamiento y el contagio de enfermedades.

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A finales de la semana también se dio otro operativo de revisión en centro de detención preventiva en Apure.

El operativo comenzó con una inspección general y requisa a los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicados en la comandancia de este organismo en el municipio Biruaca, reveló UVL.

Sin embargo, esto también llenó de angustia a los familiares de 22 reclusos, quienes tuvieron suspensión de régimen de visitas este fin de semana como “forma de castigo” por incumplimiento de las normativas.

Estos presos no recibieron la visita de sus familiares porque se encuentran castigados luego de la requisa realizada por los organismos de seguridad el viernes.

El centro reclusorio advirtió que todos se encuentran en perfecto estado de salud y que la suspensión de la visita se debía a la posesión de teléfonos celulares, así como de objetos prohibidos como armas, entre otros en manos de los detenidos en las celdas del retén de la PNB.

El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó que al menos 168 armas de distinto tipo fueron encontradas por funcionarios policiales y militares este miércoles durante el operativo llevado a cabo en el Internado Judicial de Trujillo.

En el parte, Ceballos detalló que se encontraron 50 armas cortas, 6 armas largas, 100 armas blancas, 3 subametralladoras y 9 granadas de mano, además de 107 cargadores de distinto calibre, 2.000 cartuchos y 28 teléfonos celulares.

 El alto funcionario también indicó que los 503 presos que se encontraban en esta cárcel estaban siendo trasladados a distintos centros penitenciarios de otras zonas del país, como ocurrió en los casos anteriores, sin precisar a dónde serían llevados.

#8NOV || Vpdte. Sectorial A/J @CeballosIchaso1 ofreció un balance del material incautado en el Internado Judicial de Trujillo, a través de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, manteniendo un total control.#UnidadNacionalPorElEsequibo pic.twitter.com/kfUMLoK0ZS

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Para finalizar el ministro de  Interior y Justicia reveló que aún falta una cárcel por «liberar» en el marco de la «gran operación de combate contra el delito».

«Este es el sexto centro penitenciario que hemos liberado de los siete que requerían intervención directa. Hoy podemos decir que tenemos 80 centros penitenciarios en Venezuela y están bajo control, como nunca antes en la historia de nuestro país», acotó.

#LoDijo || Vpdte. Sectorial A/J @CeballosIchaso1: “Este es el sexto centro penitenciario que hemos liberado (…) hoy podemos decir que tenemos 80 centros penitenciarios en Venezuela bajo control del @Mppsp_vzla”. #UnidadNacionalPorElEsequibo pic.twitter.com/0QFZbfKyhR

Hasta la fecha ha sido intervenidos los internados judiciales de Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, La Pica, Vista Hermosa y Trujillo.

Por último, Ceballos anunció que una universidad se construirá donde existía la sexta cárcel intervenida en un mes y medio.

«El Internado Judicial de Trujillo está en total control», dijo el almirante en declaraciones transmitidas por el canal gubernamental VTV.

Señaló que el presidente Nicolás Maduro aprobó la propuesta hecha por el gobernador de Trujillo «para convertir este espacio en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (…) Es un gran logro, es un gran beneficio para la paz».

«Se construirá una cárcel en otro espacio», aclaró.

El director general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, considera «necesario que el Gobierno retome la autoridad en las cárceles», que «había entregado» a pranes, quienes, a su juicio, desarrollaron sus estructuras «bajo la mirada cómplice del Estado».

Prado pone en duda el «éxito» del cual el Gobierno venezolano se ufana tras las tomas de seis cárceles a través de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, desplegado desde el mes de septiembre.

Señala que el plan gubernamental para desmantelar estructuras criminales que operan en las cárceles venezolanas ha estado marcado por irregularidades, fallas y falta de información.

Con la intervención de seis penales en menos de dos meses: Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, La Pica, Vista Hermosa y ahora el Internado Judicial de Trujillo se persigue «reimpulso del sistema penitenciario» y la recuperación del «control total» de estos centros, según el Gobierno, «que no explica cuándo se perdió ni por qué», crítica el director de la OVP.

Los balances oficiales han sido, según dijo Prado a la agencia EFE, incompletos, y durante los operativos se han registrado fallas e irregularidades relacionadas con traslados, fugas y muertes.

Además cuestionó que la operación tuviera un enfoque «militar» y «policial», en lugar de «social y penitenciario», con un despliegue de funcionarios que consideró poco creíble, como en el caso de los «más de 11.000» que, según el Gobierno, intervinieron Tocorón, una cantidad que «no cabe» en este recinto.

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Por otra parte, expresó que ha habido un total silencio sobre la «situación de personas que han muerto», que fueron, según el OVP, cinco reclusos los fallecidos durante el operativo en Tocuyito.

Contó que uno, de 27 años, falleció al no recibir atención médica por un ataque de epilepsia que sufrió en medio de la intervención, que los funcionarios iniciaron «tirando bombas lacrimógenas».

«De esto no se habla, y a nosotros nos preocupa», dijo Prado, quien aseguró que «tampoco ha habido información» suficiente sobre el traslado de los reos a otros centros, lo que genera zozobra en familiares.

Con información de EFE

Nicolás Maduro ordenó este lunes en su programa semanal «mano de hierro» contra las bandas y pranes que operan desde las cárceles venezolanas, de allí todas las intervenciones han realizado recientemente a los penales.

El mandatario nacional señaló que el objetivo final de estas intervenciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es «imponer régimen estricto» en todas las cárceles del país.

Le exigió al ministro del Interior, Remigio Ceballos, y a la ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, poner manos a la obra y aplicar todo el peso de la ley.

Calificó de exitosa la Operación Gran Cacique Guaicaipuro en el Centro Penitenciario Vista Hermosa, en el estado Bolívar. Así como lo fue también antes en Tocorón (Aragua), Tocuyito (Carabobo), Puente Ayala (Anzoátegui) y La Pica (Monagas).

«Vamos avanzando en el plan de liberación de todos los centros penitenciarios del país», aseguró.

«Se acabó Tocorón, liberado. Se acabó Tocuyito, liberado. Se acabó Puente Ayala, liberado. Y ahora se acabó en La Pica», señaló Maduro.

Manifestó que ha exigido régimen estricto de alta disciplina, donde todos los procesados y penados tiene que estar estudiando y trabajando.

Dijo que el objetivo es que los privados de libertad se rediman, por eso ordena mano de hierro contra las bandas y pranes.

«¿Para qué es el sistema penitenciario? ¿El deber ser? Para redimir al ser humano. no para que sean más malandros, más delincuentes, más criminales dentro de las cárceles», aseveró.

#EnVideo?| Jefe de Estado @NicolasMaduro calificó de exitosa la Operación Gran Cacique Guaicaipuro en el Centro Penitenciario Vista Hermosa, en el estado Bolívar."Máxima disciplina, para un sistema penitenciario liberado".#ConMaduroMásPatria pic.twitter.com/X6zMwqRcQ0

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Por otra parte, Maduro pidió un alto al fuego contra el pueblo de Palestina. «¡Paremos a tiempo el genocidio contra nuestro amado pueblo palestino!”.

#EnVideo?| Jefe de Estado @NicolasMaduro enfatizó que se debe hacer un alto al fuego, que está ocurriendo, contra el pueblo de Palestina, "¡Paremos a tiempo el genocidio contra nuestro amado pueblo palestino!”.#ConMaduroMásPatria pic.twitter.com/PDyrfCziIp

El embajador de Palestina en Venezuela, Fadi Alzaben, invitado especial al programa Con Maduro +, agradeció al mandatario nacional por ser uno de los primeros líderes mundiales en alzar su voz para defender al pueblo de Palestina ante los ataques de Israel.

#EnVideo?| Embajador de Palestina en Venezuela, Fadi Alzaben, agradeció al Jefe de Estado @NicolasMaduro por ser uno de los primeros líderes mundiales en alzar su voz para defender al pueblo de Palestina ante los ataques de Israel.#ConMaduroMásPatria pic.twitter.com/3KBdXWFclF

Asegurar que en Venezuela se extinguieron los pranes es una verdadera falacia porque son precisamente siete de ellos, los más peligrosos y mafiosos, quienes mantienen el poder tras los barrotes en varios centros penitenciarios del país.

Así lo asegura la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en un comunicado de prensa.

Con la “causa” (impuesto extorsivo que le cobran a la población penitenciaria), estos siete pranes recaudan más de 50.000 dólares al mes. Todo esto sin contar las ganancias que les generan las extorsiones y otros actos ilícitos que ordenan desde la cárcel, pero son perpetrados por delincuentes en las afueras de los penales que acechan a la población civil.

Estos pranes o máximos líderes negativos son: Álvaro Montilla, alias «El Loro», pran del Internado Judicial de Trujillo; Yunior Yagüez, alias «Pata e’ Queso», líder del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocida como Puente Ayala; Pedro Manuel González Mata, alias «Pedro Rapidito», líder del Internado Judicial de Monagas, conocido como La Pica; Fredy Barboza Ilarraza, pran del Internado Judicial de San Felipe conocido como La Cuarta; mientras que en el Internado Judicial Vista Hermosa, en el estado Bolívar, conviven tres: Wilkins Rafael Romero Maluenga, alías “Wilkins”; Giovannny Alejandro Navas Ochoa, alias “Pan”; y Edison González, alias “Chichi”.

Con aires de “todopoderoso”, son estos los siete delincuentes que azotan a la población penal, haciendo uso de armas de guerra, rifles y armas AK47, y que, por si fuera poco, viven de lujos y fiestas desde hace 15 años cuando inició el pranato y 12 años desde la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Existe un pranato mixto, pues los reos venezolanos no solo sufren bajo el poderío de los pranes sino que ahora también deben lidiar con funcionarios corruptos que cobran en dólares para permitir el ingreso de alimentos, teléfonos y sustancias ilícitas, denuncian desde el Observatorio Venezolano de Prisiones.

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“La operación fue exitosa”, fueron las declaraciones de voceros de la Administración Maduro después de la toma del Internado Judicial de Tocuyito, ubicado en el estado Carabobo.

Sin embargo, tras la ocupación de este penal, desde el OVP recopilaron los testimonios de familiares que entre lágrimas y mucha preocupación claman por un listado en el que puedan conocer con detalle a qué cárceles fueron trasladados sus seres queridos.

En medio de tanta opacidad de la información, también se conoció que durante la toma de Tocuyito fallecieron cinco reclusos. ¿Quiénes son estas personas privadas de libertad que fallecieron? ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿Avisaron a sus familiares? Son muchas las dudas que merecen una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) realizó el foro “Falacia detrás de la reforma del Código Orgánico Penitenciario”; el cual tuvo como ponentes a tres referentes en el tema carcelario; así como derechos humanos de los privados de libertad.

El foro tuvo como fin aclarar dudas acerca de las reformas que ha sufrido el Código Orgánico Penitenciario (COPE); el cual trae consecuencias de degradación; y retrocesos en los derechos humanos del que está tras las rejas en Venezuela.

Carolina Giron hizo énfasis en el hecho de que la reforma “fue un maquillaje”, tomando como base el trabajo del OVP; donde se muestra en cada uno de sus informes que la población penitenciaria sigue padeciendo; en el que las muertes por desnutrición no han dejado de aumentar. Recalcó además que no se tienen protocolos para enfermedades típicas del hacinamiento; “siendo el Estado el que tiene el monopolio del tratamiento de la enfermedad (tuberculosis)”, señaló.

“No hay nadie que lleve estas estadísticas ni existe personal de salud; son los reclusos los que se ocupan de ellos mismos. Si no tenemos lo esencial, el agua y la comida, qué podemos esperar de otros servicios”, finalizó.

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Por su parte, el abogado Argenis Riera se enfocó en el impacto que tuvo la reforma del COPE; que según su criterio, la manera en la que se ejecutó, anunciando cosas para el futuro y no para el presente; hace que su aplicación pueda ser utópica, planteando como solución y darle sentido al código, tener como base las Reglas Mandela.

Asimismo, determinó que para un país que quiere reconstruir el sistema criminal, se debe plantear el problema en tres órdenes; uno como estructura jurídica; otro como estructura democrática; y por último como social, pero considera que en Venezuela el problema radica en que todos estos dispositivos “adolecen de fuerza normativa de la Constitución”; por ende todo lo expuesto en el artículo 272 del COPE será letra muerta

Para Humberto Prado es importante la descentralización del sistema penitenciario, como lo establecen las leyes. “Imaginen un momento en el que pudiéramos tener un instituto autónomo, como dice el artículo 272; y que fuera nada más para el fortalecimiento de las políticas carcelarias. Sería perfecto, pero desde 1930 hasta hoy lo que tenemos es un régimen que degrada y mata a los presos”.

Para ejemplificar, Prado hizo referencia a la situación de alimentación de los presos; donde es el familiar el que tiene que llevarle comida al preso. “¿Dónde dice eso en el código?”, cuestionó.

En otro orden de ideas, el doctor Fernando Fernández denominó a los cambios del código como “la reforma fachada”.

“Las reformas del código orgánico son una fachada, con una narrativa acorde con los derechos humanos, pero en total regresión en la práctica, son poesía al leerlo; pero, por otra parte, se mantienen los crímenes”. Fernández parte de la base de que a la hora de la ejecución del código se crean otras leyes que tiran por tierra su factibilidad de cumplimiento, aseveró que simplemente no las aplican.

“Las leyes se hacen para ser cumplidas, no para no ser ejecutadas”, puntualizó.

Como información importante planteada en el foro, vale la pena recalcar que tuvo que pasar un poco más de dos años para que el COPE fuera publicado en la gaceta; siendo el 28 de diciembre del 2015 el día de su promulgación y en el 2017 la fecha de su publicación. Antes de esa fecha; no hubo anuncios oficiales haciendo referencia a ello; no se conoció razón para justificar la inacción del poder ejecutivo frente al mandato constitucional.

“El Ejecutivo está violentando el artículo 214, debió promulgarse a diez días de su aprobación, pero no se dirige a la Asamblea Nacional, no se pidió su nulidad a la Sala Constitucional, solo no considero necesario su aplicación”, fue uno de los comentarios destacados entre los panelistas.

Hasta la fecha la aplicación de esta reforma “sigue siendo un juego para el Estado” que no termina de hacer frente al problema carcelario de la nación; donde no se generan mecanismos que permitan hacer valer las leyes y herramientas perfectamente creadas para ser referentes en este tema en la región. Mientras eso no pase, tanto presos como familiares; seguirán siendo víctimas de un Estado negligente ante los problemas que está en sus manos resolver.

Este miércoles, el Observatorio Venezolano de Prisiones publicó el índice de muertes por motivos de salud en las cárceles de Venezuela.

Detalló que el 63,01 % de las muertes en las cárceles de Venezuela durante 2020 estuvieron relacionadas con condiciones de salud.

Se registraron 184 decesos por diversas enfermedades, de un total de 292 fallecidos en centros penales.

«Las muertes por condiciones de salud representaron el 63,01 % de los decesos, con un total de 184 fallecidos por motivos de salud», estipuló el informe.

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Según explicó, esta cifra es un «aumento desproporcionado» en comparación con el año anterior.

“Solo entre 2019 y 2020 el número de fallecidos por salud se incrementó un 178,79 %», alertó.

El OVP precisó que el 85 % de las muertes fueron causadas por tuberculosis y desnutrición.

El resto estuvo asociado a hepatitis, obstrucciones intestinales, diabetes, crisis convulsivas sin tratamiento y otros.

«Es de resaltar que en todos los casos que fueron documentados por OVP en el año 2020, las personas recluidas carecían de atención médica en los penales, más de un 95 % de los fallecidos estaban desnutridos y un número significante de fallecidos presentó cuadros de desnutrición severa aun cuando sus causas de muertes fueron otras», apuntó.

Además, la organización señaló que los detenidos también presentaron pérdidas de peso de entre 40 y 50 kilos.

De la misma forma, se constató que fueron pocos los presos que fueron trasladados a un centro de atención médica.

“Alegando que no había una orden de un tribunal o transporte para tal fin”, añadió.

Asimismo, indicó que las 108 muertes restantes ocurrieron por «episodios de violencia».

«Tal fue el caso del Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), ubicado en Guanare, estado Portuguesa, donde fallecieron 49 presos y 75 resultaron heridos durante un motín por el ingreso de alimentos», citó el OVP a modo de ejemplo.

Venezuela tiene una población carcelaria de 40.000 reos, según datos oficiales.

Varias ONG estiman que en los centros de detención preventiva hay entre 40.000 y 65.000 más, por lo que denuncian un problema de hacinamiento.

A finales de mayo, Nicolás Maduro ordenó la creación de una comisión para resolver la situación en los centros de detención preventiva en un período de 60 días.

La ONG Justicia Venezolana refirió que el reciente informe de la Misión de la ONU, constata la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de la administración de Nicolás Maduro. El documento evidencia ante el mundo lo que sufren presos políticos militares en Venezuela. 

Al respecto, Yonathan Mustiola, abogado y director de esta organización, dijo que trascendental que se deje asentando en este informe las torturas, malos tratos, golpizas, asfixia con sustancias tóxicas y agua. Así como posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras, violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones.

El jurista se refirió además a las descargas eléctricas, uso de drogas para inducir a la confesión y tortura psicológica de la que han sido víctimas oficiales institucionales por razones netamente políticas. 

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Asimismo, Mustiola destacó el caso del capitán Acosta Arévalo, muerto en prisión y bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), hecho reseñado por el citado documento del órgano internacional. 

Hizo mención especial a las desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso, en juicios contra miembros del cuerpo castrense. Destacó el abogado que como garantes de la justicia militar y fieles defensores de los derechos humanos, han alzado la voz incesantemente para denunciar todas estas atrocidades. 

Mustiola, quien también fue juez penal de la República, resaltó que desde Justicia Venezolana esperan que este informe marque el inicio de un importante proceso para resarcir a todas las víctimas de los abusos y atropellos que se constatan en el mismo. 

«Nuestra organización, defensora de los derechos humanos de los presos políticos militares, está atenta y esperanzada, respecto al alcance y consecuencias de este informe que representa, sin duda alguna, un gran avance en nuestra incansable lucha porque se reestablezca el Estado de Derecho en el país y que con ello, venga el cese a la violación de los Derechos Humanos». Reiteró el jurista.

Con información de nota de prensa.

Hacinamiento, falta de higiene, escasez de servicios básicos y una agobiante crisis económica son algunas de las características que generan la mayoría de las enfermedades que padecen los presos en Venezuela.

La mayoría de los centros penitenciarios venezolanos albergan a reclusos sobrepasando tres veces su capacidad, por ejemplo, el penal de Los Llanos, ubicado en Portuguesa tiene una capacidad máxima de 750 reos, en mayo del 2020 estaban internos 2.500 presos.

El caso de Los Llanos se repite en casi todas las cárceles del país, esto tiene como consecuencia que los presos venezolanos cumplan su condena en condiciones inhumanas, por ende, las enfermedades se propagan con mayor facilidad.

En Venezuela hay al menos 50.000 privados de libertad, distribuidos en calabozos policiales y 29 cárceles. Lugares en donde se ve menguados los derechos y la atención hacia estos seres humanos que han hecho revueltas y motines para exigir que se les de comida y que sean atendidos en centros de salud.

Venezuela tiene un registro bastante elevado en muerte de reclusos desde hace varias décadas. Desde 1999 el número se eleva a 7.270 privados de libertad en las cárceles venezolanas, según cifras del Observatorio de Prisiones.

Incluso, el OVP denunció que a partir del 2007 las leyes no han actuado para impedir “pranatos”, delincuentes que se hacen los jefes de prisiones, que comenzaron a popularizarse en esa fecha dentro de la población carcelaria. Desde entonces, los presos fueron construyendo una estructura de control y la imposición de un líder dentro de las peligrosas prisiones.

En 2011, Iris Varela fue nombrada por el presidente (fallecido), Hugo Chávez, como ministra para Asuntos Penitenciarios, acusada de permitir irregularidades dentro de las cárceles en el país. De hecho ha sido relacionada en varias oportunidades con los “pranes” que lideran estos centros.

Venezuela ha sido expuesta internacionalmente por no cumplir con los estándares adecuados en las cárceles, ya que el OVP aseguró que cada penal está muy lejos de tener a un custodio por cada 10 reclusos, y mucho menos se hace responsable por la vida de los presos, pese a estar prohibida la pena de muerte.

En los registros de la ONG, hasta hace cinco años, la principal causa de muerte en los centros penitenciarios era la riña entre reclusos. Sin embargo, la situación ha cambiado con la agudización de la crisis carcelaria.

En 2019 fallecieron 191 presos, de  los cuales 104 fue a causa de tuberculosis o desnutrición, lo que equivale a que el 65% de los decesos son por tuberculosis. Los familiares de los reclusos exigen que sus allegados tengan mejores condiciones durante el cumplimiento de su condena; sin embargo denuncian que no son escuchados.

Para el tratamiento de la tuberculosis existe un sistema integral del Ministerio de Salud, que está regulado por el Estado, y a través de el «se proporcionan los tratamientos, pero se necesita que los médicos adscritos al programa de salud pública los diagnostique. Sin embargo, el programa ha registrado un 10% de los contagiados», explicó Carolina Girón, presidenta del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Hasta mayo, la OVP pudo recabar que en el penal de Los Llanos, seis presos habían fallecido por tuberculosis, pero las cifras de muertes en ese centro penitenciario cambiaron drásticamente, cuando los reclusos organizaron un motín para exigir condiciones de salubridad en el que fallecieron 47 reos.

Pese a que las autoridades del régimen de Nicolás Maduro aseguraron que el motín fue organizado para ejecutar una fuga, los familiares de los presos aclararon que no fue así, la intención de ellos era ser escuchados porque se estaban muriendo de hambre y los enfermos no estaban siendo atendidos, arriesgando la vida de los que estaban sanos.

En ese sentido, Carolina Girón destacó que es responsabilidad del Estado el control de las cárceles, darles alimentación adecuada a los presos, mantener programas de educación, cultura y trabajo para que las personas no estén las 24 horas del día en ocio.

La presidenta de OVP denunció la violación a los derechos humanos que afecta no solo a presos políticos sino a presos comunes, así como a los familiares que dejan de recibir información.

Por su parte, Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, advirtió que por primera vez “en la historia penitenciaria de Venezuela estamos viendo a presos morir por enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición”.

En marzo, Venezuela fue sometida a cuarentena radical luego de que se registraran los primeros casos por COVID-19 en el país, esto afectó principalmente a los reclusos venezolanos ya que no podían recibir visitas de sus familiares debido a la pandemia.

Esto los sumergió en fuertes problemas, ya que pese a que deben ser alimentados por el Estado, últimamente la única comida que reciben es la de sus familiares.

“Se ha intensificado mucho la desnutrición durante esta etapa de pandemia porque los familiares no pueden llevar la comida debido a que no los dejan entrar y eso agrava la situación de todos los reclusos”. 

Palma denunció que cuando los familiares pueden llevarle alimento a los reclusos, la opción que le ofrecen en el penal es dejar la comida en la entrada, pero esta nunca llega a los privados de libertad, puesto que los custodios se quedan con ella. 

La falta de alimento, de higiene, el hacinamiento y la ausencia en la asistencia médica ha desencadenado varias muertes en los centros penitenciarios del país, especialmente por tuberculosis y desnutrición.

El Penal de Cabimas, el Centro Penitenciario de Los Llanos, el penal de Tocuyito, el Centro Penitenciario 26 de julio en Guárico, son algunos de los centros penitenciarios que en los últimos meses del 2020 han registrado fallecidos por tuberculosis y hasta conatos organizados por los presos para exigir atención.

El OVP contabilizó desde el 19 de mayo hasta el 13 de julio desde el 2020, 16 muertes de reclusos por tuberculosis o desnutrición. Una cifra alarmante en los reclusorios del país.

Además, la ONG alertó que solamente en el centro penitenciario 28 de julio en Guárico al menos 28 reclusos están contagiados de tuberculosis. Esto constituye una amenaza para el resto de la población penal

Carolina Girón, directora del OVP, solicitó al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que atiendan la situación relacionada con el presunto brote de tuberculosis y organicen un operativo con médicos en ese penal para presos y custodios tomando en cuenta que la tuberculosis es una enfermedad contagiosa pero tratable.