Un juez federal ordenó este jueves a la Administración del presidente Donald Trump facilitar a decenas de venezolanos, enviados el año pasado a una prisión de seguridad en El Salvador, el regreso a Estados Unidos para que continúen sus procesos de inmigración, si así lo desean.

La decisión judicial representa un revés mayor para el mandatario estadounidense en su campaña de deportaciones masivas.

El juez James Boasberg ordenó al Gobierno de EE.UU. que permita la entrada al país de cualquiera de los más de 130 venezolanos que a partir de marzo de 2025 estuvieron recluidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).

Boasberg, que ha sido criticado por Trump, destacó en su orden que «esta situación nunca se habría presentado» si el Gobierno simplemente hubiera reconocido a los demandantes sus derechos constitucionales antes de deportarlos inicialmente.

Estados Unidos deberá pagar los pasajes aéreos y proporcionar la documentación necesaria para facilitar el viaje a quienes decidan regresar.

La orden aclara que EE.UU. pondrá bajo custodia a los venezolanos elegibles para regresar al país, después de haberlos enviado en julio a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos Gobiernos.

En diciembre pasado Boasberg ya había dictaminado que el Gobierno Trump negó el debido proceso a este grupo de venezolanos y debía darles la oportunidad de tener una audiencia.

El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que allana el camino para que todos los migrantes enviados al CECOT impugnen su designación como enemigos extranjeros de EE.UU.

Con información de EFE

Los 252 venezolanos enviados por Estados Unidos a la cárcel de máxima seguridad conocida como CECOT  en El Salvador pidieron este viernes garantías para acudir a una audiencia ordenada por un juez federal en EE. UU.

Como se recordará, este tribunal de EE. UU. determinó que el Gobierno del presidente Donald Trump negó el debido proceso de estos migrantes que se encuentran ahora en libertad.

“Exigimos a las autoridades de ese país que generen realmente las condiciones que nos permitan participar en la audiencia sin poner en riesgo nuevamente nuestra integridad y nuestras vidas”, dice un comunicado del grupo de migrantes que fue repatriado a Venezuela tras cuatro meses detenidos  en el Centro de Confinamiento del Terrorismo.

Exigieron a Estados Unidos que garanticen condiciones de retorno «dignas y apropiadas» y que estos hechos no se repitan, por lo que instaron a revisar los protocolos de deportación y acogida.

«Esperamos que esta resolución del juez de Estados Unidos marque el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación y marque un precedente para la protección de los millones de migrantes», añade la carta.

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Norberto Aguilar, uno de los migrantes deportados a El Salvador en marzo pasado, relató durante la rueda de prensa haber sido golpeado en el CECOT.

Por su parte, Arturo Suárez sostuvo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha brindado su ayuda con terapias psicológicas, pero que no ha sido fácil reinsertarse en la sociedad porque, dijo, «los golpes físicos sanan, pero los mentales no».

«Entonces estamos luchando con mucha ansiedad, problemas para dormir, para comer», agregó.

Con información de agencias

Los venezolanos que el gobierno de Estados Unidos envió a El Salvador en marzo y abril de 2025 fueron torturados y sometidos a otros abusos, incluidos casos de violencia sexual, según un informe publicado por Human Rights Watch.

El informe de 90 páginas, titulado “‘Llegaron al infierno’: Tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador”, ofrece un análisis exhaustivo del trato que recibieron estas personas en El Salvador. 

En marzo y abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos envió a 252 venezolanos, entre ellos, decenas de solicitantes de asilo, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, a pesar de informes creíbles sobre graves violaciones de derechos humanos en las prisiones salvadoreñas. 

Los venezolanos fueron objeto de devolución— el envío de personas a un lugar donde corren peligro de sufrir tortura o persecución—, detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, condiciones de detención inhumanas y, en algunos casos, violencia sexual.

“La administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales por las fuerzas de seguridad salvadoreñas”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. 

“La administración Trump ha sido cómplice de tortura, desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos, y debería dejar de enviar personas a El Salvador y a cualquier otro país donde corran el riesgo de ser torturadas”, agregó.

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🇻🇪 VENEZOLANOS TORTURADOS EN EL SALVADORLos venezolanos que EE.UU. envió a El Salvador en marzo y abril de 2025 fueron torturados y sometidos a abusos, incluida violencia sexual, según un informe publicado por @hrw_espanol https://t.co/YXAKmjSrFT

Entre marzo y septiembre de 2025, los investigadores entrevistaron a 40 de los venezolanos que estuvieron detenidos en el CECOT y a otras 150 personas, incluidos sus familiares, abogados y allegados.

 Los investigadores revisaron fotografías de lesiones, bases de datos de antecedentes penales, documentos relacionados con la situación migratoria de estas personas en Estados Unidos y datos publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sobre sus deportaciones. 

También corroboraron las denuncias de los detenidos mediante análisis forenses proporcionados por el Grupo Independiente de Expertos Forenses y una investigación de fuentes abiertas realizada por el Laboratorio de Investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley.

Human Rights Watch y Cristosal solicitaron información a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador sobre estas detenciones, pero no recibieron respuesta.

EE. UU. pagó millones

Según información presentada en casos judiciales, el gobierno estadounidense proporcionó recientemente al menos US$4.7 millones a El Salvador, entre otros fines, para cubrir los gastos de detención de estos hombres. Algunos de los venezolanos enviados a El Salvador habían solicitado asilo en Estados Unidos tras huir de persecución en Venezuela.

 Human Rights Watch y Cristosal concluyeron que aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al CECOT no tenían condenas penales y solo el 3 % había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento.

 Otras verificaciones de antecedentes penales revelaron que muchos no habían sido condenados por delitos en Venezuela ni en otros países latinoamericanos en los que habían vivido.

Familiares y abogados afirmaron que al menos 62 de los venezolanos fueron expulsados mientras sus procesos de asilo en Estados Unidos estaban en trámite y a pesar de haber superado la evaluación de “miedo creíble” inicial, que les daba derecho a una audiencia completa sobre sus solicitudes de asilo ante un juez de migración. 

Tres de ellos dijeron que habían llegado a Estados Unidos despues de completar un examen exhaustivo y de ser procesados a través del programa de Oficinas de Movilidad Segura establecido por el gobierno estadounidense.

Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador se negaron repetidamente a revelar información sobre el paradero o la suerte de los venezolanos, lo que constituyó una desaparición forzada según el derecho internacional. 

Cristosal ayudó a los familiares a presentar 76 peticiones de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, que no se ha pronunciado sobre estos casos.

Los detenidos en el CECOT fueron sometidos a abusos físicos, verbales y psicológicos graves,  de forma sistemática por parte de los guardias y policías antimotines salvadoreños.

 Estos abusos constituyen trato cruel, inhumano o degradante y, en muchos casos, tortura, según el derecho internacional de los derechos humanos. Los guardias y la policía antimotines sometieron periódicamente a los venezolanos a golpizas, en particular, durante requisas diarias de las celdas, o por supuestas infracciones de las normas de la prisión—como hablar en voz alta o ducharse fuera del horario establecido—o por solicitar atención médica.

“Todos los días llegaban a hacernos requisa”, dijo uno de ellos. “Nos sacaban de la celda a todos, nos colocaban en posición de requisa, arrodillados, esposados de manos a la espalda y con brazos en la cabeza, y nos golpeaban con los bastones, patadas y puños … y luego nos dejaban arrodillados por 30 o 40 minutos”.

Varios ex detenidos dijeron que los agentes los golpearon después de que los entrevistaran miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja durante su visita al CECOT en mayo. Uno de ellos dijo que los guardias “me siguieron pegando en el estómago y, cuando traté de agarrar aire, me empecé a ahogar con la sangre”.

Tres detenidos en el CECOT dijeron que fueron víctimas de violencia sexual. Uno de ellos dijo que cuatro guardias abusaron sexualmente de él y lo obligaron a practicar sexo oral a uno de los guardias. “Jugaron con sus bastones en mi cuerpo”, dijo.

Human Rights Watch y Cristosal llegaron a la conclusión de que los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en el CECOT no fueron incidentes aislados cometidos por guardias o policías antimotines abusivos, sino violaciones sistemáticas de derechos humanos.

 Los abusos parecen formar parte de una práctica diseñada para someter, humillar y disciplinar a los detenidos, dijeron Human Rights Watch y Cristosal. La brutalidad y la repetición constante de los abusos también parecen indicar que los guardias y la policía antimotines actuaban con la convicción de que sus superiores apoyaban o, como mínimo, toleraban sus actos abusivos.

Los venezolanos también fueron sometidos a condiciones inhumanas, incluyendo comida escasa e inadecuada, malas condiciones de higiene y saneamiento, acceso limitado a atención médica y medicamentos, y falta de actividades recreativas o educativas.

A mediados de julio, el gobierno de El Salvador envió a las 252 personas a Venezuela a cambio de 10 ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos que habían sido detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro, en muchos casos de manera arbitraria. Venezuela ha sufrido una crisis humanitaria y violaciones sistemáticas de derechos humanos, que han obligado a casi 8 millones de personas a huir del país.

“El gobierno de Estados Unidos no ha estado vinculado a actos de tortura sistemática a esta escala desde Abu Ghraib y la red de prisiones clandestinas durante la guerra contra el terrorismo”, afirmó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

 “Hacer desaparecer a personas a manos de un gobierno que las tortura va en contra de los principios que históricamente han hecho de Estados Unidos una nación de leyes”, expresó.

Con información de HRW

A través de un reportaje, The new York Times dio a conocere varios testimonios de algunos venezolanos que estuvieron presos en el megacárecel de máxima seguridad conocida como el CECOT en el Salvador.

Dijeron que les pusieron grilletes, los golpearon, les dispararon con balas de goma y les lanzaron gases lacrimógenos hasta que se desmayaron. Dijeron que los castigaron en un cuarto oscuro llamado la isla, donde los pisotearon, los patearon y los obligaron a arrodillarse durante horas.

 Un hombre dijo que los agentes le metieron la cabeza en un tanque de agua para simular que se ahogaba. Otro dijo que lo obligaron a practicarle sexo oral a guardias encapuchados.

Dijeron que los funcionarios les dijeron que morirían en la prisión salvadoreña, que el mundo se había olvidado de ellos.

Dijeron que, cuando no pudieron soportarlo más, se cortaron y escribieron mensajes de protesta en sábanas ensangrentadas.

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“‘Ustedes son terroristas’”, recordó Edwin Meléndez, de 30 años, que le dijeron los funcionarios. Y añadieron: “‘Y a los terroristas se les tiene que tratar así’”.

Desde el momento en que asumió el cargo, el presidente Donald Trump se ha aferrado a lo que denomina la amenaza que representan Venezuela y su presidente autocrático, Nicolás Maduro, y ha acusado al gobierno y a las bandas venezolanas de orquestar una “invasión” de Estados Unidos.

En marzo y abril, el gobierno de Trump tomó la decisión extraordinaria de enviar a 252 hombres venezolanos a una tristemente célebre prisión de El Salvador conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), afirmando que se habían infiltrado en Estados Unidos en una forma de “guerra irregular”.

Trump acusó a los hombres de pertenecer a una peligrosa banda, el Tren de Aragua, que trabaja en estrecha colaboración con el gobierno venezolano. 

Fue una de las primeras acciones en el enfrentamiento del gobierno de Trump con Maduro, el cual no ha hecho más que intensificarse desde entonces; buques de guerra estadounidenses han volado embarcaciones venezolanas y Trump advirtió sobre posibles ataques militares en suelo venezolano.

Pero los hombres apenas recibieron garantías procesales antes de ser expulsados a la prisión antiterrorista de El Salvador, y fueron liberados de manera abrupta en julio, como parte de un acuerdo diplomático más amplio que incluía la liberación de 10 estadounidenses y residentes de Estados Unidos detenidos en Venezuela.

Trump, en un discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, elogió a las autoridades salvadoreñas por “el exitoso trabajo profesional que han realizado al recibir y encarcelar a tantos delincuentes que entraron en nuestro país”.

Sin embargo, en las entrevistas, los hombres enviados a la prisión describieron frecuentes e intensos malos tratos físicos y psicológicos. 

Además de las palizas, los gases lacrimógenos y los viajes a la sala de aislamiento, los hombres dijeron que el personal médico se burlaba de ellos o los ignoraba, que los obligaban a pasar 24 horas al día bajo duras luces y que les hacían beber de pozos de agua fétida.

The New York Times entrevistó a 40 de los hombres que estuvieron presos, muchos de ellos en sus casas de ciudades y pueblos de toda Venezuela. Luego le pedimos a un grupo de expertos forenses independientes que ayudan a investigar denuncias de tortura que evaluaran la credibilidad del testimonio de esos hombres.

Varios médicos de ese equipo, conocido como Grupo de Expertos Forenses Independientes, dijeron que los testimonios de los hombres, junto con las fotografías de lo que describían como sus lesiones, eran coherentes y creíbles, y proporcionaban “pruebas convincentes” para apoyar las acusaciones de tortura. En otros casos, las evaluaciones del grupo se han utilizado en tribunales de todo el mundo.

Víctor Ortega, de 25 años, dijo que le dispararon en la frente con una bala de goma.

José Carmona, de 28 años, dijo que le dispararon en el muslo con una bala de goma.Luis Chacón, de 26 años y originario del estado venezolano de Táchira, fue uno de los varios hombres que dijeron que los constantes malos tratos en la prisión lo habían llevado a pensar en el suicidio. 

Padre de tres hijos, contó que estuvo trabajando como conductor de Uber Eats en Milwaukee antes de ser detenido y expulsado a la prisión. Según dijo, su peor momento se produjo en junio, el día del séptimo cumpleaños de su hijo mayor.

“Nosotros habíamos escuchado que si uno de nosotros se moría ahí, en el Cecot, nos daban la libertad”, dijo Chacón. Pensó que tal vez él debía ser esa persona: se subió a una litera e intentó ahorcarse con una sábana.

Dijo que los otros hombres lo rescataron.

Los forenses dijeron que les sorprendió la similitud de las declaraciones de los hombres. Los que estuvieron presos, entrevistados cada uno por separado, describieron la misma cronología y métodos de abuso, con muchos de los mismos detalles.

Cuando varias personas describen “métodos idénticos de abuso”, los expertos escribieron en su evaluación que “a menudo indica la existencia de una política y una práctica institucionales de tortura”.

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, dijo sobre las acusaciones de los hombres y las conclusiones de los expertos que: “El presidente Trump se compromete a cumplir sus promesas al pueblo estadounidense al expulsar a los peligrosos delincuentes y terroristas extranjeros ilegales que representan una amenaza para el público estadounidense”.

Luis Chacón, de 26 años, en Táchira, Venezuela. Chacón dijo que su peor momento en la prisión salvadoreña se produjo en el séptimo cumpleaños de uno de sus hijos.Jackson añadió que los periodistas deberían centrarse en los niños estadounidenses que “han sido trágicamente asesinados por despiadados extranjeros ilegales”, sin dar más detalles.

Los representantes del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no respondieron a una solicitud de comentarios.

El gobierno de Trump nunca hizo pública una lista completa de los 252 venezolanos encarcelados en El Salvador ni de los delitos que afirmaba que habían cometido.

Utilizando una lista filtrada de los nombres, el Times descubrió que una parte relativamente pequeña de los hombres —alrededor del 13 por ciento— parecía tener una acusación o condena penal grave en alguna parte del mundo. (El Times buscó en múltiples bases de datos de registros públicos, pero el gobierno estadounidense puede tener más información que no ha hecho pública).

De los 40 hombres entrevistados para este artículo, el Times encontró acusaciones penales, más allá de los delitos de inmigración y tráfico, contra tres de ellos.

Víctor Ortega, de 25 años, quien dijo que le habían disparado en la cabeza con una bala de goma mientras estaba en la prisión salvadoreña, tiene “cargos pendientes por descarga de un arma de fuego y robo”, según el gobierno de Trump.

Un segundo hombre al que entrevistamos, Neiyerver León, de 27 años, tenía una acusación de delito menor por posesión de parafernalia de drogas y fue multado.

Además, los registros públicos de Estados Unidos indican que Chacón, el hombre que dijo haber contemplado el suicidio en prisión, fue detenido en 2024 por un cargo de violencia doméstica y en 2025 fue acusado de hurto en un Walmart. (El caso de violencia doméstica fue desestimado, según los registros públicos, y Chacón fue enviado a El Salvador antes de que el caso de hurto pudiera desarrollarse).

Muchos de los hombres dicen que todavía no saben por qué fueron puestos en una prisión para terroristas.

“Migré para poder tener mi casa, darle una mejor educación a mi hija, la que no pude lograr yo”, dijo Mervin Yamarte, de 29 años. “Y me salió todo al revés”.

Un enjambre de helicópteros rodeaba el aeropuerto. Era poco después de medianoche del 16 de marzo de 2025. Cuando las aeronaves descendieron, los venezolanos dijeron que vieron una falange de agentes antidisturbios esperándolos.

Un cartel identificaba su lugar de aterrizaje como El Salvador.

En los centros de detención de Estados Unidos, los funcionarios estadounidenses les habían dicho que iban a ser deportados a Venezuela, recordaron los detenidos. En una escala en Honduras, les dieron pizza. Ahora, un funcionario salvadoreño subía al avión.

“Se quedan acá”, recordó Ysqueibel Peñaloza, de 25 años.

Luis Rodríguez, de 26 años, dijo que los funcionarios le dispararon en la mano mientras estaba en prisión, incidente que relataron otros detenidos.El pánico cundió por los pasillos del avión, dijo. Los hombres se apretaron los cinturones de seguridad, contó Peñaloza, en un débil intento de evitar que los sacaran. Las duras tácticas del presidente de El Salvador eran bien conocidas. Algunos hombres empezaron a gritar, recordó, exigiendo ver a un representante de la ONU, un abogado o un diplomático de su país.

Entonces, funcionarios salvadoreños, con chalecos antibalas y porras, subieron al avión, recordaron varios hombres, y empezaron a sacar al grupo por la fuerza.

“Y allí nos comienzan a golpear a todos”, dijo Andry Hernández, de 32 años, maquillador que había estado detenido en Estados Unidos desde que cruzó a ese país en 2024. “Si alzabas un poquito la cabeza te la agachaban con un golpe. Muchos compañeros tenían la nariz partida, los labios partidos, moretones en los cuerpos”.

Los agentes doblaron a los hombres esposados por la cintura, los arrastraron fuera del avión y los empujaron a autobuses, dijeron. Las cámaras rodaban. Horas después, Bukele publicó un video de la llegada, con música y tomas de drones como si fuera una película de acción. En tres días fue visto casi 39 millones de veces.

“Seguimos avanzando en la lucha contra la delincuencia organizada”, escribió Bukele en X cuando publicó el video. “Pero esta vez, también estamos ayudando a nuestros aliados”.

Dentro de la prisión, según dijeron los hombres, les dijeron que eran miembros del Tren de Aragua.

“‘Bienvenidos al infierno’”, recordó Anyelo Sarabia, de 20 años, que le dijeron al llegar. ”‘De aquí solo salen en una bolsa negra’”.

Con información de The New York Times

Aunque la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos intercambiados por los gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump no tienen condenas ni investigaciones judiciales en su contra, hay algunas pocas excepciones. 

Días después del canje se conoció el caso de Dahud Hanid, un estadounidense, exmarine, que asesinó a tres personas en Madrid, España, y que está de regreso y libre en Estados Unidos, gracias al acuerdo. 

Ahora la Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, TalCual y El Pitazo), Cazadores de Fake News y Sabes.cl, confirman que al menos dos de los 238 migrantes que estaban en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, eran investigados por posibles vínculos con el Tren de Aragua, en Chile.

Un trabajo periodístico reveló hace dos meses que al menos 197 de los 238 migrantes enviados al CECOT el pasado 15 de marzo no tenían registros criminales en Estados Unidos, según documentos oficiales de ese país. 

Mientras que más de la mitad de los venezolanos no tiene delitos en otros países de la región. 

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Los casos

Pero estos dos hombres están en otra estadística: son parte del grupo de más de 110 de los migrantes que tienen récords criminales en alguno de los países donde vivieron (Venezuela, Perú, Chile, Colombia o Estados Unidos).

Uno de ellos, Yordano Albeiro Contreras González, según la Fiscalía chilena secuestró, violó y torturó a su ex pareja y fue formalizado judicialmente en Talca.

 El otro, Luis Tomás Morillo Piña, habría participado en secuestros extorsivos en Iquique, según documentos oficiales de tribunales chilenos.

 Ambos vivieron en Chile, e incluso llegaron a obtener DNI (documentos de identidad), antes de huir a EE. UU. para esconderse de la justicia del país suramericano.

Ellos podrían ser justamente algunas de las escasas piezas que encajan en la narrativa que llevó a Trump a invocar la Ley Enemigos Extranjeros para expulsar a migrantes venezolanos presuntamente vinculados a la banda carcelaria el Tren de Aragua. 

Con ese argumento el gobierno de EE. UU. envió a 252 migrantes a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, sin ningún proceso judicial.

Esta semana el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo durante su programa de televisión Con el mazo dando que: “20 de los 252 migrantes venezolanos que retornaron a su país luego de estar en una cárcel de El Salvador estaban solicitados por la justicia local, mientras que siete de ellos tenían «delitos graves», reportó Infobae. 

Sin embargo, no reveló las identidades de estas personas y tampoco los crímenes en los que estarían involucrados.

En una declaración previa, Cabello aseguró que ninguno de los 252 hombres pertenecían a la pandilla Tren de Aragua.

Dos solicitudes de extradicion para alias “Mono Blanco”

Yordano Albeiro Contreras González (35 años) era conocido como “Mono Blanco” y en 2022 fue detenido por secuestro, violación y microtráfico en Talca, Chile. La víctima era su expareja, quien fue rescatada gracias a un operativo de la PDI.

 A pesar de la gravedad de las imputaciones, estuvo sólo unos meses en prisión preventiva.

 En enero de 2023 su defensa solicitó que se le rebajara la medida cautelar a la de arresto domiciliario, a lo cual la Fiscalía no se opuso. 

Contreras González aprovechó esto para huir a Estados Unidos, donde fue capturado en 2025 y enviado por la administración de Donald Trump a la cárcel de alta seguridad (Cecot) de El Salvador. Ahora último fue parte del intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela.

La causa contra Mono Blanco, según los documentos judiciales a los que el equipo tuvo acceso, se remonta a junio de 2022. 

Según la Fiscalía de Talca, el sujeto secuestró a su expareja cuando ésta intentó dejarlo, y la drogó, la ató de pies y manos, la violó e incluso grabó las agresiones sexuales.

En medio del cautiverio, la mujer logró contactarse con un amigo chileno que a la vez avisó a la PDI. El 6 de junio detectives de Investigaciones lograron rescatar a la víctima y detuvieron a Mono Blanco y a otro sujeto de nacionalidad venezolana. En la vivienda donde estaba retenida, también había dosis de marihuana empaquetadas para la venta.  

En la audiencia, realizada el 10 de junio en el tribunal de garantía de Talca, la fiscal Lilian Alvarado explicó que, según la víctima, Contreras González se dedicaba además de al narcotráfico, al prestamismo con intereses usureros, conocido como “gota a gota”.

La mujer le explicó a la fiscal que su captor incluso había matado a dos personas en Colombia. Sin embargo, esta información que aparece en la audiencia de formalización,  no pudo ser confirmada.  

Después de eso, Mono Blanco se trasladó hacia Chile, se estableció en la población José Miguel Carrera de Talca, y ahí siguió con la venta de drogas. 

A ella la habría obligado a acompañarlo. Si no lo obedecía, dijo la víctima a la fiscal, mandaría a que mataran a sus padres e hijo, quienes habían quedado en Colombia. “Yordano es un tipo muy agresivo, con historial delictivo en Venezuela y Colombia, donde es conocido como uno de los líderes de la organización denominada ‘Tren de Aragua’. 

Por lo mismo, todos le tenemos miedo y hacemos lo que él dice”, leyó la fiscal en esa audiencia, resumiendo el testimonio de la mujer, según citó en esa ocasión el Diario Talca.

Contreras González quedó en prisión preventiva y fue trasladado a la cárcel de Cauquenes.

 Fue formalizado por violación, secuestro y tráfico de drogas. Pero en enero de 2023 se le modificó la medida cautelar por la de arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional.

Contreras escapó hacia Estados Unidos, donde incluso se habría entregado a agentes de la patrulla fronteriza a su llegada y luego se estableció en Dallas. Allá fue detenido en enero de 2025.

En febrero, la Fiscalía de Talca solicitó la extradición de Contreras González, para que enfrente un proceso en Chile por los delitos que se le investigan, pero un mes después fue parte de los venezolanos enviados hacia la cárcel de alta seguridad de El Salvador mediante la Ley de Enemigos Extranjeros.  

El 15 de marzo de 2025 llegó el primer grupo de 238 venezolanos al CECOT en El Salvador, enviados desde Estados Unidos.

Luego, en julio, fue parte del canje de detenidos entre los gobiernos de Trump y Maduro. Se pudo conocer por un familiar cercano que Contreras González está libre en Venezuela y negó ser miembro del Tren de Aragua.

Sus familiares además aseguran que Contreras González tiene pruebas de que es inocente de los delitos por los cuales se le acusa en Chile. 

En este contexto la hermana de Contreras criticó que su familiar hubiera sido enviado al CECOT sin ningún proceso judicial, aunque también afirmó “No puedo decir que es un santo”.

La Fiscalía chilena realizó dos solicitudes de extradición de Contreras González este año. La primera solicitud fue para extraditarlo desde Estados Unidos, pero el 15 de marzo Mono Blanco fue enviado a El Salvador. 

Y después, el 19 de mayo el Ministerio Público realizó una segunda solicitud dirigida hacia ese país centroamericano, pero antes de que se resolviera, fue enviado de regreso a Venezuela como parte del intercambio entre los gobiernos dirigidos por Donald Trump y Nicolás Maduro.

Se le enviaron preguntas a la Fiscalía del Maule sobre este caso, pero no hubo respuesta.

Un funcionario de la PDI dijo para este trabajo, que en el transcurso de la investigación de los delitos cometidos por Contreras González se percataron de que tenía vínculos con un importante miembro del TDA, quien se encontraba en Chile. 

Hallaron comunicaciones telefónicas entre ambos hombres y algunos testimonios que lo señalaban como parte de la pandilla Tren de Aragua.

Sin embargo, se trata de una investigación en proceso y por esa razón las autoridades requerían que Contreras González regresara a Chile mediante un proceso de extradición.

Uno de los primeros judicializados del TDA en Chile

Luis Tomás Morillo Piña, de 38 años de edad, es otro de los 238 venezolanos enviados al CECOT por el gobierno de Donald Trump. Durante su cautiverio fue poca la información sobre él que se pudo obtener. 

“Lo que se sabe es que tenía una solicitud de asilo pendiente al momento de ser deportado y encarcelado, según nuestro análisis de datos de la corte de inmigración”, dice una amplia investigación realizada por los medios estadounidenses ProPublica y The Texas Tribune, y los medios venezolanos Cazadores de Fake News y la Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, TalCual y El Pitazo), que muestra resúmenes biográficos de todos estos hombres.  

El mismo reportaje agrega que Morillo Piña no tenía registros criminales, condenas penales ni cargos pendientes en Estados Unidos.

Sin embargo, unos días después de que fuera enviado de vuelta a Venezuela, se pudo conocer que Morillo Piña tenía una solicitud de extradición activa en Chile, al igual que Contreras Gonzalez.

Morillo Piña fue imputado por secuestro extorsivo y asociación criminal. Desde la Fiscalía de Tarapacá confirmaron que es investigado por vínculos con una facción del Tren de Aragua. Eso sí, nunca llegó a ser detenido en Chile.

Los detalles del proceso en contra de Morillo Piña figuran como reservados. Sin embargo, el documento que aprueba su solicitud de extradición tiene algunos datos.

 “Cabe señalar que en estos autos se formalizó la investigación en contra del imputado L.T.M.P. (Luis Tomás Morillo Piña) por el delito de asociación criminal, previsto y sancionado en el artículo 293 inciso 1° del Código Penal, y del delito de secuestro extorsivo, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal, ambos en grado de ejecución consumado y se le atribuye participación al imputado en calidad de autor en ambos delitos”.

También especifica que Morillo Piña había sido localizado en la ciudad de Nueva York por investigadores de la policía chilena en 2024.

En diciembre de ese mismo año un juzgado de la ciudad de Alto Hospicio, en Chile, aprueba la solicitud de extradición en su contra.

“Asimismo, concurriendo los requisitos del artículo 434 del Código Procesal Penal, se accede a la solicitud del Ministerio Público en cuanto a pedir al Ministerio de Relaciones Exteriores que se solicite al país en que se encuentre el imputado, ya individualizado, que ordene la detención previa de éste a fin de evitar su fuga. Por esas consideraciones y de conformidad, además, con (…) el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América (…) se declara que se ACOGE la solicitud de extradición planteada por el Ministerio Público respecto de Luis Tomas Morillo Piña, ya individualizado, por la responsabilidad que se le atribuye por la comisión del delito de asociación criminal (…) y del delito de secuestro extorsivo (…) ambos en grado de ejecución consumado y se le atribuye participación al imputado en calidad de autor en ambos delitos, según la formalización de investigación efectuada a su respecto”, dice el documento del tribunal.

Adicionalmente, la PDI estaba haciendo seguimiento de Morillo Piña, pues tienen elementos que lo vincularían supuestamente con la pandilla venezolana en Chile. En reportes de prensa, que registran declaraciones de oficiales de la DEA (la Administración para el Control de Drogas) aparece la foto de Morillo Piña como uno de los 10 hombres más importantes capturados en el marco de la Operación Devolución al Remitente. El hombre figura supuestamente entre los más de 90 detenidos en dos de estos operativos realizados por la DEA en Colorado, entre enero y febrero de 2025.

“En las últimas dos semanas y media, la División de Campo de las Montañas Rocosas de la DEA ha realizado más de 90 arrestos. Algunos sospechosos estaban involucrados en el tráfico de fentanilo y metanfetamina, mientras que otros habían cometido delitos violentos tanto en Estados Unidos como en sus países de origen… La DEA proporcionó una lista de los «Diez Principales» sospechosos arrestados que se encuentran bajo custodia del ICE. Provienen de varios países, como Honduras, Cuba, El Salvador y Venezuela”, dice la publicación de CBS en la que se aprecia la imagen de Luis Tomás Morillo Piña.

Su caso también fue publicado por el medio oficialista venezolano Vea, como símbolo de la “reclusión ilegal” de migrantes venezolanos en el Cecot. Morillo Piña fue enviado de regresó a Venezuela el 18 de julio, junto a más de 250 migrantes que estaban detenidos en El Salvador, pero a diferencia de la mayoría de sus compañeros, él no quedó en libertad. Está detenido en la dependencia de Interpol en Caracas, y sería uno de los 20 hombres a los que se refirió el ministro de Relaciones Interiores.

Tanto Yordano Albeiro Contreras González como Luis Tomás Morillo Piña eran investigados por la PDI y otras agencias de seguridad de Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Tren de Aragua, antes de ser encarcelados en EE. UU..

Sin embargo, será difícil demostrar si los dos hombres en realidad pertenecían a la temida pandilla carcelaria.

 Ahora ambos se encuentran en Venezuela y los procesos que enfrentaban en Chile no podrán continuar.

 Venezuela se rige por el principio de no extradición de nacionales, la Constitución y el Código Penal prohíben la extradición de ciudadanos venezolanos para ser juzgados en otros países.

Con información de Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, TalCual y El Pitazo)

Uno de los más de 250 migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador presentó este jueves una demanda civil contra el Gobierno, alegando que fue detenido y expulsado sin el debido proceso legal.

Neiyerver Adrián León Rengel, quien fue liberado la semana pasada y llevado de vuelta a Venezuela tras pasar más de 4 meses detenido en el CECOT, denuncia haber sufrido abuso «físico, verbal y psicológico» y pide 1,3 millones de dólares en retribución por daños.

La demanda, interpuesta con el respaldo de la organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), es la primera que presenta uno de los venezolanos que fueron expulsados a El Salvador.

«Los funcionarios federales le mintieron a Rengel, diciéndole que sería enviado a su país de origen, Venezuela. Sin embargo, pasó más de cuatro meses en El Salvador –un país que no es su lugar de origen ni donde tiene vínculos personales–, donde sufrió abusos», lee el documento.

El venezolano, de 27 años, trabaja como barbero en Irving, a las afueras de Dallas (Texas) y fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el parqueadero de su apartamento.

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🚨 DENUNCIA EXPULSIÓN SIN DEBIDO PROCESOUno de los más de 250 migrantes venezolanos enviados por EE.UU. a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador demandó al Gobierno, alegando que fue detenido y deportado sin garantías legales. pic.twitter.com/BW7WxurPGM

Entró en EE. UU. a través de la aplicación CBP One, un programa impulsado por el Gobierno de Joe Biden (2017-2021) para que los migrantes pudieran presentarse en la frontera sur y había solicitado también un Estatus de Protección Temporal (TPS).

Las autoridades, detalla el documento, lo identificaron «erróneamente» como miembro de la pandilla venezolana Tren de Aragua y lo enviaron a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por Trump para expulsar a los venezolanos acusados de formar parte de este grupo criminal.

En el CECOT, Rengel soportó condiciones «inhumanas y deplorables», de acuerdo con la denuncia: «fue recluido junto a 18 o 19 detenidos venezolanos más en una celda de apenas tres por tres metros. La mayoría de los días permanecían allí las 24 horas, con pocas o ninguna oportunidad de salir».

Los guardias de seguridad de la prisión le golpearon «en su pecho y su estómago» con puños y bastones y, en una ocasión, lo llevaron a una zona de prisión sin cámaras donde fue «brutalmente agredido», continúa la denuncia.

Desde LULAC, el director ejecutivo Juan Proaño, asegura que la historia de Rengel es un «llamado de atención para todos los estadounidenses que creen en la promesa de la Constitución y el estado de derecho.

«El caso del señor Rengel es una parodia de la justicia que merece la atención nacional”, indicó Proaño en un comunicado.

Washington y Caracas anunciaron el viernes pasado un acuerdo para enviar a los más de 250 venezolanos de vuelta a su país, a cambio de la excarcelación de diez ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses detenidos en Venezuela.

Los migrantes, quienes en su mayoría no contaban con antecedentes penales, pasaron meses incomunicados, en lo que organizaciones defensoras de los derechos humanos calificaron como «desapariciones forzadas».

El Gobierno de Donald Trump los acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua y llegó a un acuerdo con El Salvador para pagar alrededor de seis millones de dólares al año por su detención. 

Con información de Efe

“Tiene que haber castigo para las personas que hicieron esto, tanto como para Bukele, el presidente Trump. Hasta para María Corina (Machado), que por ahí también escuchamos que anda apoyando a ese sinvergüenza. El que está apoyando a ese sinvergüenza tiene que pagar también”.

Así lo manifestó Mervin Yamarte, uno de los 252 migrantes venezolanos que regresó la semana pasada, tras permanecer detenido desde marzo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador.

 En un video difundido por redes sociales y hecho por la agencia Efe, Yamarte pidió, específicamente, un "castigo" para el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y también para  para el estadounidense, Donald Trump.

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🗣️ “QUIERO JUSTICIA, NO VENGANZA”Mervin Yamarte, uno de los 252 venezolanos liberados de una cárcel en El Salvador, denuncia torturas tras ser enviado desde EE.UU. en marzo. Pide castigo para Bukele y Trump, a quienes responsabiliza de su sufrimiento.📹 EFE pic.twitter.com/hxdiHtP27I

Adelantó que tanto él como varios de sus compañeros de prisión, van a hacer una denuncia, porque "la mayoría de los 252" somos y en Estados Unidos les acusaron   de pertenecer al Tren de Aragua.

"Fuimos solamente a ese país (Estados Unidos) a buscar un mejor porvenir para nuestras familias. No fuimos ni a robar ni a matar, ni somos nada de lo que nos dicen, que somos delincuentes", afirmó.

Relató que en el Cecot vivieron “un infierno”.  Aseguró, por ejemplo, que les hacían comer "como animales, con las manos. Nos paraban a las 12 de la noche, nos arrodillaban, nos daban patadas en las canillas. Tengo muchas marcas. Las esposas las tengo marcadas, tanto en las manos como en los pies porque nos encadenaban", describió.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro  confirmó la tarde de este viernes que los 252 migrantes deportados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador fueron liberados.

«Venezuela ha pagado un alto precio para conseguir la libertad de estos connacionales, a través de un canje con las autoridades de los Estados Unidos de América de un grupo de ciudadanos estadounidenses que se encontraban a la orden de la justicia», señaló la cancillería en un comunicado publicado en su cuenta en  Telegram.

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A continuación el documento completo:

Entre tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que entregó a todos los venezolanos detenidos en su país, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. “Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato y otros delitos graves”, aseguró.

🗣️ TRAS MESES DE NEGOCIACIONESPresidente de El Salvador, @nayibbukele informó que entregó a todos los venezolanos detenidos en su país, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. “Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato y otros delitos graves”, aseguró. pic.twitter.com/GiwCKc28Tc

El pasado 30 de marzo, el Ministerio Público (MP), envió una comunicación formal a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, para solicitar información detallada sobre la situación de los migrantes venezolanos detenidos en ese país.

Traa 80 días de espera, la Corte Suprema de Justicia de esa nación dio una respuesta «vergonzosa para desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos».

Por ello, el MP rechaza categóricamente la respuesta por parte de la nación centroamericana.

A través de un comunicado, se expresa que «en esta comunicación, la Corte declara improcedente nuestra intervención alegando que la comunicación enviada no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados.

Además, con respecto al habeas corpus realizado por un grupo de abogados que representan a las víctimas, la Corte señala que los solicitantes no proporcionaron información precisa sobre los hechos alegados, las autoridades responsables, ni las razones concretas que justifican la vulneración de derechos constitucionales», reza el comunicado.

Igualmente, señala que «así se niega a atender nuestra solicitud, mientras que por otra parte, ha optado por no analizar los hechos ni entrar al fondo del habeas corpus realizado por los abogados, escudándose en una serie de formalismos falaces y exigencias desproporcionadas, con el único objetivo de evadir su deber constitucional de control sobre la privación ilegítima de libertad.

Al pedirles a los defensores que especifiquen si ‘realmente’ los ciudadanos están detenidos, o que prueben hechos ampliamente notorios, como su traslado al Cecot en medio de un espectáculo mediático, la Sala no solo se hace la desentendida, sino también cómplice de esta aberración jurídica».

En ese sentido, la Fiscalía, como garante de la legalidad, resalta que «no aceptaremos que se someta a personas a detenciones arbitrarias, incomunicaciones, traslados forzados o privaciones de libertad sin juicio, sin defensa, sin debido proceso y sin siquiera saber por qué están presas ni dónde están. No aceptamos que se legitimen desapariciones forzadas bajo pretextos formales».

Como parte de nuestro esfuerzo por ofrecer apoyo a las víctimas y favorecer la búsqueda de la justicia, este Ministerio Público localizó y entrevistó a 116 familiares de 118 connacionales detenidos ilegalmente en El Salvador. Esas entrevistas están a disposición de los abogados que los representan y del sistema de justicia salvadoreño, si está dispuesto a escucharlos.

Con esta respuesta «el Estado salvadoreño ha optado por eludir su responsabilidad y negar toda cooperación, no solo con Venezuela, sino con los principios más básicos del derecho internacional de los derechos humanos. Esto ocurre a la vista de organismos multilaterales y bajo el silencio cómplice de quienes dicen defender los mismos», continúa el escrito.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, planea duplicar el tamaño de la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde mantienen albergados a más de 15.000 personas, entre ellos más de 200 inmigrantes enviados por Estados Unidos, según informó este miércoles el Wall Street Journal.

El plan fue revelado por el mandatario salvadoreño a la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, durante su visita el mes pasado para inspeccionar la cárcel, según las fuentes citadas por el rotativo.

El Cecot, que se ha hecho conocido por las denuncias de abusos a los derechos humanos, cobró notoriedad nuevamente en marzo pasado, cuando recibió a más de 200 inmigrantes, la mayoría venezolanos, enviados por el gobierno de Donald Trump, como parte de su cruzada contra los supuestos extranjeros criminales.

Inaugurada en 2023, la prisión ha sido promocionada por el gobierno salvadoreño como la «más grande» de América Latina.

El lunes pasado el mandatario estadounidense agradeció personalmente la colaboración de su homólogo salvadoreño al mantener detenidos a los inmigrantes.

Además, Trump abonó el terreno para que Bukele eche andar la iniciativa de expansión al reiterar su intención de enviar a prisión en El Salvador a ciudadanos estadounidenses que cometan delitos violentos.

«No sé cuáles son las leyes, pero también tenemos criminales locales y me gustaría incluirlos en el grupo de gente que sacamos de este país», dijo el mandatario a Bukele en una reunión en la Casa Blanca.

Trump volvió a insistir en esta idea y fue captado por los micrófonos diciéndole al presidente centroamericano que los ‘locales’ (una expresión usada para referirse a presuntos terroristas nacidos en EEUU) «serán los siguientes (…) vas a tener que construir como cinco cárceles más».

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Bukele ha presumido de la alta seguridad de su cárcel que mantiene incomunicados a los inmigrantes detenidos, aunque no se les haya probado que tienen delitos pendientes como es el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, enviado por un error administrativo a esa cárcel, recuerda el medio español El Mundo.

El caso, que desató una batalla legal que ya llegó a la Corte Suprema de EE.UU., motivó al senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen a viajar este miércoles a El Salvador para exigir la liberación de Ábrego García.

A través de la ONG Cristosal, se dio a conocer que los venezolanos deportados a El Salvador y recluidos en el CECOT, se encuentran incomunicados.

«Debe destacarse también la situación de incomunicación en que se encuentran las personas trasladadas a El Salvador. Las familias reportan que no han recibido notificación alguna sobre el estado de sus familiares ni han podido comunicarse con ellos desde la deportación», señala la organización en un informe preliminar acerca de la situación de los detenidos.

Añade la ONG que «a esto hay que sumar que ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de El Salvador han publicado o proporcionado un listado completo de las personas afectadas por esta medida ni su situación actual».

«En ninguno de los casos reportados, los familiares o abogados han podido comunicarse con los detenidos después de la deportación a El Salvador, ni han recibido información de parte de las autoridades salvadoreñas», señala el documento.

De los casos recibidos por Cristosal, «47 % posee un estatus de asilo o tenía un proceso abierto por solicitud de asilo, mientras que un 9 % había realizado la solicitud de asilo por medio de la aplicación CBP One».

«En un 11 % de los casos se indica que la persona poseía Estatus de Protección Temporal (TPS), y solo el 17 % de los casos reporta que la persona estaba en situación migratoria irregular», apunta.

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Al analizar las características de las personas identificadas en el formulario, también se advierteque «78% de los casos corresponde a personas que tenían un trabajo al momento de ladetención. Además, 87% de las familias que reportaron casos indican que la persona deportadatiene tatuajes, mientras que 30% indica que la causa de la detención o de la supuestavinculación de su familiar con estructuras criminales deriva exclusivamente de los tatuajes,aunque estos no sean alusivos a pandillas o estructuras delictivas».

Igualmente, destaca que «solo en el 30 % de los casos reportados se da cuenta de que la persona haya finalizado un proceso y tuviera una orden judicial de deportación vigente».

Mientras que resalta que «una regularidad consistente es que la mayoría de las personas deportadas presentaba tatuajes, y según sus familiares, esta es la única causa para identificarlos como miembros de estructuras criminales».