La Corte Constitucional de Colombia tiene en riesgo a la reforma a la salud que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Es que esa nueva ley la quieren tramitar en el Congreso colombiano como una ley ordinaria y no como una estatutaria, y ese error de procedimiento del ministerio de salud haría que la alta Corte eche para atrás a esa importante reforma.

Y es que actualmente el alto tribunal constitucional colombiano cuenta con un súper poder con el que podrá suspender leyes demandadas que estén en marcha como una medida cautelar, mientras estudian si existe un riesgo inminente que afecte la Constitución.

Pues si la reforma no se tramita como estatutaria podría infringir la Constitución y entonces los magistrados podrían tumbarla.

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Expertos consultados por El Colombiano coinciden en que «La reforma actual de la salud podría hundirse por vicios de trámite en su procedimiento, en la medida en la que se está impulsando mediante ley ordinaria. Lo adecuado sería que se impulse mediante el procedimiento legislativo especial de ley estatutaria».

De caerse esa y otras reformas propuestas por Gustavo Petro, se forzaría a que el presidente colombiano las implemente por decretos, avalados con las firmas de sus ministros.

Enrique Gómez, excandidato presidencial colombiano y máximo líder del opositor Movimiento de Salvación Nacional, denunció penalmente a la ministra de Salud, Carolina Corcho, por los delitos de prevaricato por omisión y pánico económico.

Según el denunciante “la señora Corcho prevaricó al retrasar el segundo ajuste de los precios máximos del año 2021 y negándose a gestionar y pagar los recursos para realizar oportunamente el pago a las EPS y EOC de los valores a su favor, correspondientes al tercer ajuste de presupuestos máximos de 2021”.

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Además, Enrique Gómez, agregó en sus declaraciones a Blu Radio que en el ministerio de salud se negaron a pagar 1.6 billones de pesos a las EPS y que ya asumieron costos de su operación con un solo propósito: «Deteriorar intencionalmente los estados financieros de las Entidades Promotoras de Salud”.

También se afirma que las declaraciones de la ministra de Salud han “generado pánico económico”, llevando a quienes se benefician del sistema de salud a retirar los apoyos al sistema. Por eso le piden a la Fiscalía que se pronuncien sobre la reforma y toda la coyuntura que se ha generado alrededor de la misma.

La justicia colombiana dirá la última palabra, pero en caso de comprobarse la culpabilidad denunciada sería gravísimo para esa cartera tan importante en el Gobierno Petro.

Parecería una guerra de Egos, así tildan varios detractores de Gustavo Petro (activistas uribistas) y hasta en las toldas petristas (delfines como el exsenador Gustavo Bolívar) estos encontronazos entre los principales escuderos del presidente colombiano Gustavo Petro.

Ahora los choques son entre Roy Barreras, senador petrista y presidente del Congreso, con Carolina Corcho, que es la ministra de salud del Gobierno Petro.

Estos encuentros fuertes han acontecido a través de los micrófonos de emisora W Radio.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, entregó todos los detalles que tiene la reforma a la salud e incluso le respondió al presidente del Senado, Roy Barreras, quien habló con W Radio y aseguró que con el nuevo sistema que pretende el Gobierno “no habrá auditoría, no habrá pago a las EPS y cerrarán las clínicas”.

“Respeto mucho al senador, pero él está equivocado en algo, él parte en que vamos a acabar el sistema de aseguramiento, eso no es verdad, se va a mantener. Estamos en los estudios económicos porque ninguna reforma se hace de un día para otro”, afirmó Corcho.

“Ningún colombiano quedará descubierto. Queremos que aumenten los recursos para los tratamientos de alto costo. Los pacientes seguirán siendo atendidos en las clínicas y hospitales. Lo que cambia es la manera en la que se paga a la clínica.

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Es que Barreras, quien también es médico de profesión, mencionó que con la reforma a la salud el Estado “propone discutir en las calles las reformas”.

A lo que la ministra de Salud respondió que al ser un proyecto de ley, el Congreso será el primer órgano del Estado en conocer los detalles de la reforma.