En medio de una emergencia que ha dejado a miles de familias en el departamento del Chocó enfrentando las devastadoras consecuencias de las inundaciones, el Gobierno de los Estados Unidos anunció un nuevo aporte de 100.000 dólares, canalizado a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Este esfuerzo busca mitigar las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas, reafirmando así su compromiso con los sectores más vulnerables. Esta nueva contribución se suma al trabajo conjunto que Estados Unidos realiza con socios internacionales y el Gobierno de Colombia para abordar la emergencia humanitaria.

Los recursos permitirán la compra y distribución de suministros esenciales, como kits de refugio, higiene y otros materiales prioritarios identificados por las autoridades colombianas.

Destacan en nota de prensa que el apoyo no comienza aquí. Desde el inicio de la crisis, USAID destinó 40.000 dólares a través de su Programa Regional de Asistencia en Desastres (RDAP), permitiendo la entrega de cerca de 1.900 kits de higiene y elementos básicos para hogares afectados.

#16Nov ?? EE.UU. SE SOLIDARIZA CON COLOMBIAEl gobierno de Joe Biden ha anunciado un nuevo aporte de $100.000 a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) para apoyar a los afectados por las inundaciones en el departamento del Chocó? Vía @1Yasminvelasco pic.twitter.com/MzIO1OwVyU

Adicionalmente, con respaldo de USAID, el Programa Mundial de Alimentos (WFP) ha ajustado sus operaciones para proporcionar asistencia alimentaria a unas 45.000 personas en el Chocó, asegurando que los alimentos lleguen a quienes más los necesitan.

En el año fiscal 2024, destinó 42 millones de dólares en asistencia humanitaria para apoyar a personas afectadas por el conflicto interno en Colombia, con intervenciones en curso en áreas como asistencia alimentaria de emergencia, salud mental especializada, formación en salud, y acceso a agua potable.

Más allá de la emergencia, USAID ha demostrado un compromiso constante con el Chocó. Con más de 300 iniciativas, trabaja junto al gobierno colombiano para brindar asistencia humanitaria, promover la inclusión de comunidades étnicas y jóvenes, impulsar medios de vida sostenibles y proteger el medio ambiente.

Estas acciones enfrentan problemas urgentes como la violencia, el confinamiento, la minería informal y la vulneración de derechos humanos, dejando una huella tangible en el desarrollo económico, social y cultural de la región.

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Con esta nueva contribución, el Gobierno de los Estados Unidos ratifica su compromiso con Colombia, no solo como un aliado estratégico, sino también como un socio solidario en momentos críticos. En cada acción, resuena el propósito de brindar alivio y esperanza a las comunidades más golpeadas, avanzando hacia un futuro más seguro y digno para todos.

Con información de nota de prensa

En la región del San Juan, en Chocó, se padece una terrible situación humanitaria por un paro armado del ELN que está haciendo esa guerrilla en ese departamento del Pacífico colombiano.

La Iglesia católica y varias organizaciones sociales (ONGs) piden al Gobierno Petro que haga algo.

En Istmina, la capital de la subregión del San Juan, los efectos del paro armado son muy alarmantes; los comerciantes tienen reducidas sus ventas a la mitad.

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La sociedad civil, encabezada por la Iglesia Católica, están haciendo un foro por la paz en pos de buscar salidas a la severa crisis humanitaria que se vive.

Más de 26.000 habitantes -en los municipios de Nóvita, Medio San Juan, Litoral del San Juan, Istmina y Sipí- llevan tres días sufriendo hambre.

Nubia Carolina Córdoba Curi, de 33 años, es una abogada del Externado, quien con 100 mil votos fue elegida como la nueva gobernadora de Chocó, avalada por el Partido Liberal. Es la primera mujer en llegar al cargo por voto popular.

Nubia Córdoba Curí viene de familia política: su papá fue líder del llamado cordobismo liberal chocoano, su mamá fue cinco veces diputada y su tío fue congresista. 

Intentó llegar al Congreso en 2018, pero Córdoba Curí se quemó en esa elección.

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Esta vez, Córdoba Curí tuvo el respaldo de la base social del Pacto Histórico en Chocó y, a diferencia de elecciones anteriores, el liberalismo unió sus bases en torno a su candidatura; así dio a conocer La Silla Vacía.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) designó reserva de la biósfera al área de Tribugá-Cupica-Baudó, ubicada en Chocó, que ya es reconocida como patrimonio de biósfera de la humanidad.

Esta es la primera reserva de la biósfera situada en la costa del Pacífico colombiano gracias a la gran variedad de paisajes (acantilados, estuarios, costas, golfos, ensenadas, bahías y zonas marinas) y ecosistemas (arrecifes, manglares, bosque tropical) ricos en biodiversidad.

Allí hay, al menos, 1500 especies de plantas endémicas que han perdido más del 70 % de su hábitat natural. Aunque esta área solo cubre el 2.3 % de la superficie terrestre, cuentan con una gran cantidad de especies, algunas bajo amenaza de extinción, que actúan como prioridades globales para la conservación; así dio a conocer El Espectador al publicar esta importantísima noticia.

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La nueva reserva de biósfera también tiene población de más de 18.000 habitantes, en su mayoría indígenas emberá y afrocolombianos. Sus principales actividades económicas son la agricultura de subsistencia, la pesca artesanal, la pesca tradicional y el aprovechamiento de los recursos, el comercio, el turismo de naturaleza y la artesanía, como la cerámica, según la UNESCO.

Niños de una comunidad indígena en Buenavista, Bajo Baudó, Chocó, han muerto durante los últimos meses después de sufrir fuertes diarreas, vomito, dolores y asfixia que desarrollaron por no tener acceso al agua potable.

El Colombiano dio a conocer que la Fuerza Aérea Colombiana en las últimas tres semanas ha tenido que trasladar a por lo menos 12 bebés indígenas desde esta región del país hasta el departamento de Antioquía, a causa de su grave estado de salud.

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Hermenegildo González, alcalde de Bajo Baudó, conversando con periodistas de Blu Radio, dijo que en estos momentos hay cerca de 68 personas de este pueblo sin poder ser trasladas hasta un centro asistencial, y todos presentan las mismas afecciones que los menores que han fallecido hasta ahora.

“En Buenavista hay 1.700 habitantes y una tasa de natalidad de 100 niños por año. Se han hecho brigadas médicas, pero siempre que volvemos hay más menores enfermos. Con la Unidad de Víctimas hemos llevado comida para atender los problemas de seguridad alimentaria, pero esto es un ciclo de no acabar”, afirmó alcalde del Bajo Baudó.

Lamentablemente ascienden a 33 las personas encontradas muertas tras un deslizamiento de tierra por el desprendimiento de una montaña en el municipio de Puerto Rico, departamento de Risaralda. 

Este fatal acontecimiento sepultó un bus, un vehículo particular y un motociclista.

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“Hemos identificado ya 33 personas muertas, entre ellos tres menores de edad; hemos rescatado con vida a nueve personas, cuatro de ellas están en este momento en estado crítico, siendo atendidas”, confirmó en una rueda de prensa el portavoz del Gobierno colombiano, Alfonso Prada, citado por EFE.

Esta triste cifra fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter:

Con tristeza debo anunciar que hasta el momento 27 personas, incluyendo 3 menores, han perdido su vida en la tragedia de Pueblo Rico, Risaralda. Solidaridad con las familias de las víctimas, tendrán un acompañamiento integral por parte del Gobierno Nacional.

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El Procurador de Pereira Leonardo Reales, afirmó que siguen las labores de rescate de los cuerpos de las personas fallecidas.

También se sabe que las 11 personas que resultaron heridas están siendo atendidas en hospitales y clínicas de Puerto Rico y Pereira.

Desde que se zarpa del puerto fluvial en Quibdó se siente la zozobra. Los paramilitares controlan el río Atrato y sin su permiso no se puede navegar ni hacer casi ninguna actividad y para que nadie lo olvide han pintado sus iniciales en los muros poblados ribereños.

A tan solo 15 minutos de Quibdó, capital del departamento colombiano del Chocó se lee: «AGC», siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo. La gente comenta en voz baja que tiene miedo porque los paramilitares están en los caseríos.

«El departamento del Chocó vive una encrucijada y una crisis humanitaria tremendamente grave», dice a Efe Leiner Palacios. Él es miembro de la Comisión de la Verdad y sobreviviente de la masacre de Bojayá, perpetrada por la guerrilla de las FARC en 2002.

Desde Bojayá, donde el pasado 2 de mayo se conmemoraron 20 años de esa matanza que dejó cerca de un centenar de muertos, entre ellos 48 menores de edad, Palacios denuncia que «la seguridad se ha deteriorado terriblemente». Así como «la presencia de las Fuerzas Militares por el afluente del Atrato en connivencia completa y total con los grupos armados, con las AGC».

«Esa connivencia se expresa precisamente en que (los militares) no hacen operaciones para restringir la movilidad de estos grupos armados ilegales», por lo que Palacios se pregunta: «¿Cómo entender que todas las casas de estos pueblos estén marcadas? ¿Dónde está la fuerza pública haciendo su deber?».

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Palacios señala que «el narcotráfico sigue moviéndose por estos territorios» y que «en Bojayá desde hace cuatro años no había ni una sola mata de coca». Hoy hay «varias hectáreas de coca sembradas», lo que atribuye a «los grupos armados con la anuencia de los militares que están en el territorio».

El comisionado, que había viajado a Bojayá por el aniversario de la masacre en la que perdió 32 familiares, se encontró con que la gente está alarmada con la nueva violencia.

«Me contaron de niños y niñas que han caído en la drogadicción y el alcoholismo y cómo empieza a proliferar ese fenómeno aquí», dice.

Palacios relaciona el conflicto y el olvido del Estado con el incremento de la pobreza.

«Imagínese un campesino que ha sufrido en estos últimos 20 años seis desplazamientos o sea, estamos hablando que en seis ocasiones la actividad productiva que emprendió se vio truncada».

Añade que en este momento más de 70 % de la población vive en confinamiento porque los grupos ilegales no les permiten ir a sus parcelas a cultivar y les restringen la pesca.

«Aquí no hay empresas, no hay entradas para la gente, la gente vive de la agricultura, de la pesca y cuando se suspenden esas actividades (…) eso la lleva a mayor empobrecimiento», manifiesta.

Para Palacios también está claro que el Estado invierte menos en el Chocó, pues «cuando el Estado hace una escuela aquí en otros lugares ha hecho cinco».

Los afrocolombianos del Chocó son mayoritariamente campesinos y pescadores que viven en casas palafíticas, en caseríos desperdigados por la selva, sin servicios públicos adecuados, sin carreteras y donde la única vía de comunicación son los ríos.

«No podemos decir lo que no es, siempre hemos estado abandonados; en el pueblo nunca habido alcantarillado, acueducto, nada», dice a Efe Faustino Flores Palacios, que tenía 12 años cuando ocurrió la masacre que también atribuye al olvido estatal «porque no había ley en el pueblo, no había policía, no había soldados».

En la zona la gente vive amedrentada por los enfrentamientos entre las AGC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos que se disputan el control territorial y que, según el comisionado, «tienen a las comunidades totalmente sitiadas».

«La presencia del ELN es otro de los factores muy graves, el ELN está implementando minas antipersonales», dice.

Tampoco esconde su enojo y tristeza por las violaciones sexuales como arma de guerra y por el racismo, problemas que se creían acabados con la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016.

«Escuchar los niveles de violencia contra las mujeres indígenas ha sido tremendamente doloroso para mí (…) me contaron de niños y niñas que se han suicidado» para evitar que los grupos armados los recluten o los abusen.

Víctor Carpio, comisionado de derechos humanos de la mesa de diálogo y concertación de los pueblos indígenas del Chocó, dice que el suicidio de jóvenes ocurre a diario: «Hoy llevamos 150 jóvenes suicidados en los territorios».

Líderes de la comunidad subrayan la necesidad de esclarecer toda la verdad y conocer todos los responsables de la violencia durante el conflicto con las FARC, pues aseguran que la situación se está repitiendo.

Durante la conmemoración de la matanza de Bojayá el obispo de Soacha (Cundinamarca), Juan Carlos Barreto, dijo: «Las organizaciones étnico territoriales y sociales, y también la iglesia, hemos advertido sobre la necesidad de que se investigue todo este avance de los grupos armados ilegales en el territorio» para que se investigue y sancione a los responsables.

Por su parte, la vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alexandra Sandoval, explicó que en ese tribunal están discutiendo si «el caso de Bojayá y la situación en Chocó pueden enmarcarse en alguno de los (macro) casos que ya se encuentran priorizados» y que son siete en total.

Si la JEP los incluye, Sandoval dice que «tocaría establecer los máximos responsables pertenecientes a todos los actores, no solamente a las FARC, sino a todos quienes pudieron estar involucrados» en la violencia.

El cuerpo del líder social Luis Chamapuro fue hallado en un sector conocido como Murillo, a orillas del río San Juan, en el departamento del Chocó.

El hombre asesinado llevaba seis días secuestrado por el ELN, de acuerdo con Noticias Caracol.

De hecho, Luis Murillo Robledo, defensor del Pueblo en ese departamento, señala que la responsable de ese asesinato sería esa guerrilla.

Y es que los líderes sociales de esa zona se encuentran bajo constante amenaza y, de hecho, las autoridades tradicionales indígenas ya habían denunciado la retención de Chamapuro, cuando iba en una embarcación sobre el río, después de las 6 de la tarde.

Aparentemente, se lo habían llevado por una supuesta restricción a la movilidad después de cierta hora, impuesta por los grupos armados ilegales.

Además, desde las Fuerzas Armadas señalaron que Chamapuro se había resistido a pagar una vacuna por parte del ELN. El comandante de la Séptima División del Ejército, el mayor general Juvenal Díaz Mateus dijo que el líder social “no pagó una extorsión de 500 mil pesos y lo asesinaron”.

Indepaz afirmó que con la muerte de Luis Chamapuro ya serían 21 líderes sociales asesinado en este año; 1.307 desde que se firmó el acuerdo de paz.

La ONG resaltó que Chamapuro era líder indígena del pueblo Wounaan, del municipio de San Juan.

La comunidad del corregimiento de Punta Piña, municipio Juradó, en la costa del Chocó denuncia que el 18 de diciembre naufragó una embarcación y que los cuerpos de los tripulantes se encuentran sobre la playa desde el 23 de diciembre; así contó a Impacto Venezuela el Personero del Pueblo en esa zona del pacífico colombiano.

Hasta el lugar ya tratan de llegar funcionarios de la Fiscalía, la Policía Judicial y la Armada, para hacer el levantamiento correspondiente a los cuerpos, entre los que hay 3 cadáveres que ya se encuentran en alto grado de descomposición.

“Como ha llovido tanto en la zona, el estado de descomposición es demasiado avanzado. Cuando hay brisa, todo el olor y la fetidez llega a las casas de los habitantes. Le hemos informado a todas las autoridades competentes, a la Fiscalía, a guardacostas y a la Gobernación de Chocó y no han hecho absolutamente nada. Todo el mundo sabe, pero parece que a nadie le importa. Hay aproximadamente seis cuerpos”, dijo Carlos Mario Cardona, el Personero del Pueblo de Bahía Solano.

El funcionario precisó que la comunidad habría identificado,entre los cuerpos, el de un menor de edad. Sin embargo, este no pudo ser rescatado por el fuerte oleaje de la zona y el alto grado de descomposición.

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La Personería del Pueblo asegura que fueron 10 las víctimas del naufragio y que al menos 6 personas están muertas, 2 desaparecidas y hay 11 sobrevivientes. Esas cifras aún no están confirmadas pues la embarcación era ilegal.

Las condiciones de acceso al lugar son bastante difíciles pues está ubicado a 3 horas de los cascos urbanos cercanos de los municipios de Juradó y Bahía Solano. 

El personero de Bahía Solano, Carlos Mario Cardona, dijo que algunos olores nauseabundos ya han empezado a llegar a las casas de los habitantes del municipio.

Ayer domingo 19 de diciembre, tres migrantes, al parecer provenientes de India, perdieron la vida y dos más desaparecieron tras el hundimiento de una embarcación en el océano Pacífico, sobre el municipio de Juradó, en el Chocó, y el cual iba rumbo a la frontera con Panamá.

Así lo informó en las últimas horas la Defensoría del Pueblo en el Chocó, que señaló que entre las víctimas fatales se encuentra un menor de edad: “Lamentamos informar que tres personas migrantes al parecer provenientes de India murieron, entre ellas una mujer y un menor de edad, luego que la embarcación en la que se transportaban hacia la frontera con Panamá naufragara. Otras dos personas siguen desaparecidas”.

En la barca viajaban un total de 16 personas, y gracias a la oportuna reacción de los habitantes del corregimiento de Punta Piña, el sector donde se produjo el incidente, lograron ser rescatados once extranjeros en alta mar.

Además, la Defensa Civil está trasladando al corregimiento de Cupica, municipio de Bahía Solano, a un hombre que sufrió múltiples quemaduras en el cuerpo por el combustible derramado en el hundimiento.

Desde la Defensa Civil y la Defensoría del Pueblo, se ha solicitado el apoyo de la Infantería de Marina para llevar a cabo la recuperación de los cadáveres, así como dar con el paradero de los desaparecidos.

Así mismo, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assís, puntualizó sobre la importancia de regular el flujo de migrantes, que arriesgan sus vidas con botes clandestinos.

“Reiteramos el llamado a las autoridades para aumentar los operativos con el fin de controlar las embarcaciones que, en muchos casos, movilizan a los migrantes de manera ilegal, poniendo siempre en riesgo su vida e integridad”, concluyó a través de las redes sociales.

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, acordó en agosto con Érika Mouynes, ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, controlar el flujo migratorio en la zona fronteriza entre ambos países dado su reciente aumento con destino a Norteamérica, lo que ha derivado en una crisis, especialmente en el corredor selvático conocido como Tapón del Darién.

En los últimos tiempos, miles de migrantes, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas, han intentado llegar a la frontera panameña para atravesar el Darién, el área selvática que se encuentra en los límites entre ambas naciones y que enmarca la división entre Suramérica y Centroamérica. Con 266 kilómetros de extensión, este corredor se ha convertido en paso obligado para la inmigración irregular que desde Sudamérica trata de llegar hasta México, Estados Unidos y Canadá.

Una crisis social se vivió hace apenas algunas semanas en el municipio de Necoclí, Antioquia, donde, tan solo en septiembre, se reportó un represamiento de al menos 20 mil ciudadanos de Haití, Cuba, y África, entre otros, y que esperaban pasar de Panamá hacia EE.UU.

A mediados del mes pasado las autoridades colombianas informaron que la emergencia ya se había superado, pues apenas quedaban cerca de 70 migrantes esperando para seguir su camino. Gracias a la descongestión en las playas de esta población, que se habían convertido en el hogar de miles de migrantes por varias semanas, iniciaron diferentes estrategias para hacer una limpieza de esas zonas.

En su momento, el presidente colombiano Iván Duque, reconoció los trabajos articulados con el gobierno panameño, en los que también se pactaron viajes mediante dos empresas de transporte marítimo, facilitaron el paso de entre 400 y 500 personas diarias al vecino país. De esta forma, se evitó que miles de ciudadanos extranjeros arriesgaran sus vidas en su intento por buscar un mejor futuro.

Las trabajadoras de la salud afirman que les falta dinero para comprar cosas tan básicas como la comida.

También denuncian lo mucho que se les afectó la salud por esta situación: algunos han sufrido enfermedades físicas a causa de las largas jornadas de trabajo sin poder comer y otros han tenido afectaciones psicológicas como ansiedad y depresión.

“Nosotros trabajamos 12 horas y en ocasiones uno no sale en el horario estipulado porque se presentan algunas emergencias. Estamos aguantando hambre, incluso un compañero le dio una lipotimia. Además, dos madres cabezas de hogar se encuentran llorando todos los días porque las expulsaron de las viviendas, ya que no han pagado los servicios; también algunos tienen depresión y afectaciones psicológicas”, dio testimonio Cilia Perea, vocera del Sindicato de Trabajadores de la Salud en el Chocó.

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Ante las múltiples quejas interpuestas a la clínica, el sindicato dice que la única respuesta que han recibido es que no hay recursos para el pago de la nómina y que esperan que esa situación se resuelva recién durante el próximo año.

Los hechos se dan en el hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, Chocó, pacífico colombiano.