La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por las personas que continúan detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, y llama a su liberación inmediata e incondicional. 

Al mismo tiempo, expresa una enérgica condena por la muerte de quienes han fallecido bajo custodia en estas circunstancias y se solidariza con sus familiares.

La CIDH sigue recibiendo denuncias constantes sobre el uso de la privación de la libertad, incluido el empleo discrecional y excesivo de la prisión preventiva, como mecanismo de control, censura y represalia, junto con graves violaciones al debido proceso y a la protección judicial. 

Hasta abril de 2026, la sociedad civil reportó que 454 personas seguirían privadas de la libertad por razones políticas. 

Asimismo, denunció la continuidad de prácticas de desaparición forzada, tortura, incomunicación prolongada y negación de atención médica como parte de la represión por parte del régimen que continúa detentando el poder. 

Datos disponibles señalan que, al menos 18 personas detenidas por razones políticas han fallecido bajo custodia del Estado, entre ellas, Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro, Alfredo Díaz y, más recientemente, Víctor Hugo Quero Navas.

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🚨 CIDH EXIGE LIBERAR A LOS PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA@CIDH expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias en Venezuela y exigió la liberación inmediata de los presos políticos. También condenó las muertes bajo custodia del Estado y denunció torturas, desapariciones pic.twitter.com/nB1gPQVzcd

Si bien el régimen ha adoptado medidas incipientes para la liberación de personas detenidas arbitrariamente por razones políticas, estas han tenido un alcance limitado y aplicación reducida. 

La “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, promulgada el 19 de febrero de 2026, benefició a más de 8.000 personas según fuentes oficiales. 

Estas cifras contrastan con las recogidas por la sociedad civil, que indican que solo 186 personas resultaron favorecidas y obtuvieron libertad plena, mientras que otras 554 personas excarceladas permanecen sometidas a medidas cautelares que restringen sus derechos, sin sobreseimiento ni libertad plena. 

A su vez, la sociedad civil informó sobre 777 solicitudes de aplicación de dicha ley, de las cuales 322 fueron negadas, 96 apeladas, 434 en espera de decisión y 19 aprobadas, en su ejercicio de defensa jurídica.

El 23 de abril, Delcy Rodríguez, la presidenta interina, anunció el fin de la aplicación de la denominada “Ley de Amnistía”, bajo el argumento de que su implementación ya habría concluido. 

Esto, pese a cuestionamientos sobre la competencia constitucional para revocar una ley promulgada por la Asamblea Nacional. Esta circunstancia corrobora que en Venezuela no existe separación e independencia de los poderes públicos y que el Sistema de Justicia continúa operando como un apéndice del Poder Ejecutivo, perpetuándose la ausencia de un Estado de Derecho.

La privación arbitraria de la libertad, caracterizada por graves afectaciones físicas, psicológicas y emocionales tanto en las personas que la sufren y sus familias, así como en la sociedad en su totalidad, constituye una grave violación a los derechos humanos.

 En esta línea, está expresamente prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, su uso por motivos políticos constituye una de las expresiones más graves del debilitamiento del Estado de Derecho y un menoscabo a los principios democráticos que sustentan el Sistema Interamericano.

La Comisión insiste en su llamado al cese de todas las detenciones arbitrarias en Venezuela, recordando que las liberaciones parciales no eximen al Estado del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y estándares interamericanos. 

Al tiempo, insta a garantizar el acceso pleno y verificable a la información pública, en particular las listas de personas detenidas y procesadas por motivos políticos, así como las beneficiarias de amnistía y su estado procesal.

La CIDH exhorta al régimen en Venezuela a dar paso al proceso de restauración del orden democrático y el Estado de Derecho. 

Asimismo, llama a la comunidad internacional a exigir condiciones que permitan la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, para lo cual resulta crucial fijar, sin dilaciones, la fecha de las elecciones presidenciales y demás cargos de elección popular.

Finalmente, la CIDH reitera su disposición firme e inquebrantable de realizar una visita in loco al país, para observar la situación de derechos humanos en el territorio venezolano.

Con información de prensa CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos una actualización sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, alertando que no se debe normalizar que en el país se sigan efectuando detenciones arbitrarias.

 La secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum Panszi, hizo un diagnóstico sobre el estado de los derechos humanos en el país, además de la situación política, que están muy relacionados.

"Sin democracia no hay derechos humanos”, dijo la funcionaria, quien remarcó que la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos constituye “una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho en Venezuela”.

Alertó que no se trata de hechos aislados, sino de “una política de Estado sostenida y deliberada”.

Agregó que a las  detenciones arbitrarias, se une la desaparición forzada, tortura, incomunicación prolongada y negación de atención médica.

Además, la secretaria criticó la Ley de Amnistía porque no ha representado un avance real, sino apenas “un gesto que no agota las obligaciones del Estado venezolano”. 

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Tania Reneaum Panszi, en nombre del presidente de la CIDH,  Edgar Stuardo Ralón Orellana, hizo un resumen de lo que ha pasado en el país en los últimos meses.

Así, reportó que a abril de 2026, 454 personas continúan detenidas por razones políticas, entre ellas 44 mujeres, una adolescente, 286 civiles y 186 militares.

 Denunció que al menos 18 personas han muerto bajo custodia del Estado, entre ellas Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y Alfredo Díaz.

Recordó que durante el 2025, la CIDH otorgó 36 medidas cautelares, la mayoría a personas detenidas por motivos políticos, defensoras de derechos humanos, periodistas, familiares de detenidos y núcleos familiares completos. 

Mientras que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela ha recogido más de 300 testimonios de víctimas.

La funcionaria ahondó en el análisis de la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y, aunque la valoró,  cuestionó su aplicación. 

Destacó que cifras del Estado venezolano afirman haber beneficiado a más de 8.000 personas, la sociedad civil registra apenas 186 personas con libertad plena, mientras 554 permanecen con medidas restrictivas como prohibición de salida del país, presentación periódica ante tribunales, prohibición de manifestarse o de hablar con la prensa.

 “Eso no es libertad. Es libertad vigilada”, afirmó. También mencionó los problemas estructurales en la ley: “la cláusula residual del artículo 9, al excluir acciones vinculadas a actores extranjeros, introduce un tipo penal abierto aplicable contra opositores; la eliminación de antecedentes sin salvaguardas archivísticas compromete la prueba para futuros procesos de rendición de cuentas; y los tribunales y la Fiscalía llamados a aplicar la ley son los mismos que sostuvieron las detenciones arbitrarias. «No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación”.

Tania Reneaum Panszi mencionó  cuatro exigencias concretas al Estado venezolano: “el cese inmediato de todas las detenciones arbitrarias y la libertad plena de todos los presos políticos; acceso público y verificable a listas oficiales de personas detenidas, procesadas y amnistiadas; protección absoluta contra la tortura y reformas estructurales que garanticen la no repetición y el restablecimiento de la democracia; y una visita in loco a Venezuela con acceso irrestricto a los centros de detención”.

“La pregunta ya no es si la Comisión Interamericana está dispuesta. Lo está. La pregunta es si el Estado venezolano lo está”, expresó.

Para cerrar,   hizo una advertencia: “La Comisión no normalizará lo que no debe normalizarse. No aceptará como avance lo que es apenas un gesto y no dejará de nombrar lo que ocurre por su nombre: una política de Estado de represión que el sistema interamericano tiene el deber de confrontar”.

Y recordó que la CIDH ha documentado casos de presos políticos en la región desde hace décadas, y que en el caso venezolano mantiene un seguimiento constante a través de su mecanismo especial, que ha recopilado más de 300 testimonios de víctimas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 32/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de Germán Darío Giuliani, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela.

Según la solicitud, el beneficiario es ciudadano argentino y permanecería privado de la libertad desde mayo de 2025. 

Se indicó que está sujeto a restricciones en la comunicación, por lo que, en la actualidad, sus familiares no contarían con información oficial sobre sus condiciones de detención, estado de salud ni ubicación exacta dentro del Complejo Penitenciario de Yare. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH.

Tras analizar las alegaciones de hecho y derecho, la Comisión valoró que, dada su condición de persona privada de la libertad, las limitaciones en la comunicación con sus familiares, la falta de información sobre sus condiciones de detención, estado de salud, ubicación exacta dentro del Complejo Penitenciario de Yare, así como la alegada situación de indefensión, existe la posibilidad de que se materialice el riesgo en cualquier momento.

 En adición, la Comisión no contó con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender o mitigar la situación de riesgo del beneficiario.

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Bajo esas circunstancias, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:

 Con información de CIDH.

En el informe anual de la Comisión Interamericana de DD. HH. correspondiente al 2025, se alertó acerca del riesgo que corren los privados de,libertad en las cárceles de Venezuela.

En el Capítulo IV, la CIDH  advierte que las personas privadas de libertad en Venezuela se encuentran en una situación de “riesgo especial”, producto de factores como "la sobrepoblación, el empleo excesivo de la prisión preventiva, las deplorables condiciones de detención, el sistema de autogobierno y los malos tratos”.

La Comisión también expresa especial atención y alarma ante la existencia de “una dualidad de sistemas penitenciarios”, uno oficial y otro paralelo compuesto por centros de detención preventiva, y advierte sobre la falta de información oficial actualizada sobre la población reclusa.

Según datos citados en el informe, para julio de 2025 había 22.019 personas privadas de libertad para una capacidad de 15.096 plazas, lo que representa un hacinamiento de 45,85%, con centros que registran entre “110% y 255% de hacinamiento”.

Este nivel de sobrepoblación no solo refleja una crisis estructural, sino que agrava las condiciones de vida dentro de los recintos, incrementando el riesgo de violencia, enfermedades y muertes bajo custodia.

Asimismo, la CIDH señala que las personas detenidas enfrentan “una infraestructura deplorable, condiciones insalubres, celdas sin ventilación adecuada ni acceso constante a la luz natural, alimentación deficiente en calidad y cantidad, limitado acceso al agua y falta de provisión de insumos básicos”, lo que las obliga a depender de sus familiares para cubrir necesidades esenciales.

El informe también advierte sobre la “complicidad o negligencia de funcionarios penitenciarios”, que permite el ingreso de “armas, drogas y otros objetos prohibidos”, lo que coloca “en riesgo la vida e integridad de la población”.

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En relación con las consecuencias de estas condiciones, la CIDH documenta que “del 26 de julio de 2011 al 26 de julio de 2025, han resultado 3.528 personas fallecidas y 5.094 heridas por falta de atención médica y como resultado de hechos de violencia”.

Solo en 2024, “al menos 149 fallecimientos ocurrieron (…) la mayoría por problemas de salud producto de la falta de asistencia médica y las condiciones insalubres”.

Además, la Comisión alerta de que los calabozos policiales “carecerían de condiciones mínimas de habitabilidad”, y que en estos espacios se han registrado muertes “principalmente por razones de salud y falta de atención oportuna”, pese a haber sido diseñados para detenciones de corta duración.

Para este análisis, la CIDH tomó en cuenta información documentada por el Observatorio de Prisiones  y otras organizaciones de la sociedad civil, lo que confirma la relevancia de las denuncias sostenidas sobre el deterioro del sistema penitenciario venezolano.

Los hechos recientes confirman este diagnóstico. La muerte de cinco personas privadas de libertad en Yare III, junto a los fallecimientos de Deivi Enrique García en el Rodeo IV, Ovidio José Madriz Mendoza en el Rodeo III, Elvis Alfredo Espinoza García en Tocorón y Rosqui Norberto Escalona en Uribana, reflejan cómo la violencia, la falta de atención médica y las condiciones de reclusión siguen cobrando vidas bajo custodia del Estado.

Con información de CIDH y OVP

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió en 2025 un número récord de demandas de medidas cautelares, así como de denuncias de violaciones de derechos humanos, destacó la CIDH en su informe anual presentado este jueves.

En total, la CIDH recibió 1.969 nuevas solicitudes de medidas cautelares, de las cuales pudo examinar casi el 85% ese mismo año.

Ese número representa un 40% más que el año anterior, y bate el récord de 2018, cuando se registraron 1.618 solicitudes en el contexto de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, explicó el informe, presentado ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Destacan las demandas provenientes de El Salvador (208% de aumento respecto a 2024), un país al que la CIDH dedicó una atención especial en 2025, así como Cuba (166%), Argentina (113%) y Estados Unidos (111%).

"En todos estos países el aumento de las solicitudes recibidas se debe, en parte, a pedidos de protección para personas que enfrentan riesgos a su vida", y en el caso de El Salvador y Estados Unidos, a sus políticas migratorias.

El año 2025 también fue un año récord de denuncias por violaciones de derechos humanos presentadas ante el organismo regional: 3.357, un aumento del 16% respecto a 2024 (2.883).

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Destaca Colombia, de donde surgieron 788 peticiones, seguido de México con 700.

Las peticiones pueden ser presentadas a título individual o colectivo, en relación a violaciones de derechos humanos, e incluso por un Estado contra otro.

Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen siendo tres casos bajo monitoreo especial en la CIDH, que no puede visitar esos países a causa de la situación política.

La Comisión denuncia la "sistemática represión" de "reuniones pacíficas y protestas" de disidentes en Cuba, las detenciones arbitrarias y la falta de derechos elementales, en un contexto de grave crisis económica en la isla bajo gobierno comunista.

"La situación de derechos humanos en Nicaragua permanece entre las más críticas de la región y continúa deteriorándose", añade por otro lado el texto, que denuncia el "Estado policial" impuesto por la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"En 2025 se consolidó una dictadura en Venezuela" añade el texto, redactado antes de la operación militar estadounidense que depuso al presidente Nicolás Maduro y lo sacó del país, junto a su esposa, Cilia Flores.

La CIDH reclama desde hace años efectuar una visita al sistema penitenciario venezolano, rechazada hasta ahora por Caracas.

Con información de AFP

  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos vuelve a poner el foco sobre Venezuela tras dictar medidas cautelares a favor de Yorman Bladimir Acevedo Murillo, un detenido desde enero de 2026 luego de manifestar críticas al poder en espacios digitales. 

Su caso combina denuncias de deterioro físico y mental, presuntas agresiones bajo custodia y condiciones de reclusión que, según el organismo, comprometen derechos básicos.

A esto se suma un giro sensible en el expediente: la incorporación de cargos relacionados con drogas, una figura que podría estar siendo utilizada para excluirlo de esquemas legales como la ley de amnistía. 

Esto es Venezuela en profundidad.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este martes en un informe graves violaciones de derechos humanos en las misiones médicas internacionales de Cuba, como retenciones de salarios de los participantes, amenazas de cárcel para quienes las abandonen o confiscación de pasaportes.

Esas misiones, creadas en los años 1960 por el gobierno comunista de Fidel Castro con un propósito de solidaridad y promoción en el extranjero, tomaron un giro más lucrativo a partir de los años 1990 y son hoy la principal fuente de divisas de la isla, indica el documento de la CIDH.

Según estadísticas oficiales cubanas citadas en el informe, esas misiones aportaron 4.882 millones de dólares a la isla en 2022, el 69% de los servicios exportados por el país caribeño.

Los profesionales sanitarios que participan en ellas apenas reciben, sin embargo, entre el 2,5% y el 25% de lo que los países receptores pagan a Cuba por sus servicios, mientras que el Estado retiene el resto, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos citadas en el informe.

Como resultado, la CIDH concluye que el personal implicado "no dispondría de una remuneración que les permita subsistir dignamente" ni "cubrir los costos básicos de vida".

"Me daban un pequeño estipendio (cuatro dólares) y con eso no podía comprar nada. No me alcanzaba para azúcar y café (…) Solo hacía una comida al día", relató al organismo uno de los 71 profesionales entrevistados, cuya identidad fue protegida por temor a represalias.

Según el documento, el Estado cubano presiona al personal sanitario para que cumpla la misión hasta el final.

Quien abandona antes del plazo fijado con el país receptor puede ser declarado desertor o emigrado y perder así todos sus derechos en Cuba, incluidos los de propiedad sobre su vivienda, y ver cómo sus familiares sufren represalias, según el informe.

El Código Penal cubano establece penas de entre tres y ocho años de prisión para los que abandonen una misión en el extranjero, así como la imposibilidad de regresar a Cuba por ocho años.

La CIDH documenta también la confiscación del pasaporte de los participantes a su llegada al país de destino, así como la retención del dinero que cobraron en cuentas bancarias "congeladas" en Cuba, a las que solo pueden acceder si vuelven a la isla.

Varios entrevistados denunciaron extensas jornadas laborales, con guardias y horas extraordinarias no remuneradas y obligatorias, a las que, en ocasiones, se suma la obligación de desempeñar "tareas de carácter político" y labores docentes.

El personal de esas misiones no puede relacionarse libremente con personas del país donde trabajan ni con cubanos residentes allí, añade la CIDH, que entrevistó a participantes en misiones de 10 países de América (Bahamas, Brasil, Bolivia, Dominica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Santa Lucía y Venezuela) y de África, Oriente Medio y Asia.

A la luz de estos elementos, el organismo ve indicios compatibles con situaciones de trabajo forzoso y, en algunos casos, de trata de personas en las misiones médicas internacionales.

El 83% de los 61 testimonios que fueron recabados en países latinoamericanos proceden de Venezuela, uno de los países que más ha recurrido a las misiones cubanas desde 2003.

Con información de AFP

La dirigente opositora María Corina Machado, se presentó este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde hizo una actualización de la sitiación de Venezuela.

Machado hizo una serie de peticiones ante el organismo de la OEA.

Pisió "seguir documentando la usurpación del poder y lo ocurrido el 28 de julio del 2024, como ejercicio legítimo de soberanía popular, pese a violaciones legales e internacionales".

También insistió en “mantener la denuncia constante hasta la liberación de todos los presos políticos y amplificar la voz de quienes siguen detenidos”.

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Hizo énfasis en denunciar “las irregularidades de la Ley de Amnistía y exigir su aplicación plena y sin restricciones”.

Igualmente, planteó “una visita internacional a Venezuela como señal de apoyo a víctimas y defensores de derechos humanos”.

Machado también pidió “un nuevo informe actualizado sobre la situación del país” y solicitó continuar con el impulso “de las medidas necesarias hasta que cesen las violaciones”.

Asimismo, ratificó que "no hay transición con represión en Venezuela; no hay transición sin Estado de Derecho y sin libertades plenas”.

EN su discurso, Machado destacó:  "Los informes que ustedes han hecho a lo largo de estos años son parte de nuestra memoria histórica, y quiero hacer mención del informe postelectoral del 2025, sobre la naturaleza del régimen y el terrorismo de Estado como calificación, marca un hito.

La magnitud con la que ustedes han denunciado es relevante: más de 20 mil detenciones, más de 8 mil ejecuciones. La magnitud de lo que ocurre en Venezuela no tiene precedentes", sostuvo.

Machado lamentó que, a pesar de las denuncias que han hecho en la CIDH, no hay resultados. 

“Consideramos lamentable que, si bien esta comisión ha hecho un trabajo encomiable ante instancias de la OEA, no hemos visto las reacciones que esperábamos. La Asamblea General no ha logrado llevar a cabo las acciones para defender los derechos de los venezolanos”.

Resaltó que, “después del 3 de enero, los venezolanos hemos dado pasos a la democracia. Es un derecho humano poder ejercer la soberanía popular del 28J. Haber logrado que 1 millón de voluntarios se organizaran para defender las actas es algo que la historia reconocerá y que, gracias a ustedes, ha sido bien documentado”.

“Sabemos que tenemos que avanzar y que este proceso requiere seguir elevando la voz. No nos vamos a callar. El trabajo de organización dentro de Venezuela cada día requiere más fuerza y tengo previsto regresar lo antes posible para seguir luchando por nuestros derechos y libertad”, remarcó la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

#AHORA @MariaCorinaYA con el pleno de la Comisión Interamericana de DDHH (@CIDH) en Washington DC. Presenta situación actualizada en Venezuela en materia de DDHH y hace petitorio concreto a los miembros de la Comisión. pic.twitter.com/nXnv7CSJDb

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene información de que en Venezuela siguen operando "centros de detención clandestinos", a pesar de la liberación de presos políticos, informó este miércoles la relatora especial para Venezuela del organismo, Gloria Monique de Mees.

"La persistencia de estas instalaciones pone de relieve la naturaleza estructural de las violaciones y la ausencia de una supervisión institucional efectiva" declaró la relatora ante el Consejo Permanente de la OEA.

A pesar de la excarcelación de presos políticos que lleva a cabo el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, la situación de los derechos humanos en el país es alarmante, según la CIDH, que no ha podido visitar Venezuela desde 2002.

La relatora indicó que según las informaciones en poder de la CIDH, hasta el 19 de enero habían salido de prisión 143 detenidos políticos.

"La Comisión reitera la urgente necesidad de contar con información transparente, actualizada y verificable sobre las condiciones bajo las cuales se está liberando a los presos políticos", añadió la relatora del organismo autónomo.

Venezuela está bajo el "estado de conmoción exterior" decretado el 3 de enero, tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, ahora a espera de juicio en Nueva York junto a su esposa por cargos de narcotráfico.

"La Comisión reitera su solicitud de información detallada y actualizada" sobre la aplicación de ese decreto, "particularmente respecto del número de personas detenidas (...) y de los centros de detención donde se encuentran actualmente recluidas".

La presión estadounidense tras la llegada al poder de Delcy Rodríguez, que era vicepresidenta antes de asumir el cargo, llevó al gobierno a acordar esa liberación de presos, que familiares y grupos de defensa de derechos humanos en el país denuncian como demasiado lenta.

El Consejo Permanente de la OEA pidió el informe a la CIDH, órgano autónomo, ante el vuelco político en el país sudamericano.

Venezuela abandonó la OEA en abril de 2017, pero luego la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, desconoció la decisión de Maduro.

Aunque la organización con sede en Washington sigue considerando al país como miembro, Caracas dejó de participar en sus trabajos.

El Consejo Permanente de la organización a su vez desconoció la reelección de Maduro en los comicios presidenciales de 2024, un resultado que la oposición denunció como fraudulento y que también fue contestado por Estados Unidos y la Unión Europea.

Caracas rechazó en 2017 y 2020 solicitudes de visita de expertos de la CIDH.

"La Comisión ha recibido de manera constante información sobre condiciones de detención deplorables, prácticas de tortura y malos tratos a las que son sometidas personas privadas de libertad por razones políticas", añadió por su parte Edgar Stuardo Ralón, relator de la Comisión sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura.

Desde 2014 hasta la fecha, han existido más de 18.739 detenciones políticas arbitrarias en Venezuela, añadió el relator.

La caída de Maduro, en el poder desde 2013 y quien fue capturado en una audaz operación militar estadounidense que incluyó bombardeos y decenas de muertes, fue presentada por el presidente Donald Trump como el inicio de una nueva era para Venezuela.

Pero Trump enseguida advirtió que lo importante era garantizar la estabilidad política del país, y asegurar el acceso a la explotación petrolera para las multinacionales extranjeras, ante todo las estadounidenses.

El mandatario felicitó de nuevo este miércoles en el Foro de Davos al nuevo gobierno interino por su cooperación.

La líder opositora María Corina Machado, que regaló a Trump su medalla del premio Nobel de la Paz, pidió que el mandatario estadounidense presione a Caracas para liberar a todos los prisioneros.

"No es posible hablar de transición con represión", declaró en Washington.

Con información de AFP

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su "profunda preocupación" por la operación militar estadounidense que derrocó y sacó del país a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Si bien la Comisión ha documentado graves violaciones de derechos humanos, así como la ruptura del orden democrático y del Estado de derecho en el país con anterioridad a la operación de Estados Unidos, reafirma que todo proceso de restauración democrática debe llevarse a cabo con pleno respeto del derecho internacional" según un comunicado.

La CIDH, con sede en Washington, recuerda que en los últimos 25 años ha realizado "un monitoreo continuo y sistemático de la situación de derechos humanos" en Venezuela.

La Comisión dictaminó, tras las elecciones de 2024, que "el gobierno de Nicolás Maduro carecía de legitimidad democrática".

“La historia de la región, documentada rigurosamente por la Comisión durante décadas, ha evidenciado que la falta de observancia del derecho internacional suele provocar mayor posibilidad de vulneración de derechos humanos”, alerta la Comisión

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🚨 CIDH PREOCUPADA POR OPERACIÓN ARMADA EN VENEZUELALa @CIDH manifestó su preocupación por la incursión armada de EE.UU. en Venezuela y el arresto de Nicolás Maduro y de su esposa. Afirmó que cualquier proceso de restauración democrática debe seguir el derecho internacional pic.twitter.com/3uRtXEdXvT

A lo largo de los años, la crisis venezolana ha provocado "uno de los mayores flujos migratorios y de búsqueda de refugio del mundo, que afecta a más de siete millones de personas", recuerda el organismo, cuya principal tarea es documentar violaciones de derechos humanos y solicitar medidas de protección cautelares para personas en la región.

Tras el ataque estadounidense, que se saldó con decenas de muertos, entre ellos 32 cubanos que formaban parte del equipo de seguridad de Maduro, la CIDH ha recibido información de la detención de al menos 14 periodistas y el patrullaje de grupos armados conocidos como "colectivos".

La Comisión saluda la excarcelación de presos políticos y, señala el comunicado, "urge al régimen venezolano a disponer la liberación inmediata de todas las personas que continúan privadas de libertad por razones políticas".

Con información de CIDH y AFP

A más de 15 años de su muerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH),   el Caso 14.050, por la responsabilidad internacional de Venezuela por las múltiples afectaciones sufridas por Franklin José Brito Rodríguez en la década de 2000, incluyendo su detención ilegal y arbitraria mientras ejercía una huelga de hambre como forma de protesta.

El caso presentado ante la CIDH en 2009 se refiere a Franklin Brito, agricultor, ingeniero agrónomo y defensor del derecho a la propiedad, quien denunció irregularidades en la administración de tierras en el estado Bolívar.

Desde 2003, Brito realizó protestas pacíficas y huelgas de hambre para exigir sus derechos. En 2009, mientras protestaba frente a la sede de la OEA en Caracas, fue privado de libertad y trasladado sin su consentimiento al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, donde permaneció bajo custodia militar hasta su fallecimiento en 2010.

 Durante su internamiento fue sometido a tratamientos médicos forzosos y alimentación intravenosa sin consentimiento.

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En su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 200/24, la CIDH concluyó que la detención y traslado forzoso de Franklin Brito al Hospital Militar fueron ilegales y arbitrarios, ya que no existía orden judicial ni razones médicas que justificaran privarlo de libertad. 

El Estado no demostró que su internamiento fuera necesario para proteger su salud ni que se consideraran alternativas menos invasivas. Además, el procedimiento se realizó con el uso excesivo de la fuerza y sin informar al afectado de las razones de su detención.

Durante su internamiento, Franklin Brito fue sometido a tratamientos y alimentación forzada sin su consentimiento, incluso bajo sedación, pese a haber sido dado de alta, lo que la CIDH calificó como trato cruel, inhumano y degradante. 

La Comisión señaló que estos hechos ocurrieron en un contexto de hostigamiento y deslegitimación pública hacia Brito por sus denuncias contra las autoridades, en el marco de una política estatal de represalia contra voces críticas.

 Asimismo, destacó la falta de investigación sobre su muerte y la ausencia de medidas para proteger su vida e integridad, pese a las advertencias sobre su grave estado de salud,

Por lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado venezolano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, vida privada, garantías judiciales, libertad de expresión, salud y protección judicial, establecidos en los artículos 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 11.2, 13.1, 25.1 y 26 de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 y 21, así como de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Franklin Brito. 

Asimismo, determinó la violación del artículo 5.1, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de sus familiares.

En consecuencia, solicitó a la Corte Interamericana que disponga las siguientes medidas de reparación:

*Reparar de forma integral las violaciones de derechos humanos reconocidas, mediante compensaciones económicas y medidas de satisfacción.*Asegurar que se concluyan de manera pronta y efectiva las investigaciones sobre la detención y muerte de Franklin Brito, garantizando justicia y rendición de cuentas.Implementar medidas de no repetición, como la capacitación de autoridades judiciales y personal médico militar en derechos humanos, especialmente sobre la prohibición de tratamientos médicos forzosos y la protección de personas bajo custodia del Estado.

Con información de Provea y CIDH

 El 17 de noviembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 79/2025, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de nueve personas extranjeras privadas de su libertad en Venezuela, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en el país.

Las solicitudes alegaron que las personas de nacionalidad extranjera fueron privadas de libertad en 2025 y se encuentran en riesgo en sus actuales condiciones de detención, caracterizadas por la falta de información sobre su situación jurídica, incomunicación y limitaciones en las posibilidades de acreditar defensa particular o acceder a asistencia consular; así como, en general, por la falta de información oficial sobre su situación actual y de salud. 

Se alegó que, inicialmente, no se conoció el paradero de las personas tras su detención. A la fecha, solo Olmedo Javier Núñez Peñalba continuaría con paradero desconocido. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH.

Tras analizar las alegaciones de hecho y derecho efectuadas por las partes solicitantes, la Comisión observó que Najam Islam Butt, pakistaní; Zsuzsanna Bossanyi, húngara; Willem Frederik de Rhoodes, holandés; Angelique Brigitte Corneille, holandesa; Miguel Moreno Dapena, español; y los hondureños Walter López Ogaldez, Willy Delano Bowman Webster y Hiubert Johonie Martínez Martínez; permanecerían en privación de libertad sin comunicación efectiva con sus familiares ni abogados de confianza, y sin posibilidades reales de activar mecanismos internos para la protección de sus derechos frente a las condiciones de detención alegadas.

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De acuerdo con la información proporcionada, la Comisión encuentra que en el caso del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba se desconoce su paradero, lo que implica que el transcurso del tiempo aumenta la posibilidad de la consumación de afectaciones a sus derechos. 

Lo anterior, es preocupante en tanto los familiares y allegados están imposibilitados de activar acciones internas a su favor a fin de dar con su paradero.

En ese marco, la Comisión no cuenta con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender o bien mitigar la situación de riesgo de las personas beneficiarias.

 Bajo esas circunstancias, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:

*Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas beneficiarias;*Informe si Olmedo Javier Núñez Peñalba se encuentra bajo custodia del Estado y, en caso afirmativo, indique el lugar, el motivo y las circunstancias de su detención; o bien, las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino;*Ejecute las medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables. En particular las siguientes:*Indique si se les han imputado delitos y si han sido presentados ante un tribunal competente para revisar su detención, de ser así, mencione de manera expresa el tribunal que conocería sus causas penales, o si no han comparecido ante un tribunal, aclare la razón por la que no lo han hecho;*Facilite la comunicación de las personas beneficiarias con su familia, representantes, abogados de confianza y autoridades consulares del país del que son nacionales, dándoles pleno acceso a sus expedientes judiciales, de existir;*Realice una evaluación de salud de las personas beneficiarias, según corresponda, brindándoles el tratamiento médico que resulte prescrito;comunique si se les ha proporcionado a las personas beneficiarias, según corresponda, acceso a un traductor o intérprete a efectos de tomar conocimiento preciso de su situación y ejercer sus derechos;*Posibilite que tengan comunicación con el país del que son nacionales;*Refuerce las acciones a favor de las personas ubicadas en centro de detención cubiertos por medidas de protección interamericanas ya concedidas;concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes; 

*Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.

El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.

Con información de CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el atentado contra los activistas Yendri Velásquez y  Luis Peche, ocurrido a principios de esta semana al norte de la ciudad de Bogotá.

"La CIDH condena el atentado con armas de fuego contra el defensor Lgbti Yendri Velásquez y el activista político Luis Peche, ambos de nacionalidad venezolana, ocurrido el 13 de octubre en Bogotá”, publicó el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en X.

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#Colombia: #CIDH condena el atentado con armas de fuego contra el defensor LGBTI Yendri Velásquez y el activista político Luis Peche, ambos de nacionalidad venezolana, ocurrido el 13 de octubre en Bogotá. Yendri Velásquez cuenta con una solicitud de protección internacional en… pic.twitter.com/nCvypuwzW0

La Comisión recordó que Velásquez “cuenta con una solicitud de protección internacional en proceso en Colombia, debido a las represalias recibidas en su país”.

Ante ello, llamó al Estado colombiano a “investigar pronta y diligentemente el atentado” con el objetivo de “identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, considerando como posible móvil las actividades de defensa y activismo que ejercían en Venezuela”.

 Organismos como la ONU han pedido al Estado colombiano más protección para los activistas refugiados en ese país.

De la misma forma, Luis Peche solicitó a las autoridades colombianas iniciar una investigación “rápida y transparente” para esclarecer el ataque.

“Mi mensaje es claro: los activistas venezolanos necesitamos protección. Muchos tuvimos que ampararnos en otros países para escapar de la persecución, pero la represión trasnacional es real, y lamentablemente, Venezuela ya reúne varios casos graves», afirmó.

Con información de agencias

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la situación de la libertad de expresión en Estados Unidos.

 Reconociendo el liderazgo histórico del país en la protección y promoción de este derecho, la Oficina llama al Estado, y en especial a sus más altas autoridades, a no abandonar este compromiso de larga data y a asegurar las máximas garantías para el ejercicio pleno y efectivo de la libertad de expresión, así como a promover un debate público vigoroso.

Durante 2025, la CIDH y su RELE han observado con preocupación un creciente clima de violencia que afecta las condiciones para la deliberación democrática. 

En este contexto, el país ha sido testigo de episodios de violencia política, incluyendo el asesinato de funcionarios electos y diplomáticos, así como de activistas de reconocimiento nacional. La Relatoría Especial condena la violencia política en el país y expresa su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Si bien estos actos deberían llevar a la reflexión y el debate nacional, la RELE ve con inquietud los pronunciamientos de altos funcionarios que podrían confundir el discurso crítico con la incitación a la violencia, lo que podría desalentar la expresión legítima que recae en el ámbito de la deliberación democrática. 

Algunos pronunciamientos han instado a la ciudadanía a denunciar a quienes consideren responsables de incitar a la violencia ante sus empleadores. Otros han sugerido sanciones contra los medios de comunicación por cuenta de su contenido.

 La Relatoría considera esencial que las autoridades y los funcionarios electos, independientemente de su afiliación política, se esfuercen por distinguir claramente entre la incitación a la violencia y las expresiones críticas, condenando y sancionando inequívocamente cualquier incitación, al tiempo que salvaguardan el pluralismo y un debate democrático sólido.

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Protección

El discurso político y los debates sobre asuntos de interés público gozan de especial protección. Esto se debe a que las entidades y funcionarios públicos, en virtud de sus funciones, están sujetos a un mayor escrutinio y crítica y, por lo tanto, deben demostrar una mayor tolerancia y apertura hacia dichas expresiones, y abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones. 

La RELE llama a las autoridades a abstenerse de calificar y equiparar el discurso que incita a la violencia con aquellos que, aunque críticos, duros, o incluso perturbadores, constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y se encuentran especialmente protegidos.

La Relatoría Especial lamenta que algunas personas, en particular periodistas, académicas, comentaristas y comediantes, hayan perdido sus empleos tras manifestarse sobre asuntos de alto interés público.

 Esta Oficina considera que las expresiones de las personas despedidas se realizaron con la expectativa de que gozan de una mayor protección en las sociedades democráticas, lo que hace aún más preocupante la erosión de la confianza y las salvaguardias que históricamente permitieron que estas voces se escucharan, leyeran y vieran libremente.

Uno de los argumentos que se suelen invocar para justificar la participación de los grandes conglomerados mediáticos en un ecosistema mediático plural y diverso es que ciertos debates y tensiones en la vida democrática pueden ser soportados y mantenidos en el tiempo por actores de esa dimensión. 

Bajo esta premisa, la Relatoría Especial considera cuestionable que los grandes conglomerados mediáticos hayan tomado decisiones editoriales y de personal sin considerar los valores fundamentales de la libertad de expresión en juego. Se alienta a todas las empresas de medios, independientemente de su tamaño, a esforzarse por salvaguardar la libertad de expresión y el pluralismo como pilares de la democracia.

Finalmente, la RELE advierte que estos hechos forman parte de un contexto previamente documentado por la CIDH y esta Oficina, en el que se han presentado cambios y exclusiones en la acreditación de periodistas que cubren el gobierno federal; investigaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) contra emisoras por contenido considerado crítico con la administración; recortes en la financiación del periodismo; y demandas contra medios de comunicación en aparente represalia por su cobertura y línea editorial.

Con información de CIDH

La persecución política en Venezuela se ha incrementado en lo que va de año, declaró este miércoles la relatora para el país caribeño de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria de Mees, que quiere que Caracas le deje visitar la cárcel de El Helicoide.

"La persecución de voces disidentes se ha intensificado, lo que revela una profundización del autoritarismo", declaró Gloria de Mees en una presentación especial ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Comisión quiere visitar El Helicoide, una cárcel en Caracas denunciada repetidamente como un "centro de torturas" por organizaciones de defensa de los derechos humanos, de aquí a finales de año.

Caracas ha respondido con negativas, explicó la relatora ante los embajadores de la región.

La última visita de una misión de la CIDH a Venezuela fue en 2002, y solicitudes parecidas fueron rechazadas en 2017 y 2020, recordó.

La Comisión pidió el año pasado medidas de protección cautelares en 23 casos de presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, y en lo que va de 2025 ya ha emitido 25.

"Lamentablemente la situación no ha mejorado, sino que se ha deteriorado", indicó en su intervención, solicitada por Argentina.

Caracas contesta la jurisdicción del sistema interamericano de los derechos humanos, pero la Corte (con sede en San José) le recordó que a pesar de las desavenencias políticas, sus sentencias siguen siendo plenamente vigentes.

"Lo que está en juego no es solamente el acceso a lugares de detención, es la protección de los derechos humanos del pueblo venezolano en su conjunto", declaró la relatora.

Con información de AFP

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la Resolución 70/2025, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de Camilo Castro, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en Venezuela.

Según la solicitud, el beneficiario es ciudadano francés y profesor de yoga, y habría viajado a la frontera de Colombia con Venezuela para realizar un trámite migratorio el 26 de junio de 2025. 

Desde entonces su paradero es desconocido. La parte solicitante manifestó que no se han podido activar recursos judiciales, dado que sus familiares no están en Venezuela y las autoridades venezolanas exigirían la presencia física del familiar o allegado para la presentación de cualquier solicitud. 

En ese sentido, se agregó que no ha sido factible ejercer su defensa legal. Tampoco se le habría permitido tener acceso a asistencia consular. 

Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH.

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Lo que pide la CIDH

Tras analizar las alegaciones de hecho y derecho efectuadas por la parte solicitante, la Comisión consideró que, en la medida en que se continúe desconociendo el paradero del beneficiario, y ante el transcurso del tiempo, aumenta la posibilidad de la consumación de afectaciones a sus derechos. 

Sumado a ello, la Comisión identificó que los familiares y allegados no han podido activar mecanismos internos para localizarlo; y que el beneficiario no ha tenido acceso a asistencia consular. 

En ese marco, no se contó con información del Estado sobre acciones concretas para atender o mitigar su situación de riesgo. Bajo esas circunstancias, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:

Con información de prensa CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró este martes que tiene "plena competencia" respecto a Venezuela y pidió que le autorice una misión de aquí a finales de año, en particular para visitar la cárcel El Helicoide, en Caracas.

El Helicoide es una temida cárcel del servicio de inteligencia venezolano que organizaciones de derechos humanos califican como "centro de torturas".

La Comisión "solicitó anuencia para realizar una visita in loco en el último trimestre de 2025, a fin de observar de primera mano la situación de derechos humanos y, especialmente, las condiciones de las personas privadas de libertad en el Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I (Helicoide)" señaló un comunicado.

Venezuela intentó deslindarse en 2012 de la jurisdicción de la CIDH (con sede en San José), pero el máximo organismo judicial de la región rechazó la iniciativa.

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🚨 CIDH PIDE A VENEZUELA AUTORIZACIÓN PARA VISITAR EL HELICOIDELa Comisión solicitó visitar El Helicoide antes de que termine 2025, para constatar la situación de DD.HH. y las condiciones de los presos en el centro, calificado como “lugar de torturas” pic.twitter.com/SGKm8sBfRX

La Corte reiteró sus prerrogativas en una sentencia emitida en agosto.

La Comisión, que recibe denuncias de derechos humanos y emite recomendaciones y medidas cautelares, reafirma también "su plena competencia respecto de la República Bolivariana de Venezuela".

"En Venezuela, las instituciones encargadas de promover y proteger la democracia y los derechos humanos carecen de independencia. Operan como instrumentos de represión estatal para asegurar la permanencia de un régimen autoritario", destacó la Comisión en su comunicado.

La Comisión anunció, por otra parte, que otorga medidas cautelares de protección a favor de la venezolano-española Sofía María Sahagún Ortiz, detenida en octubre de 2024 y cuyo paradero es desconocido en los últimos meses.

"Su familia presume que el acto pudiese estar relacionado con el parentesco que guarda con una familiar del mismo apellido, quien habría sufrido persecución por su presunta vinculación con la líder opositora María Corina Machado", explicó el comunicado.

Con información de AFP

Un grupo de organizaciones internacionales, en representación de varias ONG venezolanas, denunciaron ante la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “la política de represión y persecución sistemática y sostenida contra personas defensoras de derechos humanos” en el país.

Las entidades emitieron un comunicado conjunto en el cual destacan que entre los mecanismos de represión destacan “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, anulación de pasaportes, criminalización, vigilancia digital, amenazas y campañas de estigmatización”.

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Este es el comunicado completo:

 Las organizaciones denunciamos una serie de patrones que evidencian una estrategia deliberada de castigo y disuasión contra quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos. Entre estos mecanismos se incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, anulación de pasaportes, criminalización, vigilancia digital, amenazas y campañas de estigmatización.

De acuerdo con la información recopilada, en la primera mitad del 2024 se registraron más de 592 ataques en contra de personas defensoras. Estos ataques se recrudecieron tras las elecciones. En 2025 la tendencia se mantuvo: una organización local documentó 236 ataques e incidentes de seguridad contra personas defensoras. 

Entre los hechos más graves se encuentran las desapariciones forzadas seguidas de detenciones arbitrarias, como ocurrió en el caso de Eduardo Torres, beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y quien aún se encuentra incomunicado y detenido en El Helicoide. La criminalización también se ha intensificado: fiscales imputan delitos como “terrorismo” o “traición a la patria” sin pruebas, mientras se niega sistemáticamente el acceso a una defensa adecuada y el contacto con familiares. 

También se han registrado múltiples casos de tortura y condiciones inhumanas de detención.

Uno de los mecanismos más alarmantes ha sido la anulación arbitraria de pasaportes, sin justificación ni notificación oficial, afectando incluso a familiares de las personas defensoras. Esta medida ha impedido su participación en espacios internacionales, y en algunos casos ha sido la antesala de detenciones o desapariciones.

Asimismo, denunciamos el uso de leyes restrictivas para cerrar el espacio cívico. La implementación de la Ley de Fiscalización de ONG, aprobada en agosto de 2024, establece sanciones desproporcionadas, requisitos onerosos e imposibles de cumplir, a la vez que generado un ambiente de hostilidad y vigilancia contra organizaciones que defienden derechos humanos.

 Esta legislación ha llevado a la suspensión de actividades, cierre de organizaciones y ha sido utilizada como instrumento de intimidación. Otras normas como la Ley Contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y recientes proyectos de ley contra el fascismo y la cooperación internacional refuerzan este entramado legal de persecución. 

Por otro lado, es importante resaltar la instrumentalización del sistema bancario a través de la normativa antilavado para exigir información sensible a las ONG y dificultar su funcionamiento financiero.

El informe de la CIDH “sobre graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral” publicado a inicios de 2025, ha sido una valiosa herramienta ante la crisis que enfrenta la defensa de derechos humanos en Venezuela. 

Sin embargo, frente a la persistencia de este escenario alarmante, las organizaciones peticionarias solicitamos a la CIDH fortalecer el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), articulando su labor con las relatorías y otros mecanismos regionales e internacionales; reportar de manera regular la situación venezolana ante los órganos políticos de la OEA; y fortalecer el sistema de medidas cautelares, incluyendo llamados expresos a liberar a personas defensoras detenidas arbitrariamente.

Venezuela atraviesa una de las crisis más prolongadas y profundas de la región. Sin embargo, las personas defensoras continúan su compromiso con los derechos humanos, documentando y acompañando a víctimas y denunciando violaciones. 

En este contexto, su labor es esencial para preservar la memoria, la verdad y sentar las bases de la rendición de cuentas futura. Su protección y acompañamiento requiere un compromiso firme, sostenido y diferenciado por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional.

Firman:

Amnistía InternacionalCentro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)Fundación para el Debido Proceso (DPLF)Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)Robert F. Kennedy Human Rights Center (RFKHR)

La ONG, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció la desaparición del abogado Eduardo Torres, integrante de su equipo de exigibilidad jurídica.

Según la organización, Torres fue visto por última vez el viernes 9 de mayo a las 4.00 pm. en Parque Central, en el centro de Caracas, luego de asistir a una reunión.

El activista tiene una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A pesar de los esfuerzos de su familia y abogados, quienes han recorrido diversos centros de detención, como la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, pero no han encontrado información sobre su paradero.

Tampoco obtuvieron respuestas en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, la Dirección de Investigaciones Penales de la Polícia Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez y Boleíta, ni en la denominada “Zona 7” o División Contra la Delincuencia Organizada en Petare.

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte a la comunidad internacional sobre el grave y progresivo deterioro del ecosistema mediático en Venezuela.

En un comunicado, la instancia advierte sobre «el creciente clima de temor y autocensura entre periodistas y la ciudadanía que busca ejercer su derecho a la libertad de expresión».

La Oficina urge al Estado venezolano a respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión y de prensa, de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En 2025, la Relatoría Especial ha mantenido el monitoreo continuo de la situación de la libertad de expresión y de prensa en Venezuela.

Durante los primeros meses del año, en coordinación con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) de la CIDH, la Oficina ha recabado testimonios de periodistas, trabajadores de la prensa y organizaciones de la sociedad civil venezolanas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión en el país.

En particular, la Relatoría manifiesta su preocupación por la persistencia de detenciones arbitrarias contra periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela.

Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, al menos 12 comunicadores permanecen privados de libertad, seis de ellos detenidos en lo que va de 2025, presuntamente en represalia por el ejercicio de su labor informativa.

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