La reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico ha reavivado el debate sobre el futuro del sector energético venezolano.

 La iniciativa destaca por un elemento que genera controversia: el mismo chavismo que durante años cuestionó y condenó las privatizaciones como una amenaza a la soberanía nacional, ahora impulsa cambios que permitirían una mayor participación del capital privado en áreas estratégicas del sistema eléctrico.

En medio de una crisis marcada por apagones, déficit de generación y deterioro de la infraestructura, el Gobierno apuesta por atraer inversiones para sostener el servicio, mientras sectores críticos señalan que esta apertura representa un giro significativo respecto al discurso que durante décadas defendió el monopolio estatal de la energía.

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  Más de una década después de las protestas de 2014 en Venezuela, la justicia internacional vuelve a centrar la atención en uno de los casos más emblemáticos de represión estatal: el asesinato de Geraldin Moreno.

La solicitud de extradición contra el ex coronel Ephraín Enrique Verdú Torrelles no solo busca determinar responsabilidades individuales, sino también analizar el papel de las estructuras militares venezolanas durante la respuesta del Estado a las manifestaciones antigubernamentales. 

El proceso podría marcar un precedente para futuras investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis política venezolana.

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  La crisis que golpeó a millones de venezolanos ahora también comienza a impactar directamente a figuras vinculadas al chavismo. La reciente declaración de Mario Silva, tras denunciar la muerte de su hermano en medio de la falta de insumos médicos, expuso una realidad que por décadas fue señalada por pacientes, médicos y familiares dentro del sistema de salud venezolano: hospitales deteriorados, escasez de medicamentos y una atención cada vez más limitada.

El caso tomó fuerza porque Silva no ha sido un actor político cualquiera, sino uno de los rostros más reconocidos del discurso oficialista. Por eso, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una muestra de cómo la crisis social y sanitaria dejó de afectar únicamente al ciudadano común y comenzó a alcanzar también a sectores históricamente cercanos al poder. 

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   La nueva línea “anti extorsión” anunciada por Delcy Rodríguez llega después de años donde miles denunciaron precisamente a policías, militares, fiscales y funcionarios por convertir la matraca en un sistema nacional de supervivencia y control. El mismo aparato acusado de sembrar miedo ahora pretende venderse como salvador.

Alcabalas convertidas en peajes clandestinos, libertad negociada como mercancía y ciudadanos aprendiendo que el mayor peligro no siempre estaba en el delincuente, sino detrás de un uniforme. La revolución que prometió acabar con las mafias terminó normalizando métodos mafiosos dentro del poder.

Hoy el problema no es únicamente la extorsión. El problema es quién recibe la denuncia.

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El preso político José Breijo, de 73 años y doble nacionalidad venezolana y uruguaya, fue excarcelado este lunes y puesto bajo arresto domiciliario. Al llegar a su casa, un policía, que estaba ocupando ilegalmente su piso, lo echó de su propiedad para que durmiera en el suelo en su edificio, Pascuareli, situado en Bello Monte, al sur de Caracas.

 Lo insólito de su caso es que el okupa de su vivienda es el mismo policía que participó en su detención hace dos años por presunto terrorismo. Los agentes lo arrestaron porque Breijo estaba tomando fotos de una reunión donde discutían el conflicto de Palestina. Por tomar una foto que le pareció curiosa, Breijo fue recluido en el centro penitenciario de Tocuyito –oficialmente Internado Judicial de Carabobo–, donde pasó dos años detenido por acusaciones de terrorismo.

«Llego a mi apartamento y veo un candado puesto. Llevo 22 años viviendo aquí, pagando mi arriendo, y pido poder acceder a ella. Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias adentro. Ahora me toca estar en un colchón en un pasillo cumpliendo mi casa por cárcel. Pido ayuda a las autoridades, soy un anciano trabajador, no un terrorista, me lo han quitado todo», denunció Breijo en las redes sociales.

El septuagenario uruguayo presenta ahora un deterioro físico por el infierno vivido en la cárcel. Su estado emocional se ha agravado al encontrar su vivienda invadida. Finalmente, la Policía logró desalojar al agente, por lo que el excarcelado pudo recuperar su piso, pero totalmente desvalijado y vacío.

Su caso forma parte de las últimas 48 liberaciones condicionadas de presos políticos –entre ellos siete militares paracaidistas y un general–, de las 500 excarcelaciones que prometieron los hermanos Rodríguez.

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El caso de Breijo es el ejemplo vivo del expolio masivo y saqueo de la propiedad privada, además de la pública, que han padecido los venezolanos desde hace 27 años, a partir de la toma de posesión del presidente fallecido Hugo Chávez en 1999 bajo el lema del revolucionario ‘socialismo del siglo XXI’.

«Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias adentro»

Las ONG como Transparencia Venezuela y el Observatorio de Derechos de Propiedad, así como medios de investigación como Armando.info suman unas 10.000 expropiaciones, confiscaciones y expolios de la era chavista que han afectado el patrimonio y los activos de opositores, tanto de los presos políticos como de exiliados y sus familiares. Los dueños de las casas, pisos, empresas, edificios, chalés, fincas y obras de arte tomadas ilegalmente nunca han sido indemnizados.

Chávez inició la ola de expropiaciones contra todo aquel que lo criticara. Uno de los primeros en caer fue el exembajador Diego Arria, cuya finca agrícola La Carolina, situada en el estado de Yaracuy, y otra propiedad suya de 373 hectáreas fueron confiscadas en 2010.

Los medios también se han visto afectados por las confiscaciones. Miguel Henrique Otero, presidente de ‘El Nacional’, y su familia siempre han estado en la mira del régimen. En mayo de 2021, la sede física del diario en Los Cortijos, zona industrial de Caracas, fue tomada y embargada por las autoridades chavistas tras una demanda por difamación. No contento con el expolio, el chavismo arremetió en febrero contra la vivienda de Antonieta Jurado, la esposa del dueño del diario, arrebatando sus muebles, obras de arte y vehículos.

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y su familia también han corrido la misma suerte de los opositores exiliados. La quinta Los Gnomos de Mitzy Capriles de Ledezma, situada en la Laguna de Caraballeda, zona norte costera de Caracas, fue tomada por la fuerza por los militares de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en 2023. Allí, los militares celebran sus fiestas, bodas y cumpleaños, según se observa en las fotos que cuelgan en las redes sociales. También perdió su piso situado en Santa Rosa de Lima, al sureste de Caracas.

A ellos se suman miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado, que han visto usurpadas sus propiedades estando ellos en el exilio. Es el caso de la asistente personal de la premio Nobel de la Paz, Laura Acosta, según relató a ABC; o de su número dos, Magalli Meda, que también lo denunció en las páginas de este periódico.

Este sábado, el opositor y exprisionero político Leopoldo López, exiliado en España, denunciaba en su cuenta de X la expropiación de su casa: «La dictadura no solo se robó una casa. Se apropió de un hogar lleno de recuerdos, sueños y proyectos».

Según la investigación del portal Armando.Info, la manera de actuar ha sido similar en casi todos los casos. Una comitiva, bien sea de la militar DGCIM, de la policía política SEBIN o de la policía anticorrupción (PNCC), llega a la propiedad deshabitada de algún perseguido político que se encuentre en el exilio o la de un preso político. Entra a la fuerza sin orden judicial, revisa y saquea todo lo que quiere. Muchos vecinos de las víctimas han denunciado que los funcionarios se llevan otros bienes, como coches u ordenadores, y hasta han visto transportar cajas y bolsas llenas de ropa y juguetes. Y los denunciantes son amenazados de muerte.

Cuando paseaba por la caraqueña Plaza Bolívar en 2010, el difunto Hugo Chávez, al pie de la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar, señaló con su dedo la joyería La Francia. «¡Exprópiese!», ordenó. Desde entonces, las autoridades chavistas han arrebatado caprichosamente y sin pudor alguno los bienes de los presos políticos, perseguidos y exiliados. 

El régimen no da una cifra oficial sobre los casos de robos, expropiaciones y confiscaciones, pero las ONG han documentado unos 10.000 casos, de los cuales 5.000 entran en la categoría de empresas expropiadas, intervenidas o nacionalizadas. En el sector inmobiliario se calculan al menos 179 edificios privados, 64 estacionamientos y la paralización de decenas de conjuntos urbanísticos

. La propiedad privada se ve nuevamente amenazada con los anuncios de Delcy Rodríguez de promulgar una ley para reglamentar las viviendas vacías de los presos políticos y exiliados.

El piso de Bony Pertiñez, esposa del opositor Iván Simonovis, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la alcaldía mayor de Caracas, también fue confiscado después que huyera su esposo a Estados Unidos en 2019.

La abogada Bony Pertiñez relata: «El Estado venezolano se apropió de mi casa en forma indebida, sin dejarme demostrar la licitud de mi propiedad ni solicitar su devolución. Además del destierro forzoso al que me vi sometida, me generan un daño grave. No es solo una casa, es tu hogar, tu arraigo emocional, tu recuerdo, tu vida… Mis hijos y yo no tenemos una casa a la cual regresar. Son 15 años de vida que tienen con ellos. Pero ya entendí que, si esto es parte del costo de la libertad de Iván, pues no tiene precio».

Otro caso es el del coronel Oswaldo García Palomo, quien lleva más de siete años preso en la sede de la DGCIM en Boleíta Norte, en Caracas. Su expediente incluye torturas que han sido documentadas y denunciadas por la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Corte Penal Internacional.

 García Palomo ha sido víctima de múltiples allanamientos de sus propiedades desde que le quitaron su residencia de Altos Mirandinos cerca de Caracas en 2019. Posteriormente, le confiscaron otras tres propiedades de su familia, denuncia su esposa Sorbay Padilla, quien tuvo que exiliarse por las amenazas recibidas.

Con información de ABC

CHAVISMO EN “CAÍDA LIMPIA”: El destino de Delcy - Cara a cara

Analizamos en Cara a Cara el escenario actual de Venezuela: las luchas intestinas, el desgaste del modelo y las especulaciones sobre el destino de Delcy Rodríguez del círculo de poder.

 ¿Se están matando a cuchillo?

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Cuando los aviones Osprey del Ejército de Estados Unidos cruzaron el cielo de Caracas el pasado 23 de mayo en un —quizá innecesario— simulacro militar, algo que llevaba meses fermentando en silencio terminó de salir a la luz.

 Las bases chavistas que durante 27 años sostuvieron la revolución bolivariana —los colectivos, los cuadros de partido, los movimientos populares— se están revolviendo contra el nuevo orden que ha impuesto Washington en Venezuela. Las quejas y las advertencias de los aliados chavistas son cada vez más abiertas y duras, aunque sigue sin estar claro si son suficientes para poner en aprietos a Delcy Rodríguez.

 Las reacciones ante la tutela de Estados Unidos sobre el país desde la intervención militar del 3 de enero, en la que capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, han pasado del desconcierto a la indignación. 

El antiguo enemigo del chavismo, el imperialismo estadounidense, ahora es un aliado que marca los ritmos del país, hace maniobras militares y hasta anuncia los viajes internacionales de la presidenta encargada. Y las bases que durante décadas gritaron “Yankee go home” no saben muy bien qué hacer con eso.

El malestar se fragua en silencio desde el 3 de enero, pero hace unas semanas, una guerrilla de influencers chavistas comenzó a levantar la bandera de la traición.

Dos propagandistas acérrimos del chavismo, Mario Silva, conductor del programa La Hojilla, y el argentino Diego Suárez, conocido como Michelo, le subieron el volumen a la queja: quienes están en el poder hoy, decían, cooperaron con el encarcelamiento de Maduro y Flores en Nueva York. Sembraban dudas ante el sapo que más le está costando tragar al chavismo tras la caída de su líder: la batuta estadounidense.

Cuando el ruido en redes parecía haberse rebajado, el propio gobierno venezolano entregó a Alex Saab —el colaborador más cercano de Maduro, convertido en héroe y mártir del antiimperialismo tras años de campaña en su favor— a la justicia estadounidense. 

El empresario colombiano es ahora una pieza en manos de Washington que podría ser clave en el proceso abierto contra Maduro. Ante la enorme polémica que suscitó la entrega, la presidenta encargada zanjó con una única defensa: que cada decisión tomada desde el 3 de enero ha sido por “el interés de la nación”.

El fin de semana pasado, el malestar encontró su imagen. Dos aviones militares estadounidenses aterrizaron en Caracas —la misma ciudad que habían bombardeado cinco meses antes— en lo que el canciller Yvan Gil presentó como un “simulacro de evacuación de emergencia”. 

A bordo venía el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, seguido por una veintena de marines vestidos de camuflaje. En las calles, pudieron verse algunas pancartas con el viejo grito de “Yankee go home” y hubo tres protestas pequeñas, pero significativas: para muchos chavistas, ver esos aviones en el cielo de Caracas con el permiso del propio gobierno fue una obscenidad.

 Una de las protestas del sábado, convocada por Comunes, una corriente de organizaciones de base de izquierda, derivó en una recogida de firmas contra el simulacro que en pocos días sumó más de 5.000 adhesiones. 

“La mayoría ha sido chavista de base, de las estructuras del chavismo”, señala Antonio González, sociólogo y parte de este frente. Para él, lo que está en juego es el nervio central de la revolución: “Hay un sentimiento nacionalista que fue la gran coordenada del chavismo y que su liderazgo ya no está respondiendo”.

González suma a ese agravio la reforma a la ley de hidrocarburos, negociada a la medida de los intereses de Donald Trump. Para el sociólogo, un gobierno que no ha sido electo por el pueblo no tiene fuerza para plantarse ante Washington. “La pérdida de soberanía popular nos ha llevado a la pérdida de la soberanía nacional”.

 La salida, dice, son elecciones libres. “La extracción de Maduro duró 40 minutos y los aviones del simulacro estuvieron unas cuatro horas en el país, pero nos va a tomar décadas sacar a Estados Unidos”.

Nadie en la Asamblea Nacional quiso dar explicaciones. La periodista y exfuncionaria chavista Mary Pili Hernández le exigió al Parlamento —comandado por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada— que aclarara por qué los diputados no habían autorizado la maniobra, como obliga la Constitución para cualquier misión militar extranjera en el país.

 “¿En qué momento la AN autorizó el ejercicio militar estadounidense en Caracas, en el que estuvo hasta el jefe del Comando Sur?”, escribió en sus redes. Nadie respondió. Ni la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ni la opositora. Todos hicieron silencio.

Desde los sectores más ideológicos del chavismo también llegaron críticas. Elías Jaua, que fue vicepresidente de Hugo Chávez y ministro de Maduro, agradeció en un comunicado los gestos de rechazo del día del simulacro y vaticinó el inicio de una “resistencia cívica”. Tal vez el 23 de mayo, escribió, pase a la historia “no como el día en que el ocupante extranjero se atrevió a realizar ejercicios militares en suelo patrio, sino como el día en que inició la resistencia cívica que nos conducirá a recuperar nuestra independencia nacional”. Era la segunda vez en pocos días que a Jaua se le relacionaba con críticas a la cúpula chavista.

Incluso dentro del chavismo en el poder, los amagos de protesta tras el simulacro se colaron, aunque en sordina. El diputado Jorge Arreaza —exministro de Chávez y de Maduro— no hizo declaraciones ni firmó comunicados. Se limitó a publicar en sus redes una imagen de la bandera venezolana, el mismo gesto que había usado cuando Trump amenazó con convertir a Venezuela en el estado 51 de la Unión. Fue suficiente para que otros lo leyeran como una toma de posición.

La furia crece entre los colectivos y organizaciones de base, los mismos a los que Maduro llamó el año pasado a tomar las armas si Estados Unidos osaba entrar a Venezuela. Ahora con ellos dentro, un dirigente de estas organizaciones que prefiere no ser identificado, se desahoga cada día a través de WhatsApp y amenaza con movilizaciones. “Te puedes imaginar la indignación”, dice. 

“Esto no fue un simulacro, fue una invasión, una demostración de fuerza e intimidación hacia un rival con las manos atadas y con un fusil en la cabeza”, reclama. Los grupos de los que forma parte están llenos de publicaciones en las que Delcy Rodríguez aparece como una traidora. “Los líderes que deberían ser los primeros en impedir esto son los primeros en prestarse al hecho”, denuncia. “El pueblo de Bolívar y Chávez está siendo atropellado vilmente en su cara”.

Con información de El País.

  El ascenso de Héctor Rodríguez dentro del chavismo ya no se ve como el simple crecimiento de un dirigente joven.

 Lo que muchos ven ahora es cómo se está armando una nueva élite política que concentra cada vez más poder dentro del Estado venezolano. 

Su nuevo cargo, entregado por la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, para liderar la “reingeniería” del gobierno, le abre la puerta para meter mano en ministerios, estructuras internas y funcionamiento completo del aparato estatal.

Mientras el oficialismo habla de “modernizar” y “hacer eficiente” el gobierno, otros creen que el verdadero plan es cerrar filas, controlar aún más las instituciones y reorganizar el poder alrededor del círculo más duro del chavismo.

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El cerco judicial en España se cierra: Delcy Rodríguez ha sido vinculada al acta de imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

 La mención directa en el expediente judicial expone una red de blanqueo y tráfico de influencias que señala al poder venezolano con esta trama, desafiando la estrategia de silencio del chavismo.  

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Venezuela se convirtió en un laboratorio de corrupción donde figuras cercanas al poder ascienden rápidamente, concentran influencia económica y terminan envueltas en escándalos que revelan las fracturas internas del chavismo.

 Casos como los de Alex Saab y “El Potro” Álvarez reflejan un patrón repetido: operadores políticos y empresarios que pasan de ser aliados estratégicos a piezas sacrificables dentro de una estructura marcada por el reciclaje de funcionarios, disputas de poder y redes opacas de negocios.

Mientras Delcy Rodríguez gana control dentro del régimen y Estados Unidos aumenta la vigilancia, el sistema parece reorganizarse sin cambiar realmente sus mecanismos de fondo.

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La exencargada de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, habría entregado una lista con siete nombres de interés para Washington Uno de ellos ya salió del tablero: Alex Saab, deportado a Miami bajo custodia de agentes de la DEA y el FBI 

Ahora crece la expectativa sobre quiénes serían las otras seis figuras señaladas por las autoridades estadounidenses. 

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¿Qué ocurre tras la puerta marcada con "Peligro Eléctrico" en los sótanos de la DGCIM? El Capitán de Navío Luis de la Sotta rompe el silencio tras 1.960 días de cautiverio. 

Un testimonio crudo sobre la tortura, la maquinaria del miedo y la resistencia del espíritu humano.

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Venezuela está atrapada entre los que dice Estados Unidos acerca de que está mejor y se estabiliza y el empeño del chavismo de seguir en el poder.

Hay un vacío institucional que hace daño sobre todo al venezolano común que sigue sufriendo por la crisis económica, mientras el chavismo presume de que todo va mejorando.

Incluso, Diosdado Cabello, ministro del Interior, se atreve a asegurar que la oposición nunca va a gobernar Venezuela, cerrando los caminos a la solución democrática de la crisis que se lograría con unas elecciones.

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Mientras millones de venezolanos enfrentan racionamientos eléctricos diarios, nuevas denuncias apuntan a que parte de la crisis del sistema nacional habría sido utilizada para favorecer negocios de minería digital presuntamente ligados a estructuras militares y sectores de poder durante los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y ahora de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez.   

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La tragedia de la familia Quero Navas ha arrastrado al chavismo a su peor crisis moral.

Con la muerte de Carmen Teresa Navas, el gobierno de Delcy Rodríguez ha sido obligado a ceder en la liberación de 300 presos políticos ¿Cedieron por presión? 

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Mientras se enfría la campana por el retorno de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello queda como el sepulturero del legado de Hugo Chávez.

Cabello fue puesto entre la espada y la pared en su propio programa y solo atinó a decir que la campaña sigue, pero sin si vencer.

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El pacto de Delcy Rodríguez con Estados Unidos ha caído como un balde de agua fría entre el chavismo originario, a tal punto que están llamando a una insurrección.

Y es que estas voces han ido más allá y quieren llamar a un frente regional antiimperialista, retando así no solo al can de los Rodríguez, sino al propio Donald Trump.

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La directiva del TSJ fue designada este lunes y la magistrada Caryslia Rodríguez fue ratificada en el cargo de presidenta.

De esta forma, Rodríguez ha pasado de ser la presidenta del TSJ del madurismo a una de las principales del Poder Judicial en el rodrigato.

Asimismo, el TSJ incorporó a los suplentes para cubrir las vacantes por las jubilaciones aprobadas recientemente.

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 La condena contra el excongresista republicano David Rivera, quien era cercano al gobierno de Donald Trump, expone hasta dónde el chavismo tejió su telaraña de corrupción.

Contratos millonarios, operadores políticos, dinero de PDVSA y gestiones secretas para tocar el poder en Estados Unidos; el caso es solo uno más de una red que saqueó los bienes del Estado.

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 El músico e intérprete Porfi Baloa se convierte el tercer artista en anunciar que tampoco se presentará en el festival que el chavismo ha anunciado para este 1 de mayo, en la Base Aérea  La Carlota en Caracas.

A través de las redes sociales del artista se publicó un comunicado que niega el anuncio hecho por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, acerca de que se presentaría no solo Baloa, sino Oscar D'León y Servando y Florentino, quienes tampoco asistirán.

“El maestro Porfi Baloa no estará participando en ningún evento programado para el próximo 1 de mayo en Caracas. Agradecemos el cariño, la atención y el interés del público, y siempre recomendamos confirmar la información a través de los canales oficiales”, dice el comunicado.

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 Como se recordará, desde Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Rodríguez anunció: “Va a estar Óscar D’León, va a estar Nicky Jam, Justin Quiles, va a estar Porfi Baloa, Servando y Florentino, una oleada de artistas van a estar dando lo mejor de sí en un canto para la paz”.

El concierto tiene prevista la presentación de bandas musicales y por ello los organizadores han ordenado el cierre de varias vías alrededor de la base aérea. 

La entrada es gratuita y comenzará a partir de las 9 de la mañana, con varias vías de acceso.