La Organización No Gubernamental (ONG) Cecodap realizó un informe en el que documentó una alarmante cifra que va en aumento sobre jóvenes que tienen ideas de no continuar con su viuda.

El coordinador de la organización, Abel Saraiba habló sobre este tema, en el programa radial En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.

Detalló que esta investigación, que se realizó entre 2022 y julio de 2023 con capítulo sobre la salud mental, se hizo a partir de 13.700 personas atendidas por el Servicio de Atención Sicológica de la organización durante los últimos 18 meses.

Asimismo, determinaron que el 28,95 % de los niños, niñas y adolescentes presentan ideas “suicidas”, es decir, que han pensado en la muerte o se cuestionan qué pasaría si no existieran.

“Los datos que compartimos son datos que corresponden justamente con el esfuerzo de levantar y de documentar la situación de nuestros pacientes para que ayude esto a poder visibilizar la situación de los derechos de los niños a nivel nacional”, dijo el coordinador de Cecodap.

Además, destacó que en el 2019, antes de la pandemia, las alteraciones de cuadros de ánimo (ansiedad – depresión) se encontraban en 22%; en el primer año de pandemia (2020) subieron a 39 %, “pero lo más curioso es que estos números no han retrocedido después de la pandemia”.  

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En ese sentido, comparó las cifras entre 2022 y 2023, incluso, destacó que la diferencia es de 7,25 puntos porcentuales u estiman que continúe superándose.

“Esto obedece a que las familias están muy exigidas, los padres cuentan con dificultad para cubrir las necesidades básicas de niños y adolescentes (…) esto lleva a que aumenten los niveles de violencia intrafamiliar (…) que deterioran la salud mental de niños, niñas y adolescentes”, señaló.

Además, alertó que el acoso escolar y la violencia dentro de las escuelas acaban agravan esta situación.

“En Venezuela no existe una política pública en materia de salud mental y por lo tanto no existen instituciones suficientes, personal suficiente y recursos disponibles para proteger a los niños y adolescentes”.

«Las violaciones a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes tienen como principal factor la negligencia por parte de los cuidadores, el Estado y la comunidad para prevenir y denunciar los hechos».

La afirmación se hace en el informe: «Somos Noticia Capítulo Violencia», presentado esta semana por la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) junto a la ONG Cecodap.

En el documento se destaca que «un total de 1.541 situaciones directamente relacionadas con muertes, abuso, violaciones a la integridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) fueron registradas en diciembre de 2022 y julio de 2023, en Venezuela».

Según los datos registrados, las situaciones de violencia contra la niñez y la adolescencia equivale a un promedio diario de 6 niños, niñas y adolescentes perjudicados.

“De manera desgarradora, 91,6% de las notas de prensa registran a los NNA como víctimas, mientras que 9,4% señala a adolescentes como victimarios”, se lee en el informe.

“Todas estas situaciones pudieron ser prevenidas. Al analizar los datos se evidencia que la violación a la integridad personal constituye la vulneración más frecuente para los niños, niñas y adolescentes y no se disponen de políticas públicas para prevenir y abordar la violencia en estos ámbitos”, agrega el escrito.

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Resalta el documento que «los estados con mayor cantidad de hechos violentos contra la niñez y adolescencia son: Anzoátegui (156), Zulia (155) y Carabobo (115)».

Mientras que en el ámbito nacional «se registraron 131 incidentes relacionados con vulneraciones no letales a la niñez y adolescencia, incluyendo las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en esta población».

326 niños, niñas y adolescentes muertos

Las fallas en hospitales públicos por falta de insumos o medicamentos, así como situaciones de abuso sexual, trato cruel, maltrato infantil, sumado a la delincuencia, acabaron con la vida de 326 niños, niñas y adolescentes en el país.

Del total de muertes, al menos 189 niños y niñas de 0 a 12 años fallecieron durante el periodo del monitoreo; mientras que 91 adolescentes de 12 a 17 años perdieron la vida. En 46 de los casos, no se especificó la edad de las víctimas.

Las muertes que ocurrieron por la precariedad dentro de los hospitales por la falta de insumos, así como por la ausencia del personal médico especializado, se totalizaron en 116 niños, niñas y adolescentes fallecidos. En el informe se destacó que dicho número es apenas un aproximado de la situación real del país, debido a la falta de información oficial.

Las principales causas de muerte identificadas en el informe fueron: accidentes fatales y muertes por razones hospitalarias, que representan el 35,6% cada una.

Sin embargo, es igualmente alarmante el hecho de que el 12,3% de las muertes violentas de NNA en Venezuela se debieron a la acción de la delincuencia y la violencia social.

En total se registraron 40 homicidios de niños, niñas y adolescentes. En 71,1% de los casos, la víctima muere por disparos en medio de robo, enfrentamiento o discusión. En 85% de los casos registrados, no fueron identificados los agresores.

De las muertes a manos de la delincuencia, 62,5% corresponden a adolescentes masculinos y 7,5% son adolescentes femeninas. También mueren 9 niños entre 6 y 11 años.

24 niñas, niñas y adolescentes murieron a manos de sus madres, padres u otros familiares, luego de ser víctimas de tratos crueles e inhumanos. De total, 15 de los hechos tuvieron como principales victimarios a las madres, mientras que en 7 de los casos fueron el padre o padrastro.

El informe también pone de manifiesto otras formas de violencia, como suicidios, feminicidios y abuso sexual, que siguen afectando profundamente a los NNA. Se registraron 14 casos de suicidio y 13 feminicidios en los meses del monitoreo, así como 4 muertes atribuidas a actuaciones policiales y 2 casos de violencia escolar.

La ausencia de programas efectivos para la prevención del suicidio entre las distintas instituciones que conforman el sistema de protección, arroja una sombra aún más oscura sobre la capacidad de la sociedad, y del Estado, para brindar apoyo emocional y opciones de refugio a quienes enfrentan conflictos familiares y emocionales.

“Cinco de estos suicidios se pueden vincular a problemas familiares, lo que subraya la necesidad urgente de intervenciones y recursos para apoyar a las familias en crisis”, se lee en el documento.

Además, de las 13 muertes calificadas como femicidios, 8 también involucraban abuso sexual. “Esta realidad dolorosa y alarmante pone de manifiesto la urgencia de abordar la violencia de género y brindar protección a las NNA que se ven afectadas por ella”, dice el informe.

Entre diciembre de 2022 y julio de 2023, al menos 439 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual. Las niñas y adolescentes femeninas representan el 72,9% de estas víctimas, mientras que los niños y adolescentes masculinos conforman el 27,1%.

Para la REDHNNA y Cecodap urge la necesidad de abordar esta problemática y proteger a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Detallaron que el análisis de datos revela que muchas de tragedias registradas en el informe podrían haberse prevenido con servicios y programas accesibles y especializados.

“La violencia y el daño a NNA son problemas que afectan profundamente a la sociedad venezolana, y es necesario abordarlos desde una perspectiva de derechos humanos. Esto implica que el Estado tiene la obligación fundamental de garantizar la protección integral de la niñez y la juventud”, se lee en el informe.

En el informe se enfatizó que, hasta el momento, no se ha identificado una política pública o plan nacional que priorice y guíe la actuación de las instituciones públicas en la protección de los derechos de los NNA. “Las decisiones y acciones públicas para prevenir vulneraciones de derechos humanos de esta población son limitadas y fragmentadas”, se lee en el documento.

Entre las medidas prioritarias que deben ser atendidas se encuentran:

Implementación de una Política Nacional para la Protección Especial de NNA víctimas de violencia y vulneración de sus derechos: Es crucial establecer una política clara que defina prioridades y directrices para la protección de los NNA en situaciones de vulnerabilidad.

Fortalecimiento de servicios y programas especializados en la protección de NNA víctimas de violencia: Se necesita ampliar y robustecer los servicios y programas que atienden a los NNA que han sufrido violencia, especialmente de trato cruel y violencia sexual.

Desarrollo de un Sistema Nacional de Información sobre la Situación de NNA: Este sistema permitiría recopilar datos desagregados por edades, género, territorios y tipos de derechos vulnerados, proporcionando información accesible y oportuna para las autoridades y entidades que trabajan en la protección de NNA.

Fortalecimiento del Sistema Rector para la Protección Integral de NNA: Esto incluye capacitar y fortalecer las capacidades de los Consejos de Protección, Defensorías de NNA y programas locales para la protección de NNA que viven situaciones de violencia y exclusión social.

Asignación de recursos adecuados: Es esencial asignar recursos suficientes para el desarrollo de programas y servicios locales que apoyen a las familias en situaciones de pobreza crítica, separación familiar o violencia.

Acceso a servicios especializados y programas de asistencia: Las víctimas de violencia deben poder acceder a servicios y programas de rehabilitación psicosocial y fortalecimiento de capacidades.

Programas educativos para erradicar el castigo físico y el maltrato: Es necesario promover normas de crianza basadas en el respeto y la no violencia.Promoción de la igualdad y no discriminación: Se debe crear conciencia social sobre el abuso y la agresión sexual en las familias como delitos que deben ser denunciados.

Participación social de NNA: Fomentar la participación de los NNA en la defensa de sus propios derechos y en la denuncia de situaciones de violencia.Campañas informativas: Informar a la sociedad sobre el derecho de todo NNA a denunciar situaciones de violencia y la responsabilidad prioritaria de garantizar su protección.

La protección de los derechos de los NNA en Venezuela es un imperativo moral y legal que requiere una acción coordinada y urgente por parte de las instituciones y la sociedad en su conjunto.

Representantes del Centro Comunitario de Aprendizaje señalan que en los últimos años han incrementado las agresiones sexuales contra niños y adolescentes en el país.

Carlos Trapani, coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), ofreció un panorama sobre la situación de abuso de menores en el país.

El periodista de Impacto Venezuela, Sandino Ignacio Yaguare, consultó al representante de Cecodap quien le indicó la pobreza, la desigualdad y las fallas en los servicios públicos han influido en los altos niveles de vulnerabilidad.

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Trapani indicó que la integridad de los niños se ve afectada por fallas en el sistema educativo, desnutrición, alimentación, entre otras áreas.

La violencia sexual contra niños ha aumentado en Venezuela, según datos de Cecodap. Son sus cuidadores los principales victimarios.

En tal sentido, hizo un llamado a tomar acciones. “Hay que denunciar cualquier tipo de agresión, porque esta permite la redignificación del niño frente a todo hecho violento”, indicó.

La migración también ha afectado al menos 1.200.000 mil niños quienes en su mayoría están bajo el cuidado de terceros, por la ausencia de sus padres. Por otra parte, el entorno escolar y las dificultades propias del sector comprometen la calidad educativa de los más jóvenes.

Un nuevo caso en contra de un menor de edad vuelve a estremecer a Venezuela. Un pequeño de 5 años fue abusado salvajemente por 5 adultos. El hecho fue grabado, por lo que se hizo viral y encendió las redes sociales.

El video enardeció los ánimos de todo aquel que lo pudo ver el video; la casa fue allanada, parte de los aberrados identificados, el Fiscal Tarek William Saab promedió pena máxima y emitir una orden de Interpol para su captura de los aberrados.

Un país expectante ante la tragedia del pequeño que lloraba y pedía que lo dejaran, puesto que casi lo asfixian.

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Ante este tipo de casos también hay que tomar acción. En este sentido, la ONG de Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) sostiene que “este hecho nos permite, además de repudiar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, reflexionar sobre la ruta para restituir sus derechos”.

Cecodap plantea una estrategia a seguir para restituir los derechos del pequeño abusado, que deje hacerte de manera simultánea.

2⃣ Denunciar, investigar y sancionar a los responsables de la agresión y aquellos que la permitieron. Se debe evitar la impunidad, especialmente cuando involucre a un niño, niña y adolescente. Celeridad y efectividad en la actuación judicial son necesarias en estos casos

4⃣ Preservar el medio familiar del niño. En contextos de violencia es importante mantener a la víctima en el seno de sus familiares más cercanos, que le ofrezcan amor, seguridad y protección. De ser posible evitar cualquier tipo de institucionalización

La recomendación del Cecodap es estas estrategias de forma simultánea y con prioridad, sobre todo en esta caso donde hay una franca situación de violencia que afecta los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Fallas de servicios públicos, estructuras deterioradas y ausencia de maestros encontraron a los alumnos en el retorno a clases presenciales. Esta precaria situación de los planteles igualmente va a recibir a los estudiantes, una vez que comience el periodo escolar 2022-2023.

La denuncia la hizo la ONG Cecodap y la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia (PANA), en un informe conjunto, en el cual documentaron los datos recabados a través de encuestas y entrevistas realizadas en diferentes escuelas, tanto públicas como privadas, con la finalidad de retratar la situación escolar.

Se trata del informe «Estudiar entre ruinas» donde se detalla y relata la situación de los colegios en nueve estados del país, tras la restauración de la presencialidad en las escuelas durante la pandemia.

El documento se elaboró a partir de 11 reportajes y con la participación de 151 personas, de las cuales 39 fueron niños. Con ello se logró una aproximación sobre las condiciones, metodologías y realidades en el regreso a las aulas.

Este proceso de análisis permite identificar un patrón de adversidades y omisiones del Estado que comprometen el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.

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El informe destaca que los centros educativos encuestados en su mayoría presentan graves problemas de infraestructura originada por un desgaste natural.

«Pero también por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, incluso obras de construcción en centros educativos iniciadas por el Estado y que no fueron terminadas», señala.

Los colegios tienen «filtraciones, techos caídos, baños inoperativos, falta de pupitres y un precario acceso a servicios públicos especialmente de agua potable, aguas servidas, gas doméstico y electricidad».

“La precariedad en la estructura escolar conlleva a unir salones de clases, improvisar espacios o dar clase en espacios sin techos”, se lee.

Asimismo, se detectaron limitaciones en el Programa de Alimentación Escolar. «Las fallas denunciadas están relacionadas con la cantidad, calidad y frecuencia de los alimentos que integran este programa».

Además, «se verificó que las comidas entregadas a las instituciones no cubren las necesidades nutricionales para los niños, niñas y adolescentes. Sin comida no hay estudio”, enfatiza el documento.

A los problemas en las escuelas se le sumó la deserción de docentes, no solo en áreas científicas (como puede ser matemática, física y química), también en la educación básica.

En este sentido, el escrito resalta que «66% de los centros educativos públicos y 34% de los centros educativos privados tiene déficit de docentes».

La ausencia de docentes obedece a diversas causas principales: «bajos salarios y sobrecarga de trabajo, falta de transporte público e infraestructura que limita el desarrollo de una dinámica escolar de calidad».

Igualmente, resalta que para solucionar el problema, «63% de los centros educativos encuestados cubren la falta de docentes con personal ya jubilado, profesionales distintos al área de la educación, pero con componente docente y en algunos casos un docente puede asumir varias asignaturas o grupos de alumnos».

“Llama la atención que el 37% de los centros educativos encuestados intentan cubrir la falta de docentes con otro tipo de personas, pero sin formación pedagógica o simplemente no cubren las vacantes”, enfatiza el trabajo.

Sin datos no se puede determinar qué cantidad de alumnos dejó de asistir a clases.

«La deserción escolar sigue siendo una intriga; sin embargo, en Miranda (Área Metropolitana de Caracas), Lara y Bolívar tres fenómenos que vacían las aulas se detectaron: cambios de colegios por falta de transporte, trabajo adolescente y migración interna por precios de la gasolina».

“La pérdida de la capacidad de compra del salario, la dolarización de facto de la economía nacional y familiar aunado a los problemas estructurales que presenta el sistema educativo son factores que han provocado que niños, niñas y adolescentes abandonen las aulas de clases para generar ingresos que les permita cubrir sus necesidades básicas y la de sus familias”, se lee en el informe.

Las dificultades de los estudiantes para adaptarse al currículum escolar se hizo evidente durante las entrevistas.

«Se registraron debilidades con la escritura, la lectura y los cálculos números. Además, no se identificó orientaciones por parte del Ministerio de Educación para una adaptación curricular ni se implementaron procesos de diagnósticos psicoeducativos».

“Fue una proceso educativo de masas, generalizado y no diferenciado a las condiciones particulares de los niños, niñas y adolescentes”, agrega el documento.

En cuanto a la violencia contra la escuela, «los constantes hurtos representan un riesgo para la presencialidad de estudiantes y docentes generando carencia de insumos, recursos y materiales indispensables para el desarrollo de las actividades escolares».

Para la documentación de los estragos que ocurrieran dentro de las instituciones académicas, se consultaron 56 centros educativos, entre públicos y privados, en nueve estados del país.

En total, la situación en las escuelas afectó a 32.656 estudiantes, de las cuales 51,5% se encuentran en educación privada y 48,5% en educación pública.

Las remesas que se envían del exterior cada vez representan un papel menos protagónico en los hogares venezolanos, sobre todo en los niños, debido a que no alcanzan para sus necesidades básicas, advirtió la Organización No Gubernamental, (ONG), Centro Comunitarios de Aprendizaje, Cecodap.

Mediante una encuesta de la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (Pana), se observó que, en promedio, los padres y madres migrantes envían entre 20 y 40 dólares mensuales a Venezuela. Una cifra que apenas cubre para la merienda de los más pequeños en casa.

Por tal motivo, muchas personas se vieron obligadas a completar este ingreso para “garantizar la sustentabilidad” de sus familias.

De acuerdo con la ONG, los gastos actualmente se limitan a necesidades esenciales como la comida y el alquiler, dejando a los niños y adolescente en segundo lugar.

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Ante esto, el economista Luis Vicente León considera que la valoración actual del dólar ha afectado el poder adquisitivo. Pues, lo que era un sustento para las familias en 2018, pasó a ser un complemento del mes en 2022.

Para 2021, la proporción de hogares venezolanos que percibían ingresos por remesas era de 24,3%, según con la Investigación Muestral de Hogares Venezolanos.

“En promedio, estos hogares reportaron recibir 65,8 dólares mensuales, este monto corresponde a finales del año 2021, por lo que incorpora los efectos de la pandemia de COVID-19”, indicó el informe de Anova Policy Research.

De acuerdo con el documento, las familias con ingresos menores a 50 dólares mensuales, reciben aproximadamente 26 dólares mensuales por parte de algún familiar en el exterior.

El problema de las armas y situaciones violentas en los recintos educativos no es diferente en Venezuela.

El representante de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) una organización sin fines de lucro que aborda los problemas de la educación venezolana, Fernando Pereira, manifiesta que son frecuentes los reportes en donde salen a relucir armas de fuego y armas blancas.

Nuestra compañera de labores Deisy Mora aborda el tema con el personal de Cecodap, quienes manejan cifras que ponen en alerta a las autoridades tanto educativas, como de seguridad.

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Los robos, acoso escolar, venganza, hechos pasionales entre otros, son los principales detonantes de la violencia en aulas, pasillos, canchas y demás espacios de los colegios públicos en Venezuela.

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La falta de presupuestos, políticas públicas y acciones del Sistema de Protección los perores enemigos de los derechos de los niños , niñas y adolescentes, según se desprende el más reciente informe de Cecodap.

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap,  aseguró que “los buenos deseos no construyen realidades”.

A juicio de Trapani una de las razones por las que la formalización de la denuncia no se realiza es por esa falta de garantías.

Este fue uno de los hallazgos del Servicio de Atención Jurídica (SAJ) de Cecodap en el que destacan la renuencia de las familias a denunciar situaciones de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en instancias públicas.

El informe fue dado a conocer este martes 31 de mayo, en la sede de Cecodap; y el mismo refleja el acompañamiento jurídico a 673 beneficiarios a través de 811 consultas realizadas entre el mes de abril del año 2021 hasta marzo del año 2022.

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Para el equipo de Servicio de Atención Jurídica (SAJ) de Cecodap, la receptividad de las denuncias por parte de funcionarios del Sistema de Protección tuvo una mejoría en comparación al año 2021.

Sin embargo,  sin mecanismos efectivos de monitoreo y seguimiento de los casos, no se cumplirá la meta de prevenir situaciones de violencia que afecten a la niñez y la adolescencia.

Trapani destacó que, pese a la orientación hecha por Cecodap a los beneficiarios, 52,94% de los solicitantes no denunciaron al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; 46,87% al Ministerio Público y 9.09% a otros organismos del Estado.

Advierte que “Pareciera que existe una desesperanza en la restitución de los derechos y una incredulidad en las respuestas institucionales ofrecidas por el Estado, así como miedo a las represalias”.

Al tiempo que agregó que “se evidencia por parte de las víctimas miedo y resistencia a realizar denuncias frente aquellas situaciones de violación a los derechos de los niños”.

Otros factores que influyen a juicio del representante de Cecodap es la desinformación, complejidad de los procedimientos, trato inadecuado de los funcionarios públicos, difícil acceso físico a oficinas públicas y limitaciones en capacidad de movilización de las víctimas son factores identificados por los beneficiarios que desestimulan la denuncia.

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Trapani señaló que, entre el total de personas atendidas por el SAJ, 270 eran niños, niñas y adolescentes, lo cual representa un incremento de 37%, en relación al año anterior (102 niños, niñas y adolescentes más con relación al año anterior).

“La integridad personal, familia e instituciones familiares y educación comprenden los derechos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerados, en el periodo documentado por el SAJ.  También se evidencia un contexto de mucha adversidad para los padres, madres y cuidadores. Están a la deriva resolviendo como pueden y cuando pueden. Aun cuando reconocen que tienen fallas y que hay presencia en la familia de violencia, no saben a dónde acudir para cambiar esa realidad”, explicó Trapani.

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El SAJ documento, en 811 consultas

En cuanto a los casos de integridad personal, el equipo del SAJ detalló que 24,59% de los casos están relacionados a abuso sexual; seguidos de maltrato (22,90%), violencia física (18,03%), acoso escolar (13,11%) y castigo físico (11,47%).

Por su parte, Angela Villafranca, abogada adjunta del SAP, explicó que se evidencia que la violación a la integridad personal constituye la vulneración más frecuente para los niños, niñas y adolescentes.

“También se evidencia un contexto de mucha adversidad para los padres, madres y cuidadores para que puedan ejercer sus responsabilidades de crianza de forma compatible con la dignidad”, explicó.

Trapani enfatizó la necesidad de tener datos que muestren los problemas de los niños, niñas y adolescentes.

 «No podemos ir a ciegas. Aún persiste la ausencia de datos oficiales, políticas públicas sin enfoque basados en los derechos del niño, incumplimiento o desconocimientos del marco jurídico que reconoce para la protección de los niños, inexistentes programas y servicios constituyen algunas de las problemáticas históricas que afectan la efectividad y protección a los derechos de los niños”, apuntó.

Ana María de 10 años de edad es una niña de contextura gruesa, sus compañeras la llaman “gorda, deforme, monstruo”. Cada vez que llega a su colegio, las niñas cuchichean entre ellas y luego van y la acosan insultándola. No la incluyen en los juegos y le gritan: “¡Eres una gorda!”.

Cuando se acerca para pedirles algo, la empujan y hasta la maltratan. Ana María no le dijo nada a su familia del tormento que vivía a diario en el colegio. Cada mañana su madre tenía una lucha para que se levantara y asistiera a sus clases.

Las maestras tampoco hicieron nada para controlar a las otras niñas. Un día cualquiera, Ana María se cansó y confrontó a quienes la acosaban y la cayeron a golpe. Tampoco pasó nada.

Llegó a su casa con una citación del colegio donde la culpaban de provocar una pelea y su madre lo que hizo fue regañarla por tener que perder un día de trabajo para atender la situación.

No había psicólogo, ni un profesional en la institución que se fijara lo que estaba pasando con Ana María, tampoco tenía el apoyo familiar y las compañeras seguían amedrentándola y maltratando.

Una noche, Ana María decidió que ya no quería seguir viviendo este tormento y se lanzó por la ventana del piso 10 del apartamento familiar.

Fue la única respuesta que tuvo al silencio de todos, al acoso de las compañeras, a la indiferencia de sus padres, quitarse la vida.

Como la historia de Ana María hay muchas, donde no hay atención ni de las instituciones, ni de la familia.

Solo un desenlace como el que ocurrió con esta niña es capaz de hacer mover instituciones, colegios, familia para buscar una respuesta a lo que sucedió, por eso es el silencio el mejor aliado del acoso escolar.

Aseguran experto que el acoso cada vez más toma terreno, porque hay miedo a la represalia, instituciones en deterioro, familias disfuncionales y una sociedad en crisis.

El fundador y director del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Oscar Misle, habló con Impacto Venezuela sobre el tema.

Aseguró que no es una situación nueva, sino que ocurre desde hace muchos años.

“En los últimos años se ha agravado porque no hay confianza en las instituciones”.

Considera que los 74 casos de acoso escolar que aseguró el fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, está atendiendo el Ministerio Público, son solo una muestra de lo que sucede en el país en esa materia.

Asegura que hay muchos casos “no denunciados” porque “no se sabe cómo hacer, porque hay desconfianza, porque hay temor a las represalias que se puedan tomar y lo más importante, hay impunidad”.

Misle asegura que no toda violencia es acoso escolar. Precisa que hay que saber diferenciarlo y reconocerlo.

“El acoso escolar para que se entienda y pueda ser reconocido como tal tiene que ser intencionado, tiene que haber uso del poder delante de unos testigos, utilizando como estrategia el miedo para poder hacer daño, debe ser repetitivo e intimidatorio”, enfatiza.

Es una situación que a la vista se escapa de las manos de las instituciones educativas, de los núcleos familiares, de la sociedad como tal y de las instituciones del Estado que no tienen políticas claras ni definiciones concretas sobre el tema.

Sin embargo, Misle resalta que muchas cosas se pueden hacer en la sociedad y en los colegios como “crear espacios para recrear y hablar sobre el tema, reunirse y planificar estrategia donde cada quien sepa y cumpla con lo que le toca desde su rol o su responsabilidad”.

Aunado a todo eso, “atender los casos de manera permanente y no de manera reactiva cuando hubo un caso, un suicidio, sino que pueda ser parte de una dinámica escolar donde participen todos los miembros de la comunidad educativa para prevenir y poder actuar a tiempo”.

Óscar Misle asegura que desde Cecodap lo que hacen para prevenir y actuar en caso de una situación de acoso escolar, es informar y definir términos de manera que se entienda que es el acoso escolar y cómo identificarlo para trazar estrategias.

Considera que las universidades que forman educadores, deben revisar el pensum e incluir en la formación como eje fundamental el tema del acoso.

“Hay que incluir el tema del respeto del conocimiento del otro, el tema del convivir sin agredir y ponerle nombre a las cosas, sobre todo para poder tenerlas claramente tipificadas y poder actuar en consecuencia”.

Con Óscar Misle también tratamos el tema de los retos que se han puesto de moda y que las redes sociales les ha dado una difusión importante.

Los principal para el sociólogo es preguntarse: “¿Por qué un estudiante quiere jugar a la muerte si no le divierte la vida?”

Considera que es un tema no sólo delicado sino de mucho control. «No sólo debe hablarse y controlarse desde el seno familiar, sino también involucrar a las instituciones educativas porque algo está sucediendo en la sociedad para que esto pase».

“Si un joven quiere ponerse en el filo de la vida para tentar a otros a poner en riesgo su vida, su seguridad y su integridad es que nos debemos preguntar: ¿Qué está pasando en la familia y en la sociedad? ¿Qué está pasando en las comunidades educativas que no se encuentran salidas que puedan generar oportunidades placenteras y gratificantes en los estudiantes?”.

Precisa que a todas esas preguntas, no solo hay que buscar respuestas, sino estrategias que permitan resolver y que los niños y jóvenes “tengan formas de recreación sanas sin que tengan la necesidad de buscar situaciones riesgosas que no solo ponen en peligro su vida, sino también la de los demás”.

En los últimos días en diferentes estados del país se han registrado casos de acoso escolar o bullying. Abel Saraiba coordinador adjunto de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); señala que la violencia es un comportamiento que se aprende, y por lo general, no es algo que va a suceder de manera espontánea.

En entrevista para El Pitazo, Saraiba advirtió que un niño que actúa de forma violenta o agresiva contra sus similares presenció o vivió diferentes formas de este comportamiento; que no son reconocidos de esta manera.

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El también psicólogo advirtió “pudiera llegar a pasar que un padre o madre no actúa de manera directa. Pero el niño presencia violencia basada en género en la familia o comportamientos intimidantes u hostiles por parte de adultos o personas significativas del entorno”.

Sarabia señaló que reconocer estas señales es clave para poder intervenir para generar cambios en las formas de relacionarse y prevenir que causen daños a terceros. Destacó que existen ciertas características que permiten identificar a los adolescentes que actúan como agresores, entre las que se encuentran:

La ONG Centros Comunitarios de Aprendizajes (Cecodap) alertó este miércoles que en 2021 se registraron 156 casos de riesgo suicida en menores.

Se trata de 112,32 % más casos en comparación con el 2020, por la falta de «adaptación de medidas específicas» para la protección y prevención para niños y adolescentes.

«En 2021, se recibió 112,32 % más casos con riesgo suicida en comparación a 2020, es decir, pasamos de 72 a 156 casos registrados», dijo el coordinador adjunto de la ONG, Abel Saraiba.

“Esto nos alerta sobre el impacto que la dinámica familiar y los conflictos que suceden en este entorno pueden tener en cuanto a la salud mental del niño y adolescente”, sostuvo.

«Cuando se aprecia año a año el aumento pareciera que el panorama es demoledor. Es importante destacar que pese a la recepción de 156 casos vinculados a esta problemática en 2021, ninguno de estos tuvo un desenlace mortal», dijo durante la presentación.

Señaló que el registro da cuenta de cómo «la no adopción de medidas específicas para proteger a los niños y adolescentes en Venezuela supone un incremento devastador en la severidad del daño causado a esta población».

Asimismo, indicó, según un comunicado difundido a la prensa, que la idea suicida estuvo presente en casos por alteración del ánimo y en relacionados con conflictos familiares.

«Esto nos alerta sobre el impacto que la dinámica familiar y los conflictos que suceden en este entorno puede tener en cuanto a la salud mental del niño y adolescente», sostuvo.

El activista señaló que niñas, adolescentes y mujeres son las más afectadas en los casos de «ideación y riesgo suicida».

Esta conclusión se sacó con base en las consultas realizadas el año pasado por el Servicio de Atención Psicológica Crecer sin Violencia de Cecodap.

«Tal como se ha descrito previamente, la incidencia de formas de violencia que diferencialmente afectan a las mujeres. Así como un contexto de violencia machista y dinámicas sociales, incrementan notablemente la vulnerabilidad de presentar alteraciones de salud mental», añadió.

Sin embargo, las alteraciones del estado de ánimo no es la única causa de consulta en la que aparece el género femenino como más recurrente: 82,6% de las formas de violencia identificadas afectan diferenciadamente a las niñas, adolescentes y mujeres consultadas.

“Las niñas y adolescentes son identificadas como las más vulnerables frente a alteraciones de salud mental y violencia. En el caso de los niños, pareciera que existe una resistencia a mostrar sus alteraciones del estado de ánimo, lo cual está atado a la cultura en el país”, explicó Saraiba.

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El coordinador recomendó al Estado desarrollar programas específicos para la atención de niñas, adolescentes y mujeres frente a los «efectos diferenciales en el ámbito de salud mental y violencia».

«Hay una distorsión de la corresponsabilidad: no puede esperarse que la familia cumpla las funciones del Estado», apunta Saraiba.

Precisó que en 2021 fueron atendidas 4.398 personas bajo la modalidad de orientaciones y 512 en psicoterapia.

«Nos llena de satisfacción que cada día llegan más adolescentes que solicitan la atención psicológica por sí mismos. Esto nos habla de que perciben la salud mental como un asunto prioritario», remarcó.

Por otra parte, afirmó que en el país existe una «desinstitucionalización» de la atención primaria en materia de salud mental y apoyo psicosocial.

De acuerdo con la documentación de Cecodap, hubo una disminución de 49 % de los servicios disponibles entre 2020 y 2021.

«Asímismo se observa un importante déficit en cuanto a los servicios que atienden trastornos del neurodesarrollo, encontrándose pocos centros dedicados a estas temáticas, y aquellos especializados son pagos», señaló la organización.

#InformeSomosNoticia Empezamos la publicación del capítulo Salud Mental 2021 de este informe icónico de @Cecodap https://t.co/mky4merGBa pic.twitter.com/T5RI5Uz38f

Después de conocerse el fin de semana un hecho en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, donde un joven patea a otro estudiante en el piso en el colegio Loyola. El Ministerio Público procede a imputar por el delito de lesiones al menor agresor.

Pero no pasaron 24 horas cuando en las redes sociales se conocieron dos nuevos casos, uno en el estado Zulia y otro en la ciudad de Caracas, que tienen un mismo escenario; centros educativos.

#4May ? Van CONTRA el BULLYING @TarekWiliamSaab designa fiscalía 31° con competencia en Responsabilidad penal adolescente: para sancionar los hechos violentos contra una adolescente en el Colegio Los Angelitos ubicado en el sector Raúl leoni de Maracaibo@ImpactoVE ? pic.twitter.com/ZadsxKlyoL

Tarek William Saab anuncia una averiguación en el colegio Los Angelitos, ubicado en el sector Raúl Leoni de la ciudad de Maracaibo.

La particular de este caso es que hay tres adolescentes de sexo femenino, agrediendo a una niña con empujones, golpes, palabras ofensivas, sometimiento y hasta actos lascivos, a la vista de otras personas, entre ellas un hombre que por lo menos increpa a las agresoras para que no continúen con la acción violenta.

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Otro detalle en este caso -que no deja de ser importante- es que la joven agredida tiene una condición especial, por ende, cuenta con protecciones especiales que no deberían ser vulneradas.

Para este caso, el Ministerio Público designa a la Fiscalía 31 con competencia en Responsabilidad Penal Adolescente, para que realice las respectivas averiguaciones que conlleven a unas sanciones.

#AHORA Ante un lamentable hecho de agresión y #acoso escolar ocurrido en el Colegio Teresiano de El Paraiso: el Ministerio Público @MinpublicoVEN #designó a la #Fiscalía 117 de Sistema Penal de Responsabilidad de l@s Adolescentes AMC: para #investigar y #sancionar dichas acciones pic.twitter.com/5BYfS782OF

También se conoce el caso del Colegio Teresiano en Caracas , donde un alumno de educación media ataca a golpes a otro, que aparentemente es de su mismo nivel.

Lo preocupante en esta acción es que hay jóvenes dentro del mismo salón de clases, que celebran y se burlan de las agresiones.

La Fiscalía designada para realizar la investigación en este acoso escolar es la 117 con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad de los Adolescentes.

Durante el fin de semana, el fiscal anuncia que todas las dependencias y los fiscales del Ministerio Público, han sido capacitados y designados para atender los distintos casos de Bullying y acoso escolar.

Oscar Misle, escritor, educador, orientador y fundador de Cecodap, organización no gubernamental dedicada a la atención de menores de edad ante la educación y sus derechos fundamentales, comenta en días pasados que existe una especie de impunidad en los casos de acoso escolar ocurridos en los recintos educativos.

«El acoso escolar es una práctica que se ha incrementado en el período post pandemia. Es un acto reiterado que afecta psicológicamente a los alumnos… Los centros educativos deben partir de reconocer el hecho. Se tienen que establecer protocolos de que hacer y a dónde acudir en estos casos», dice Misle.

Como ambiguo califica la organización Cecodap este anteproyecto redactado por la Asambleas Nacional de mayoría chavista contra el acoso escolar

El anteproyecto de ley contra el acoso escolar, emanado por la Asamblea Nacional de mayoría chavista, es ambiguo, impreciso y tiene vacíos legales; afirmó la organización Cecodap, especializada en trabajar por los derechos de los niños.

“Hicimos anotaciones sobre el objeto de la ley, por qué y para qué. Vemos que la redacción está planteada de forma general y no va de la mano con las complejidades que encierra el fenómeno del acoso escolar”, expresó el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani.

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A su juicio, no es posible erradicar la violencia en la escuela con medidas que solo aborden el acoso escolar. La convivencia pacífica.

“Insistimos en la necesidad de promover una amplia consulta sobre esta ley. En Cecodap hacemos énfasis en la necesidad de que una ley sea difundida y discutida; para que pueda dar respuesta a las diversas realidades de la población. Los niños, niñas y adolescentes deben ser consultados sobre este tema que los afecta directamente. Sus opiniones deben ser tomadas en cuenta”, advirtió Trapani.

Asimismo, subrayó que los niños necesitan más que una ley. “Necesitan políticas públicas, con un diagnóstico real de sus problemas, metas claras, seguimiento y financiamiento. Una ley que no tenga todos estos elementos es una carta de buenos deseos”.

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Carlos Luis Revette, alias el Koki, que resultó muerto en una operación policial en febrero, no deja de sonar.

Y es que resulta que la megabanda que él lideraba en la Cota 905, era la principal que reclutaba a niños, niñas y adolescente para el crimen organizado.

El dato proviene de una investigación que realizó la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), en conjunto con la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (PANA).

En días pasados, ambas organizaciones presentaron un informe que deja datos muy desalentadores.

«Las principales causas del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por la megabanda están relacionadas con la situación de precariedad socioeconómica en que viven», aseguró Cecodap.

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En un informe de 160 páginas, Cecodap y PANA advierten que La inseguridad alimentaria, la deserción escolar y la violencia intrafamiliar «son motivaciones recurrentes de la vinculación de niños, niñas y adolescentes con esta organización delictiva».

“El reclutamiento de menores de edad es principalmente forzado por las circunstancias y la violación de sus derechos humanos”, destaca.

Según Cecodap, el principal anzuelo es la oferta de ingresos semanales en dólares, con los que “los niños, niñas y adolescentes podrían cubrir necesidades reales o percibidas».

Entre ellas, «alimentación, ropa y calzado (como símbolos de estatus social) y protección en una lógica de la ley del más fuerte”.

“En la mayoría de los casos, el reclutamiento está determinado por relaciones de vecindad e incluso familiaridad entre delincuentes reclutadores y niños, niñas y adolescentes reclutados, pues unos y otras forman parte de una misma comunidad”, reza el documento.

Precisan que cuando la megabanda emprendió la conquista de La Vega y engrosar sus filas para combatir a los cuerpos de seguridad del Estado, “el reclutamiento (de menores) se tornó más coercitivo y masivo”.

Colocan como ejemplo, lo que sucedió en La Vega, donde “operaron reclutadores profesionales y mediaron labores de “inteligencia” para afinar la selección de menores de edad con el perfil requerido para involucrarlos en el delito”.

Refieren que la incorporación de niños y adolescentes a la megabanda “tiene distintos grados de vinculación, asociados a cargos y funciones que conforman un verdadero escalafón”.

En primer lugar están los llamados “mandaderos”, quienes se encargan de la provisión de productos básicos, le siguen los “gariteros”, que son centinelas que se apostan en zonas estratégicas de territorios controlados por la banda.

Además están los “traficantes” de drogas, y los “malandros”, a quienes se les entrega un arma de fuego para que hagan cumplir las reglas de la banda y “cometer delitos que sustenten las economías del grupo delictivo”.

Según Cecodap, los principales delitos son la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y el robo de vehículos.

Enfatizan que el objetivo del reclutamiento de esta megabanda “es la explotación sobre la base del abuso de poder y la violencia”.

Cecodap aseguró que el Estado “no ha atendido en forma integral y suficiente las causas estructurales del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado”.

“Es impostergable corregir las deficiencias del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes para mitigar los factores de riesgo”.

Consideran que el reclutamiento de menores “implica un mayor rango de actuación para las autoridades judiciales encargadas de calificar jurídicamente los hechos y ejercer el poder punitivo del Estado más eficazmente sobre todas las personas involucradas en el delito, habida cuenta, de las complejidades del crimen organizado, en términos de estructura y funcionamiento”.

La organización propone en su informe, “fomentar la creación de Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes en las comunidades afectadas por la actuación del crimen organizado, a partir del capital social que existe en cada una de ellas”.

“Con la legitimación que confiere la participación ciudadana, las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes pueden contribuir a prevenir y erradicar su sometimiento a condiciones de esclavitud moderna”.

El educador, orientador y fundador de CECODAP, Fernando Pereira, pidió conocer los lineamientos del proyecto de Ley para Prevenir, Sancionar y Atender el Acoso Escolar, anunciado por el fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.

En entrevista con Unión Radio, dijo que la ONG valora el esfuerzo para que, «por la vía legal», se visibilice el acoso como violencia.

No obstante, cree que «hay una asincronía entre las declaraciones y el conocimiento del proyecto. Tarek William Saab ha hablado del proyecto en redes sociales, pero todavía no hemos visto ningún lineamiento», alertó.

«Esperemos que esta establezca responsabilidades en los reportes de los colegios sobre acoso», acotó.

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Por otra parte, Cecodap emitió un comunicado donde fija posición acerca del anunció de Saab.

«Reconocemos la necesidad de legislar en esta materia, debido a las ausencias que tiene el marco normativo actual. También sabemos que existen muchas víctimas de acoso escolar que no han encontrado respuesta oportuna ni efectiva. Ellas, hoy, son también víctimas de impunidad», señala el escrito.

Desde Cecodap rechazan y condenan «cualquier hecho de violencia y el acoso escolar. No se puede tolerar porque los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos. Por tanto, la iniciativa de ley especial representa una respuesta concreta a una problemática real».

No obstante, cree que la norma «se debe acompañar con el desarrollo de otras medidas de tipo administrativas, políticas, institucionales y económicas». Toco con la finalidad de «prevenir y abordar el acoso escolar».

Sin embargo, hace «un llamado de atención frente a la falta de información con relación al proyecto anunciado desde el Ministerio Público. Frente a esta situación».

En ese sentido, la ONG hizo algunas propuestas. Entre ellas destaca la necesidad de que «el proyecto de ley sea ampliamente conocido, difundido y debatido. Debe poder ser analizado por todos los sectores».

En este caso se incluye a los sujetos por los cuales se hace la ley, así como a docentes, académicos, organizaciones de la sociedad civil, padres, madres y representantes.

«Sus realidades también deben ser tomadas en cuenta en el desarrollo de un marco legal que los afecta directamente. Se debe tener en cuenta que estos casos de violencia son complejos», resalta.

Enfatiza en que «el acoso escolar implica una forma particular de violencia que se expresa en una asimetría de poder, reiterado en el tiempo y en una intención de causar daño a otros. Estas tres características se materializan en la dinámica pedagógica entre niños, niñas y adolescentes».

Para Cecodap, «estos elementos deben estar presentes para que la violencia se considere acoso escolar. Situaciones de violencia que se materialicen de adultos u otro integrante de la comunidad educativa hacia niños, niñas o adolescentes, a pesar de ser una forma de violencia, no constituye una situación de acoso escolar».

Por otro lado, la ONG no cree que «solo el enfoque punitivo garantice que estos hechos no se repitan en el tiempo. Sancionar sin entender la complejidad sería un error y en la práctica los hechos de acoso escolar seguirán repitiéndose».

Agrega que «es indispensable fortalecer y disponer de marco regulatorio integral y coherente donde se desarrolle el acoso escolar. Debe quedar claro cuáles serán las características y obligaciones para las personas que intervienen en estas situaciones de violencia. Entre se incluyen a directivos, docentes, padres, madres y representantes y estudiantes».

Por otro lado, la organización señala que «es necesario definir una ruta de atención que deben seguir los centros educativos en caso de acoso escolar». Para ello se requieren, «al menos seis fases: reporte, documentación, intervención, derivación, seguimiento y cierre».

Asimismo, sostiene que «se debe revisar cuál es el acompañamiento que tienen y tendrán los centros educativos para prevenir y trabajar con casos de acoso escolar».

Sin embargo, destaca que «no necesariamente una charla o actividad formativa aislada resuelve el problema estructural que genera el acoso. Se deben fortalecer las capacidades de los centros educativos para el registro, documentación e intervención en este tipo de situaciones. Y sobre todo, incrementar los esfuerzos en prevención».

Para Cecodap es importante la prevención y las reglas claras en cuanto a la actuación en estos casos. «Hemos conocido casos en los que las autoridades de la comunidad educativa desean intervenir en una situación de acoso escolar. Pero no tienen respuestas oportunas y adecuadas del Sistema de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes».

En ese sentido, propone que «se debe establecer de forma específica cuál será la articulación entre las escuelas y los entes del Estado que deben garantizar y proteger los derechos de los niños».

Y allí es cuando entra «la prevención y abordaje del acoso escolar que requiere promover espacios de consensos y participación de familias, docentes, autoridades y los propios niños».

La idea es «diseñar estrategias normativas, pedagógicas, psicosociales y jurídicas adecuadas para fortalecer un clima escolar democrático y acorde a una cultura de derechos humanos».

Para Cecodap, la organización que lucha por los derechos de niños y adolescentes en Venezuela, la pandemia por COVID-19 es una situación que ha violentado de manera flagrante los derechos fundamentales de los más desprotegidos.

Sin embargo, la organización considera que ante dicha eventualidad global, los niños y adolescentes deben adaptarse y se les debe ayudar a superar este embate de la vida. Sobre todo en todo lo relacionado a su formación académica y como ciudadanos.

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Para ello, a través de una entrevista radial en la cadena de noticias Unión Radio, Carlos Trapani, director del organismo, ofrece cinco tips dirigidos a padres, representantes y educadores, podrían ayudar a hacer más llevadera su educación en tiempos de pandemia.

Antes de comenzar con el proceso académico, es recomendable que los maestros y profesores escuchen a los niños. Esto ayudará a afianzar los nexos. Se debe tomar en cuenta que no todos los niños han tenido la misma Navidad. Al escucharlos reforzarán la confianza y esto a su vez ayudará al proceso pedagógico.

Es importante que tanto en la casa, como en la escuela, exista el entusiasmo y las ganas de estudiar y hacer los deberes. Es vital que los niños y adolescentes sientan la importancia del aprendizaje como algo beneficioso.

Son dos procesos que deben retomarse al inicio de las clases. No se pueden obviar, mucho menos tomarse a la ligera. Hay que afianzarlos en los niños y adolescentes.

Los padres y representantes deben sentir que desde el colegio hay apoyo. Si una situación está a punto de desbordarse o consideran que se debe buscar ayuda, los padres y representantes no pueden dudar en buscarla con maestros y profesores. Ellos, además de estar capacitados, pueden entender mejor la situación de sus hijos, ya que comparten con ellos parte del día a día.

Es importante que padres, representantes y educadores, estén pendientes de los repuntes de violencia. Hay que evaluar constantemente a los niños y adolescentes y ante una situación irregular, buscar la mejor ayuda posible.

Trapani indica que también es importante que exista la infraestructura y las condiciones generales para que se pueda reacondicionar la educación de los más vulnerables. Considera que en este punto los órganos regentes juegan un papel relevante. Por ello, insta a la administración de Nicolás Maduro a que no solamente exista la ayuda estructural, sino también, que se lleven a cabo planes especiales que permitan identificar a los alumnos con problemas y que los mismos reciban todo el apoyo que se pueda.

Fernando Pereira, fundador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje Por los Derechos de la Niñez y Adolescencia (Cecodap), alertó sobre el aumento del abuso infantil en el país.

Lamentó que no haya cifras oficiales al respecto, pero dijo que el aumento se nota por la abundancia de denuncias en las redes sociales. Y no solo de maltrato, sino de abuso sexual a menores de edad.

Destaca que desde Cecodap, al igual que otras organizaciones como Unicef, ratifica que hay una mayor exposición al abuso sexual a menores de edad como consecuencia del confinamiento. Esto genera que las víctimas pasen más tiempo con sus agresores.

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El especialista dijo que se debe estar atentos ante cualquier cambio en la conducta del infante.

“Uno de los elementos claves tiene que ver con la observación. Cualquier signo de cambio abrupto en la forma de ser, en el comportamiento de nuestros muchachos, debe llamarnos la atención. Bien sea porque deja de comer o come en exceso. Porque está retraído y no habla. Está triste o lloroso, tiene temor o cuando llega alguna persona a casa y escucha un nombre entonces cambia su actitud”, explicó, en entrevista con 2001.

Pereira agregó también que “si no quiere ir ya a una casa de un vecino o de un familiar que antes frecuentaba”.

Dijo que en la ropa igualmente puede haber señales de abuso. “Pueden estar manchadas con cualquier tipo de flujo, restos de sangre, cualquier laceración cuando los bañamos». También «podemos ver moretones, enrojecimiento, que no tenga explicación”.

Asimismo destacó que “tenemos que estar atentos a esas señales no queremos ver o interpretar a través de sus juegos, sus conversaciones, sus dibujos. Hay que estar pendientes de los cuentos que inventan. Pueden usar juguetes con los que expresan lo que les están haciendo”.

El fundador de Cecodap indicó que los niños o las niñas raramente mienten sobre el abuso sexual. «Ellos no crean ese tipo de fantasías, no crean ese tipo de situaciones donde se les hace daño. Por lo tanto, el elemento fundamental es que ellos sepan que les creemos, que los acompañamos y que siempre vamos a estar con ellos”.

Pereira sugirió hacer la denuncia ante los organismos competentes o acudir a un consejo de protección del niño, niña y adolescente en cualquier municipio del país para solicitar apoyo en el proceso de hacer la denuncia o si hay que tomar alguna medida para proteger a la víctima.

“El elemento fundamental y prioritario es preservar la integridad física, la vida y también la integridad psicológica y emocional de la víctima”, dijo.

Incluyó que “a veces las familias temen que haya una revictimización que sea peor para el proceso del niño, quien va a tener que revivir, reavivar el abuso. Entonces se desiste de hacer la denuncia al pensar que el adulto no va a ser sancionado”.

Diferentes organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, entre ellas Cecodap, presentaron un informe que activa las alarmas.

Desde el 2017 hasta el 2019 se registraron 3.738 muertes violentas de menores de edad en todo el país.

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El informe de Cecodap en conjunto con el Observatorio Venezolano de la Violencia y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), reseña que desde el 2017 hasta nuestros días hay un incremento en los suicidios infantiles, por lo que los expertos consideran que se deben tomar las riendas de manera urgente. Recomiendan una mejor política y legislación para salvaguardar a los más desprotegidos.

La ong hizo especial énfasis en los asesinatos. Según la estadística, se cometieron 2.991 homicidios de menores. A este número se le debe sumar las pérdidas de vidas humanas por resistencia a la autoridad, la cual ronda la estadística de 545 menores.

Vale acotar que de esta última cifra, unos 26 niños eran menores de doce años. Hubo unos 14 menores de edad que murieron producto de balas perdidas

La investigadora del OVV Gloria Perdomo destacó que «todas son muertes que pudieron haberse evitado. Además nos llama la atención que tenemos un número alarmante de muertes a manos de cuerpos policiales».

De las 3.738 muertes violentas, 917 eran niños y 2.821 adolescentes.

Las barriadas venezolanas han presentado en los últimos años un incremento de banda de menores de edad que tras nacer bajo condiciones difíciles, terminan conformando grupos delictivos, por lo que su tiempo de vida entre las drogas, robos y homicidios se acorta de manera considerable.

Los niños y adolescentes en Venezuela son los más vulnerables de esta pandemia COVID-19. Están expuestos a “diversas formas” de amenazas y violación a sus derechos. Así lo destaca un informe de la ONG Cecodap.

Durante la pandemia los derechos a la integridad personal física y psicológica de los menores han sido uno de los más violentados. Así lo destacó Carlos Trapani, coordinador general Cecodap, en entrevista con la Voz de América.

Lamentó que, debido a la proximidad, en gran parte de los casos los padres son los principales agresores. Pero, además, Trapani sostiene que el Estado se constituye como un presunto agresor más.

“Las víctimas tienen mucho miedo a denunciar, hay mucha resistencia a denunciar. Las familias reportan que, a pesar de yo denunciar, no voy a tener respuesta a mis necesidades», explicó.

Trapani dijo que «desde un Estado de Derecho democrático y de justicia, que los ciudadanos tengan desesperanza del sistema de protección es algo totalmente preocupante”.

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En este sentido, expresó que es notoria “la debilidad institucional del sistema de protección para una adecuada atención”. Insistió en la necesidad de que se invierta y se incrementen los programas de protección a las víctimas.

De acuerdo a Trapani, existe una importante “falta de atención” de casos. Agregó que cuando un niño alega una violación de derechos y va a un organismo del Estado “no es por placer, es porque lo necesita. Por ello reiteró que si una persona acude al sistema de protección “debe ser atendida”.

“Se constató que hay unos mayores niveles de respuestas efectivas por parte de la sociedad civil. Como todo en la vida hay necesidades de mejoras, de fortalecer, de sistematizar procesos. Pero en el contexto de emergencia que vivimos la sociedad civil representa un bálsamo. Es un alivio al sufrimiento que están viviendo los niños”, dijo.

Se trata de informe Vulneraciones y Protección a los Derechos del Niño en Pandemia. El mismo subraya la necesidad de que se disponga de un sistema de datos oficiales sobre lo que afecta a la población infantil.

También que destaque la importancia de que se fomente la “cultura de la denuncia”. De ese modo, se logrará prevenir delitos y acercar a los niños a la justicia.

En varias ocasiones diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado el peligro que, en los distintos ámbitos, representa la opacidad y la ausencia de estadísticas oficiales.

El Servicio de Atención Psicológica (SAP) de Cecodap alertó acerca del aumento en los casos de alteración del estado anímico entre niños y adolescentes en Venezuela.

La información está contenida en el informe El sufrimiento emocional: la cara oculta de la pandemia, elaborado por la ONG.

En el mismo se señala que las solicitudes de atención psicológica se han incrementado considerablemente durante los últimos meses. Estas alteraciones aumentaron con la pandemia de COVID-19.

Abel Saraiba, coordinador adjunto de Cecodap, manifestó especial preocupación, porque se trata de un incremento «exponencial».

«Los casos de alteraciones del estado de ánimo aumentaron de 22% en 2019 a 39% en 2020. Esto nos habla de un deterioro acelerado de las condiciones emocionales de niños y adolescentes y sus familias», dijo.

La situación empeora «con el paso de los meses de confinamiento y el deterioro de las condiciones socioeconómicas», dijo. Y destacó que hay estragos en la dinámica a la que se ve expuesta la familia, especialmente en tiempos de educación a distancia».

El especialista agrega que 21,24% de esos casos ha presentado “ideación y riesgo suicida”. Es una cifra que según dice, debe encender las alarmas en el país.

“Esto tiene que llamarnos la atención porque detrás de las alteraciones del estado de ánimo vamos a ver incrementos en variables muy sensibles como son la ideación y el riesgo suicida”, afirma Saraiba.

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12% de los casos atendidos por el SAP de Cecodap, está relacionados con hechos de violencia. Los casos de violencia sexual son los más reportados.

“Seguimos recibiendo un número importante de casos de violencia sexual. Adicionalmente a ello situaciones de violencia que muchas veces emergen en el contexto de una atención terapéutica que inició por otro motivo. Es decir, un niño que estaba sufriendo algún tipo de alteración del estado de ánimo, cuando empezamos a explorar nos revela que ha sido víctima de una situación de violencia sexual”, destacó el especialista.

Saraiba sostiene que uno de cada cinco grupos familiares está enfrentando rupturas. Esto ocurre, entre otras cosas, porque deben vivir en condiciones de extrema precariedad económica. En ese sentido insiste en la necesidad de que haya mayor soporte para las familias.

“No es lo mismo hablar de ese porcentaje de separación de padres en un país donde los servicios básicos, la economía funciona, donde hay toda una estructura de soporte”, apunta.

Registramos en el 1º trimestre de 2021 que 49% de casos atendidos presentan alteraciones del estado de ánimo; de esos 25,93% tiene riesgo suicida. Hay un incremento de 27% en las alteraciones del estado de ánimohttps://t.co/EmpVBPq417#InformeSomosNoticia #CecodapContigo