El gobierno de Colombia y el principal grupo de disidentes de las FARC acordaron retomar el cese al fuego bilateral suspendido en mayo tras una masacre de los guerrilleros contra una comunidad indígena, informaron este sábado las partes, que están próximas a iniciar diálogos de paz.

La tregua, cuya fecha de inicio no fue especificada, «tendrá como objetivo reducir la confrontación y la violencia», dijeron en un comunicado los emisarios del presidente Gustavo Petro y de alias Iván Mordisco, el jefe del Estado Mayor Central (EMC), conformado por rebeldes que rechazaron el acuerdo de paz de 2016.

El texto solo detalla que será de carácter «temporal», «nacional» y que se desarrollarán acciones «tendientes a propiciar la participación de la sociedad civil en el proceso de paz» y a la «construcción de confianza». 

Los delegados se reunían desde el jueves en las montañas del departamento del Cauca (suroeste), en el primer encuentro formal entre el gobierno y la organización ilegal que se lucra del narcotráfico y la minería irregular. 

Petro había anunciado al filo de la medianoche del 31 de diciembre una tregua bilateral con el los cinco principales grupos armados del país, pero suspendió al acuerdo con el EMC en mayo, cuando los alzados en armas asesinaron a cuatro jóvenes indígenas que se resistieron a ser reclutados.

Entonces el primer mandatario izquierdista de Colombia dio la orden a las Fuerzas Militares de retomar las acciones ofensivas en los departamentos selváticos del sur del país, en los que viven los cabecillas rebeldes y donde está la mayor parte de su operación. 

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El comunicado agrega que las partes instalarán pronto la mesa de negociaciones, aunque no detalla la fecha ni el lugar. 

Dicho proceso contará con la veeduría de otros países que no fueron especificados y de organizaciones internacionales como la ONU, la OEA y el Consejo Mundial de Iglesias.

En una fotografía divulgada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se observa al jefe de esa entidad, Danilo Rueda, sonriente junto al jefe negociador oficial, Camilo González Posso, y el responsable para los diálogos del EMC, alias Andrey. 

El jefe guerrillero, que aparece en la imagen vestido de civil y con una gorra, había condicionado el inicio de las negociaciones al regreso en vigencia del cese al fuego.

Petro intenta una salida dialogada a seis décadas de conflicto armado, por medio de negociaciones de paz con todos los grupos al margen de la ley.

Desde noviembre, sostiene conversaciones en Cuba, México y Venezuela con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la más antigua de América tras el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El negociador González dijo a la AFP en julio que la intención es que los diálogos con el EMC, que según datos oficiales tenía unos 3.500 miembros en 2022, se desarrollen en territorio colombiano.

Rebeldes, narcos, paramilitares y agentes estatales se enfrentan desde hace más de medio siglo en una guerra que deja más de nueve millones de víctimas, entre desplazados y asesinados. 

Se alcanzó en la Habana, un inédito cese al fuego de seis meses con la guerrilla del ELN, a la espera de una tregua definitiva que alivie a las comunidades que más han sufrido los rigores de una guerra de más de medio siglo.

El cese acordado tiene fases progresivas. La etapa de alistamiento es inmediata, después comienza el fin de operaciones ofensivas el 6 de julio hasta alcanzar una plena vigencia, de 180 días, a partir del 3 de agosto.

Los mecanismos de monitoreo y verificación se instalarán en los próximos días y semanas, de manera que la tregua con la última guerrilla en armas debe estar vigente en todo el territorio colombiano durante este 2023.

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El senador Iván Cepeda dijo Caracol que estos compromisos son cruciales para poner fin a 60 años de conflicto armado y marcan un cambio en el proceso de diálogo que adelantamos desde hace 6 meses e implican la apertura de la participación real de las comunidades en los territorios”

Mientras tanto, el presidente colombiano Gustavo Petro afirmó: Tengo que agradecerle a Cuba su hospitalidad para la Paz de Colombia, que no es solamente de este momento, de este proceso, sino que viene acompañando un esfuerzo para que en Colombia no nos matemos»,

El gobierno de Colombia evaluará cada dos meses el cumplimiento del cese al fuego pactado con los principales grupos armados y que regirá durante el primer semestre del año, informó el ministerio del Interior. 

«La labor más difícil que hay es la verificación (…) Se prevé que cada dos meses se haga un corte de cuentas de cómo evoluciona en cada uno de los territorios, con cada una de estas organizaciones», explicó el jefe de la cartera, Alfonso Prada, en entrevista con Blu Radio. 

La víspera de Año Nuevo, el presidente izquierdista Gustavo Petro anunció una tregua bilateral entre el gobierno y cinco grupos armados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023 con miras a negociaciones que permitan desactivar el prolongado conflicto interno.

El gobierno mantiene bajo reserva los decretos donde se detallan los acuerdos de cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos grupos disidentes de las FARC, la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, de origen paramilitar.  

Bajo su política de «paz total», Petro aspira detener la espiral de violencia que siguió al histórico acuerdo firmado con el grueso de la guerrilla de las FARC en 2016. 

Sin ahondar en detalles, Prada aseguró que los diálogos serán «diferentes» con cada organización, dependiendo de si «se mueven en la economía ilegal» o «tienen estatus político». 

«No vamos a tenerla fácil, lo tenemos clarísimo», admitió el vocero presidencial.

Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica apoyaron la tregua. 

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Unos 15.000 combatientes se acogerán a esta decisión según cálculos recientes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que las operaciones de la fuerza pública contra el narcotráfico y la minería ilegal «continúan» y que lo único que se evitará es «que haya una confrontación con el grupo ilegal». 

«No significa el cese al fuego bilateral una autorización para que se continúen cometiendo delitos», declaró Velásquez a medios. 

Desde noviembre el gobierno negocia con el ELN, la última guerrilla reconocida en el país. Los rebeldes concedieron una tregua unilateral de Navidad que comenzó el 24 de diciembre y se prorrogó con el reciente anuncio. 

El ministro Prada aseguró que la fuerza pública mantendrá el control de «todo el territorio» y no se van a desmilitarizar regiones para que las organizaciones «se muevan a sus anchas» como ocurrió en negociaciones de paz anteriores.

«Aquí no se para la presencia de las fuerzas armadas, se paran los disparos de un lado y del otro», añadió. 

El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) desmilitarizó 42.000 km2 en la región del Caguán (sur) durante una negociación fallida con las FARC, que los rebeldes aprovecharon para fortalecerse. 

Petro, un exguerrillero que firmó la paz y depuso los fusiles en 1990, se convirtió el 7 de agosto de 2022 en el primer presidente de izquierda de Colombia. 

La política de «paz total» ha sido blanco de críticas de la oposición que la considera una «apología a la criminalidad y a la impunidad».

El gobierno no ha informado si las mesas de diálogo se instalarán en Colombia o en otros países, como ocurre con el ELN que inició una primera etapa de negociación en Venezuela y seguirá en México en una fecha por definir. 

Según el ministro de Defensa, «se están adelantando conversaciones entre organizaciones armadas que tienen presencia en un mismo territorio para que también entre ellas cese la confrontación». 

«Es lo que podría garantizar la tranquilidad para la población» que suele quedar en medio del fuego cruzado, añadió.

Los demás alzados en armas que quedaron fuera de los acuerdos de cese al fuego serán «perseguidos sin límite alguno», indicó el gobierno. 

Colombia vive un conflicto armado que en seis décadas deja nueve millones de víctimas, la mayoría desplazados. 

El narcotráfico, combustible de la violencia, supera récords históricos en el mayor productor de cocaína del mundo.