Un militar murió y siete más resultaron heridos este domingo por un ataque con drones perpetrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, informaron fuentes castrenses.

 El ataque fue cometido la madrugada de este domingo en un sector conocido como Barco La Silla cuando los uniformados, que realizaban operaciones de control militar, fueron atacados con drones, detalló el Ejército en un comunicado.

 Lea también: Siete muertos y 110 heridos en sangrientos choques entre indígenas en Colombia 

El uniformado asesinado es el soldado Aldair Bermúdez Rodríguez, mientras que los militares heridos fueron evacuados hacia Cúcuta, capital de Norte de Santander, departamento en el que está ubicado el Catatumbo, donde “reciben atención médica especializada en un centro asistencial”.

“El Ejército Nacional rechaza el empleo de medios y métodos de guerra no convencionales mediante drones acondicionados con explosivos, los cuales generan daños indiscriminados que no solo afectan a la fuerza pública, sino que también ponen en riesgo a la población civil”, agregó la información.

El Catatumbo es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo y desde hace décadas es una zona en disputa por grupos guerrilleros y paramilitares.

En esta zona del país -formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú- operan el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

Con información de EFE

La cancillería emitió este miércoles un comunicado en el cual expresó “su profunda preocupación y lamenta la escalada de violencia” ocurrida esta semana en la región del Catatumbo, Colombia, en la frontera con Venezuela. 

“Venezuela ha sido sorprendida por estos acontecimientos y rechaza toda acción armada que comprometa la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas”, dice parte del texto. 

Venezuela reitera que la paz y la estabilidad de la región solo podrá preservarse a través del entendimiento y el respeto mutuo. 

La República Bolivariana de Venezuela expresa su profunda preocupación y lamenta la escalada de violencia registrada en la región fronteriza del Catatumbo, producto del conflicto interno colombiano, que ha ocasionado víctimas mortales y graves afectaciones a la población en la zona limítrofe.

Venezuela ha sido sorprendida por estos acontecimientos y rechaza toda acción armada que comprometa la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas. Nuestro país ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano y observa con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera.

La Republica Bolivariana de Venezuela reitera que la paz y la estabilidad en la región solo podrán preservarse mediante mecanismos de entendimiento y respeto mutuo, evitando acciones que puedan agravar las tensiones o generar mayores riesgos para las poblaciones fronterizas, que durante décadas han cargado con las consecuencias de un conflicto ajeno a su voluntad.

Caracas, 13 de mayo de 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado la creación de una «zona de paz» cerca de la frontera con Venezuela para disidentes de las extintas FARC que en enero fueron atacados por el ELN en una violenta arremetida.

Colombia atraviesa su peor crisis de seguridad en una década por la violencia de los grupos armados ilegales que amenazan la apuesta del mandatario izquierdista por desactivar una guerra interna de medio siglo mediante el diálogo.

En enero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) recrudeció la guerra en la región del Catatumbo con una sangrienta ofensiva contra el Frente 33, un grupo de disidentes de las FARC que rechazaron el histórico acuerdo de paz en 2016.

Enfrentamientos y asesinatos selectivos en la zona dejaron más de 70 muertos y 55.000 desplazados. Decenas de combatientes del Frente 33 se entregaron voluntariamente a las autoridades para ponerse a resguardo.

En esa región fronteriza con Venezuela, anunció Petro en la red social X el sábado, «se acuerda zona de paz para la dejación de la violencia» con el Frente 33. «Allí se congregarán los combatientes y armas», agregó sin detallar si existiría un proceso de entrega de armamento.

El Frente 33 está adscrito a la mayor agrupación de estructuras disidentes de las FARC, conocida como el Estado Mayor Central (EMC), que el año pasado se dividió en dos tras la retirada de la mesa de su principal comandante, alias Iván Mordisco.

Desde entonces, la facción leal a Mordisco aumentó su presión violenta contra el Estado mientras otro bando al mando de alias Calarcá, que incluye al Frente 33, continúa en los acercamientos.

En su publicación en X, Petro adjuntó un comunicado conjunto firmado por delegados del gobierno y los disidentes en la mesa de conversaciones.

Lea también: Otra vez confinados: ELN anuncia paro armado por 72 horas

Se acuerda zona de paz para la dejación de la violencia con el frente 33 del estado mayor y el gobierno nacional. Allí se congregarán los combatientes y armas del frente 33.Comienza la paz del Catatumbo. pic.twitter.com/z38l80IqvF

Según el documento, para la instalación de esta zona se consideraron las «condiciones de seguridad, logísticas, geográficas y administrativas» necesarias para cumplir con las «necesidades básicas de permanencia temporal» de los combatientes.

A mediados de abril, Petro ordenó suspender operaciones militares y policiales contra tres grupos que responden a Calarcá en el este y el sureste del país. Y dio un plazo de un mes para avanzar en las conversaciones de paz.

La guerra interna de Colombia ha enfrentado por más de medio siglo a guerrillas, fuerzas estatales y paramilitares y deja unas 9,9 millones de víctimas, la mayoría desplazados.

El país tiene actualmente unos 22.000 narcos y rebeldes en armas.

El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dio a conocer este viernes, nueva información sobre la trama de corrupción y narcotráfico en el estado Zulia, en lo que se relaciona con la «Operación Relámpago del Catatumbo».

Cabello informó que en las operaciones realizadas en las últimas semanas se han decomisado casi 7 mil kilos de cocaína, lo que sumado a las casi 10.000 localizadas en el año, suman más 16.000 kilos de cocaína de alta pureza.

«Hemos llegado a nuevas incautaciones, la suma de todas las incautaciones llega a 16 mil 308 kilos con 10 gramos de cocaína de altísima pureza», indicó.

Lea también: Diosdado vincula a María Corina Machado con el narcotráfico en el ZULIA: la denuncia se relaciona con la «OPERACIÓN CATATUMBO»

«Toda esta operación la dirigen: Álvaro Uribe e Iván Duque. Quieren utilizar nuestro territorio para atacar a Venezuela. Ese dinero lo utilizan para conspirar, además de estimular el terrorismo y el narcotráfico» alertó.

También confirmó la detención de la alcaldesa del municipio La Guajira, Indira Fernández, con quien sumaría siete burgomaestres aprehendidos por el mismo caso.

Adicionalmente, están detenidos: Alberto Sobalvarro Durán (Mcpio. Almirante Padilla), Jorge Navas (Miranda), Fernando Loaiza Chacón (Catatumbo) y Danilo Esteban Áñez (Jesús Enrique Lossada).

Asimismo, dijo que han descubierto a unas 120 empresas de la entidad, implicadas con el empresario camaronero, José Enrique Rincón, vinculado a su vez con María Corina Machado.

Todas las empresas estarían vinculadas a la mafia del lavado de dinero procedente del narcotráfico.

“Luego de reuniones conspirativas en Colombia por parte de la señora María Machado con el señor José Enrique Rincón, un empresario, entre comillas, en el estado Zulia del sector camaronero (…) y utilizaba estas empresas para otros fines (…) Cuando revisamos la reunión entre este señor y la señora María Machado surge la ubicación de campamentos de mercenarios”, informó.

«Una de las campañas de la oposición extremista de María Corina Machado y su gente, es que Venezuela es un Estado de delincuentes, que somos una amenaza para el Occidente. Hemos comprobado, a través de la captura de lanchas falsas de la FANB, la trama para montar un falso positivo contra Venezuela», dijo.

Indicó que los detenidos están hablando. «Las confesiones de los detenidos nos han llevado a la captura de Sandro David Socorro, el segundo al mando de esta organización delictiva», afincó.

«Quien esté implicado, llámese como se llame, le va a caer la justicia», expresó.

Insistió en que la trama donde se une la corrupción, la conspiración y el narcotráfico, ha sido denunciada por el Gobierno, desde hace tiempo.

“Debemos recordarlo una y otra vez, todo esto está vinculado a los sectores extremistas de la oposición venezolana, cuando el The New York Time salga a decir esto, ahí sí le van a creer. Ojalá quede constancia de que nosotros lo venimos diciendo desde hace tiempo (…) nosotros lo que hemos dicho aquí ha sido estrictamente comprobado”, expresó.

Informó que esta situación en la entidad tiene entre 10 y 15 años, por lo que no descarta que haya más funcionarios implicados.

«Es un duro golpe para esta mafia que terminó en el narcotráfico por la ambición al dinero, defraudando a quienes los eligieron para que gobernaran en distintos municipios del estado Zulia».

Cabello también habló de la muerte de alias «Danielito», el lugarteniente de «Wilexis», en referencia a que este «es el año del fin de las bandas criminales en el país».

«El día de ayer cayó el segundo de la banda del Wilexis, alias «Danielito», se enfrentó a la justicia y resultó abatido. No vamos a permitir la perturbación de la paz del país», aseveró.

El concejo municipal del municipio Catatumbo, en el estado Zulia, realizó el nombramiento del alcalde encargado, quedó designado el abogado César Urdaneta, quien hasta hace poco se desempeñaba como director de Administración de la Alcaldía.

Esto sucede tras el cumplimiento de los plazos correspondientes por no ejercer su cargo de Fernando Loaiza, quien fue detenido el 26 de enero.

Loaiza resultó electo como alcalde del municipio Catatumbo en el año 2021, por el partido Acción Democrática, quien fue uno de las cuatro autoridades municipales del Zulia retenidos por autoridades del seguridad del país.

«Asumimos este nuevo reto con la fe en Dios, confiando en que su justicia se establecerá. Esto nos motiva a seguir luchando por nuestro municipio y a mantener el legado de nuestro alcalde Fernando Loaiza. Dios es quien escribe la historia», dijo el alcalde encargado.

Lea también: Regreso a casa de los migrantes LLENO DE OBSTÁCULOS: el último que sortear es Panamá

En la sesión, estuvieron presentes los hijos del alcalde Loaiza, quienes recibieron muestras de solidaridad y apoyo por parte de las autoridades municipales y empleados de los poderes públicos municipales, recogió el corresponsal en la zona del portal La Patilla.

De manera extraoficial, se conoció que Fernando Loaiza está detenido en Caracas; sin embargo, sus familiares no han tenido contacto con él.

«Los grupos armados que se disputan la región del Catatumbo, cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, han cometido graves abusos y han desplazado a miles de personas».

Esta es una de las conclusiones del informe de la ONG Human Rights Watch (HRW), emitido este miércoles, donde señala que el «ELN y el Frente 33 han matado, secuestrado y desaparecido a civiles. Los enfrentamientos entre las partes y los abusos cometidos han obligado a más de 56.000 personas a huir de sus hogares, unos desplazamientos masivos más grandes de Colombia en décadas».

Se trata del informe «El Catatumbo: Abusos de grupos armados y desprotección estatal», investigación que aborda la crisis humanitaria en esa región que señala a ambos grupos armados de cometer delitos «que incluyen asesinatos, trabajo forzado y reclutamiento de menores», en la disputa territorial que comenzó en enero pasado con ataques del ELN a las disidencias de las FARC.

Lea también: EN CATATUMBO la paz prometida se convierte en una «guerra total»: el mensaje del ELN a PETRO

El Catatumbo: Abusos de grupos armados y desprotección estatal»

Los grupos armados que se disputan la región del Catatumbo, cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, han cometido graves abusos contra los habitantes de la zona y han desplazado a miles de personas, señaló hoy Human Rights Watch.

Desde el 16 de enero de 2025, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lleva a cabo una campaña para recuperar el control de amplias zonas de la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. El ELN ha asesinado, secuestrado y desaparecido a civiles a los que acusa de tener vínculos con el Frente 33, un grupo armado que surgió después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017. Los combates entre estos grupos y los abusos que han cometido han obligado a más de 56.000 personas a huir de sus hogares, uno de los mayores desplazamientos masivos de Colombia en décadas.

“Nuestra investigación apunta a que el ELN está cometiendo abusos generalizados contra la población civil en su intento por recuperar el control del Catatumbo”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Las víctimas que entrevistamos también detallaron graves abusos cometidos por el Frente 33, incluyendo reclutamiento de niños y trabajos forzados, y una grave desprotección por parte de las autoridades estatales”.

Entre enero y febrero de 2025, Human Rights Watch entrevistó a más de 65 personas, incluyendo a desplazados en Cúcuta, Norte de Santander, trabajadores humanitarios y autoridades judiciales y gubernamentales. Human Rights Watch también entrevistó por teléfono a personas en el Catatumbo y a autoridades judiciales y otros expertos en Bogotá. La mayoría de quienes sufrieron o presenciaron abusos temen represalias y hablaron con Human Rights Watch bajo la condición de anonimato.

Human Rights Watch también revisó y verificó fotografías y videos para corroborar casos de abusos y analizó reportes de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), entre otros. Los investigadores enviaron solicitudes de información a las autoridades nacionales; a la fecha, solo habían recibido respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El Catatumbo, ubicado en la frontera con Venezuela, es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas. Durante años, el ELN se ha beneficiado de la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas.

El ELN y el Frente 33 habían compartido el control territorial de grandes partes del Catatumbo desde 2018, en lo que expertos y funcionarios del gobierno describieron como un “acuerdo de coexistencia armada”.

En la mañana del 16 de enero, combatientes del ELN llevaron a cabo una serie de asesinatos de manera prácticamente simultánea en corregimientos de cinco municipios del Catatumbo: Teorama, Convención, Hacarí, Tibú y El Tarra. Entre las víctimas se encontraban líderes sociales, miembros de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT) y excombatientes de las FARC, que se habían desmovilizado en virtud del acuerdo de paz de 2016 con el gobierno.

Combatientes del ELN registraron viviendas y lugares de trabajo en busca de personas a las que acusaban de tener vínculos con el Frente 33. Testigos nos dijeron que miembros del ELN mataron a algunas personas y se llevaron a otras de las que días después se reportó su muerte. Algunos habitantes de la zona no saben qué pasó con sus familiares.

Numerosos desplazados dijeron a Human Rights Watch que, en los últimos años, el Frente 33 había ampliado su control sobre las comunidades del Catatumbo, imponiendo normas a la población civil y usando amenazas, asesinatos y trabajos forzados como castigo. Los entrevistados también denunciaron el reclutamiento forzado, incluyendo de niños.

El gobierno colombiano había establecido conversaciones de paz con ELN desde agosto de 2022 y, desde octubre de 2023, con el Frente 33, que es parte de una coalición de grupos armados disidentes de las FARC conocida como “Estado Mayor de los Bloques y el Frente”. Durante las negociaciones con el Frente 33, el gobierno acordó un cese al fuego y anunció planes de desarrollo local que serían implementados por el Frente 33, el gobierno y las comunidades, a pesar de que los combatientes permanezcan en armas.

Los entrevistados dijeron a Human Rights Watch que los civiles que participaron en la creación de estos planes de desarrollo local corrían un alto riesgo de sufrir ataques del ELN. Las autoridades de Norte de Santander reportaron que 78 personas, entre ellas 4 niños, fueron asesinadas en el Catatumbo entre el 16 de enero y el 8 de marzo. Esta cifra es más de cuatro veces superior al promedio mensual de asesinatos en 2024. También es probable que la cifra real sea aún mayor, pues los grupos armados “desaparecieron” a algunas personas y los familiares de otros enterraron sus cadáveres sin notificar a las autoridades.

El 20 de enero de 2025, el gobierno colombiano suspendió las conversaciones de paz con el ELN. Sigue negociando un acuerdo de paz con el Frente 33.

El 24 de enero, el gobierno colombiano declaró el “estado de conmoción interior” en la región del Catatumbo. El Ejército utilizó helicópteros para evacuar a más de 750 personas en riesgo de violencia por parte del ELN. El gobierno también anunció varias medidas de desarrollo local y de seguridad, incluyendo un programa para entregar subsidios a los campesinos que se comprometan a sustituir sus cultivos de coca por cultivos de alimentos u otras fuentes legales de ingresos.

“El gobierno debe poner en marcha de manera urgente una política de justicia y seguridad para proteger a la población y restablecer el Estado de derecho en el Catatumbo”, dijo Goebertus. “El gobierno también debe asegurarse de que su programa de sustitución de cultivos ayude a los campesinos a integrarse en economías legales y no cree incentivos perversos que conduzcan a más violencia en el futuro”.

Asesinatos, desapariciones y secuestros

Human Rights Watch recibió denuncias creíbles de múltiples asesinatos de civiles en el Catatumbo cometidos por el ELN y el Frente 33. En la mayoría de los casos, los grupos armados buscaron a las víctimas en su casa o lugar de trabajo. En varias ocasiones, los combatientes a mataron a las personas en las carreteras y prohibieron a sus familias y otras personas retirar sus cuerpos.

Esa misma tarde, cinco hombres vestidos de civil y con brazaletes del ELN llegaron a la finca de la víctima. “Me dijeron que me fuera y que podía volver días más tarde, pero bajo ciertas reglas”, nos dijo su esposa. Ella abandonó el pueblo con sus dos hijos, de 9 años y 10 meses.

Las autoridades han informado que el 3 de marzo el ELN liberó a 22 personas, entre ellas 3 niños, que mantenía secuestradas desde la semana del 16 de enero. Es probable que el número total sea mayor. Human Rights Watch ha entrevistado a familiares de personas desaparecidas que no han denunciado a las autoridades por temor a sufrir represalias.

En algunos casos, el ELN le dijo a la población civil, incluyendo a los familiares de personas a las que buscaban, que no tenían permitido salir de sus fincas o comunidades. “Mi madre dice que preguntan por mí y no la dejan salir del pueblo; es una forma de presionarme para que regrese”, dijo un líder comunitario entrevistado por Human Rights Watch.

Los grupos armados llevan años reclutando niños en el Catatumbo. En noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo reportó que el reclutamiento de menores en el Catatumbo “iba en aumento”, en lo que describió como parte de una “estrategia de fortalecimiento [del grupo] y expansión territorial”.

Varias personas nos dijeron que se desplazaron por miedo a que el ELN o el Frente 33 reclutaran a sus hijos adolescentes. Según una mujer desplazada del municipio de El Tarra: “Nos fuimos porque tenía mucho miedo de que se los llevaran. Soy la única mujer en una familia de hombres jóvenes y fuertes, en cualquier momento se los llevarían”.

Entre el 1 de enero y el 19 de febrero, las autoridades colombianas recuperaron a 44 menores, la mayoría en poder del Frente 33. Probablemente se trate de una fracción del número total de niños en manos de los grupos armados. Según el ICBF, entre los menores recuperados hay niños nacidos en varias partes de Colombia, así como al menos cuatro nacidos en Venezuela.

Por ejemplo, Human Rights Watch documentó el caso de un niño de 12 años en Tibú. Un familiar del menor nos dijo que un hombre había le ofrecido al niño trabajar en cultivos de coca e intentó llevárselo, pero la madre lo impidió. Días después, el hombre regresó (vestido de civil) y el niño aceptó irse con él. Semanas después, el ELN devolvió al niño, según nos contó el familiar, con la condición de que se fuera del municipio.

Tras el inicio de los enfrentamientos entre los grupos armados, más de 46.900 niños de los municipios del Catatumbo no pudieron asistir al colegio durante semanas, lo que los expuso a un mayor riesgo de reclutamiento. Cientos de profesores también han huido del Catatumbo. “En un momento de enfrentamiento, [los grupos armados] siguen disparándose unos a otros y no respetan los colegios ni nada”, nos dijo un profesor desplazado.

Desplazamientos masivos

Los combates y los abusos en la frontera desencadenaron lo que la Defensoría del Pueblo describió como el mayor incidente de desplazamiento forzado desde que las autoridades comenzaron a registrar los desplazamientos en 1997.

Más de 56.500 personas, es decir, más del 14 % de la población de la región, han sido desplazadas forzosamente, según las autoridades de Norte de Santander. Esta cifra es mayor a la de personas que fueron desplazadas forzosamente debido a la violencia en toda Colombia durante el 2024, según las estimaciones de OCHA. En el Catatumbo vive solo el 0,7 % de la población colombiana, pero el número de desplazados representa el 93 % de todos los desplazamientos forzados en lo que va de 2025.

Las cifras más elevadas de recepción de desplazados se registraron en Cúcuta (20.300 personas) y en Ocaña (12.097 personas), una ciudad del Catatumbo.

Aunque la mayoría de las personas huyeron por miedo a ser atacados o quedar atrapados en el fuego cruzado, muchos habían sido amenazados por miembros del ELN o del Frente 33. Algunas personas entrevistadas por Human Rights Watch dijeron que, tras ser desplazadas, la gente de sus comunidades les había dicho que el ELN había destruido sus propiedades o se había apoderado de sus casas. “Un vecino me llamó para decirme que el ELN lanzó una granada contra la casa donde yo vivía y que se llevaron mi moto y todo lo que había en la casa”, dijo un líder comunal miembro de ASUNCAT.

Otro campesino desplazado señaló: “Saquearon nuestra finca, se llevaron motos, maquinaria y todo el equipo que teníamos para los cultivos. Los vecinos dicen que nadie puede acercarse a la casa y cualquiera que lo haga es declarado objetivo militar”.

Ambos grupos armados se han aprovechado de la falta de presencia estatal para establecer su control social en el Catatumbo.

Los entrevistados nos dijeron que el Frente 33 utilizó el cese al fuego y el anuncio de los planes conjuntos de desarrollo local para ampliar su control sobre las comunidades. Muchos nos contaron que el Frente 33 tiene lo que describen como “campamentos de resocialización”, donde las personas que consideran que han infringido sus normas (por ejemplo, consumiendo drogas o apoyando al Ejército) son obligadas a realizar trabajos forzados.

Un hombre de 35 años dijo a Human Rights Watch que, el 8 de diciembre de 2024, miembros del Frente 33 lo sacaron de su casa y lo llevaron a lo que describió como un “campamentos de resocialización”. Fue llevado allí para “ser investigado” por publicar en WhatsApp un video de un helicóptero del Ejército colombiano, lo que según los miembros del Frente 33 era una prueba de que cooperaba con los militares.

A él y a otras 27 personas, según nos contó, las obligaban a trabajar cortando caña de azúcar todos los días de 4 a.m. a 6:30 p.m.: “Una vez, un combatiente [del Frente 33] mató a una pareja que estaba discutiendo… Los mataron delante de todos y nos hicieron enterrarlos”.

También nos describió la violencia sexual contra las mujeres y las niñas ejercida por los comandantes del grupo armado. “Las ‘favoritas’ tenían ciertos ‘lujos’, como dormir en una cama”, nos dijo. Funcionarios públicos señalaron a Human Rights Watch que habían recibido reportes similares de casos de violencia sexual.

Los habitantes del Catatumbo sufren altos niveles de pobreza (3,4 veces por encima del promedio nacional) y cuentan con infraestructuras deficientes, incluyendo acceso limitado a carreteras, escuelas y hospitales. Para ganar influencia o control sobre las organizaciones locales, el Frente 33 ha financiado la reparación de puentes, centros de salud y colegios y ha repartido regalos de Navidad a los niños. A menudo, estos proyectos se han llevado a cabo junto con las Juntas de Acción Comunal, lo que ha expuesto a los civiles a un mayor riesgo de represalias por parte del ELN.

Los grupos armados también convocan a los líderes comunitarios y a otras personas a reuniones en las que anuncian normas para sus comunidades. Un líder comunitario de Tibú nos dijo que “todos los líderes deben asistir a las reuniones; de lo contrario, [recibimos] amenazas de muerte”.

El 17 de enero, hombres armados asesinaron a Pedro María Ropero, un líder del corregimiento de Campo Seis, en Tibú. Un testigo dijo que Ropero se había opuesto a la creación de una nueva Junta de Acción Comunal en su corregimiento, que estaba siendo impulsada por el Frente 33.

Respuesta del gobierno

Falta de prevención y estrategia de “paz total”

En noviembre, la Defensoría del Pueblo advirtió de “tensiones” entre el ELN y el Frente 33 y dijo que existía una “probabilidad” de que se produjeran combates entre ambos grupos, lo que podría causar una “crisis” con “altos costos humanitarios”. Las autoridades locales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos dijeron a Human Rights Watch que, meses antes de la alerta de la Defensoría, ya había indicios de que podían surgir esos enfrentamientos. Estos indicios incluyeron el aumento de las restricciones por parte de los grupos armados, el incremento de los puestos de control en las carreteras y el desplazamiento de miembros del ELN desde otras partes del país hacia el Catatumbo.

Desde que el presidente Gustavo Petro asumió el cargo en agosto de 2022, su administración ha buscado negociaciones con los grupos armados y del crimen organizado en el país, como parte de su estrategia de “paz total”. En 2022, el gobierno inició negociaciones con el ELN, pero las suspendió en febrero de 2025 tras el aumento de la violencia en el Catatumbo.

En octubre de 2023, el gobierno inició negociaciones con el Frente 33, como parte de una coalición de grupos disidentes de las FARC conocida entonces como “Estado Mayor Central”. El grupo se dividió en marzo de 2024 y solo una parte (el “Estado Mayor de los Bloques y el Frente”, que incluye el Frente 33) ha continuado las negociaciones. El gobierno y el Estado Mayor acordaron un cese al fuego, desde mediados de julio de 2024 hasta mediados de abril de 2025. El Frente 33 utilizó el cese al fuego para reclutar nuevos miembros y ampliar su control social sobre las comunidades, según nos contaron organizaciones de derechos humanos y trabajadores humanitarios.

El gobierno y el Estado Mayor también acordaron proyectos de desarrollo local que implementarían las Juntas de Acción Comunal mientras continuaban las negociaciones. Según documentos relacionados con las conversaciones de paz, a los que Human Rights Watch tuvo acceso, los proyectos incluían el establecimiento de campos de cultivo de arroz y la protección de humedales. Una autoridad local dijo que el ELN estaba “molesto” con el anuncio de los proyectos de desarrollo. Algunos civiles que ayudaron a crear estos proyectos se vieron obligados a salir del territorio debido a la violencia de enero, nos dijo un funcionario del gobierno que trabaja en las negociaciones de paz con el Frente 33.

Según la Ley de Víctimas de Colombia, los gobiernos municipales deben proporcionar a las víctimas de abusos relacionados con el conflicto, incluyendo de desplazamiento forzado, asistencia humanitaria inmediata como alimentos, alojamiento temporal y transporte de emergencia. Cuando las autoridades municipales o departamentales no puedan hacer frente a la situación, el gobierno nacional está obligado a brindar la asistencia.

Los gobiernos municipales de Cúcuta y Ocaña, así como el departamental de Norte de Santander, han tomado medidas para ayudar a los desplazados, en gran medida gracias al apoyo de organizaciones humanitarias. Ocaña abrió albergues para 1.700 personas, Cúcuta ha brindado alimentos, cubrió los gastos de alojamiento de los desplazados en hoteles y habilitó un albergue con vigilancia policial para las personas con mayor vulnerabilidad y Norte de Santander destinó un colegio para niños desplazados.

A pesar de estas ayudas, muchos desplazados dijeron a Human Rights Watch que temían represalias del ELN en los hoteles y en el estadio de fútbol donde la gente recoge los paquetes de comida de ayuda humanitaria. La Defensoría del Pueblo ha documentado la presencia de combatientes del ELN en Cúcuta. Según trabajadores humanitarios, en los hoteles se han registrado personas diferentes a los desplazados

Muchos desplazados, tanto en hoteles como en casas de conocidos, describieron condiciones de hacinamiento. Los trabajadores humanitarios afirmaron que estas condiciones exponían a las mujeres y niñas a violencia de género, acoso y abusos sexuales por parte de sus familiares y otros desplazados.

Trabajadores humanitarios y autoridades locales también nos dijeron que muchos desplazados han sufrido graves impactos psicológicos y que algunos intentaron suicidarse. Debido a estas condiciones, algunos desplazados nos contaron que estaban considerando la posibilidad de regresar al Catatumbo, a pesar de los graves riesgos. “Da miedo volver porque no sabes por qué te buscan, ni por qué razón”, nos explicó una mujer desplazada que abandonó su hogar en Tibú con su hijo de 3 años.

Algunas de las limitaciones de la respuesta humanitaria parecen deberse a que el gobierno no previó adecuadamente una crisis de esta magnitud. Cúcuta tenía un plan de contingencia, pero solo contemplaba 1.000 desplazados.

Las autoridades han dado pasos lentos para solucionar la prolongada falta de presencia estatal y de acceso a los servicios básicos en el Catatumbo.

En ocho municipios del Catatumbo, el gobierno nacional se comprometió a implementar un Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de 10 años, en el marco del acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Ocho años después, el gobierno ha financiado aproximadamente un tercio de la inversión inicial anunciada para el Catatumbo.

El gobierno del presidente Petro ha anunciado una nueva serie de proyectos de desarrollo, en el marco de lo que denomina el Pacto Social del Catatumbo. Asimismo, desde que estalló la crisis en enero, el gobierno ha anunciado proyectos con una financiación de más de $640 millones de dólares. Este presupuesto está pendiente de una revisión de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del “estado de conmoción interior”.

La Agencia de Desarrollo Rural ha comprado alimentos cosechados por campesinos locales y los ha utilizado como ayuda humanitaria para los desplazados. Además, el 13 de febrero, el gobierno anunció que, en un esfuerzo por limitar la producción de drogas en el Catatumbo, proporcionaría dinero y asistencia para desarrollar cultivos como el café o el cacaoa los campesinos que se comprometieran a sustituir sus cultivos de coca por cultivos de alimentos u otras fuentes legales de ingresos.

Múltiples estudios sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) han demostrado que, debido a la falta de coordinación institucional y planes más amplios para ayudar a la población a obtener un mejor acceso a los mercados de alimentos, el programa creó incentivos para que la población cultive más coca para luego recibir los pagos, lo cual puede desencadenar en más violencia.

Recomendaciones

Al gobierno del presidente Gustavo Petro:

A la Fiscalía General:

A los gobiernos donantes y a las agencias humanitarias internacionales:

Los comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo, región fronteriza entre Colombia y Venezuela, sostienen que «la confrontación va a seguir» ante cualquier acción militar del gobierno colombiano que, alegan, pasó de la política de paz a una «guerra total».

En una inusual entrevista en una locación secreta en las montañas de una de las zonas de Colombia con mayor concentración de narcocultivos, dos comandantes del Frente de Guerra Nororiental de esa guerrilla aseguraron a la AFP que no dudarán en repeler las acciones de los más de 10.000 efectivos de la fuerza pública desplegados en la región.

De origen guevarista, el ELN libra una guerra contra el estado colombiano desde 1964 y, desde mediados de enero, se ha involucrado en el Catatumbo en una arremetida contra una disidencia de las extintas FARC que deja al menos 76 muertos y 55.000 desplazados, según cifras oficiales.

Es la primera entrevista que este frente concede a medios desde el inicio de las confrontaciones en esa región, que han sumido a Colombia en su más grave crisis de violencia en la última década.

Custodiados por unos 30 combatientes fuertemente armados, los comandantes «Ricardo» y «Silvana Guerrero», sentados con fusiles en mano, aseguran que están abiertos al diálogo pero listos para la guerra.

El gobierno ha incluido a Silvana, cuyo nombre real es Luz Amanda Payares, en su lista de objetivos más buscados del ELN y ofrece una recompensa de unos 25.000 dólares por información que lleve a su captura.

Lea también: “Regresan a Venezuela a la pobreza”: Gustavo Petro sobre suspensión de la licencia de CHEVRON

La reciente escalada de violencia ha puesto en jaque la apuesta de Petro, bautizada como «paz total», por desmovilizar a todos los grupos armados, en aras de desactivar un conflicto armado de medio siglo que ha dejado cerca de 1,1 millones de muertos.

«A la final se está convirtiendo en una guerra total», dice con tono irónico el comandante Ricardo, que advierte: «Si siguen llegando más militares al territorio, lo más seguro es que la confrontación va a seguir, porque nosotros nos vamos a defender».

«La política de paz de Petro fue un fracaso», agrega la comandante Silvana.

En «los pocos meses que le quedan» a su gobierno, el mandatario «tiene como última carta sobre la manga» un proceso de desmovilización de unos 100 combatientes del Frente 33 de las extintas FARC que operan en esa zona y a quienes el ELN les ha declarado la guerra.

«Él (Petro) necesita mostrar algo (…) Quizás, dentro de poco tiempo, vamos a ver una contraofensiva en el territorio de otra dimensión», dice Silvana.

El mandatario ha prometido reimponer el control estatal por la fuerza si es necesario. «El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá», escribió Petro en la red social X en enero.

Analistas consideran que los recientes choques entre el ELN y el Frente 33 surgen a raíz de una guerra territorial por las lucrativas rutas de tráfico de cocaína hacia Venezuela.

El territorio del ELN en el Catatumbo es una puerta de entrada a la costa del Caribe, donde parte de la cocaína colombiana inicia su viaje hacia el resto del mundo.

El gobierno alega que el ELN mantiene vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa.

Pero Silvana niega la implicación directa de la guerrilla en el narcotráfico, aunque admite que el grupo cobra impuestos por la cocaína producida. «Nosotros hacemos una impuestación (sic) por kilo en el territorio porque, bueno, nosotros necesitamos una economía», asegura.

Ella estima que el gobierno los «estigmatiza» al vincularlos «directamente con el narcotráfico».

Investigadores del conflicto sostienen que el ELN se ha convertido en los últimos años en una guerrilla binacional, que se mueve constantemente por ambos lados de la frontera colombo-venezolana.

Los comandantes del Frente Nororiental lo niegan. «No hay posiciones (del ELN) del otro lado de la frontera», asegura Ricardo.

Opositores de Petro alegan que los grupos rebeldes han aprovechado los ceses al fuego ofrecidos por el gobierno para reagruparse y fortalecerse.

Hoy en día, una miríada de grupos armados se disputan el control del territorio y las rentas ilegales en todo el país.

Como resultado, la extensión de tierra utilizada para el cultivo de coca ha aumentado un 420% desde 2012, según estimaciones de la ONU.

Petro, un exguerrillero que firmó la paz junto al M-19 en 1990, considera que el espíritu revolucionario del ELN se ha desvanecido y ha sido reemplazado por la «codicia» de la cocaína.

Pero para los comandantes su ideología, con una histórica influencia de la teología de la liberación, sigue intacta.

«Nuestros fusiles no apuntan nunca en contra del pueblo. Estas armas que nosotros portamos son para defender precisamente a esa población», dice Silvana.

«Serán las transformaciones sociales (…) las que le van bajando efervescencia a las armas», acota Ricardo.

Catatumbo, Norte de Santander. La frontera entre Colombia y Venezuela se ha transformado en un escenario de violencia creciente, donde el crimen organizado se expande sin control.

La presencia de múltiples grupos delictivos, muchos de ellos con origen en Venezuela, ha desatado una espiral de inseguridad que mantiene en zozobra a la población.

La ubicación estratégica del Norte de Santander, junto con la crisis humanitaria que golpea a Venezuela, ha convertido esta zona en un territorio en disputa, donde organizaciones criminales libran una guerra por el dominio de rutas claves y actividades ilícitas, dejando a su paso un rastro de muerte y temor.

De esto se trata la presente edición de «Venezuela Sin Filtro», con Yamín VelAsco.

Vea también: FRONTERA EN LLAMAS: Explosiones y disparos desatan caos – VIDEO

«No hay quién conteste en Bogotá, de más alto nivel no volvimos a saber nada, cambiaron los ministros, no hay ministro de defensa», dice Luis Fernando Niño, alto consejero de la paz en Norte de Santander tras la atención que hace falta del Estado en Catatumbo y la afectación de las últimas renuncias en el Gobierno. 

La ola de violencia en Catatumbo se desató con un triple crimen en Tibú. Miguel Ángel López, su esposa e hijo de seis meses fueron brutalmente asesinados en el carro fúnebre con el que trabajaba y era conocido en el pueblo, hecho que sucedió el pasado 15 de enero, recuerda el medio colombiano El Tiempo.

Luego de eso, se desataron los combates entre el ELN y disidentes de las Farc, ya pasó un mes y no han cesado. Los últimos enfrentamientos se registran en las laderas de Tibú, epicentro de las guerrillas. 

«El ELN llegó con tres camionetas a matar a gente de las Farc, ahí en la entrada de Tibú, y obviamente esa es una zona que está militarizada, entonces el Ejército respondió al ataque del ELN y ahí quedaron dos personas heridas, mujeres guerrilleras de las Farc, y que pues el ejército logró replegar a los que venían a matar». 

El temor y la zozobra se apoderaron del 40 por ciento del territorio de Norte de Santander, que equivale a toda la región de Catatumbo. 

Ese miedo obligo a que 54.000 personas se desplazaran forzadamente a Tibú, Cúcuta, y Ocaña y sectores aledaños. Los enfrentamientos entre las guerrillas han dejado el hallazgo de 60 cuerpos, pero extraoficialmente se habla de 120 víctimas fatales. 

«Conclusión, eso no va a parar, se va a aumentar el desplazamiento, porque el Ejército se está posicionando en los santuarios en donde están ubicados», dice Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz. 

Los esfuerzos que hacen desde la región son exorbitantes para que las víctimas coman, se hidraten y tengan un techo.

Los comercios no han abierto en su totalidad y para evitar ser asesinados, el PMU reporta 30.000 personas confinadas. Las ayudas de todas partes llegan, de ONG, empresarios, alcaldías, gobernaciones. Ya son 370 toneladas promedio en ayudas, pero no ha sido suficiente. 

vEA TAMBIÉN: “TRÁFICO, PODER Y VIOLENCIA”: el reinado de alias “Yohan” en Bogotá – VIDEO

Esta crisis humanitaria y escalada violenta no ha permitido el regreso gradual de clases en El Catatumbo. 

«Las personas que han querido regresar a su territorio se han encontrado con sus fincas saqueadas o con miembros de las guerrillas ahí o, en algunos casos, han denunciado con incluso explosivos», asegura Niño de denuncias que le han llegado.

Son 30 días en el que aún no hay seguridad ni garantías para las familias de regresar a sus hogares, es un mes en el que cinco firmantes de paz fueron asesinados y nueve más están desaparecidos. 

Con información de El Tiempo

Una comisión humanitaria, liderada por la Iglesia Católica, la Misión de la ONU en Colombia y la Defensoría del Pueblo, abordará la crisis en la región del Catatumbo (fronteriza con Venezuela), provocada por la violencia guerrillera que desde el 16 de enero ha dejado al menos 47 muertos.

La Defensoría del Pueblo del país vecino detalló que el objetivo es «abordar la situación en la región del Catatumbo, en aras de mejorar la vida de las personas en situaciones de vulnerabilidad» por cuenta de los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC en esa región del departamento de Norte de Santander.

«El Frente de Guerra Nororiental del ELN se ha comprometido a respetar las acciones de la comisión humanitaria», agregó el organismo.

La crisis humanitaria y de seguridad en el Catatumbo era algo anunciado por diversas autoridades, entre ellas la Defensoría del Pueblo, que el pasado 15 de noviembre advirtió, mediante su sistema de alertas tempranas, de «la situación de riesgo» para la población civil por la presencia y amenazas de los grupos armados ilegales.

Desde el 16 de enero, los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo dejan entre 60 y 80 muertos según los conteos de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander, mientras que la cifra de desplazados es de más de 50.000 personas.

Sin embargo, las autoridades solo han podido recoger 47 cuerpos por la situación que siguen viviendo las zonas rurales más alejadas, donde las autoridades aún no han podido acceder.

Entre las víctimas mortales hay seis firmantes de paz, mientras que nueve excombatientes de las antiguas FARC aún están desaparecidos.

Por otra parte, organizaciones sociales y la Comisión de Paz y Derechos del Senado colombiano participarán el martes en una mesa humanitaria en El Tarra, uno de los municipios del Catatumbo que se ha visto afectado por la violencia guerrillera.

Los participantes llegarán a ese municipio desde diferentes partes del país en una caravana humanitaria para buscar soluciones a la crisis que vive esta región.

Entre los participantes estará el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998), quien afirmó que hablará sobre «humanización en medio de la militarización».

«Escucharemos a las lideresas y líderes que están siendo perseguidos. Relanzaremos la propuesta de acuerdo humanitario a los actores armados, incluidas las fuerzas armadas, para que respeten los mínimos humanitarios y hablaremos de la necesidad de la presencia social y concreta del Estado», añadió el exmandatario en X.

Entre tanto, la Comisión de Paz y Derechos Humanos del Senado ve clave esta visita para «buscar respuestas y acciones articuladas de las autoridades de la zona para la protección de la población afectada».

Igualmente, apunta a la búsqueda de una tregua entre los grupos armados que se están enfrentando desde el mes pasado y que han causado la mayor crisis humanitaria de los últimos años en Colombia por cuenta de la violencia.

Junto con la Iglesia Católica (Diócesis de Ocaña y de Tibú) y la @MisionONUCol se acordó poner en marcha una comisión humanitaria con el objetivo de abordar la situación en la región del Catatumbo, en aras de mejorar la vida de las personas en situaciones de vulnerabilidad.El…

Con información de Efe y Defensoría del Pueblo

Como parte de las acciones de la operación relámpago del Catatumbo, se han causado más de 100 toneladas de drogas en la frontera con Colombia, destruido pistas clandestinas y derribado aeronaves.

Así lo informó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López en su primer balance de esta operación desplegada desde el 31 de enero.

“Se han destruido 47 estructuras logísticas del narcotráfico; se han derribado 36 laboratorios para el procesamiento de droga en el territorio venezolano; se inutilizaron 21 aeronaves que han sido derribadas y se destruyeron 71 pistas clandestinas dedicadas al narcotráfico”, dijo Padrino.

Lea También:Padrino López: “Operación Relámpago del Catatumbo” garantiza la soberanía de Venezuela

Por su parte, el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, Domingo Hernández Larez aseguró este sábado que el despliegue continúa en el territorio «permanece desplegada,» velando por La Paz y el sosiego de nuestra población».

La #FANB permanece desplegada, velando por La Paz y el sosiego de nuestra población. ¡Somos el Escudo Protector de la Patria! #OperacionRelampagodelCatatumbo pic.twitter.com/Xt12TsGv5O

Una publicación compartida de GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez)

Con información Últimas Noticias

«La sociedad colombiana le exige al ELN parar su agresión contra la población civil en el Catatumbo», dice un mensaje de la delegación que negocia la paz con ese grupo guerrillero.

Con estas palabras la delegación del Gobierno de Colombia en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió este viernes a esa guerrilla que cese la violencia en la región del Catatumbo, en la que libra desde el 16 de enero una sangrienta disputa con el Frente 33 de las disidencias de las FARC, reseñó EFE.

Desde el 16 de enero, los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo, fronteriza con Venezuela, dejan entre 60 y 80 muertos según los conteos de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander, mientras que la cifra de desplazados es de más de 50.000 personas.

Las autoridades, sin embargo, solo han podido recoger 47 cuerpos por la situación que siguen viviendo las zonas rurales más alejadas, donde las autoridades aún no han podido acceder.

Lea también: Colombia dispuesta a asumir los GASTOS DE TRANSPORTE DE DEPORTADOS DESDE EE.UU.

Entre las víctimas mortales hay seis firmantes de paz, mientras que 12 excombatientes de las antiguas FARC están desaparecidos.

Los negociadores también le dicen al ELN que «no sigan inculpando al presidente (Gustavo) Petro y al Gobierno del desplazamiento forzado de decenas de miles de personas que ha traído su accionar despiadado».

El mensaje hace referencia a lo dicho en las últimas horas alias ‘Antonio García’, máximo jefe del ELN, quien culpó al jefe de Estado colombiano por la crisis humanitaria del Catatumbo.

«Es Petro quien ha generado la crisis humanitaria en el Catatumbo, promoviendo y facilitando el desplazamiento masivo, con el pretexto de proteger a la población civil», dijo alias ‘Antonio García’ en redes sociales.

La confrontación bélica en el Catatumbo inició desde el pasado 16 enero, cuando fueron masacrados tres miembros de una misma familia, entre ellos un niño, en el municipio de Tibú, que hace parte del Catatumbo. A partir de allí se desató una guerra a sangre y fuego.

Petro anunció el pasado 17 de enero que suspendía los diálogos de paz con ELN al que acusó de cometer «crímenes de guerra» con el asesinato de firmantes de paz de las FARC.

«Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz», afirmó en esa ocasión el presidente en su cuenta de X.

El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón, anunció este viernes que en el Catatumbo venezolano están desplegados 2 mil efectivos soldados y policiales, debido a las investigaciones de contrainteligencia y de informaciones que han llegado sobre una incursión de paramilitares por esa zona.

Se trata del despliegue de la «Operación Relámpago del Catatumbo», anunciada desde que comenzó la crisis en la zona y sobre la misma, Cabelo dijo que «es para la defensa de la paz, el desarrollo binacional, con solidaridad, integración y hermandad» con Colombia.

«Recordemos que Venezuela está bajo asedio del imperialismo y la cantidad de mercenarios que hemos capturado han confesado que por esa zona iban a entrar un grupo de paramilitares que enviaba Iván Duque y Álvaro Uribe y cuando la violencia ocurre en el lado colombiano nosotros ya teníamos desplegados 2 mil efectivos», explicó Cabello.

Durante el programa radial Sin Truco Ni Maña, que realizó con la diputada Tania Díaz, Cabello informó que el gobierno tenía tres meses investigando y custodiando la zona, con el fin de garantizar la defensa y la paz de la soberanía del país.

«El Catatumbo es una región que tiene su lado colombiano y venezolano, por eso es que en nuestro territorio no pasa nada y la violencia que se genera en el país vecino fue por Álvaro Uribe Vélez», enfatizó.

«Uribe dirige la banda de delincuentes y terroristas más grandes del mundo. Está acusado de desapariciones forzosas, de tener cementerios particulares de personas que mandó a asesinar», expresó.

Subrayó que se han capturado, hasta el momento, 200 mercenarios que han pretendido atentar en contra de Venezuela.

«Venezuela está cubriendo sus fronteras», agregó, al tiempo que resaltó que el Gobierno colombiano está haciendo lo propio para proteger también a la región del Catatumbo.

Lea también: MADURO Y EL MIEDO ¿La «normalización política» es una ilusión? – VIDEO

Cabello destacó que tras la campaña del «me iría demasiado», implementada cuando Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, la respuesta fue «el Plan Vuelta a la Patria.

Asimismo, Cabello aseguró que los abogados que ofrecen servicios a los migrantes son parte de «una mafia».

Y sobre esa supuesta mafia dijo: «un ciudadano alias Gabriel fue captado en Perú para integrarse y comenzar a promover actos proclives a la migración de venezolanos hacia el extranjero”.

“Tiempo después, aventajándome en mis prácticas de mi anterior desempeño, era policía, logré contactar con Roxana Barrera y Kervin Rojas de Voluntad Popular, personajes enviados de Juan Guaidó a Colombia encargados de manejar el financiamiento estadounidense y atender la crisis migratoria y humanitaria de venezolanos en esta región”, develó Cabello sobre «Gabriel».

Aseguró que «es evidente que el tema de la migración es una mafia para los sectores de la ultraderecha, en especial para Juan Guaidó, Carlos Vecchio, David Smolansky, Julio Borges, Carlos Paparoni y Miguel Pizarro».

“No es que los quieran proteger (a los venezolanos y venezolanas) ese es su negocio”, precisó.

«¡Fue un gran plan, donde está Ravell, los coyotes, todos son unos mafiosos!», dijo Cabello y agregó que los migrantes deben «tener tres o cuatro trabajos, no tienen dónde dormir, dónde comer, no tienen vida…».

En otros temas, Cabello se refirió al crecimiento económico de Venezuela y aseguró que «no es casualidad, sino el producto de la direccionalidad del presidente Nicolás Maduro».

Cabello resaltó las acciones realizadas por «el Ejecutivo Nacional por recuperar la calidad de vida de los venezolanos», al tiempo que aseguró que «el Estado no ha caído en el paquetazo, nosotros no nos hemos endeudado”.

En ese sentido, aseguró que, pese a que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dicen que la nación no tiene acceso al financiamiento, tienen la intención de “meterle los dientes Venezuela”.

Guerrilleros con armas largas patrullan en motocicletas una de las carreteras polvorientas del Catatumbo, la región desangrada de Colombia, en la frontera con Venezuela. Montañas adentro, adonde no llegan las fuerzas del Estado, los alzados en armas consolidan su ley de facto en un territorio en disputa.

La AFP tuvo acceso a esta zona aterrorizada, una semana después de un ataque de los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que desató una crisis humanitaria inusitada con 54 muertes confirmadas, 12 desaparecidos y casi 50.000 desplazados.

Encapuchados y fuertemente armados, los guerrilleros mostraron músculo y multiplicaron sus puestos de control en las vías para evitar la entrada de militares y de los disidentes de las extintas FARC, sus enemigos en este enclave del narcotráfico, minería de carbón y uno de los puntos por donde pasa el principal oleoducto del país, blanco de atentados para robar el petróleo.

Pese a la orden del presidente izquierdista Gustavo Petro de retomar el control, no hay señales de la llegada del Estado. Los civiles transitan en autos con banderas blancas amarradas, como gesto de paz y única protección.

Al filo de la montaña se extienden los cultivos de hoja de coca, el principal componente de la cocaína y manzana de la discordia entre disidentes de las FARC y los llamados «elenos» de banderas rojinegras, la organización rebelde más antigua de América.

Los habitantes anticipan un sufrimiento prolongado en esta región indómita de 11.000 kilómetros cuadrados: «Estas guerras son de años», lamenta Luz Franco, comerciante de una tienda de víveres, de 44 años.

Lea también: Colombia MILITARIZA la frontera con Venezuela: moviliza más de 9.000 efectivos por violencia en CATATUMBO

El pasado 16 de enero revivió el fantasma de las peores épocas del conflicto armado colombiano. Franco puso seguro a la puerta de su casa y esperó el fin de los disparos junto a su esposo y sus hijos de 15 y 10 años.

«Se veía la entrada del grupo (guerrillero) al pueblo», dice en su negocio.

«Todo el pueblo se encerró ese día, todo el mundo iba buscando resguardo de un lado a otro (…) Nos encerramos, a esperar (…) No sabíamos qué pasaba en ese momento», añade.

Corrían rumores sobre las crecientes tensiones entre el ELN y las disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, pero el ataque fue sorpresivo.

El ELN movilizó durante días cientos de combatientes desde el cercano departamento de Arauca sin ser detectados por la inteligencia. Las tropas asentadas en Catatumbo se engrosaron y no tuvieron compasión.

Según el Ejército y organizaciones sociales los rebeldes ejecutaron una operación de cacería, en la que sus víctimas eran buscadas con «lista en mano», acusándolas de ser afines a las disidencias.

Entre los fallecidos hay un bebé, dos menores, disidentes y firmantes de la paz acusados de colaboradores.

La dueña de un restaurante, atemorizada de hablar ante las cámaras, cuenta que su esposo fue retenido durante cuatro días hasta que fue liberado. Ahora el hombre no sale de su casa y sufre las secuelas psicológicas, asegura su esposa.

La estatal Defensoría del Pueblo advierte que aún hay cinco personas desaparecidas, otros «han logrado escapar, ya sea por sus propios medios o en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales».

En el recorrido, la AFP observó el rescate de un desplazado y tres mujeres jóvenes confinadas bajo la presión del ELN. La entidad encargada de proteger los derechos humanos medió para sacarlas y llevarlas hasta una zona segura.

«Estamos en un momento de crisis (…) Esta es una situación que no se esperaba», sostiene Édgar Guerrero, de 34 años y líder comunitario de El Aserrío, un caserío anclado en el Catatumbo.

El activista critica lo que considera una promesa incumplida del primer gobierno de izquierda de Colombia, que se suponía iba a priorizar esta región para implementar el proceso de paz que desarmó a las FARC en 2017 y que pretendía llevar desarrollo a los lugares más afectados por la guerra.

Cuando no asoman los militares, aquí mandan fuerzas rebeldes. El ELN envolvió las casas en afiches alusivos a sus 60 años de levantamiento armado, mientras que las disidencias exaltan imágenes de los antiguos comandantes barbudos de las FARC y otras figuras como el «Che» Guevara.

El presidente Petro calificó la cifra de fallecidos y el éxodo de desplazados como «uno de los hechos más dramáticos» de «la historia contemporánea de Colombia». Suspendió las negociaciones de paz con el ELN y declaró el Catatumbo y otras regiones conflictivas en «conmoción interior».

Ahora el mandatario considera a los rebeldes un «cuerpo armado dominado por la codicia», «señores de la guerra y asesinos en masa».

Subiendo la montaña, los niños de la comunidad La Cecilia pintaron una tela con el mensaje «QUEREMOS PAZ», que ahora ondea en la calle.

Sin embargo, muchos sospechan que la venganza de las disidencias llegará más temprano que tarde.

La violencia en Cataumbo cobró 13 nuevas víctimas, luego que autoridades colombianas confirmaran el hallazgo de 13 cuerpos sin vida, de los cuales 11 son hombres y dos mujeres, entre ellos 3 menores de edad.

El hallazgo ocurrió,  lunes 27 de enero, en la zona rural del municipio de Teorama, sector de San José de Vegas, en el Catatumbo y fue reportado por las autoridades de Norte de Santander.

El secretario de seguridad de ese departamento, George Quintero,  indicó que los cuerpos, manifestó fueron hallados en un sector alejado de casco urbano del municipio de Teorama.

Lea También: Colombia MILITARIZA la frontera con Venezuela: moviliza más de 9.000 efectivos por violencia en CATATUMBO

Entre otros detalles se conoció que los cuerpos vestían prendas de un grupo al margen de la ley, en este caso las disidencias de las Farc, según Noticias Caracol.

Quintero indicó que «se coordinó con la misma comunidad que llegó a ese sector para poder sacar los cuerpos en dos vehículos: uno fúnebre y otro que se logró adaptar para sacar estos cuerpos, pero la zona es bastante distante del casco urbano”.

Guerrilleros con armas largas patrullan en motocicletas una de las carreteras polvorientas del Catatumbo, la región desangrada de Colombia en la frontera con Venezuela. Montañas adentro, adonde no llegan las fuerzas del Estado, los alzados en armas consolidan su ley de facto en un territorio en disputa.

La AFP tuvo acceso a esta zona aterrorizada, una semana después de un ataque de los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que desató una crisis humanitaria inusitada con más de 80 muertos, al menos 36.000 desplazados y miles de confinados.

?? ASÍ ES LA VIDA EN EL CATATUMBO Así se encuentra la zona a una semana después de un ataque de los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que desató una crisis humanitaria inusitada con más de 80 muertos, al menos 36.000 desplazados y miles de confinados.? AFP pic.twitter.com/oRegPYqRrg

Encapuchados y fuertemente armados, los guerrilleros mostraron músculo y multiplicaron sus puestos de control en las vías para evitar la entrada de militares y de los disidentes de las extintas FARC, sus enemigos en este enclave del narcotráfico, minería de carbón y uno de los puntos por donde pasa el principal oleoducto del país, blanco de atentados para robar el petróleo. 

Pese a la orden del presidente Gustavo Petro de retomar el control, no hay señales de la llegada del Estado. Los civiles transitan en autos con banderas blancas amarradas, como gesto de paz y única protección.

Al filo de la montaña se extienden los cultivos de hoja de coca, el principal componente de la cocaína y manzana de la discordia entre disidentes de las FARC y los llamados «elenos» de banderas rojinegras, la organización rebelde más vieja de América.

Los habitantes anticipan un sufrimiento prolongado en esta región indómita de 11.000 kilómetros cuadrados: «Estas guerras son de años», lamenta Luz Franco, comerciante de una tienda de víveres, de 44 años. 

El pasado 16 de enero revivió el fantasma de las peores épocas del conflicto armado colombiano. Franco puso seguro a la puerta de su casa y esperó el fin de los disparos junto a su esposo y sus hijos de 15 y 10 años.

«Se veía la entrada del grupo (guerrillero) al pueblo», dice en su negocio. 

«Todo el pueblo se encerró ese día, todo el mundo iba buscando resguardo de un lado a otro (…) Nos encerramos, a esperar (…) No sabíamos qué pasaba en ese momento», añade.

Corrían rumores sobre las crecientes tensiones entre el ELN y las disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, pero el ataque fue sorpresivo. 

El ELN movilizó durante días cientos de combatientes desde el cercano departamento de Arauca sin ser detectados por la inteligencia. Las tropas asentadas en Catatumbo se engrosaron y no tuvieron compasión.

Según el Ejército y organizaciones sociales los rebeldes ejecutaron una operación de cacería, en la que sus víctimas eran buscadas con «lista en mano», acusándolas de ser afines a las disidencias. 

Entre los fallecidos hay un bebé, dos menores, disidentes y firmantes de la paz acusados de colaborarles.

La dueña de un restaurante, atemorizada de hablar ante las cámaras, cuenta que su esposo fue retenido durante cuatro días hasta que fue liberado. Ahora el hombre no sale de su casa y sufre las secuelas psicológicas, asegura su esposa.

La estatal Defensoría del Pueblo advierte que aún hay cinco personas desaparecidas, otros «han logrado escapar, ya sea por sus propios medios o en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales». 

En el recorrido, la AFP observó el rescate de un desplazado y tres mujeres jóvenes confinadas bajo la presión del ELN. La entidad encargada de proteger los derechos humanos medió para sacarlas y llevarlas hasta una zona segura.

Lea también: La frontera con Venezuela, una vía de escape a la guerra que se vive en el Catatumbo

«Estamos en un momento de crisis (…) Esta es una situación que no se esperaba», sostiene Édgar Guerrero, de 34 años y líder comunitario de El Aserrío, un caserío anclado en el Catatumbo.

El activista critica lo que considera una promesa incumplida del primer gobierno de izquierda de Colombia, que se suponía iba a priorizar esta región para implementar el proceso de paz que desarmó a las FARC en 2017 y que pretendía llevar desarrollo a los lugares más afectados por la guerra. 

Cuando no asoman los militares, aquí mandan fuerzas rebeldes. El ELN envolvió las casas en afiches alusivos a sus 60 años de levantamiento armado, mientras que las disidencias exaltan imágenes de los antiguos comandantes barbudos de las FARC y otras figuras como el «Che» Guevara. 

El presidente Petro calificó la cifra de fallecidos y el éxodo de desplazados como «uno de los hechos más dramáticos» de «la historia contemporánea de Colombia». Suspendió las negociaciones de paz con el ELN y declaró el Catatumbo y otras regiones conflictivas en «conmoción interior».

Ahora el mandatario considera a los rebeldes un «cuerpo armado dominado por la codicia», «señores de la guerra y asesinos en masa».

Subiendo la montaña, los niños de la comunidad La Cecilia pintaron una tela con el mensaje «QUEREMOS PAZ», que ahora ondea en la calle.

Sin embargo, muchos sospechan que la venganza de las disidencias llegará más temprano que tarde. 

Con información de AFP

Tiene 20 años y dice que ya lo perdió todo. Aunque acostumbraba a cruzar la frontera hacia Colombia, tenía su vida en Venezuela, pero la “situación país”, como ella le llama a la crisis política, social y económica, más una promesa de buen trabajo en Catatumbo, la hizo salir con su niño de tres años, abandonar todo lo que tenía y cruzar con la esperanza de una mejor vida como cocinera una finca.

Vendió su casa, sus muebles, todas sus cosas, para tener algo con qué vivir en El Tarra, un municipio de Norte de Santander, que esta semana también sufrió la violencia de los ataques del ELN y los enfrentamientos con la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente que comanda Calarcá Córdoba, contó al medio colombiano El Espectador.

Ella, sin nombre en este texto porque le da miedo darlo, recuerda que los primeros rumores de disparos se escucharon desde hace dos semanas, por lo que sus patrones le dijeron que lo mejor era irse rápido, que la situación iba a ponerse compleja. Alcanzó a coger lo que tenía cerca. Volvió a salir y también a perderlo todo pues no pudo sacar nada de lo que había conseguido después de dejar Venezuela en noviembre del año pasado.

Aunque no tiene nada ahora, más que dos cajas de bienestarina para su bebé de tres años -una de las tantas donaciones que llegaron al estadio General Santander de Cúcuta a donde arribó como los 18.260 desplazados que ha recibido esa ciudad-, dice que no se va a regresar a Venezuela. “No vamos a volver. Allá no tenemos plata, no tenemos trabajo, no tenemos nada, ¿me entiende?”, explica.

Ante la crisis que se vive en esta zona fronteriza, el gobierno venezolano anunció que recibiría a los desplazados del Catatumbo y que “todos los pasos de Colombia hacia Venezuela serán asegurados (…) En primer lugar, es la ayuda humanitaria. En segundo lugar, reforzar el tapón militar que ya nosotros colocamos hace casi dos meses. Tenemos en todo el perímetro de esa área de conflicto más de 2.000 hombres bajo las armas del lado venezolano”, señaló el presidente venezolano Nicolás Maduro.

A pesar de la situación, algunas personas y familias sí han optado por pasar y/o regresar a Venezuela, pero eso también ha significado otra travesía pues el paso no lo están haciendo por Villa del Rosario, un tramo “más seguro” y que, según constató El Espectador, mantiene su flujo con normalidad, sino por La Gabarra en canoas y chalupas y, la mayoría, por Casigua el Cubo, capital del municipio Jesús María Semprúm del estado Zulia, donde hace unos días se registraron las imágenes del ministro venezolano Diosdado Cabello recibiendo a los desplazados.

Para llegar a ese punto que no escapa de inseguridades ni de la presencia de grupos armados, varias familias de zona rural de Catatumbo bajan como pueden hasta el casco urbano de Tibú, se quedan una noche en los albergues habilitados y luego salen hacia el paso en la mañana.

María, otra mujer migrante, dice que sin importar lo complejo que sea llegar a Venezuela en estos tiempos de crisis ella sí va a volver. Lo hará, cuenta, porque no se ha podido borrar de la memoria la cantidad de muertos que vio hace una semana en el corregimiento Campo Dos, donde alcanzó a contar casi 21 muertos cerca de la zona.

El tiempo apenas alcanzó para que ella y su familia llenaran dos bolsos con ropa y salieran en un camión hasta un punto que se conoce como “la Y”. De ahí buscaron un bus hasta Zulia y después otro hasta la terminal de Cúcuta para luego llegar al estadio. Decidió venir hasta la ciudad solo para sacar el permiso de permanencia para sus dos hijos, pero el plan es regresar. “Nos vamos a ir hasta que todo se tranquilice y podamos volver a Colombia”, dijo.

Lea también: Autoridades colombianas han recuperado 41 cadáveres consecuencia de la violencia en el Catatumbo

La extensa frontera de 2.200 kilómetros que une a Colombia y a Venezuela, junto con la ahora tensa relación que lleva Maduro con Petro es un ingrediente nada menor en esta crisis humanitaria. La inteligencia militar ha dicho desde hace décadas Venezuela es el refugio de los comandantes del ELN, pero ningún gobierno le ha hecho frente a ese tema. Por ahora, el diálogo no se ha roto y de hecho, ayer el mismo Petro confirmó que habló con su homólogo y que establecieron un “plan de erradicación de bandas armadas” en la frontera y que habría una “reunión de los dos ministros de Defensa para ese efecto”.

Con información de El Espectador

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia ha recibido 41 cadáveres, entre ellos un bebé de 19 meses y dos adolescentes de 14 y 16 años, víctimas de la violencia entre guerrillas en el Catatumbo, que las autoridades calculan que ha dejado entre 60 y 80 muertos.

«Hemos recibido 41 víctimas de homicidio reportadas desde el 15 de enero, y ya a todas se les ha podido hacer la inspección técnica de cadáveres», dijo en una rueda de prensa la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Son cuerpos que han sido llevados a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, y a Ocaña, donde tiene presencia la Fiscalía, pero ante las dificultades de acceso y de seguridad para llegar a las zonas rurales donde tienen lugar los enfrentamientos, las autoridades temen que pueda haber más cadáveres sin recoger, reseñó EFE.

La situación en el Catatumbo, una región pobre y montañosa de Norte de Santander, en límites con Venezuela y formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es incierta y hace dos días otro firmante de paz fue asesinado en plena calle en Teorama.

De los cuerpos recibidos, 39 ya han sido identificados y 32 entregados a sus familias, detalló el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Jorge Arturo Jiménez, quien añadió que hay 39 de sexo masculino y 2 de femenino, así como los 3 menores de edad: el bebé de 19 meses y los adolescentes de 14 y 16 años.

Además, las cifras recopiladas por el Puesto de Mando Unificado hablan de más de 32.000 desplazados por la violencia, sobre todo personas que han llegado a Cúcuta (13.426), Ocaña (10.719) y Tibú (10.422).

Lea también: Catorce guerrilleros se entregan al Ejército de Colombia: acataron el llamado de Petro

Sin embargo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) detalló este miércoles que del total de 50.000 afectados por la violencia, hay ya 38.419 desplazados y 12.176 confinados.

Un adolescente y 14 adultos, pertenecientes al Grupo Armado Organizado (GAO), estructura 33 del Bloque Magdalena de las disidencias de las Farc, se entregaron en las últimas horas a tropas del Ejército que cumplen una semana de labor en defensa de las comunidades en la zona del Catatumbo (Norte de Santander), informó la presidencia de ese país.

Se trata de «entregas voluntarias» que se produjeron en los municipios de El Tarra y Tibú, en medio de las confrontaciones entre los Grupos Armados Organizados (GAO), disidencias de las Farc y Frente Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

«Las personas que buscaron protección ante la unidad militar tenían en su poder abundante material de guerra, intendencia y comunicaciones. El material entregado fue puesto a disposición de las autoridades competentes», destaca el boletín.

El adolescente desvinculado fue entregado a la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos.

Lea también: CÚCUTA COLAPSADA: Aumenta a más 16.000 los desplazados del Catatumbo

La acción coincide con el llamado hecho por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a los miembros de los grupos armados para que, con acciones positivas como su desmovilización o su entrega, expresen su voluntad de paz y permitan así poner fin a la crisis humanitaria desatada en los últimos días en esa región del país.

Las tropas de las Fuerzas Militares y de la Policía ingresaron a las zonas en conflicto para detener no solo las confrontaciones entre el Eln y disidencias de las Farc, sino la acción criminal contra las comunidades, líderes sociales y firmantes de paz.

Durante los últimos cinco días, decenas de personas han estado huyendo del fuego cruzado y abandonando sus hogares. Por lo tanto, la prioridad de los soldados es salvar vidas en riesgo por actos de cacería que, de acuerdo con lo dicho por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, “son típicos casos de sicariato”.

Esta fase está centrada en la ubicación, extracción y reubicación de personas amenazadas hacia unidades militares, estaciones de Policía y refugios preparados de manera previa por las autoridades locales.

Más de 400 miembros del Ejército Nacional refuerzan el pie de fuerza en los cascos urbanos y rurales y ya se han evacuado 14 firmantes de paz por vía aérea. Otras 10 personas en riesgo están refugiadas en unidades militares.

“Lo que necesitamos es poner a salvo a quienes están siendo perseguidos, luego fortalecer la presencia de las tropas en la zona y garantizar el retorno de los habitantes de manera segura”, aseguró el funcionario.

La tarea inicial de las Fuerzas Militares ha sido la de abrir corredores seguros para permitir el ingreso de ayuda humanitaria, el abastecimiento de la población y el tránsito de las personas.

Una vez culminé esta fase, se producirá el ingreso de tropas especializadas en control territorial para despejar las áreas críticas. La misión recayó sobre la Fuerza de Tarea Vulcano y personal de la Brigada 30 que han dispuesto más de 5 mil efectivos.

La zona que será intervenida incluye no solo la región del Catatumbo. Los planes tácticos y estratégicos se extienden a casi todo el departamento de Norte de Santander.

“Que la población desplazada vuelva a su entorno natural es la responsabilidad de las Fuerzas Militares y de Policía, hacer que estas condiciones sean, de manera efectiva, propicias”, explicó el ministro Velásquez.

Las operaciones del Ejército son apoyadas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que desplegó una operación de ayuda humanitaria coordinada con la Unidad para las Víctimas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Para ello han dispuesto de dos aeronaves, un C-295 y un C-130 Hércules que han partido desde la pista del Centro del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá, transportado casi 20 toneladas de ayuda a la ciudad de Cúcuta y a las poblaciones de Tibú y Ocaña.

El C-295 ha llevado más de 4 toneladas, entre kits de aseo, alimentos no perecederos, supervivencia básica y otros suministros esenciales, mientras que el C-130 Hércules ha entregado más de 15 toneladas de ayuda humanitaria, vitales para atender a la población que se encuentra en zonas de difícil acceso y ha sido desplazada.

El material ha sido recibido y distribuido por los organismos de socorro y las autoridades locales competentes.

De manera simultánea, la Policía Nacional habilitó una línea de información contra el crimen, el 3143587212. El objetivo es contar con datos concretos y reales para identificar, ubicar, judicializar posibles responsables de hechos de violencia y conseguir su captura.

El Gobierno nacional continúa desarrollando operaciones militares que permitan garantizar el control territorial en la región del Catatumbo.

Asimismo, invita a los integrantes de estos grupos armados a retornar por el camino de la legalidad.

Luego de que se supiera esta noticia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus redes sociales.

Tras resaltar la importancia de este hecho, el mandatario envió este mensaje a los habitantes del Catatumbo: «Quiero que el pueblo de Catatumbo reflexione sobre los últimos hechos: mientras exista una economía ilícita habrá muerte».

«Es la hora con ayuda del gobierno de realizar un gran proceso de sustitución de esa economía ilícita por economías legales. En los decretos de conmoción interior se mostrará un camino eficaz», finalizó.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe se pronunció sobre la situación de orden público en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander. El exmandatario asegura que la «tiranía de Venezuela» tiene responsabilidad en la violencia desatada en el territorio.

Uribe afirma que el expresidente Juan Manuel Santos habría permitido esa injerencia en el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que, según él, tuvo la “mediación de su tiranía protectora”.

La responsabilidad de la Tiranía de Venezuela en las masacres del Catatumbo. pic.twitter.com/GXHfDyh6py

«Santos, beneficiario y socio del presidente Petro, violó las líneas rojas que prometió y aceptó las imposiciones de FARC con la mediación de su tiranía protectora”, dice un texto compartido por el expresidente.

«La tiranía debería haber frenado la violencia en Colombia, como lo creyó Santos. Piensa, en su delirio paranoico, que FARC y el Clan del Golfo la van a tumbar, como informan militares de la tiranía», agregó el expresidente en su escrito.

Este supuesto ataque a la tiranía, de acuerdo con Uribe, habría provocado que esta ordene hacer masacres en el Catatumbo. Estos acusan al expresidente colombiano de “paramilitar”.

“Entonces la tiranía habría ordenado al ELN hacer las masacres del Catatumbo. Y los tiranos hablan a toda hora de los paramilitares de Uribe. Así me acusaron antes de iniciar la Presidencia”, indicó.

En ese mismo orden de ideas agregó: «La tiranía asesinó al fiscal Danilo Anderson y dijo que eran los paramilitares de Uribe».

Horas después, el expresidente sugirió en sus redes que la Guardia Nacional de Venezuela pudo haber “trasladado” criminales del ELN al Catatumbo.

“¿Qué papel jugó la Guardia Nacional de la tiranía para trasladar criminales del ELN al Catatumbo a fin de efectuar las masacres?”, cuestionó el exmandatario de Colombia.

¿Qué papel jugó la Guardia Nacional de la Tiranía para trasladar criminales del ELN al Catatumbo a fin de efectuar las masacres? https://t.co/YV55JywxM4

Lea también: MADURO anuncia refuerzo del “tapón militar” en la frontera con COLOMBIA: ordena a Cabello desplazarse a los campos de desplazados

Añadió: «Entonces habrá que ‘agradecer’ a la tiranía. Ya uno de los tiranos anunció que otro, él del mazo, ordenó parar las masacres, las que ellos mismos ejecutaron con sus pupilos del ELN».

Entonces habrá que “agradecer” a la tiranía. Ya uno de los tiranos anunció que otro, él del mazo, ordenó parar las masacres, las que ellos mismos ejecutaron con sus pupilos del ELN.

Como colofón los metió a todos en el mismo paquete: «Las masacres del Catatumbo son acciones de la tiranía, ELN y otros. Santos nos creó ese problema y el Pte Petro lo permite».

Las masacres del Catatumbo son acciones de la tiranía, ELN y otros. Santos nos creó ese problema y el Pte Petro lo permite https://t.co/lQE556LdxF