La castración química consiste en la administración de medicamentos antiandrogénicos que anulan las funciones de las hormonas masculinas y, por tanto, también la conducta sexual del hombre.

No se trata, en consecuencia, de una forma de esterilización, ya que los efectos son reversibles y tampoco se producen alteraciones físicas como en la castración quirúrgica, que consiste en la eliminación de testículos u ovarios.

Este último procedimiento fue muy usado en Europa a mediados del siglo XX en condenados por agresión sexual, pero se comprobó que no era un tratamiento eficaz, pues muchos delincuentes persistían en sus agresiones sexuales, reseña el portal Muy Interesante.

En septiembre de 1996, California se convirtió en el primer estado norteamericano en aprobar la castración química como requisito obligatorio para que algunos pederastas pudieran tener acceso a la libertad condicional.

En la actualidad, también se aplica a los violadores reincidentes, que reciben dosis periódicas de progestina.

El tratamiento consigue reducir los niveles de testosterona por lo que, en teoría, también se provoca una disminución de la libido y de las convulsas fantasías sexuales que tienen este tipo de delincuentes.

Otros países como Rusia y Polonia también obligan a los delincuentes sexuales que han cometido abusos a menores a someterse a la castración química.

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Muchos países se han planteado la introducción de esta técnica para prevenir la reincidencia de las agresiones sexuales, pero su aplicación ha levantado acalorados debates éticos y médicos.

En España la castración química es voluntaria, es decir, tiene que ser el mismo preso quien la solicite. Uno de los casos más sonados fue el de Alejandro Martínez Singul, conocido como ‘el segundo violador del Eixample’.

Este agresor reincidente solicitó voluntariamente someterse a un tratamiento farmacológico de inhibición del deseo sexual tras cumplir su última condena y quedar en libertad en el año 2013.

Algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos se han posicionado en contra de la castración química por considerarla un método cruel y degradante.

Este fue el caso de Amnistía Internacional, que en 2016 y con motivo de la aprobación de esta práctica en Indonesia emitió un comunicado en el que Papan Ayatolá, un investigador de la organización, afirmaba que “la castración química forzada es un incumplimiento de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establecida en el derecho internacional”.

Hay que tener en cuenta también que la castración química no es una solución a largo plazo para agresores reincidentes, ya que no enseña una conducta sino que reprime los impulsos, y una vez se deja de suministrar el fármaco, estos vuelven a aflorar. Se trata de un tratamiento, incide los expertos, que debería ir siempre acompañado de una adecuada terapia psicológica.

Menos conocida es la aplicación de la castración química como tratamiento de tumores de próstata en fases avanzadas para contribuir a frenar la enfermedad, y también como terapia complementaria temporal en tumores curables que también están siendo tratados con radioterapia.

La terapia hormonal se basa en que los andrógenos (hormonas masculinas) también estimulan el crecimiento de células cancerosas de la próstata. Por este motivo, al suprimir su actividad, si bien no se consigue curar el cáncer, al menos se puede conseguir reducir el tamaño del tumor o ralentizar su ritmo de crecimiento.

La ola de abusos contra menores perpetrados en las últimas semanas en Venezuela, ha desatado conmoción e indignación en la opinión pública al punto de revivir el debate sobre la pena de muerte y otros castigos por la crueldad de los delitos cometidos.

Este domingo ocurrió un hallazgo macabro, vecinos del río Escalante dieron aviso a las autoridades de un cadáver en avanzado estado de descomposición, que resultó ser el de la niña Luzmary Hurtado.  Extraoficialmente se conoció que el cuerpo presentaba signos de violencia sexual y estrangulamiento.

Otros casos que conmocionaron la opinión pública fue el de un hombre de la tercera edad que abusó de sus 7 nietas de entre 3 y 16 años.

También el atroz crimen de Franyelis Veliz Rodríguez de 5 años, cuyo cadáver fue hallado con múltiples heridas y lesiones en las zonas íntimas.

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Las reacciones no se han hecho esperar, y pese a que la Fiscalía ha actuado con celeridad y ha imputado pena máxima para los depredadores sexuales, sectores de oposición plantean elevar otras propuestas a la Asamblea Nacional

Tal es el caso del Movimiento Ecológico de Venezuela (MOVEV), partido que estudia presentar ante el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional (AN), una propuesta de castración química para quienes cometan un delito de violación, según reseña VOA.

Consultado sobre el tema Alejandro Aguilera, diputado por el MOVEV, considera se trata de una “opción viable” y que hay que evaluar si es posible aplícalo en Venezuela.

Aguilera subraya que no debe interpretarse como una “doble pena”, prohibida en la legislación venezolana, y menos aún como una “pena cruel, inhumana y degradante”, o una venganza.

Por su parte, Magdymar León, psicóloga clínica y coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), asegura que el planteamiento de castración química parte del desconocimiento del manejo del tema del abuso sexual.

Explicó a VOA que “es absurda (…) la violación sexual en Venezuela puede ser realizada con el pene, pero también con el dedo y con objetos, y no es verdad que todos los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son cometidos con penetración por parte del pene”.

Para León los casos de abusadores deben ser tratados en varios niveles. “Si hablamos del tratamiento al abusador, debería ser multidireccional, interdisciplinario y evaluar cada caso en específico, qué necesita y qué se debe dar”.

Al tiempo que agregó que “Las condiciones del país para estos tratamientos no están dadas a menos que esta persona busque ayuda médica y pueda él mismo tener atención”.

Mientras que el secretario Político de Vente Venezuela en Carabobo, Ramón Bravo, hizo un llamado a los diputados a evaluar la aplicación de la pena de muerte o la cadena perpetua para los abusadores.

“Es nuestra responsabilidad como sociedad civil abrir este debate y ponerle un parao a ese tipo de crímenes que vienen creciendo día a día”, dijo según cita Noticias 24.

Emplazó a los diputados a la Asamblea Nacional y a los legisladores regionales que inicien un debate profundo para la aplicación de pena de muerte o cadena perpetua en contra de los violadores sexuales y asesinos de menores de edad.

La castración química consiste en la administración de medicamentos antiandrogénicos que anulan las funciones de las hormonas masculinas y, por tanto, también la conducta sexual del hombre.

No se trata, por tanto, de una forma de esterilización, ya que los efectos son reversibles y tampoco se producen alteraciones físicas como en la castración quirúrgica, que consiste en la eliminación de testículos u ovarios.

Este último procedimiento fue muy usado en Europa a mediados del siglo XX en condenados por agresión sexual, pero se comprobó que no era un tratamiento eficaz, pues muchos delincuentes persistían en sus agresiones sexuales, reseña el portal Muy Interesante.

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En septiembre de 1996, California se convirtió en el primer estado norteamericano en aprobar la castración química como requisito obligatorio para que algunos pederastas pudieran tener acceso a la libertad condicional.

En la actualidad, también se aplica a los violadores reincidentes, que reciben dosis periódicas de progestina.

El tratamiento consigue reducir los niveles de testosterona por lo que, en teoría, también se provoca una disminución de la libido y de las convulsas fantasías sexuales que tienen este tipo de delincuentes.

Otros países como Rusia y Polonia también obligan a los delincuentes sexuales que han cometido abusos a menores a someterse a la castración química.

Muchos países se han planteado la introducción de esta técnica para prevenir la reincidencia de las agresiones sexuales, pero su aplicación ha levantado acalorados debates éticos y médicos.

En España la castración química es voluntaria, es decir, tiene que ser el mismo preso quien la solicite.

Uno de los casos más sonados fue el de Alejandro Martínez Singul, conocido como ‘el segundo violador del Eixample’.

Este agresor reincidente solicitó voluntariamente someterse a un tratamiento farmacológico de inhibición del deseo sexual tras cumplir su última condena y quedar en libertad en el año 2013.

Algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos se han posicionado en contra de la castración química por considerarla un método cruel y degradante.

Este fue el caso de Amnistía Internacional, que en 2016 y con motivo de la aprobación de esta práctica en Indonesia emitió un comunicado en el que Papan Ayatolá, un investigador de la organización, afirmaba que “la castración química forzada es un incumplimiento de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establecida en el derecho internacional”.

Hay que tener en cuenta también que la castración química no es una solución a largo plazo para agresores reincidentes.

Esto porque, no enseña una conducta, sino que reprime los impulsos, y una vez se deja de suministrar el fármaco, estos vuelven a aflorar. Se trata de un tratamiento, incide los expertos, que debería ir siempre acompañado de una adecuada terapia psicológica.

Menos conocida es la aplicación de la castración química como tratamiento de tumores de próstata en fases avanzadas para contribuir a frenar la enfermedad, y también como terapia complementaria temporal en tumores curables que también están siendo tratados con radioterapia.

La terapia hormonal se basa en que los andrógenos (hormonas masculinas) también estimulan el crecimiento de células cancerosas de la próstata. Por este motivo, al suprimir su actividad, si bien no se consigue curar el cáncer, al menos se puede conseguir reducir el tamaño del tumor o ralentizar su ritmo de crecimiento.

La castración química a partir de este miércoles será un hecho en Pakistán.

El Gobierno tramita una ley que, a pesar de no estar sancionada, ya empezó a regir en ese país. El texto definitivo debe ser ratificado por el Parlamento.

Un país que registra cada día once violaciones, según los datos oficiales. Pero las autoridades reconocen que las verdaderas cifras son mucho más elevadas.

Dentro de la nueva ley se contempla la castración química de los violadores y la creación de un registro nacional de delincuentes sexuales.

La ley, promulgada por el presidente Arif Alvi, también prevé acelerar los juicios de casos de violación y otros abusos sexuales contra mujeres o niños.

Tribunales especiales juzgarán los casos de violación y abusos sexuales cometidos contra mujeres o niños en un plazo máximo de cuatro meses.

«La norma permitirá acelerar el tratamiento de los casos de abuso sexual contra mujeres y niños», declaró la Presidencia en un comunicado.

También incluye la «cláusula sobre la castración química de los delincuentes sexuales para quienes es su primer delito, así como de los reincidentes». Será ordenada por un juez.

Esta ley fue adoptada tras el caso en septiembre de una violación de una madre cometida por los miembros de una banda, en presencia de sus hijos, junto a una carretera.

Este suceso provocó una gran conmoción en el país y llamados a endurecer la represión de los crímenes sexuales contra mujeres y niños.

Un responsable de la Policía pareció culpar de lo sucedido a la víctima, al afirmar que conducía por la noche por una carretera sin ir acompañada por un hombre.

La cultura musulmana, de carácter conservador en Pakistán, vive bajo un código patriarcal que sistematiza la opresión de las mujeres.

Las víctimas de delitos sexuales por lo general no denuncian debido al miedo y cuando lo hacen se investigan, pero bajo acciones negligentes o tardías.