La compañía británica Kellogg Latin America Holding Company (One) Limited ha presentado una demanda de arbitraje de inversiones contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

En un comunicado emitido por el Ciadi, en su sitio web, se explica que Kellogg dejó el mercado venezolano en 2018 por la crisis económica y de materias primas que vivía el país.

«El Gobierno venezolano confiscó sus activos y cedió la producción de los cereales a sus trabajadores. La compañía británica advirtió de que sus marcas no podían venderse sin su autorización», reseña el escrito.

Relata que el reclamo fue registrado por CIADI el 9 de noviembre de 2023, donde «Kellogg invoca el incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones Venezuela – Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte de 1995″.

Y agrega que «el procedimiento se presenta bajo el Reglamento de Arbitraje del Mecanismo Complementario del CIADI».

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En mayo de 2018, la compañía productora de cereales Kellogg cesó sus operaciones en Venezuela ante el empeoramiento de situación económica después de permanecer en el país más de cincuenta años.

Kellogg manifestó que esperaba volver a Venezuela y advirtió contra la venta de sus productos sin su autorización.

El Gobierno de Nicolás Maduro, que tachó la salida de Venezuela de Kellogg como inconstitucional, confiscó la fábrica de cereales y la entregó a los trabajadores venezolanos para que continuaran con la producción.

En octubre de 2019, Kellogg difundió un comunicado en el que denunciaba la expropiación de sus activos y el uso indebido de su marca en Venezuela.

Luego, en abril de 2020, en plena pandemia de Covid-19, la imagen de los cereales Corn Flakes fue modificada en Venezuela incluyendo una mascarilla al dibujo del gallo que los caracteriza.

El objetivo era unirse a la campaña de prevención de la Covid-19.

La compañía denunció que se hizo sin autorización y que violaba sus derechos de autor.

Además recordaba: “reafirmamos que el uso de nuestras marcas no se encuentra autorizado en el territorio de Venezuela por virtud de la expropiación y toma de nuestras operaciones por parte del gobierno de Venezuela desde el pasado 15 de mayo de 2018″.

Esta demanda se une a las que ya acumula el Ciadi contra Venezuela, producto de las expropiaciones del gobierno del fallecido Hugo Chávez.

El costo de estos 50 casos se aproxima a unos 30 millardos de dólares, según la última cifra aportada por la ONG Cedice.

Y solo para mencionar uno de ellos, hace más de un año, el CIADI ordenó pagar al Estado venezolano 1.629 millones de dólares como indemnización, más los intereses y costos, por la expropiación de Agroisleña.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictó un fallo a favor de los inversores españoles que denunciaron al gobierno de Hugo Chávez ante dicha organización internacional. Indica que Venezuela deberá pagar $1.640 millones en modo de compensación, tras la expropiación de la empresa Agroisleña.

En julio del 2016 un conglomerado de diez empresas españolas interpusieron la querella ante el CIADI, que es una oficina del Banco Mundial encargada de los arreglos compensatorios internacionales.

Seis años después, la organización determina que la expropiación llevada a cabo por el entonces presidente, Hugo Chávez Frías, violó de manera considerable los estatutos del acuerdo de protección recíproca, firmado entre el conglomerado de diez empresas inversoras españolas y el Estado venezolano.

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El CIADI indica que el pago corresponde a la indemnización y los respectivos intereses moratorios. $1.108.819,24 por costos de honorarios más: $16.308.725,30 por gastos de Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos (Los inversores españoles). El total es  $1.646.417.544.

En octubre del 2010, el entonces presidente Hugo Chávez Frías, bajo un decreto presidencial, expropia los terrenos y las instalaciones, junto con todo su inmueble de la empresa Agroisleña.

Las entonces directivas de las diez empresas fueron removidas y la administración de Hugo Chávez coloca a sus propios dirigentes, para entonces crear Agropatria. Esta empresa, según algunos conocedores de la materia, no ha logrado recuperarse ni retomar bien las riendas después de la expropiación.

Con información de agencias