“Ser crítico, hacer contraloría y disentir no es traición: es una forma legítima de participación democrática”.

La afirmación la hizo la ONG Laboratorio de Paz que, mediante un comunicado denunció  el incremento de la criminalización, estigmatización y represión contra activistas, gremialistas, académicos, defensores de derechos humanos, periodistas y voceros vinculados a sectores del chavismo disidente, así como contra organizaciones de la sociedad civil independiente.

La organización alertó sobre un patrón sistemático de ataques que incluye detenciones, desapariciones forzadas, judicializaciones y agresiones físicas, intensificado desde el 28 de julio de 2024.

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A continuación, el comunicado completo:

Desde la ONG venezolana Laboratorio de Paz queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante el aumento de la criminalización, estigmatización y persecución política contra activistas, gremialistas, académicos, personas defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, y voceros y organizaciones de los chavismos disidentes.

Denunciamos que, en días recientes, se han producido detenciones, ataques, desapariciones forzadas, judicializaciones, así como ataques físicos contra una diversidad de sectores de la sociedad civil venezolana. 

Continuando los patrones sistemáticos de represión agudizados desde el pasado 28 de julio de 2024, los últimos días se han multiplicado acusaciones y señalamientos sin fundamento que presentan a personas, académicos, activistas y líderes sociales de izquierda y/o autodenominados chavistas críticos como “infiltrados” o “agentes de injerencia extranjera” por el solo hecho de ejercer su derecho legítimo a cuestionar actuaciones y políticas públicas, denunciar violaciones de derechos humanos, acompañar comités de víctimas o proponer modelos alternativos de desarrollo y gestión ambiental.

Recordamos que, conforme a la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela y los estándares y compromisos internacionales de derechos humanos, el Estado venezolano, tiene la obligación de:

Proteger la libertad de pensamiento, conciencia y expresión (art. 19, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), lo que incluye el derecho a disentir de las políticas gubernamentales.

Garantizar la libertad de asociación y participación política sin discriminación por razones de opinión, expresión o ideología.

Abstenerse de promover discursos estigmatizantes que generan odio, deshumanización y persecución contra personas y organizaciones, poniendo en riesgo la reputación, integridad física, libertad y la seguridad de las personas señaladas.

Reivindicamos el derecho a ser chavistas radicales y/o críticos, así como el derecho de toda persona a identificarse, militar o inspirarse en cualquier corriente política o ideológica, sin que ello menoscabe o implique renunciar a la libertad de cuestionar y debatir las decisiones del poder. Ser crítico, hacer contraloría y disentir no es traición: es una forma legítima de participación democrática.

A su vez, respetar el derecho de toda persona a identificarse como oficialista o chavista implica reconocer su libertad de pensamiento y participación política, sin que ello suponga privilegios, ni menoscabo de los derechos de quienes sostienen otras posturas contrarias.

Defendemos los derechos civiles y políticos de las personas que se identifiquen como “chavistas” como parte de nuestros principios y compromisos con la dignidad y la libertad política de toda la ciudadanía. Ese derecho no otorga ventajas ni resta derechos a nadie: asegura que todas las voces, sin importar su signo, puedan expresarse y participar sin miedo en todos los ámbitos de la vida ciudadana.

Recordamos que según el Estatuto de Roma se entiende la persecución como la privación intencionada y grave de derechos fundamentales en violación del derecho internacional en razón de la identidad de un grupo o colectividad. 

Por ello, la persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos, usando al sistema judicial, policial y mediático de forma coordinada promoviendo discursos de odio, con desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias promovidas desde el Estado constituyen crímenes de Lesa humanidad en el marco de las competencias de la Corte Penal Internacional, quien realiza una investigación sobre Venezuela

Exigimos:

*El cese inmediato de toda campaña de difamación, criminalización y hostigamiento contra sectores de la sociedad civil independiente o de los chavismos disidentes.*Cese inmediato de todas las acciones constitutivas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo la persecución política, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas.*Liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos o de conciencia sin discriminación, ni exclusión por afinidad ideológica.*Garantía de integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad, activistas, periodistas y defensoras/es de derechos humanos.*Restitución inmediata de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política en Venezuela.

COMUNICADO: Laboratorio de Paz exige en cese de la criminalización y persecución, tanto contra la sociedad civil independiente como contra los chavismos disidentes "Ninguna voz debe ser silenciada" pic.twitter.com/vD4Rx9gwE2

subraya el texto, que reivindica el derecho de toda persona a identificarse con cualquier corriente política —incluido el chavismo— sin que ello implique renunciar a la libertad de cuestionar al poder.

La ONG recordó que la persecución política de un grupo por motivos ideológicos, a través de la coordinación de aparatos judiciales, policiales y mediáticos, constituye un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma, en el marco de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional sobre Venezuela.

Laboratorio de Paz exigió el cese inmediato de las campañas de difamación y hostigamiento, la liberación de todos los presos por motivos políticos y la restitución plena de derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

En un último intento, diversos actores de la oposición, pero también en unión con el chavismo disidente acudieron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para introducir un recurso de nulidad contra la sentencia electoral que ratificó una supuesta victoria de Nicolás Maduro en la presidencial del 28 de julio, documento que finalmente fie recibido por el poder judicial y que forma parte de una serie de acciones coordinadas con la Plataforma Unitaria (PU).

«Por inconstitucionalidad nosotros venimos a la Sala Constitucional a pedir la nulidad de la sentencia número 31 emanada de la Sala Electoral y que a partir de allí los venezolanos puedan reencontrarse en una ruta que rescate la democracia las instituciones que podamos tener la confianza de mirar como optimismo nuestro futuro». declaró el excandidato presidencial Enrique Márquez. Nuestro compañero Johan Álvarez nos amplía detalles.

Márquez confirmó que ha estado en comunicación con la oposición que respaldó al excandidato en el exilio Edmundo González Urrutia, y señaló que está solicitud forma parte de las acciones que se están tomando para hacer respetar los verdaderos resultados, hecho que fue reconocido por uno de los actores del partido Primero Justicia del denominado G4 de la PU, lo cual supone una acción coordinada.

«Claro, hay conversaciones francas directas con muchos de los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática y que, por supuesto, tenemos coincidencia y preocupaciones hacia el futuro del país, buscando precisamente una solución política», agregó Márquez.

Acompañado de dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) y de los partidos intervenidos por el propio TSJ, en su mayoría dirigentes del chavismo disidente, adelantaron que bajo las actuales condiciones no se podrá participar en próximos comicios que sean convocados mientras no se reconozcan los verdaderos resultados de la elección presidencial.

«Por ahora pareciera que con ese Consejo Nacional Electoral, tal como está. un Consejo Electoral absolutamente invisibilizado, es imposible plantearse cualquier ruta electoral», declaró Juan Barreto, coordinador nacional de REDES.

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Márquez informó que el recurso fue recibido por la Sala Constitucional, donde se comprometieron a que en no más de 5 días se abrirá el expediente para ser procesada la solicitud.

Desde el siglo XV la justicia es representaba como una dama con los ojos vendados portando una balanza. La venda significa que la justicia es, o debería ser, impuesta objetivamente, sin favoritismos, independientemente de la persona, dinero, poder o vulnerabilidad de quien acude a ella.

Sin embargo, en Venezuela la dama parece tener los ojos bien abiertos, sobre todo a la hora de tramitar las demandas de la oposición. Pero también los abre si el chavismo disidente presenta alguna queja. El resultado es la desestimación de esas quejas, según relata la ONG, Acceso a la Justicia.

La ONG documentó tiene información de dos casos que corroboran el favoritismo del TSJ de Nicolás Maduro.

El primero ocurrió el 16 de septiembre, cuando la Sala Constitucional (SC) en su sentencia n.° 453 desechó un amparo del presidente del Partido Revolucionario del Trabajo (PRT), Otto Van Der Velde.

Este dirigente presentó en septiembre del año pasado un amparo que iba contra el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Van Der Velde acusó al organismo comicial de violar el artículo 51 constitucional, el cual prevé el derecho de los ciudadanos de «dirigir peticiones» a los organismos del Estado. Esto, por no dar respuesta a las solicitudes que introdujo a lo largo de 2020 para que su partido participara en las elecciones parlamentarias.

La intérprete de la carta magna desechó la petición alegando que esta no era la acción correcta a ejercer. No queda claro por qué la sala consideró que el amparo no era el medio adecuado, cuando no hay otro más rápido.

Más grave aún es que la propia Sala se demoró un año en responder a la solicitud del accionante. Es decir, mucho después de haber ocurrido el evento electoral en el que PRT pretendía participar.

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Por otro lado, Sala Electoral (SE) emitió una sentencia en la cual rechazó conocer un amparo del exministro de Comercio, Eduardo Samán. La petición era contra la decisión del CNE de impedirle postularse para el cargo de alcalde de Caracas en las regionales de este 21 de noviembre.

Samán era candidato del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

En la sentencia n.° 44 del 17 de septiembre de 2021, la sala remitió el expediente a la Sala Constitucional. El argumento era que esta sala está facultada «para conocer los amparos constitucionales en materia electoral».

Pero, a estas alturas, cuando ya no hay chance de postularse, la sala Constitucional del TSJ aún no responde a Samán.

«No tengo idea de por qué esa inhabilitación. Solicito que me notifiquen por qué esta inhabilitación para ejercer mi derecho a la defensa», dijo Samán en un mensaje en sus redes sociales.

Los casos señalados tienen un punto en común. Y es que los partidos políticos implicados (PRT y PCV) se han deslindado  de Nicolás Maduro. En los últimos procesos electorales han competido contra él, a través de la Alianza Revolucionaria Patriótica (ARP).

Esto no es casual. Aquellas formaciones que han decidido romper con el Polo Patriótico, han sido blanco de decisiones judiciales.

El Partido por la Democracia Social (Podemos) es una de las primeras. Así, tras deslindarse en 2007 del oficialismo, en septiembre de 2012, a un mes de las elecciones presidenciales de ese año, la SC intervino a esta organización.

En 2020, en vísperas de las legislativas, el PPT y Tupamaro corrieron la misma suerte.

Pero la justicia no solo ha ignorado o respondido tardíamente peticiones de formaciones disidentes del chavismo, sino que ha tomado otras decisiones contra ellas para silenciarlas o neutralizarlas, en especial en vísperas de procesos electorales.

Así lo denunció el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su informe Persiguiendo al chavismo: Discriminación por razones políticas contra disidentes chavistas y afines de la izquierda por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, en el que reveló que desde 2013, cuarenta y cuatro dirigentes oficialistas críticos con el Gobierno han sido víctimas de algún tipo de medida en su contra, y dieciséis de ellos están o han estado presos. Entre los afectados figuran el excandidato a la Alcaldía de Caracas y fundador de Marea Socialista, Nicmer Evans, y el exalcalde de Maturín, Numa Rojas.

En los últimos meses, los ataques contra la disidencia no han cesado, y prueba de ello fue la acusación que el pasado 4 de febrero lanzó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, contra el PCV, al que calificó de «quinta columna». «Hay una campaña orquestada para generar división en las fuerzas de la revolución venezolana y a estas alturas del partido o se está con la patria o se está contra la patria», afirmó, dejando en claro que el menor disenso dentro del oficialismo se castigaría.