En los últimos años, Venezuela ha sido testigo de una de las mayores crisis de movilidad humana en el mundo. Más de siete millones de personas han dejado atrás sus hogares, cargando con el peso de la incertidumbre, el dolor de la separación familiar y la esperanza de encontrar un futuro mejor.

Así lo señala un informe de la ONG, Cepaz que afirma que «la migración venezolana es un fenómeno en escalada».

«La intención de migrar después de las elecciones en Venezuela está profundamente vinculada con las expectativas frustradas de cambio político en el país, así como con el empeoramiento de las condiciones de vida», señala el escrito.

A ello se suma «el terror generalizado que tiene la población de que por pensar distinto puedan ser víctimas de los actos más atroces de represión en manos del Estado».

Paralelamente, «la región enfrenta un endurecimiento de las políticas migratorias, exacerbado por la posible radicalización de estas medidas bajo la nueva administración de Donald Trump en los Estados Unidos», agrega.

Así, la intención de migrar sigue aumentando. «Mientras que en 2023 las encuestas estimaban que 13% de la población quería emigrar, estudios recientes sugieren que esa cifra ha aumentado significativamente. Encuestas conservadoras indican que 26% de los venezolanos considera migrar, mientras que otras hablan de más de 60%».

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El informe señala que «la situación es aún más alarmante cuando se revisan los perfiles de las personas que ya han salido del país en los últimos meses, ha habido un aumento de 300% de personas que requieren protección internacional, entre ellos personas defensoras de derechos humanos, activistas, testigos de mesas y personas que de alguna manera colaboraron con la alternativa democrática en el contexto de las pasadas elecciones presidenciales».

Enfatiza en que», esta situación no son solo estadísticas, es evidencia de una crisis que no da tregua, y que refleja un contexto de persecución y criminalización que continúa empujando a tantas personas al exilio».

A ello se agrega «el temor a la anulación de pasaportes, las detenciones en aeropuertos y controles fronterizos, así como la falta de confianza en los sistemas de refugio de países afines al gobierno venezolano, han generado un incremento de la migración irregular. Esta tendencia los expone a las personas a mayores riesgos, los empuja a la clandestinidad e invisibiliza aún más su situación».

La llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos podría marcar un giro radical en las políticas migratorias, afectando profundamente a los venezolanos en busca de protección.

En este caso, la ONG destaca «los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres y niñas, quienes sufren de manera desproporcionada las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y que se extiende al momento de salir del país, enfrentándose a riesgos de ser víctima de trata, explotación y otros riesgos».

Cepaz cita a expertos consultados que advierten que «el trayecto de los migrantes venezolanos se vuelve cada día más peligroso y cuesta arriba. Con las nuevas políticas migratorias que propone la administración de Donald Trump, los pocos caminos seguros que existían se están cerrando».

Estos peligros implican: «las oficinas de movilidad segura podrían ser eliminadas, dejando a miles expuestos a rutas muy peligrosas controladas por grupos irregulares. Asimismo, se planea terminar con programas como el parole humanitario y limitar aún más el acceso al asilo, obligando a los migrantes a cruzar en condiciones aún más riesgosas. Y, las campañas de deportación masiva y la expansión de centros de detención amenazan con separar familias y vulnerar derechos fundamentales».

«Estas medidas crearán un contexto de mayor vulnerabilidad para los migrantes, quienes, en ausencia de vías seguras y regulares, recurrirán a rutas clandestinas que los exponen al abuso, la explotación y las economías ilícitas», alerta.

Si bien las políticas de Estados Unidos podrían endurecerse, tampoco ha habido políticas efectivas en América Latina y el Caribe, de ahí que es urgente que se adopten posturas coordinadas y solidarias para atender esta situación.

Esto implica la creación de mecanismos de regularización migratoria, el fortalecimiento de los sistemas de refugio y la protección integral de los derechos humanos de los migrantes venezolanos.

Es fundamental entender que la migración venezolana no responde exclusivamente a sanciones sectoriales ni a dinámicas políticas entre Estados. Más bien, se trata de un entramado complejo que incluye el colapso de los servicios públicos, la corrupción, el desmantelamiento de las instituciones democráticas y la represión sistemática.

Estas causas estructurales no desaparecerán con un cambio en las políticas estadounidenses, y es esencial combatir la desinformación y modificar la narrativa al respecto.

Simplificar el problema a las dinámicas políticas entre Estados es desconocer la profundidad de la emergencia humanitaria compleja y el contexto de represión que impulsa a tantos venezolanos a abandonar su país.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol clave en este escenario: documentar y brindar información basada en evidencia, así como visibilizar las causas estructurales de la migración venezolana. Es vital desafiar visiones reduccionistas y abogar por la promoción de un enfoque en derechos humanos.

En julio de este año hubo «un alarmante aumento de casos» de persecución y criminalización «contra personas vinculadas con la política», alerta la ONG Cepaz, en un informe publicado en su sitio web.

«En este mes se cometieron al menos 63 actos de persecución y criminalización bajo la política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. De ellos, 52 fueron contra personas vinculadas con la política. En esta categoría se incluyen presos políticos que no pudieron identificarse y disgregarse por categoría de sujetos», señala la organización en el documento.

Asimismo, contabiliza «ocho actos contra trabajadores de la comunicación y tres contra la población».

En el monitoreo de los 63 casos se identificaron las siguientes acciones: «13 actos de hostigamiento y amenazas, el cierre de una emisora de radio, el cierre de tres programas de radio, una detención arbitraria, y 45 procesos judiciales irregulares».

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Durante ese mes «al menos dos periodistas y dos medios de información digital fueron atacados a través de actos de amenazas y hostigamientos por parte de funcionarios públicos y personas adeptas al gobierno de Maduro».

Destaca el caso del periodista Jesús Vásquez, quien «fue amenazado con ser privado de su libertad por el personal de Protección Civil y por funcionarios de Polianzoátegui, al considerar que informar sobre los riesgos que suponía una quebrada afecta a la gestión del municipio».

Sobre este hecho, la ONG resalta: «buscar, recibir y difundir información es un derecho fundamental que no puede ser violentado, sobre todo cuando se trata de hacer pública una situación que afecta a toda una comunidad y que supera los intereses personalísimos en cuanto a la imagen de un sector político».

Relata también un caso similar en la alcaldía del municipio Jáuregui, en el estado Táchira, donde «fue atacada la cuenta de La Grita 7 Diario, a través de una publicación de Instagram, por informar sobre la paralización de las obras de un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la localidad. La alcaldía acusó al diario de vulnerar la estabilidad emocional de muchos y tener una visión parcial política recalcitrante”.

Además, el periodista Roberto Deniz y el portal El Pitazo fueron víctimas de actos de intimidación y hostigamiento por parte del propietario del canal de televisión Globovisión, Raúl Gorrín.

Con términos como «tarifado» y «cobardes», el empresario rechazó la publicación de sus comentarios en torno al debate de los candidatos de las primarias de oposición.

También en el mes de julio la emisora Unión Radio tomó la decisión de sacar de su parrilla de programación a los programas Zona Éxitos, La Doble Vuelta y Eso es un Tema. De acuerdo con la información expuesta por los conductores de dichos espacios, la emisora decidió sustituir los programas por shows musicales.

«Si bien el cierre de los tres programas de radio se debió a una decisión del directivo de la emisora Unión Radio, en Venezuela no solo existe un patrón de censura por parte del Estado, sino que las emisoras de radio, periodistas y otros actores del espacio cívico, han decidido optar por la autocensura, ante el temor a recibir represalias en el ejercicio de su derecho de expresión y de difundir informaciones e ideas», enfatiza el informe de Cepaz.

Por último, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ordenó el cierre de la emisora Éxtasis 97.7 FM. La decisión afecta a 20 empleados directos que incluyen operadores, técnicos, locutores y periodistas.

Durante el mes de julio ocurrieron dos casos perpetrados por funcionarios públicos contra la población.

En el primero de ellos, Nancy Herrera, hija del capitán indígena de la etnia Cubeo, de Amazonas, denunció ser víctima de amenazas por una denuncia que realizó sobre maltrato que sufre su etnia.

A través de un video, Herrera responsabilizó de su integridad física al militar José Ramón Maita González, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, quien habría sido el militar que la amenazó y que la obligó a pedir disculpas por las denuncias realizadas.

Las amenazas contra la señora Herrera constituyen «una vez más un acto de censura, que se extiende como un patrón contra toda persona que pretenda expresar la realidad del país, y que no distingue entre ciudadanos, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas o actores políticos».

Por otra parte, un reconocido hotel ubicado en Puerto Ordaz, estado Bolívar, fue víctima de amenazas por parte de oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de que el candidato de Voluntad Popular a las primarias de oposición, Freddy Superlano, intentara llevar a cabo una actividad política en las instalaciones del mismo.

En este mes fue detenido el presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb) Bladimir Josué Tremaria, por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Tremaria enfrenta cuatro imputaciones, hurto de material estratégico, conspiración, asociación para delinquir y encubrimiento.

De la totalidad de los casos de hostigamiento y amenazadas documentados, siete ocurrieron en el contexto de la campaña política que llevan a cabo los candidatos de la oposición para las elecciones primarias que se desarrollarán en el mes de octubre.

Además del caso anteriormente mencionado, Freddy Superlano también denunció que al final del mes de julio, cuando iba a entrar a Colombia por la frontera, fue despojado de su pasaporte por presunta «inconsistencias» del documento. Sin embargo, el candidato afirma que su pasaporte fue emitido precisamente por el órgano que señala dichas inconsistencias.

Entre tanto, la candidata de oposición por el partido Vente Venezuela, María Corina Machado, fue hostigada y amenazada en al menos cuatro oportunidades durante el mes de julio.

Por último, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, amenazó a los aspirantes de oposición para las elecciones presidenciales del 2024 a decir sus nombres y apellidos en la calle, por supuestamente estar involucrados en la promociones de las sanciones internacionales.

Aseguró que dichos candidatos “no merecen las libertades que impone la Constitución”.

El tribunal Octavo de Juicio del Área Metropolitana de Caracas y Tercero con competencia en terrorismo, a cargo del juez Aquiles Vera, perdió la jurisdicción en 45 causas de presos políticos, por lo que estos juicios deberán iniciar nuevamente, entre ellas las de Javier Tarazona y Roland Carreño.

«Alertamos sobre la arbitrariedad de esta medida, y lo que supone una grave violación al derecho al debido proceso al retardar discrecionalmente un proceso penal que debiera ser expedito», resalta la ONG.

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) emitió un balance sobre la persecución que se vivió en Venezuela en el mes de enero de este 2023, y determinó que se registraron 187 casos de represión y hostigamiento contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas vinculadas con la política y contra la ciudadanía, entre otros.

En el informe, detalló que esta cifra equivale a que «cada cuatro horas una persona fue perseguida o criminalizada en Venezuela» durante enero.

Asimismo, el centro determinó que del total de casos computados, 94 fueron contra la ciudadanía en general y, la mayoría, tuvieron lugar en el contexto de las protestas de diversos sectores sociales que claman por mejoras salariales y laborales.

«A pesar de que la manifestación, la protesta y la posibilidad de expresarse libremente son derechos fundamentales, el Gobierno ha respondido con castigos ejemplarizantes contra las personas que se han sumado a la exigencia de sus derechos», aseveró la Organización No Gubernamental.

En ese sentido, constató que un total de 66 de los casos contabilizados tuvieron como víctimas a organizaciones no gubernamentales, e incluyeron «actos de hostigamiento y amenaza» en contra de varias ONG.

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? Tan solo durante el mes de enero Cepaz ha documentado 187 casos de criminalización y #PersecuciónenVzla contra trabajadores de la prensa, medios de comunicación, defensores de DDHH, ONG, personas vinculadas con la política y la ciudadanía en generalhttps://t.co/44nufrQ2Ep

Cepaz registró 18 «actos de criminalización en contra de trabajadores de la prensa y medios de comunicación» y nueve en contra de personas vinculadas con la política, estos últimos incluyeron cuatro «irregularidades» en procesos judiciales, tres hechos de «hostigamiento y amenaza» y dos «allanamientos irregulares».

En ese sentido, calificó de «alarmante arremetida» la persecución registrada durante enero, e insistió que se trata de «patrones específicos que utiliza la administración de Nicolás Maduro contra distintas categorías de sujetos para, en definitiva, lograr permanecer en el poder de forma indefinida».

Los abogados expertos en Derechos Humanos, Alonso Medina Roa, Ana Leonor Acosta y Kelvi Maldonado, fueron notificados este #24Ago que sobre ellos pesan averiguaciones, por lo que los órganos investigadores han solicitado una orden de prohibición de salida del país.

La información fue suministrada por la abogada, Ana Leonor Acosta, quien acompañó a Alonso Medina Roa hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), después de que su colega, Alonso Medina Roa, se dirigiese a dicho organismos de seguridad para tener mayor conocimiento sobre su orden en Interpol, que le prohibió salir del país este miércoles.

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Lo poco que pudo contar la jurista, es que debido al informe que los tres abogados firmaran y avalaran en junio de este año, sobre torturas a diversos presos políticos, existe una averiguación en contra de los tres ante el despacho de Antiterrorismo del CICPC, órgano al cual asistió de manera voluntaria Medina Roa.

Sobre los tres juristas existe una investigación, tras un informe que habrían publicado en junio de este año, donde hablan sobre las supuestas torturas cometidas en contra de presos políticos en diversos centros de detención.

En horas de la tarde de este miércoles los abogados no habían recibido información alguna ni oficial sobre los requerimientos en su contra, sin embargo, hasta entrada la tarde Medina Roa no había salido del recinto policial en la avenida Urdaneta de Caracas.

300 casos de persecución y criminalización contra civiles y militares en el primer semestre de 2022 es la cifra alarmante que maneja la ONG venezolana Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

Según el último informe publicado por la organización, de los casos identificados, 96 fueron contra trabajadores de medios de comunicación (32 %), siendo la categoría de personas “más perseguidas o criminalizadas”.

Las principales arremetidas son contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, 93 específicamente a quienes se les dictaron órdenes de aprehensión arbitrarias y 69 personas vinculadas con la política (23 %)

“Estas cifras evidencian la existencia de una crisis en derechos, agudizada por la persecución contra toda persona u organización considerada enemiga o disidente de la política del Estado venezolano”.

Destaca que junio fue el mes con el mayor número de actos de persecución y criminalización documentados, con al menos 125 casos y enero el segundo con 55.

“Identificamos además 27 actos de persecución y criminalización que ocurrieron contra la población (9% del total de casos documentados). Y por último, 15 organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos fueron criminalizadas (5% de la totalidad de las víctimas)”, según el documento.

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Entre los patrones identificados están “5 cierres de emisoras y 2 suspensiones de programas de radio. 24 impedimentos de registrar un hecho noticioso, 74 actos de hostigamientos, amenazas y criminalización, 11 actos de irregularidades en procesos judiciales”.

Asimismo, “2 casos de medios de comunicación afectados por la emergencia humanitaria compleja, 1 asesinato bajo negligencia del Estado, 29 bloqueos de páginas web, 13 presos políticos trasladados arbitrariamente, 22 detenciones arbitrarias, 23 aperturas de investigaciones, 93 órdenes de aprehensión, 1 discusión de una norma restrictiva”.

En cuanto al género, hay “37 actos contra víctimas mujeres y 176 actos contra víctimas hombres. En 87 de los casos documentados, las víctimas no pudieron disgregarse por género, porque afectaron a un colectivo de sujetos”, explicó Cepaz.

“El número y el análisis de los casos de persecución y criminalización ejercidos por el gobierno de Nicolás Maduro da cuenta de que no se trata de hechos aislados, sino que existe una política de Estado de atacar, a través del ejercicio de patrones específicos, a determinadas personas o grupos de personas”, advirtió la organización.

Cepaz insistió en la necesidad “de mantener estos mecanismos de seguimiento vigentes en el sistema universal de derechos humanos, hasta tanto sus recomendaciones hayan sido cumplidas, alcanzado la restitución y garantía en el ejercicio de los derechos civiles, sociales políticos y culturales, así como un espacio cívico seguro y democrático”.

La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) denunció 10 casos de persecución contra periodistas en diciembre. A eso se suman otras 7 persecuciones contra dirigentes políticos.

«Durante el mes de diciembre, en el Centro de Justicia y Paz registramos 17 casos de persecución y criminalización ejercidos por parte de Nicolás Maduro contra trabajadores de la comunicación y personeros políticos». Así lo señaló la ONG en un comunicado publicado en su página web.

La organización también registró el cierre de dos emisoras de radio. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) alegó que se debía al vencimiento de la concesión.

Sin embargo, Cepaz indicó: «Coincide con el hecho de que la emisora es propiedad de Carlos Barrios, periodista y alcalde del municipio Ospino, estado Portuguesa, quien se identifica como opositor».

«Registramos el cierre de cuatro programas de radio. Tres de ellos de la misma emisora. Conatel obligó a los directivos a sacar varios programas de su parrilla por ser contrarios a los intereses del gobierno de Maduro», añadió Cepaz.

El cuarto programa de radio que obligaron a cerrar era conducido por el excandidato opositor a la Gobernación de Barinas, Freddy Superlano. Este triunfó el 21 de noviembre, pero el TSJ intervino el proceso electoral alegando que estaba inhabilitado.

Cepaz registró, asimismo, las detenciones arbitrarias de un periodista y su chófer, mientras hacían un reportaje.

«Pudimos documentar un acto de amenaza y hostigamiento contra otro periodista. Sufrió la presencia de funcionarios de seguridad armados en su residencia. Por último, identificamos el bloqueo de la página web de un medio de noticias digital», subrayó.

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La organización también sostuvo que identificó una «amenaza colectiva». Pero, no pudo determinar el número de posibles víctimas.

«Como parte de esta acción, Nicolás Maduro advirtió que tomará medidas ejemplarizantes contra los dirigentes del Psuv que ‘dividieron a la población’ en las pasadas elecciones regionales. Esta acción constituye un acto de persecución política que viola las libertades de pensamiento y expresión», expresó Cepaz.

Otro acto de amenaza documentado por la ONG era contra el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón.

«Diosdado Cabello amenazó con interponer una denuncia. Consideró que las recomendaciones del rector como un ataque a la gestión de Maduro y al partido que representa», indicó Cepaz.

«Por otra parte, identificamos dos detenciones arbitrarias, que involucran a la familia de un dirigente político. Se trató del hermano del excandidato opositor a la alcaldía del municipio Arismendi del estado Sucre, José Lunar, y su chófer. El dirigente político afirmó que se trata de una retaliación por impugnar los resultados de las pasadas elecciones regionales», apuntó.

Cepaz aseguró que las acciones de criminalización y persecución identificadas en su monitoreo fueron categorizadas como patrones.

«Forman parte de un conjunto de actuaciones que de forma sistemática y reiterada se ejecutaron durante todo 2021», finalizó.

Entre el 1 y 30 de septiembre se documentaron 30 feminicidios consumados y 11 intentos frustrados, según informe de la ONG Venezuela Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

Esta cifra, según la organización, representa en promedio una acción contra la mujer cada 18 horas.

Según nota de prensa, “el 63,4 % de las víctimas tenían un rango de edad de 19 a 48 años y 2 de ellas estaban embarazadas”.

Los estados donde ocurrieron estos crímenes, está en primer lugar Miranda con 23,3 %; 16,7 % en el Distrito Capital (Caracas), el 10 % en Aragua y el 10 % en Sucre.

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Cepaz indicó que siete niños quedaron huérfanos por estos crímenes y uno de ellos presenció la muerte violenta contra su madre.

“En el 66,7 % de los casos no se estableció la edad del agresor y el 23,3 % de los victimarios tienen edades comprendidas entre 36 y 51 años de edad”, agrega.

Destaca que en tres de los casos reportados, el agresor está presuntamente vinculado a una organización criminal.

«En cuanto a la detención del agresor, el 66,7 % están en situación de fuga. El 10 % fue aprehendido a lo largo de la investigación policial y otro 10 % mueren en el contexto de los hechos”.

“En tres de los casos, el feminicida intentó suicidarse y uno de ellos lo intentó y no lo consiguió», precisa en el documento.

Con respecto a la aparente motivación del feminicidio, “el 13,3 % de los casos refiere que la víctima había decidido separarse del agresor y en 10 % se trató de venganza por parte de organizaciones criminales”.

“El 6,7 % los hechos estuvieron precedidos de un arranque de celos o alegatos de infidelidad”.

Asimismo, la organización encontró que el 36,7 % de las situaciones las mujeres mueren producto de disparos de bala, el 13 % asfixiadas o estranguladas y el 10 % acuchillada.

«La ausencia del Estado ante injusticias que cada vez se vuelven más atroces y que involucran niños que, lastimosamente, han tenido que presenciar el asesinato de su progenitora, sin pensar en el daño psicológico que esto pueda causarle a futuro».

Criticó la ONG que en Venezuela no existan políticas públicas que garanticen la seguridad de una mujer que se atreve a denunciar.

Alegan que “en teoría, cuenta con una ley que ampara sus derechos, pero en la práctica, las condiciones de desigualdad la colocan en una situación de indefensión que termina por poner fin a su vida».

En los seis meses que han transcurrido del 2021 en el país se cometió un femicidio cada 20 horas. Esta es la estadística que maneja la Organización No Gubernamental Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la cual presentó este jueves su informe del primer semestre del año.

La ONG explica en un comunicado de prensa que 177 mujeres perdieron la vida de manera violenta. Para El Cepaz, estas estadísticas denotan una falta de políticas y lucha de parte del Estado en lo que a derechos de la mujer se refiere.

«Si bien existe un marco normativo amplio que reconoce los derechos de las mujeres, en la práctica estas siguen siendo víctimas de diversos actos que violan sus derechos humanos; entre ellos la violencia de género, cuya máxima expresión es el femicidio», dice parte del comunicado de prensa.

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El muestreo de la organización esta basado en reportes de prensa, así como estudios sociales y psicológicos levantados por un grupo multidisciplinario que hacen una serie de recomendaciones.

Los actos registrados son exactamente 125 femicidios y 23 en grado de frustración. Para el 2020 completo el número estuvo por el orden de los 256 casos.

El estudio del Cepaz asevera que durante los primeros seis meses del 2021, unos 34 mil niños y adolescentes quedaron huérfanos debido a la violencia contra la mujer.

Vale acotar que no todas las víctimas han contado con apoyo psicológico para sobrellevar lo vivido, por lo que en esta situación existe una falla considerable de protección.

El estado con mayor porcentaje de actos agresivos en contra de mujeres es Miranda, con un 23,1% de los homicidios. El segundo en la lista es Lara con 15,4% y en tercer lugar se posicionan Carabobo y Bolívar con 11,4%.

Recientemente el fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, habló sobre los delitos de violencia contra la mujer en el país.

Para su momento indicó que desde agosto del 2017 hasta nuestros días el Ministerio Público logró 2.101 sentencias condenatorias. Atendieron 10.961 personas y lograron 21.382 medidas de protección.

El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 125 femicidios ocurridos en Venezuela. Esto corresponde a los primeros seis meses de 2021. En el mismo periodo hubo 49 femicidios de mujeres venezolanas en el exterior. Cada 20 horas hubo una acción femicida.

La ONG destacó, en nota de prensa, que este monitoreo incluye, además, los femicidios en grado de frustración. «En estos seis meses hubo 23 casos en Venezuela y 9 de mujeres venezolanas en el exterior», agregó.

Asimismo, resalta que durante la primera mitad del año, 53 niñas y niños quedaron huérfanos por el femicidio de sus madres. De ellos, 34 en Venezuela y 23 en el exterior.

Desde el 1 hasta el 30 de junio de 2021 hubo 26 femicidios consumados y 2 frustrados en Venezuela. En promedio hubo una acción femicida cada 26 horas. En total seis niños quedaron huérfanos. «El 26,9% de los femicidios ocurrió en el estado Bolívar, 15,4% en Aragua, 5% en Carabobo y otro 5% en el Distrito Capital», señala la ONG.

Del total, 96,2 % de las víctimas, eran de nacionalidad venezolana. «46% tenían edades comprendidas entre 19 y 36 años. Un 7% eran niñas, 11,5% adolescentes y 10,7% mujeres de 55 a 69 años. Una de las víctimas estuvo desaparecida antes del hallazgo del cadáver».

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Se constató que en 73.1% de los casos el agresor es venezolano y en 5% de los mismos el agresor era funcionario policial. La edad del agresor quedó categorizada así: 5,3% entre 19 y 39 años. Otro 15,3% tiene edades entre 40 y 55 años. El 8% tiene de 15 a 18 años.

Gracias a los datos aportados por los medios digitales se determinó que 53,8% de los agresores está prófugo de la justicia. Mientras que a 34,6% los detuvieron luego del crimen cometido y 7,7% murió en el contexto del hecho. Luego de haber cometido el femicidio uno de los agresores se suicidó. Otro lo intentó y no lo logró.

Se concluyó que en 23,1% de los femicidios consumados había vínculos de parejas y exparejas. No había vínculo alguno en 19,2% de los casos entre víctima y ofensor. En otro 11,5%, el agresor era un conocido sin relación familia. 7,7% era miembro de la misma familia (padre, padrastro). En 69,2% de femicidios consumados no hubo testigos.

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Respecto a la aparente motivación de los femicidios, 23,1% ocurrió en medio de una escena de celos o alegato de infidelidad íntima. 11,5% registra ataque o agresión sexual y 7,7% era por venganza de organizaciones criminales. En otro 7,7% de los casos las víctimas habían decidido separarse.

En cuanto al lugar donde ocurrieron los crímenes, 34,6% sucedió en la casa de la mujer o de ambos. Otro 34,6% en un lugar desolado o apartado y 19,2% en plena calle. En 15.4% de los casos se hace referencia a la participación de los ofensores en grupo.

Sobre los signos de violencia, el estudio explica que en 3,1% de los casos arrojaron el cuerpo a la vía pública. En 11,5% hubo mutilación y descuartizamiento. En otro 11,5% hubo signos de ataduras y en 7,7% al menos dos de los signos descritos anteriormente.

Asimismo, 42,3% de los femicidios ocurrió con un arma de fuego. Mientras que otro 26,9% con arma blanca o punzo penetrante. Y en 19,2% el femicida usó sus manos.

Para los casos de femicidios consumados, 19,2% tenía antecedentes de amenazas o daños físicos. «En ninguno de los casos, ni consumados ni frustrados, hubo una denuncia previa de la víctima contra el agresor».

En junio hubo 6 muertes violentas de venezolanas en el exterior y 4 femicidios en grado de frustración. Esto es, que cada 3 días hubo una acción femicida contra una mujer venezolana fuera del país. 66,7% de los casos ocurrieron en Colombia y en este contexto, dos niños quedaron huérfanos y presenciaron el femicidio de su madre.

Además se determinó que 66.7% de las víctimas tenían edades comprendidas entre 19 y 54 años. «En 33,3 % de los casos el agresor ty venezolana. En uno de los casos el agresor era funcionario policial. La mitad de los agresores están en fuga. Hubo aprehensión posterior en el 33,3% de los casos.

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Sobre el ámbito de ocurrencia, el 33,3% de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior sucedieron en la casa de la mujer. En el 16,7% de los casos la víctima había decidido separarse. Otro 16,7% se trató de casos de venganza de organizaciones criminales y un 16,7% de violencia policial.

Durante el mes de junio en el 50% de los casos la víctima fue baleada. En otro 33,3% la acción dirigida a causar la muerte violenta de la víctima fue el acuchillamiento.

No existía relación afectiva entre víctima y agresor en el 50% de los casos. En un 16,7% había vínculos de parejas y exparejas y en otro 16,7% vínculos sin relación familiar. Por otra parte, el 66,7% de los femicidios de venezolanas en el exterior ocurrieron en contexto de migración.

Hubo 4 femicidios en grado de frustración. Todos ocurrieron en Perú. En uno de los casos se trató de una actuación de los ofensores en grupo. «Los cuatro agresores tienen edades comprendidas entre 36 y 39 años. Estos femicidios frustrados estuvieron precedidos de una escena de celos o alegato de infidelidad. Existían vínculos de pareja entre víctima y agresor y los hechos ocurrieron en la casa de ambos.  Un niño presenció la agresión hacia su madre. Una de las sobrevivientes estaba embarazada», reseña el informe.

La ONG Cepaz sostiene que en el país «la formación de un derecho penal especial de género no siempre es suficiente. El Estado se limita a dictar leyes ejemplares de carácter orgánico que no ejecuta en rigor, porque no puede o porque no quiere».

Además, denuncia que «no adopta políticas públicas desde la perspectiva de género orientadas a remover la desigualdad en las distintas áreas de su competencia».

Asevera que «tenemos un Estado ausente, perdido en retórica que no ofrece garantías reales. Tampoco fortalece condiciones seguras para las mujeres. No tiene un sistema de atención efectivo y no se empeña en prevenir, evitar y sancionar la violencia contra las mujeres».

El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 20 femicidios consumados y 6 frustrados en marzo. En promedio, hubo una acción femicida cada 27 horas en el país, dijo la ONG en un informe.

Los datos registrados en el monitoreo realizado por Cepaz corresponden al lapso entre el 1 y el 31 de marzo de 2021. El mayor porcentaje de femicidios de este periodo (30%) ocurrió en un lugar desolado. Mientras que 20% sucedió en plena calle y 15% de los casos en la residencia de la víctima.

Este dato refleja, que en contraste con febrero, en marzo hubo una disminución de 35% en los femicidios cometidos en el ámbito privado. Pero hubo un incremento de los ocurridos fuera del hogar. Para el mes de febrero el 50% de los femicidios se cometieron en la casa de habitación de la víctima o de ambos.

Un niño quedó huérfano por el femicidio de su madre durante el mes de marzo. Además hubo una víctima de apenas 8 años, que tenía discapacidad intelectual o del desarrollo. Solamente en un caso hubo denuncia previa por parte de la víctima.

El 85% de las víctimas eran de nacionalidad venezolana. En 45% de los casos tenían edades comprendidas entre 22 a 36 años. Además, 5% de las mujeres víctimas de femicidios eran madres.

Un dato resaltante en el monitoreo de marzo es que en 25% de los casos las mujeres víctimas estuvieron desaparecidas antes del hallazgo del cadáver. Una de ellas era una adulta mayor de 77 años.

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La mayor incidencia de los casos refleja una edad de los femicidas entre 23 a 51 años, equivalente al 25% de los femicidios analizados. En 50% de los casos el agresor es venezolano. En el otro 50% no se determinó la nacionalidad.

El 5% de los agresores aparecen vinculados a bandas dedicadas a actividades ilícitas. Y en 5% de los casos se mencionó que los agresores presentaban antecedentes por violencias contra la mujer.

Además, en 15% de los casos se logró determinar que el agresor era un funcionario policial o militar. En dos de estos hechos el femicidio se ejecutó mediante el uso de un arma de fuego corta. El tercero de los agresores funcionarios cometió el delito con un arma punzo penetrante.

La persistencia de las muertes de mujeres ocasionadas por funcionarios fuera de servicio muestran que es necesario implementar políticas específicas que reviertan este problema.

Para marzo el porcentaje de agresores en fuga alcanzó 70% de los casos. Un incremento de 20,1% en relación con febrero.

En 20% de los casos no hubo testigos presenciales del femicidio. Mientras que en 15% los testigos presenciales de los hechos eran familiares y conocidos de las víctimas.

En 30% de los casos las mujeres tenían o habían tenido convivencia con sus agresores, bien sea por matrimonio o por unión de hecho. Mientras que en 10% de los casos analizados los agresores eran miembros de la misma familia (padres, tíos, hermanos, primos). De los 5 casos en los cuales las víctimas estuvieron desaparecidas antes del hallazgo del cadáver, 3 de ellas mantenían una relación íntima con sus agresores.

El femicidio a manos de la pareja o expareja suele ser el resultado de un largo proceso de abuso de poder, basado en relaciones fuera del marco de la igualdad que dañan la integridad física, psicológica, sexual y económica de la mujer víctima.

En 15% de los casos presenta como motivación aparente del hecho la venganza de organizaciones criminales. Mientras que una escena de celos o alegato de infidelidad íntima fue la motivación aparente de 5% de los casos analizados. En el 60% de los casos no se determinó la motivación de los actos violentos.

La participación de mujeres como coautoras o cómplices del agresor se pudo determinar en el 5% de los femicidios consumados. En el 10% de los casos, se menciona la participación en grupo de los ofensores. El 30% de los casos se desarrolló en un contexto de criminalidad organizada. El 15%, se trató de femicidio íntimo.

El femicidio íntimo se refiere al asesinato de la pareja o la ex pareja, en contextos de misoginia, sentido de superioridad de género y la concepción de las mujeres como posesión.

De los femicidios consumados, 25% ocurrió en el estado Bolívar; 20% en Zulia; 10% en Distrito Capital. y 10% en Miranda. Mientras que de los 6 femicidios en grado de frustración, 3 ocurrieron en el estado Zulia.

El 10% de los casos presentó como signo de violencia al cadáver arrojado en la vía pública. Otro 10% mutilaciones o descuartizamientos y otro 10% el cadáver arrojado a un basural. El 5% de los cuerpos presentó signos de atadura, mientras que en el 60% de los casos no se hace referencia a los signos de violencia ni a la causa de la muerte.

En el 30% de los casos se utilizó para la agresión femicida un arma de fuego. En 25%, se trató de la propia mano del agresor y en 20% el agresor utilizó un arma blanca o punzo penetrante. De los 6 casos de femicidios frustrados, en 3 de ellos se utilizó arma de fuego.

En el 10% de los casos los factores de riesgo estaban en relación a comunidades vulnerables en las que existen altos niveles de pobreza, de delincuencia y problemáticas sociales. Otro 10% se basó en antecedentes de episodios de violencia sexual.

En el mes de marzo hubo nueve muertes violentas de venezolanas en el exterior. Ocurrió una muerte cada tres días. Dos niños venezolanos quedaron huérfanos por el femicidio de sus madres. El 33,3% de las víctimas estaban embarazadas.

Hubo tres casos de femicidio frustrado. En dos de los casos se trató de adolescentes de 16 años. En los tres casos se utilizó un arma punzo penetrante.

Colombia y Perú siguen siendo los países con mayor ocurrencia de casos. El 66,7% de los casos sucedieron en Colombia y el 22,2% en Perú.

La edad de la víctima en el 66,6% de los casos estaba comprendida entre 19 y 27 años. El 33,3% de los agresores son de nacionalidad venezolana y 44% de otras nacionalidades. En un caso el agresor era funcionario policial. Ningún agresor aparece vinculado a grupos, asociaciones o bandas dedicadas a actividades ilícitas. Un agresor se suicidó y otro lo intentó y no lo logró. El 66,7% de los agresores están en situación de fuga.

También se aprecia una disminución de los femicidios consumados en el ámbito privado en el exterior para el mes de marzo. Mientras en febrero el 66.7% de los casos ocurrió en la casa de habitación de la mujer víctima, del agresor, o la de ambos, para el mes de marzo este porcentaje disminuyó a 44.4%. Mientras que el 33,3% de los femicidios de venezolanas en el exterior ocurrió en un lugar desolado o apartado.

En el 66,7% de los casos la relación afectiva entre las víctimas venezolanas en el exterior y sus ofensores era la de parejas o exparejas íntimas con o sin convivencia. El 44,4% de los femicidios de venezolanas en el exterior ocurrieron en contexto de migración y el 22% en contextos de antecedentes de amenazas o daños físicos.

En el 55,6% de los femicidios consumados la aparente motivación del agresor estuvo en una escena de celos o alegato de infidelidad íntima, mientras que en el 22,2% se trató de un ataque sexual. En el 33,3% de los casos los testigos del hecho fueron familiares y conocidos de la víctima, mientras que en otro 33,3% de los casos no hubo testigos.

Como signo de violencia sobre el cuerpo de la mujer en el 22,2% de los casos aparecen lesiones genitales y paragenitales. Otro 22,2%, mutilaciones o descuartizamiento y en 11% el cadáver fue arrojado a la vía pública. En el 55,6% de los casos la acción dirigida a causar la muerte violenta de la víctima fue el acuchillamiento con arma blanca o punzo penetrante.

Una niña de 11 años se suicidó el miércoles 10 de marzo, en el barrio Ma’ Vieja del municipio San Francisco del estado Zulia, tras ser víctima de abuso sexual por parte de su padre.

Mientras que en el exterior, una mujer venezolana de 27 años se habría suicidado en una vivienda de Neiva, Colombia. Se desconocen mayores detalles del caso.

La violencia de género acaba erosionando la confianza de las mujeres que la resisten. Cuando se encuentran inmersas en un proceso de violencia, empiezan a desconfiar sobre la propia capacidad de salir de él. Por ello, existe una probabilidad cierta de que esa desesperanza se torne en una autoagresión de la mujer víctima, que pueda terminar en suicidio.

Durante febrero de 2021, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró 48 actos de persecución y criminalización contra venezolanos. Se trata de personas que, ejerciendo sus derechos, las detuvieron arbitrariamente, atacaron censuraron o inhabilitaron.

Cepaz hizo una recopilación de publicaciones en medios digitales y monitoreó denuncias que llegan directamente a su portal para hacer este reporte.

Según esta ONG, en total, a 14 trabajadores de la prensa las censuraron en el segundo mes del año. «Amenazaron a al menos 9 periodistas y a otros dos los detuvieron de manera arbitraria, durante e ejercicio de sus funciones.

Asimismo, en febrero se cerró otra ventana de información en el país con una emisora de radio que salió del airea en el Zulia.

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Por otra parte, Cepaz da cuanta de la inhabilitación contra 33 dirigentes políticos. La Contraloría de Nicolás Maduro les quitó el derecho de postularse para asumir cargos públicos por 15 años.

Entre tanto, destaca la situación de la ONG Azul Positivo. Aunque sus miembros están excarcelados, el proceso en su contra sigue.

En la aplicación de estos patrones de persecución y criminalización, «hay 4 mujeres a quienes les violaron sus derechos».

Desde Cepaz «advertimos que el registro de casos presentados no constituye necesariamente la totalidad de actos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de febrero».

Finalmente, la ONG insiste en la necesidad de que los mecanismos de seguimiento por parte de organismos como la ONU, «sean contundentes. Resaltamos la importancia de abrir las puertas a los procedimientos de la ONU para que constaten de propia mano las violaciones sistemáticas a los derechos humanos».

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) contabilizó 79 actos de persecución en enero de este 2021 contra personas, medios de comunicación y organizaciones en Venezuela.

En ese sentido, resaltó que la criminalización y la persecución política en el país se ha agudizado.

Asimismo, indicó que las personas que se oponen a la administración de Nicolás Maduro son víctimas de violaciones de DD.HH., informó El Impulso

Destacó que estos actos se perpetraron mediante amenazas, estigmatizaciones, censuras, detenciones arbitrarias, allanamientos irregulares, tratos crueles e inhumanos, entre otros.

La Cepaz ha sido consecuente con estos informes desde el 2014 y se enfocó en denunciar la persecución política y la criminalización en el país.

En ese período documentaron múltiples casos de violaciones a los derechos humanos a través de prácticas de persecución y criminalización.

Cepaz mediante el informe, denunció que las ejercen funcionarios de la administración de Nicolás Maduro.

Posteriormente, destacó que en el modo que las cometen les permitió identificar patrones.

En enero del 2021 registraron un total de 79 hechos que constituyen un acto de persecución por parte de funcionarios de Maduro.

La organización registró: 20 ataques directos contra periodistas y medios de comunicación.

14 organizaciones de la sociedad civil víctimas de la criminalización.

Persiguieron a 45 diputados de la Asamblea Nacional electa en el 2015.

De las 79 víctimas de persecución registradas en enero de 2021, uno era una mujer hostigada y amenazada por redes sociales.

Asimismo, la Cepaz subrayó la imposibilidad de determinar cuántas mujeres despidieron de su puesto de trabajo en el parlamento.

Tampoco cuántas diputadas le han impuesto una medida cautelar en estos actos de persecución colectiva ejercidos por el régimen.

La censura en Venezuela fue alarmante a principio de año. Al menos cada 36 horas ocurre un ataque contra la libertad de expresión y de prensa.

La ONG determinó que se mantienen amenazando y cerrando espacios de comunicación e información dentro del país para impedir que los ciudadanos tengan acceso a la información.

Determinaron que en el primes mes del año se registraron al menos 20 ataques a la libertad de prensa.

Durante el primer mes del año registraron cinco detenciones arbitrarias, un allanamiento irregular.

También una amenaza haciendo uso del canal de televisión del Estado, y un caso de criminalización a la cooperación internacional.

En estos hechos se vieron involucradas al menos 7 organizaciones de la sociedad civil.

Este miércoles, el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), contabilizó 18 feminicidios Venezuela en enero del 2021.

Mediante un informe, el observatorio estipuló que cada 38 horas de los 31 días de enero se cometía un feminicidio.

Para el monitoreo de Cepaz tomaron datos de medios de comunicación digitales, ante la ausencia de cifras oficiales.

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Durante el primer mes de 2021, dos niños (hermanos) quedaron huérfanos y presenciaron el femicidio de su madre.

La motivación del agresor en este caso fue la decisión de la víctima de romper la relación afectiva, reseñó la ONG.

Asimismo determinó, que como en otros monitoreo anteriores, la mayoría de los casos ocurrieron en el bien o domicilio de la víctima.

En el mes de enero el 83,3% de los hechos sucedió en estos espacios.

Cepaz contabilizó que del 1 al 31 de enero de 2021 hubo 10 femicidios de mujeres venezolanas en el exterior.

Asimismo, precisó que al menos el 60% de los casos ocurrieron en Colombia, mientras que un 20% de casos ocurridos en Perú.

En cuanto al rango de edad de las víctimas, detectaron que el 50% estaban entre 19 y 27 años de edad.

Hubo un femicidio frustrado.

Nueve niños venezolanos quedaron huérfanos por el femicidio de sus madres. Tres de ellos presenciaron el crimen. Una de las víctimas estaba embarazada.

Signos de violencia en el cuerpo

La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), reveló este viernes el aumento de femicicios en Venezuela. También denunció que, debido al confinamiento por la pandemia suceden cosas terribles como 6 niñas hayan presenciado los asesinatos de sus madres.

Cepaz hizo un recuento de los causas de las muertes mujeres en Venezuela, de julio a noviembre. También ratificó que «el Estado venezolano no presenta estadísticas públicas en materia de violencias contra la mujer desde el año 2016».

Denuncia «la falta de estadísticas género sensitivas en el país, lo cual dejó al descubierto la imposibilidad del Estado de liderar una actuación institucional y coordinada en materia de prevención de la violencia de género. Sobre todo durante la emergencia generada por el COVID-19».

Destaca que esta situación «ha incrementado, en todo el mundo los índices de violencia contra mujeres y niñas».

Asevera el informe que «de la existencia de registros detallados y estadísticas depende, en gran medida, la comprensión de los femicidios y los fenómenos asociados a este delito».

«Estos datos permiten identificar las características de la víctima, el victimario y el entorno. También establecer la relación entre ellos, las posibles motivaciones e incluso las pautas de comportamiento». Señala Cepaz que la finalidad de esto es «no solo de evaluar la situación de la violencia contra las mujeres, sino de plantear las políticas preventivas idóneas».

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La ONG valoró el anuncio del fiscal de Nicolás Maduro, Tarek Willaim Saab, sobre la actuación del Ministerio Público en estos casos.

Saab dijo que «este año ingresaron 185 causas, entre femicidios consumados y femicidios frustrados. En total se han privado de libertad 167 personas por este delito y se han logrado 26 sentencias condenatorias».

Para la organización «esta respuesta lamentablemente no es suficiente. Se limita a mencionar las denuncias recibidas, las privativas acordadas y las sentencias dictadas en un año. No revelan los niveles de violencia, sino los niveles de recepción de denuncias y dos criterios de registro».

Asimismo, Cepaz señala que pese a la tipificación del delito de femicidio desde el 2014, la calidad de los datos al respecto no se incrementó. «Al contrario, descendieron y empeoraron. Esto coloca a Venezuela entre el grupo de países de la región con mayores deficiencias y debilidades en lo que refiere la sistematización y presentación de la información relativa a los femicidios».

Del 14 de junio al 13 de noviembre, ambos 2020, los medios de comunicación digital reflejaron 103 casos de femicidios.

Desde el 14 de junio hasta el 13 de noviembre de 2020, hubo en promedio, un femicidio cada 28 horas.

En total, 41 niños y niñas quedaron huérfanos. 6 niños y niñas presenciaron el femicidio de su madre.

En el 56,3% de los casos los hechos ocurrieron en la casa de la mujer o en la casa de ambos, es decir, en el lugar que se supone debe ser el más seguro.

De las 11 niñas menores de 12 años víctimas de femicidio, 5 de ella sufrieron abuso sexual; y las otras 6 niñas murieron por violencia física. 8 de estas 11 niñas fueron asesinadas por un miembro de la misma familia.

Desde el 14 de junio hasta el 13 de noviembre de 2020, hubo en promedio, un femicidio infantil cada 10 días.

El 99,9 % de las víctimas, eran de nacionalidad venezolana.

El 45,7% de los casos la víctima estaba en edades comprendidas entre 23 a 43 años.

El 11,8% en edades del 64 a 80 años.

El 21,4 % de las mujeres víctimas de femicidios eran madres.

4 de las víctimas estaban embarazadas; 3 murieron estranguladas, la otra quemada.

En el 78,6% de los casos el agresor es venezolano.

La mayor incidencia de los casos refleja una edad de los agresores femicidas comprendida entre 19 a 22 años de edad, equivalente al 31,2% de los femicidios analizados.

En los 8 casos donde logró determinarse que el agresor era un funcionario policial o militar; 2 de ellos cometieron los femicidios por medio del uso de arma de fuego de reglamento.

El 45,6% de los agresores fueron aprehendidos.

En el 34% de los casos, los agresores están en fuga.

En el 3,9% de los casos, el agresor muere por enfrentamiento policial.

Luego de haber cometido el femicidio, 8 agresores se suicidaron; 2 de ellos eran funcionarios policiales o militares.

31,1% de los casos las mujeres tenían o habían tenido convivencia con sus agresores, bien sea por matrimonio o por unión de hecho.

En el 21,4% de los casos analizados, los agresores eran miembros de la misma familia (padres, tíos, hermanos, primos).

Además 20 % de los casos no pudo establecerse el vínculo con el agresor femicida, aunado al hecho que en la mayoría de los casos se desconoce la identidad de los mismos.