Ocho venezolanos acusados de ser parte de una banda de traficantes de personas fueron declarados culpables por la justicia chilena.

Los delincuentes, incluida una menor de 17 años, estarían vinculados con el Tren de Aragua, informó BioBio -Chile.

Según el parte oficial,  los delitos fueron cometidos entre 2021 y 2023 y constituyen la primera condena en la Región Metropolitana de Santiago que reconoce un vínculo con esta organización criminal.

El fallo fue emitido por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que determinó la existencia de una asociación ilícita destinada a cometer trata de personas con fines de explotación sexual.  

Entre los condenados figuran cinco ciudadanos venezolanos, dos colombianos y una chilena. La investigación permitió establecer el funcionamiento de una estructura dedicada a captar y someter a mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

La demanda fue impulsada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo que destacó la relevancia del veredicto.  

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La jefa de la sede metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, señaló que la decisión judicial valida una perspectiva basada en los derechos humanos y el enfoque de género, al reconocer de manera explícita las características propias del delito de trata de personas.

"Ninguna de las víctimas declaró durante el juicio y el tribunal lo entendió. No estuvieron porque tenían miedo, porque vivían bajo violencia constante, porque eran migrantes sin redes de apoyo en Chile. Eso no impidió la condena, al contrario, el tribunal analizó la prueba considerando precisamente esa vulnerabilidad. Eso es algo que el INDH ha relevado en cada audiencia vinculada a estos delitos y es muy significativo que quede reconocido en un veredicto", destacó.  

Asimismo, la abogada señaló que "el tribunal rechazó analizar las conductas de cada acusado de forma aislada". "La trata de personas es un delito que vulnera la dignidad humana en su conjunto, y el tipo penal existe justamente para protegerla", sentenció.

Con información de BioBio

El Gobierno chileno consideró este viernes como un «golpe relevante» la muerte del ‘Niño Guerrero’, Héctor Guerrero Flores, considerado el líder máximo de la banda transnacional Tren de Aragua, nacida en las cárceles de Venezuela, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 «La baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente», dijo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en su cuenta de la red social X.

El líder de la banda, calificada como terrorista por Washington, murió en Venezuela en una acción coordinada entre el Comando Sur de Estados Unidos y autoridades de ese país sudamericano, según informó Trump.

Arrau consideró «especialmente esperanzadora» la colaboración entre Estados Unidos y Venezuela que resultó en la muerte de Guerrero y añadió: «esta acción se suma a los importantes golpes que nuestras instituciones han propinado al Tren de Aragua en Chile durante las últimas semanas».

Luego, en declaraciones a los medios chilenos, el ministro  advirtió que el combate contra la organización criminal está lejos de terminar.

 "Es positivo desarticular la cabeza del Tren de Aragua, pero no es el término de algo, es el primer paso", señaló la autoridad.

Además, agregó que la muerte del "Niño Guerrero" representa "un pequeño paso para recuperar la tranquilidad en el vecindario latinoamericano".

Las autoridades chilenas desmantelaron hace 10 días una red de blanqueo de capitales relacionada con la banda criminal, que operaba mediante bancos chilenos, y detuvieron a una veintena de personas involucradas.

Los acusados son señalados por la Fiscalía chilena de varios presuntos delitos, entre ellos extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal.

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La baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente.Es especialmente esperanzadora la colaboración informada entre Estados Unidos y las autoridades… https://t.co/7fPJJiea9X

Según medios locales, la red enviaba dinero que obtenía de la extorsión y de otras actividades delictivas a una cárcel de Colombia donde está uno de los líderes del grupo, Carlos ‘El Bobby’ Gómez.

 Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano a la banda está asentada ya en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países.

«La caída de un líder no significa el fin de una organización como esta. Por eso seguiremos coordinando a todo el sistema de seguridad detrás de sus células y cada uno de sus integrantes, fortaleciendo la cooperación internacional y la acción coordinada del Estado», afirmó Arrau.

Perseguido como uno de los criminales más buscados de Suramérica, estaba prófugo desde 2023, cuando las autoridades venezolanas llevaron a cabo un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones de la organización.

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Con información de EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó  el envío al Congreso de dos reformas que buscan endurecer el control migratorio en el país, ampliando de cinco a 60 días prorrogables la retención de extranjeros irregulares para concretar su expulsión.

“Las emergencias en Chile, sean las emergencias en salud, educación, vivienda y sobre todo en seguridad, tenemos que enfrentarlas juntos. Todos tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas de solo cinco días”, afirmó el mandatario desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la región de Arica.

La iniciativa, que contempla una reforma constitucional que permita modificar la Ley de Migración y Extranjería para adecuarla a los nuevos parámetros, incluye dos posibles prórrogas de hasta 60 días con razones debidamente fundadas.

“Son más herramientas que el Estado podría tener para llevar adelante una sanción administrativa, no penal, que recae sobre las personas que han ingresado regularmente y que están ya con decretos de expulsión”, detalló el mandatario, que además visitó las líneas fronterizas para supervisar la construcción de zanjas.

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En la misma línea, Kast anunció un proyecto de ley que busca castigar la entrada y salida irregular de migrantes, además de “perseguir” a quienes faciliten su traslado.

“Estamos planteando una modificación al Código Penal para que también constituya delito y un agravante trasladar a inmigrantes irregulares dentro de nuestra nación, y agregar el tema del tráfico de inmigrantes en el retorno a sus países en la medida que sea irregular”, señaló el jefe de Estado.

Kast, el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en Chile desde el retorno a la democracia, prometió en campaña mano dura contra migración irregular, por lo que impulsó desde su llegada a La Moneda la construcción de zanjas en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia.

En Chile hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En 2025 hubo 26.275 denuncias de ingreso por paso no habilitado, una bajada del 10,2 % respecto a 2024 y del 53,6 % respecto al máximo histórico de 2021 de 56.586 denuncias; las autoridades informaron que la mayoría de ellos son ciudadanos venezolanos.

El año pasado fue el año con más expulsiones administrativas dictadas desde 2016: 23.778, de las cuales el 64,2 % afectó a venezolanos, el 12,7 % a colombianos y el 11,9 % a bolivianos.

De las expulsiones materializadas, no obstante, el 50,7 % correspondió a colombianos, ya que Chile y Venezuela suspendieron relaciones diplomáticas el 30 de enero de 2025, imposibilitando la ejecución de expulsiones a nacionales venezolanos.

Con información de Efe

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, afirmó este lunes que el restablecimiento de servicios consulares con Venezuela es una prioridad para su Gobierno, pero que depende de la «voluntad» de las autoridades venezolanas para concretarla.

«La idea es que esto sea lo antes posible, pero depende también de la voluntad de Venezuela», dijo Pérez Mackenna a la prensa, a la salida de una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la propuesta de nuevos aranceles de Estados Unidos.

«Estamos empeñados en conseguir el restablecimiento de relaciones consulares. Eso partió de un diálogo con su canciller en la CELAC, (un) proceso que continúa», añadió, en referencia a la reunión que sostuvo con su homólogo, Yván Eduardo Gil, en marzo pasado.

Posterior a ese encuentro, Chile informó que también envió una nota diplomática formal para avanzar en el proceso administrativo.

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El Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast ha reiterado en varias ocasiones que el restablecimiento de relaciones consulares es «esencial» para concretar las expulsiones de inmigrantes venezolanos irregulares en vuelos hacia Caracas, lo cual fue una de sus promesas de campaña.

De acuerdo a medios locales, hay más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

Los vínculos diplomáticos entre Santiago y Caracas se rompieron tras las elecciones venezolanas de 2024, después de que el Gobierno chileno del expresidente Gabriel Boric cuestionara la transparencia de los comicios y denunciara irregularidades en el proceso.

La situación derivó en que Venezuela retiró a todo su personal diplomático de Chile y exigió la salida de los representantes chilenos, una decisión que ha afectado a cientos de miles de ciudadanos y ha complicado los mecanismos de cooperación y seguridad entre ambos países.

Según cifras oficiales, en Chile viven más de 700.000 venezolanos, mientras que en Venezuela hay cerca de 25.000 chilenos.

Con información de EFE

Replicando el programa que utiliza Estados Unidos para la salida voluntaria de inmigrantes irregulares en su territorio, conocido como la aplicación ‘CBP One’, Chile ha puesto en marcha el Plan Retorno, al que se podrá postular dentro de los próximos 180 días.

 El presidente José Antonio Kast implementó inmediatamente la medida, anunciada este lunes, con la firma del instructivo que le indica al Servicio de Migraciones que cree un sistema de registro al que se acerquen los inmigrantes irregulares que no tengan cuentas pendientes con la justicia y soliciten su repatriación.

Esto les permitiría, después de abandonar Chile, optar a un ingreso legal en el cual se pondrá acento en cuestiones como la reunificación familiar

 Por el contrario, quienes sean detenidos y no se hayan inscrito en ese plazo, serán expulsados administrativamente sin la posibilidad de retornar.

Durante las semanas pasadas, el Gobierno ha ido afinando su plan nacional para dar cumplimiento a la promesa de campaña de expulsar a los 300.000 inmigrantes irregulares que residen en el país, cuestión que Kast definió como una «hipérbole» cuando se le pidieron cuentas por su retraso.

Desde entonces, las autoridades han anunciado medidas como la fiscalización de la Dirección del Trabajo a las empresas que contratan inmigrantes irregulares para multarlas. En la actualidad, los empleadores pueden hacer firmar un contrato a un irregular y hacerle cotizaciones previsionales (para lo cual el sistema previsional, AFP, les entrega un DNI provisional). 

Pero con el plan de fiscalización se busca terminar con esta práctica y dificultar la permanencia en Chile de esos trabajadores.

También se modificará la ley de Migraciones para establecer que los servicios de salud (hospitales y seguros de salud), educación y previsional hagan un registro de los inmigrantes irregulares que acudan por prestaciones, incluidos el nombre y la dirección.

 La titular de Salud, May Chomalí, objetó este anuncio y descartó que sus funcionarios se convirtieran en una suerte de delatores porque ellos están obligados a prestar atención médica a todo el que lo necesite.

Las autoridades del Ministerio del Interior, encargado de las materias de migración, aclararon que esta medida pretende elaborar un padrón en caso de que la justicia o las fuerzas de seguridad requieran dicha información para una eventual deportación.

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Hasta el momento, se han realizado dos vuelos en aviones de la Fuerza Aérea y un ‘chárter’ de expulsiones tanto judiciales como administrativas que suman un total de 487 extranjeros deportados durante el Gobierno de Kast. 

Si se suman a este grupo los expulsados en los últimos meses de la administración Boric y el número de inmigrantes que ha partido voluntariamente, en total se registra la salida de 3.229 extranjeros en lo que va de 2026.

Aunque Kast prometió en campaña transformar en delito el ingreso irregular (hoy es solo una falta), para lo cual se tramitará una ley en el Congreso, las autoridades están analizando en paralelo ampliar el plazo de retención de quienes son apresados en la frontera de cinco a 180 días, que es el tiempo necesario para dictar la expulsión. En la actualidad, muy pocos de los detenidos en el límite fronterizo pueden ser reconducidos a las naciones vecinas.

 Diferente es la situación de aquellos que son detenidos por algún delito, ya que estos ingresan al entramado judicial y, de haber sanción penal, deben cumplirla antes de poder ser expulsados del país. Otra de las modificaciones legales que analiza el Congreso es limitar el acceso de los irregulares a beneficios de cargo fiscal, incluidos los cupos para estudiantes en escuelas y otros.

Con información de El País y AFP

Una niña de 8 años y de nacionalidad venezolana murió de forma trágica la tarde del miércoles 13 de mayo, luego de caer desde el piso 12 de un edificio ubicado en la comuna de Santiago Centro en Chile.

De acuerdo con medios locales, debido a la altura de la caída, la pequeña perdió la vida de manera inmediata. Su cuerpo quedó en la parte baja del edificio, situado en pleno centro de la capital chilena.

Al momento del percance, la menor se encontraba dentro de uno de los apartamentos junto a su madre. Según las diligencias preliminares, la mujer realizaba trabajos domésticos en el dormitorio matrimonial y no se percató de lo que hacía la niña.

Tras la emergencia, agentes de la policía chilena llegaron rápidamente al lugar para acordonar la escena y recopilar testimonios, grabaciones de cámaras de seguridad y otros indicios que ayuden a esclarecer el caso.

Por su parte, el Ministerio Público de Chile instruyó a la Brigada de Homicidios para asumir las investigaciones y determinar cómo ocurrió el lamentable hecho.

 En Chile, las muertes accidentales de niños forman parte de las llamadas “causas externas de mortalidad”, categoría que incluye accidentes de tránsito, ahogamientos, caídas, intoxicaciones y asfixias.

Aunque la mortalidad infantil en el país ha disminuido considerablemente durante las últimas décadas gracias a mejoras en salud pública y atención médica, los accidentes continúan siendo una de las principales causas de muerte prevenible en menores de edad.

En los lactantes, las asfixias accidentales relacionadas con el sueño o la alimentación figuran entre las causas externas más frecuentes. Mientras tanto, en niños de entre 1 y 14 años, los accidentes de tránsito y los ahogamientos destacan entre las causas más comunes de fallecimientos accidentales.

Con información de Radio HR

El ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, informó este domingo que la administración de José Antonio Kast trabaja para restablecer las relaciones con Venezuela, al menos a nivel consular, con el objetivo de facilitar la expulsión de migrantes venezolanos en situación irregular.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario explicó que se han iniciado conversaciones para reactivar ese canal diplomático, el cual considera clave tanto para regularizar a ciudadanos venezolanos en Chile como para gestionar su retorno al país de origen.

Señaló que el Ejecutivo busca acelerar los procesos de expulsión y espera que las negociaciones entre ambos países avancen favorablemente en el corto plazo.

Actualmente, la falta de relaciones diplomáticas impide la existencia de vuelos directos entre Santiago y Caracas, lo que dificulta la deportación de migrantes con órdenes de expulsión.

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El tema cobró relevancia en el debate público luego de que esta semana Chile enviara un vuelo con 40 migrantes expulsados hacia Bolivia, Ecuador y Colombia, sin incluir ciudadanos venezolanos debido a estas limitaciones.

Según datos oficiales, existen decenas más de 75 000 órdenes de expulsión pendientes, una gran parte correspondientes a ciudadanos venezolanos, lo que representa un desafío para la política migratoria chilena.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecen suspendidas desde 2024, cuando se denunció un fraude electoral. En Chile residen actualmente más de 330 000 extranjeros en situación irregular.

Con información de Efe

El Gobierno de José Antonio Kast ha concretado este jueves el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares. En el avión que despegó desde Chile al mediodía iban 19 colombianos, 17 bolivianos y cuatro ecuatorianos. 

Existen algo más de 44.000 extranjeros sin papeles listos para ser expulsados, 65% de ellos venezolanos, según la Administración chilena, lo que supone un desafío económico y diplomático mayúsculo. 

Al estar congeladas las relaciones consulares con Venezuela, el Ejecutivo chileno apuesta a que se vayan por su cuenta. Desde que Kast ganó la presidencia el 14 de diciembre pasado, 2.180 venezolanos irregulares han salido de Chile de manera voluntaria, según informó este jueves el Gobierno.

 No existen datos disponibles para comparar la cifra entregada por el Gobierno con el mismo período de años anteriores, es decir, de mediados de diciembre a mediados de abril. Pero en los últimos cuatro años, entre 2022 y 2025, 24.525 venezolanos han utilizado ese mecanismo, un 76% del total de salidas voluntarias. Es decir, un promedio de 6.130 anuales.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, han anunciado que están “estudiando posibilidades de facilitar esa salida voluntaria” y que la próxima semana se debieran dar a conocer los detalles de esta medida.

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En 2025, un total de 6.613 inmigrantes irregulares salieron voluntariamente de Chile. De ellos, 5.212 eran venezolanos, según cifras oficiales.

 En 2024, la cifra alcanzó los 11.004, -8.813 venezolanos; en 2023, salieron 8.886, -6.616 venezolanos; y en 2022, el año que asumió la presidencia Gabriel Boric, 5.711 inmigrantes irregulares hicieron lo propio, -3.884 eran venezolanos-.

El mecanismo consiste en que un inmigrante sin papeles, ya sea por haber ingresado a Chile por un paso no habilitado o por tener su residencia caducada, acude al Servicio Nacional de Migraciones con su pasaje aéreo y pide un permiso para salir. 

De obtenerlo, lo debe presentar a la Policía de Investigaciones (PDI) y tiene 15 días para cruzar la frontera chilena.

En el primer trimestre de este año, entre enero y marzo, las salidas voluntarias suman 1.831, según el Servicio Nacional de Migraciones.

A poco más de un mes desde que Kast llegó a La Moneda para liderar un Gobierno de emergencia, enfocado en la seguridad, economía y control migratorio, la Administración expulsó a los primeros extranjeros irregulares en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). 

En un punto de prensa en la pista de aterrizaje de la FACh, el subsecretario Pavéz remarcó que el primer vuelo de expulsión del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) se ejecutó en octubre de su primer año de mandato y que aumentarán la frecuencia de los vuelos, aunque no especificó en cuánto.

 “Las expulsiones se hacen, no se anuncian y por razones de seguridad interior estamos impedidos a anunciar la programación de cuáles son los vuelos”, argumentó. “Las expulsiones aéreas como las de hoy son ocasionales, pero todos los días tenemos expulsados que salen en vuelos comerciales en grupos pequeños de 2 o 3 personas”, añadió.

 Las coordinaciones se hacen entre las cancillerías de los países y las policías respectivas, quienes esperan a los expulsados en sus países de origen.

En el vuelo no iba ningún venezolano. Consultado sobre las gestiones con la Administración de Delcy Rodríguez, Sauerbaum sostuvo que para el Gobierno de Kast “es prioritario poder tener las conversaciones necesarias y en eso está el ministerio respectivo (el canciller Francisco Pérez Mackenna), para abrir un camino que nos permita expulsar por la vía aérea de manera más expedita a ciudadanos de Venezuela”. 

Como las relaciones diplomáticas con Caracas están suspendidas, el Ejecutivo quiere impulsar la salida voluntaria de los venezolanos, que bajo esa vía sí son recibidos en su país de origen. No así los expulsados.

 Con información de El País.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, dijo este que su gobierno va a “ir avanzando, paso a paso, en la expulsión de migrantes irregulares”.

En una rueda de prensa en Buenos Aires, Argentina, donde fue recibido por su colega Javier Milei, Kast dijo que confía en que los venezolanos y otros extranjeros sin papeles se vayan del país de manera voluntaria.

“Hemos convocado a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir (…) es una advertencia para que las personas cumplan la ley”, afirmó, al detallar que “si no lo hacen voluntariamente esa posibilidad (de vivir en Chile) se va a cerrar definitivamente”.

“Estamos dando una advertencia a las personas para que cumplan la ley. Nosotros no queremos generar una conmoción social, pero sí queremos que se vayan enfrentando las incivilidades en todo el territorio nacional y en cualquiera de las manifestaciones que se salgan del marco legal, incluido el tema de la inmigración irregular”, añadió.

Kast busca que los emigrantes sin papeles se vayan del país e inicien desde cero su solicitud de residencia, lo que dejaría a miles de personas en el desamparo porque no tienen seguridad de que puedan regresar.

Asimismo, confió en que los venezolanos vayan marchándose de manera voluntaria una vez se ordenen los vuelos rumbo al país y comentó que el supuesto corredor humanitario del que habló durante su campaña electoral para expulsar a los migrantes sería terrestre y podría utilizarse para países como Perú, Ecuador o Colombia.

Dijo que “se ha facilitado bastante la posibilidad de iniciar (el corredor) con los cambios radicales que se produjeron en Venezuela, con la salida del narco-dictador Maduro”, remarcó.

“Esperamos que los vuelos (a Venezuela) en algún momento se puedan restablecer y con eso evitar en parte la necesidad de un corredor humanitario terrestre” con ese país, detalló.

Con información de EFE

El gobierno del ultraderechista José Antonio Kast frenó la regularización de 182.000 migrantes en Chile, impulsada por la anterior administración del izquierdista Gabriel Boric, y se prepara para presentar al Congreso dos proyectos de ley contra el ingreso de indocumentados.

Kast asumió la presidencia de Chile el pasado 11 de marzo, con la promesa de imponer “mano dura” contra la migración irregular. El mandatario asocia un incremento de la delincuencia con la llegada de indocumentados al país en los años recientes.

Según un comunicado enviado a la AFP, el gobierno del presidente Boric había dejado listo un decreto para regularizar a unas 182.000 personas que participaron de un proceso de empadronamiento de migrantes que ingresaron de manera irregular al país.

“No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric”, aseguró el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum.

La anterior administración impulsó ese proceso voluntario con el fin de conocer la identidad de migrantes que ingresaron por pasos no autorizados.

Kast prometió promover la expulsión de los casi 337.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que viven actualmente en Chile, de acuerdo a cifras oficiales.

“Toda esta situación genera muchísima incertidumbre”, dijo a la AFP, Freymar Márquez, una ama de casa venezolana, de 30 años.

“Si están negando la regularización a esas personas que se empadronaron qué quedara para las personas que no tienen el enrolamiento”, agregó.

Kast dijo a la prensa este lunes 30 de marzo que en los últimos años “Chile ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado”.

Aunque los asesinatos y secuestros aumentaron y han llegado al país bandas criminales extranjeras como el “Tren de Aragua”, Chile es todavía uno de los países más seguros de la región. La tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, una de las más bajas de Latinoamérica.

El mandatario hizo del combate a la migración irregular y el crimen sus principales su principal bandera durante la campaña electoral. Al tomar posesión, dijo que impondría un “gobierno de emergencia” para enfrentar ambos fenómenos.

Cinco días después de asumir, viajó hasta la región de Arica, en la frontera con Perú, para supervisar la construcción de barreras contra el ingreso de inmigrantes en las tres regiones del norte del país y dio un plazo de 90 días para terminarlas.

Además, anunció que se ampliará el número de militares desplegados y mejorarán sus tecnologías de supervisión, que incluye drones, cámaras, sensores y equipamiento especializado.

También enviará al parlamento dos proyectos de ley destinados a frenar la migración: uno para sancionar a quienes ayuden a los migrantes a ingresar irregularmente a Chile, y otro que convertiría en delito el acceso ilegal al país.

Sin embargo, descartó redadas masivas. “No queremos hacer una persecución lugar por lugar. Pero cada una de las personas sabe que tiene que encontrarse con el Estado en algún momento”, advirtió Kast en una entrevista en Canal 13.

Con información de AFP

El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, dio a conocer que sostuvo una reunión con la embajada de Estados Unidos, donde, entre otros temas, se abordó la relación con Venezuela con el fin de destrabar las expulsiones hacia ese país, informó el diario La Tercera.

 Según explicó Sauerbaum en conversación con Radio Duna, “Estados Unidos ya está jugando un rol muy importante en Latinoamérica y requerimos su colaboración en distintos ámbitos, tanto en ámbitos de tecnología y también en gestiones políticas que nos puedan ayudar a resolver el principal problema que hoy tenemos para hacer las expulsiones hacia Venezuela”.

De acuerdo con lo detallado por el director, los ciudadanos venezolanos “hoy día son más del 60% de las 37.000 personas que están listas para ser expulsadas y que, por situaciones diplomáticas, no lo podemos hacer”.

“Hoy día, lamentablemente, no tenemos una relación diplomática que permita emitir los documentos para que estos venezolanos, que están expulsados por decreto, tanto administrativo como judicial, lo puedan hacer”, añadió.

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Es así como Sauerbaum mencionó que “estamos buscando todos los elementos diplomáticos para que esta relación con Venezuela se restablezca, al menos en términos consulares, para poder contar con la documentación necesaria”.

Respecto de cuándo podrían concretarse estas expulsiones, el director nacional de Migraciones sostuvo que “no tenemos una fecha porque, como le digo, el principal tope administrativo que tenemos hoy es la relación con Venezuela y esperamos resolver eso para poder avanzar rápidamente”, agregando que, mientras tanto, se avanzará con las personas de otras nacionalidades.

Es así como detalló que “vamos a preparar para la segunda semana de abril el primer vuelo chárter a Colombia con alrededor de 60 personas”.

Con información de La Tercera

Chile endurece su política migratoria, a solo días de la llegada del presidente José Antonio Kast. El blanco de esta política son los migrantes ilegales y, entre ellos, los venezolanos. Mientras, Perú  se niega a recibirlos y plantea opciones para sacarlos.

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   La Fiscalía de Chile pidió este lunes a Estados Unidos interrogar al expresidente venezolano Nicolás Maduro, preso en una cárcel de Nueva York, por el caso del asesinato en febrero de 2024 del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien se encontraba en Santiago como asilado.

La petición se la trasladó el fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en una reunión en la sede del Departamento de Justicia, en Washington.

«La fiscal Bondi nos transmitió la disposición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para seguir cooperando en el esclarecimiento del homicidio del teniente Ronald Ojeda, no solo considerando la solicitud de declaración de Maduro, sino aportando toda la información, los antecedentes y la evidencia que vayan recopilando», aseguró Valencia.

No obstante, apuntó el fiscal chileno, la declaración «depende de la disposición a cooperar de Maduro», quien espera juicio en una cárcel de Nueva York desde que fue capturado por EE. UU. el pasado 3 de enero, acusado de supuesto narcotráfico.

«El equipo de fiscales dirigido por el fiscal Héctor Barros y las policías ya han preparado un cuestionario de preguntas que sería remitido a las autoridades de los Estados Unidos y a la fiscal Bondi, que nos manifestó la mejor disposición», agregó Valencia.

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Disidente del chavismo y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la capital, sepultados debajo de un bloque de cemento.

De 32 años, Ojeda era miembro de un grupo de militares antichavistas autodenominado «Movimiento por la Libertad y la Democracia» y fue arrestado por las autoridades venezolanas en abril de 2017 junto con otros tres militares, pero logró escapar y el Gobierno chileno le concedió asilo político en 2023.

La Fiscalía chilena sostiene que su asesinato tuvo un «móvil político» y sospecha que podría estar detrás el número dos del chavismo y ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

Hasta el momento han sido detenidos varios miembros de la facción ‘Los Piratas’, célula de la banda transnacional Tren de Aragua y que estuvo a cargo del crimen.

La investigación por el asesinato del exteniente venezolano provocó choques entre Chile y Venezuela, que apenas mantienen relaciones bilaterales.

Con información de Efe

 Miles de venezolanos viven hoy en Chile en situación irregular, sin documentos y con temor a posibles deportaciones ante el endurecimiento de las políticas migratorias bajo el nuevo gobierno de José Antonio Kast. 

Este reportaje analiza la realidad de los migrantes venezolanos en Chile, el debate político sobre las expulsiones y el futuro de la diáspora tras la caída de Nicolás Maduro. 

¿Qué pasará con miles de venezolanos que hoy viven en Chile sin papeles?. Reportaje de Kike Frías para Impacto Venezuela.

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 El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió el miércoles la presidencia de Chile y se convirtió en el mandatario de derecha más radical en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet.

"Sí juro", expresó Kast en una ceremonia solemne ante el pleno del Congreso en la ciudad de Valparaíso, a 110 km de Santiago, en la que relevó al mandatario izquierdista Gabriel Boric, en el poder en los últimos cuatro años.

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 Al acto acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España, el presidente argentino, Javier Milei, además de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

 En el Salón de Honor del Senado, la nueva presidenta de la Cámara Alta, la conservadora Paulina Nuñez, le impuso la banda presidencial y la medalla de O’Higgins a Kast, que sucede al progresista Gabriel Boric.

El abogado es también el primer mandatario en democracia en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ya que el único conservador que había gobernado hasta ahora era Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la continuidad del régimen en el plebiscito de 1989.

Además de Milei y el monarca español, acuden a la ceremonia los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.

La sorpresa la dio el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien suspendió su participación a última hora por problemas de agenda, aunque según la prensa brasileña la cancelación obedeció a la presencia de Flávio Bolsonaro en la ceremonia, considerado su principal rival en las elecciones de octubre e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

También asisten la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Horas antes, en la residencia oficial de Cerro Castillo, en la vecina Viña del Mar, Kast se hizo una foto oficial con su gabinete, integrado por 24 ministros, en su mayoría sin experiencia política, vinculados al sector privado y a la academia.

Sus ministros fuertes serán el economista ultraliberal Jorge Quiroz (Hacienda), la exfiscal Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y el exparlamentario Claudio Alvarado (Interior).

Tras la ceremonia, Kast ofrecerá un almuerzo a las autoridades extranjeras que acudieron al cambio de mando y, en horas de la tarde, se desplazará a Santiago para realizar su primer acto oficial en una escuela capitalina.

 Sobre las 21.00 hora local (00.00 GMT), Kast entregará su primer discurso como mandatario desde La Moneda, donde dejará clara las prioridades del «Gobierno de emergencia» que ha prometido instalar.

Padre de 9 hijos y antiabortista declarado, el gobernante prometió en campaña que no dará la «batalla cultural» en materia de libertades individuales y derechos sexuales y reproductivos y que se centrará en las principales preocupaciones de los chilenos: seguridad, migración irregular y economía.

Kast, que gobernará con el apoyo de su formación -el Partido Republicano- y la derecha tradicional, tendrá que lidiar con un Parlamento dividido y sin mayorías claras.

Con información de AFP y EFE

El ultraconservador José Antonio Kast asume este miércoles la presidencia de Chile en el giro político más radical del país hacia la derecha desde el fin de la dictadura de Pinochet.

Kast, un abogado de 60 años, llega con la promesa de mano dura frente a la delincuencia y la inmigración irregular, las dos mayores preocupaciones de los chilenos.

Kast promete instaurar un "gobierno de emergencia" ante el aumento de la criminalidad.

La ciudadanía abandonó en los últimos años el anhelo de una nueva Constitución surgido con el estallido social de 2019. El mandatario saliente, el izquierdista Gabriel Boric (2022-2026), fue uno de los principales impulsores de ese proceso que fracasó tras dos intentos de reforma.

El nuevo presidente, devoto católico y padre de nueve hijos, representará "una derecha conservadora como no se ha conocido desde el retorno a la democracia", asegura Rodrigo Arellano, analista político de la privada Universidad del Desarrollo.

Su discurso atrae a chilenos como Luis Lapierre, un operador de telecomunicaciones de 59 años de Santiago.

"Cuando se oscurece, todo cierra porque te pueden asaltar. Kast va a poner mano dura porque necesitamos mano dura", dice a la AFP.

Aunque los asesinatos y secuestros aumentaron y han llegado al país bandas extranjeras como el Tren de Aragua, Chile es todavía uno de los países más seguros de la región. La tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, una de las más bajas de Latinoamérica.

Sin embargo, Kast daba discursos durante la campaña detrás de un vidrio blindado, presentaba a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narco y repetía una y otra vez que el país "se cae a pedazos". Arrasó en las presidenciales de diciembre frente a la izquierdista Jeannette Jara.

El ultraderechista será investido en una ceremonia en el Congreso en Valparaíso, a 110 km de Santiago. Se sumará a los gobiernos de derecha que crecen en la región bajo el ala de Estados Unidos.

Asistirán los mandatarios Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador), entre otros, así como Chistopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, y la premio Nobel venezolana María Corina Machado.

El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) canceló su anunciada presencia a último momento el martes.

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"Los grandes problemas que aquejan al país no tienen solución rápida. Kast tendrá que buscar el mecanismo para que las expectativas no le jueguen en contra", dice Arellano.

Kast asegura que su gabinete de ministros enfrentará "una emergencia nacional".

Dos de sus futuros ministros fueron abogados de Augusto Pinochet (1973-1990), cuya dictadura dejó 3.200 muertos y desaparecidos y decenas de miles de torturados y presos políticos. Kast ha dicho que si Pinochet estuviera vivo habría votado por él.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que el padre de Kast, nacido en Alemania, fue miembro del Partido Nazi de Adolf Hitler.

Kast afirma, por el contrario, que su padre fue un conscripto forzado en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y niega que haya sido un partidario del movimiento nazi.

El ultraconservador designó asimismo a una activista antiaborto como ministra de la Mujer.

Es un equipo "con muy poca experiencia en negociación y manejo político" que "le puede generar problemas con el Congreso", comenta el politólogo Alejandro Olivares, analista de la Universidad de Chile.

Hasta el momento, Kast mantiene silencio respecto a si apoyará a la expresidenta izquierdista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en su candidatura a la secretaría general de la ONU.

Chile tenía una larga tradición de transferencias de mando cordiales entre gobiernos. Hasta la semana pasada, cuando Kast cortó abruptamente la coordinación con el gobierno saliente de Boric.

El derechista acusó a Boric de ocultar información sobre un proyecto de cable submarino de fibra óptica para conectar el país con China, muy criticado por Estados Unidos por ser una supuesta amenaza a la seguridad regional.

Y aunque al final se restableció la transición, su reacción quedó como una señal de su estilo de gobierno.

En campaña, en cambio, Kast evitó algunas polémicas: esquivó preguntas sobre su conocida admiración por Pinochet y sobre su rechazo total al aborto.

Tampoco entregó detalles de cómo cumplirá sus promesas de recortar el gasto público en 6.000 millones de dólares sin eliminar beneficios sociales y de expulsar a más de 330.000 migrantes indocumentados.

"Ha sido una campaña muy injusta y xenófoba. Se generalizó a todos los migrantes en el mismo paquete", lamenta Stefanny Romero, una lavandera venezolana de 34 años.

Con información de AFP

En medio del nuevo escenario político en Venezuela y la incertidumbre sobre el futuro de más de ocho millones de migrantes venezolanos en el mundo, expertos coinciden en la necesidad de dimensionar el impacto económico de la comunidad venezolana en Chile, uno de los principales países receptores en la región.

Lejos de ser un fenómeno marginal, la migración venezolana en Chile se ha consolidado como un factor relevante para el crecimiento económico, el mercado laboral y las finanzas públicas, según datos oficiales del Banco Central, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y estudios académicos nacionales e internacionales.

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Actualmente, la población inmigrante representa cerca del 8,7% de la población total de Chile, pero su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) supera el 10,3%, evidenciando un aporte económico proporcionalmente mayor a su peso demográfico.

Dentro de este grupo, los venezolanos destacan por su alta tasa de ocupación laboral, cercana al 89%, superando de forma consistente el promedio nacional. 

Según datos de la encuesta CASEN 2022, se trata además de una población mayoritariamente joven: con una edad promedio de 30 años, más del 80% se encuentra en edad de trabajar y menos del 2% supera los 65 años.

“El perfil demográfico de la población venezolana es un aporte directo para un país que enfrenta el envejecimiento de su población. Más trabajadores activos implican más cotizaciones, mayor dinamismo económico y una base tributaria más amplia”, explica Francisco Morales, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes (Uandes).

En materia fiscal, el impacto también es significativo. En 2025, la contribución tributaria de los migrantes venezolanos alcanzó aproximadamente 409,7 millones de dólares, equivalente al 1,03% de los ingresos fiscales totales del país, según cifras del SII. Especialistas advierten que esta cifra podría aumentar si se fortalecen los procesos de regularización y acceso al empleo formal.

Contrario a percepciones negativas, la evidencia muestra que la migración venezolana no desplaza el empleo local, sino que complementa el mercado laboral chileno, especialmente en sectores como servicios, comercio, vivienda y actividades de alta rotación.

El impacto también se refleja en el emprendimiento, considerando que un 12% de las empresas formales creadas en Chile han sido fundadas por extranjeros, de acuerdo con estudios académicos citados por Juan Nagel, economista del ESE Business School Uandes.

Organismos internacionales como el Banco Mundial destacan que la migración venezolana ha contribuido al crecimiento real del PIB y al rejuvenecimiento de la fuerza laboral. Además, se trata de una población con alto nivel educativo: los mayores de 25 años alcanzan en promedio 14,5 años de escolaridad, frente a 11,7 años de los nacidos en Chile.

Para los expertos, reconocer el impacto económico positivo de la migración venezolana en Chile es clave para avanzar hacia políticas migratorias modernas, que fortalezcan el desarrollo económico, la cohesión social y la competitividad del país en un contexto regional cambiante.

Con información de El Heraldo CL

La Corte Suprema de Justicia de Colombia dio luz verde este viernes a la solicitud de extradición del venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo,  miembro del Tren de Aragua, señalado de participar en el homicidio de un carabinero en Chile y detenido en abril de 2024 en la ciudad de Popayán (suroeste).

«En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite concepto favorable a la solicitud de extradición de Dayonis Junior Orozco Castillo», se puede leer en el radicado, divulgado este viernes y fechado en el 28 de enero de 2026.

 El alto tribunal concluyó que la solicitud cumple con todos los requisitos exigidos por la ley y por el tratado de extradición vigente entre Colombia y Chile, y señaló que los delitos por los que es requerido en el país austral también están tipificados en la legislación colombiana.

Orozco Castillo, de 29 años, es investigado como presunto integrante del Tren de Aragua, organización criminal originaria de Venezuela con presencia en varios países de la región.

Según las autoridades chilenas, estaría vinculado con un grupo de la organización implicado en secuestros, homicidios y otros delitos violentos, entre ellos el asesinato de un carabinero ocurrido el 10 de abril de 2024 en Santiago, cuando el uniformado intentaba frustrar un robo.

Tras ese hecho, el venezolano se dio a la fuga y era buscado por varios países hasta que fue detenido cuando se desplazaba en un bus intermunicipal en Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), el 23 de abril de 2024.

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El Gobierno de Chile pidió su extradición en octubre de ese año, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó en abril que entregaría al requerido, quien también utilizaba el nombre falso de Yendris Segundo Paz Pérez.

Según las autoridades, Orozco Castillo pretendía llegar a Cali, capital del vecino departamento del Valle del Cauca, para luego seguir a Santa Marta, en el norte del país, y desde allí intentar ingresar a Venezuela.

En el momento de la detención, se identificó con una cédula falsa, pero los investigadores tenían certeza de que se trataba del presunto autor material del crimen, que había ingresado a pie horas antes a Colombia a través del puente fronterizo con Ecuador de Rumichaca, informó entonces la Policía colombiana.

Una vez la Procuraduría colombiana (Ministerio Público) determinó que la identidad del detenido coincidía con la persona requerida por Chile, solicitó a la Corte Suprema su extradición.

 El concepto favorable no implica la entrega inmediata del detenido, pues la decisión final corresponde al Ejecutivo, que deberá resolver si concede o no la extradición y completar los trámites correspondientes ante el Ministerio de Justicia. 

 Con información de EFE

Este martes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua dio a conocer la sentencia contra los cuatro ciudadanos venezolanos condenados por el asesinato de dos agricultores en la comuna de Malloa, crimen ocurrido en enero de 2024 en la región de O’Higgins.

El tribunal resolvió imponer la pena de presidio perpetuo simple a los cuatro acusados, sanción que les impide acceder a beneficios penitenciarios durante un período mínimo de 20 años, tras acreditarse su responsabilidad en el doble homicidio de Francisco Mora y Raúl Cid.

 La lectura de sentencia estuvo marcada por la emoción de los familiares de las víctimas, quienes asistieron a la audiencia realizada en el tribunal rancagüino, cerrando así una de las etapas más relevantes del proceso judicial.

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De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el juicio, el crimen ocurrió cuando las víctimas regresaban en camión desde la región Metropolitana hasta su domicilio, luego de comercializar sus productos agrícolas en el sector de Lo Valledor, en Santiago.

Durante el trayecto, al llegar al cruce Malloa de la Ruta H-66-G, conocida como Ruta de la Fruta, fueron interceptados por un vehículo que los venía siguiendo, en el cual se desplazaban los ahora condenados.

 En el ataque, un menor de 15 años, hijo de uno de los agricultores y que acompañaba a los adultos, resultó con impactos balísticos en sus extremidades. Según se estableció, los agresores exigieron dinero y el adolescente entregó una mochila, sin que ello evitara que los asaltantes dispararan con las armas de fuego que portaban.

Tras sustraer el dinero y dar muerte a los dos agricultores, los delincuentes huyeron en dirección a la región Metropolitana.

 No obstante, fueron detenidos posteriormente en un amplio operativo de Carabineros, que incluyó una persecución por la Ruta 5 Sur y el apoyo de un helicóptero institucional, procedimiento que permitió concretar su captura.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) valoraron la resolución del tribunal mediante una declaración pública, en la que señalaron que la condena de presidio perpetuo “es una señal relevante para Chile”, destacando que “la justicia actuó con firmeza ante un crimen particularmente violento que conmocionó al país”.

En el comunicado, la SNA subrayó que el fallo es resultado de “una investigación rigurosa y bien conducida por parte del Ministerio Público y las policías”, lo que permitió condenar a los responsables y demostrar que “el Estado de Derecho puede imponerse frente al crimen organizado”.

Asimismo, indicaron que esta sentencia marca un precedente en la respuesta del Estado frente a la inseguridad en zonas rurales, reforzando la importancia de la agricultura como actividad estratégica y la necesidad de mayor presencia policial y coordinación en el campo.

Finalmente, desde el gremio agrícola sostuvieron que la condena representa un punto de partida para recuperar la confianza en el sistema de justicia y fomentar la denuncia de delitos, como una herramienta clave para evitar la impunidad y fortalecer la seguridad en el mundo rural.

Co información de BioBio Chile

 Las últimas horas en las dos regiones del sur de Chile afectadas por gigantescos incendios forestales que han causado 19 muertes fueron mejor de "lo proyectado", dijo este lunes el presidente Gabriel Boric.

El sábado, con altas temperaturas y fuertes vientos en el verano austral, estallaron incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 km al sur de Santiago.

"La noche de hoy en la zona de los incendios fue mejor de lo proyectado", dijo el presidente Boric, en un mensaje en su cuenta de X.

Sin embargo, el mandatario advirtió que "las condiciones climáticas no son buenas, por lo que es posible que se reactiven focos" durante este lunes.

En ambas regiones, se espera para esta jornada temperaturas que bordearán los 30 grados Celsius.

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Al hacer un último reporte oficial, el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, dijo que "hasta la fecha se mantiene la información al respecto de 19 personas fallecidas".

Los incendios se concentraban en las localidades de Penco y Lirquén, en Concepción.

Allí el fuego avanzó rápidamente y provocó la muerte de la mayoría de las víctimas.

"A las dos y media de la madrugada, el fuego estaba descontrolado. Había un remolino que se comió las casas de la población de abajo", contó a la AFP Matías Cid, un estudiante de 25 años de Villa Italia, en Penco.

Este lunes, bomberos mantenían el combate de 14 focos en ambas regiones.

"Los incendios más importantes no están controlados", dijo la directora del Servicio nacional de prevención y respuesta ante desastres (Senapred), Alicia Cebrián.

Las dos regiones fueron decretadas bajo estado de catástrofe, lo que implica que las Fuerzas Armadas tomaron el control de ellas.

En las localidades más afectadas de Biobío, se impuso toque de queda nocturno.

Este lunes el presidente Boric, que viajó el domingo a Concepción, tenía previsto reunirse el mandatario electo José Antonio Kast, quien asume el próximo 11 de marzo.

En los últimos años, los incendios forestales han afectado con fuerza a Chile, en especial en la zona centro-sur.

El 2 de febrero de 2024, varios focos se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago, con un saldo de 138 muertes, según la fiscalía.

Con información de AFP