El representante de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Samuel Moncada, ratificó “los derechos irrenunciables de Venezuela” sobre el Esequibo, en la audiencia que se lleva a cabo en La Haya.

 Moncada declaró ante la CIJ que “los derechos históricos de Venezuela son irrenunciables y Venezuela está decidida a defenderlos en paz”.

 Desestimó los argumentos presentados por Guyana acerca de una presunta amenaza a su territorio soberano. Afirmó que esa es una “interpretación errónea flagrante, y una presentación deliberadamente engañosa de los hechos y el derecho”.

Indicó que el Acuerdo de Ginebra fue deliberadamente ignorado por Guyana en la audiencia del lunes.

Moncada enfatizó que “Venezuela seguirá actuando de buena fe para lograr un acuerdo beneficioso para ambos”.

Igualmente, dijo que la delegación venezolana desea “mandar un mensaje: por generaciones nuestro pueblo ha hecho enormes sacrificios para defender su independencia. Venimos a cumplir el mandato con serenidad, respeto y firmeza; lo hacemos con la confianza que nos brinda el conocimiento de nuestra historia”.

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“Venimos a La Haya con el mismo espíritu con que celebramos el Acuerdo de Ginebra, instrumento que nos permitirá llegar a la solución satisfactoria”, remarcó. 

El diplomático aseguró que “lograremos los objetivos sin imposiciones que afecten nuestra soberanía, para nosotros y nuestros vecinos no existe una opción distinta a un futuro de paz”.

Reiteró que el Laudo Arbitral de París de 1899 es írrito y que fue parte de la «diplomacia de las cañoneras» donde los imperios de entonces, el británico y estadounidense, buscaron perjudicar a Venezuela con el despojo del Esequibo.

Por ello, Samuel Moncada reafirmó la postura venezolana de que la CIJ no tiene poder para decidir el caso. 

“Nuestra experiencia histórica nos ha enseñado que la delegación de asuntos vitales de la República a instancias jurisdiccionales internacionales ha sido perniciosa para nuestra soberanía e integridad territorial (…) Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral”, añadió.

El canciller Yván Gil ratificó este lunes que Venezuela acude a la Corte Internacional de Justicia para ratificar que es ilegal el reclamo que Guyana está haciendo ante esa instancia.

Gil enfatizó que Venezuela posee derechos históricos sobre el territorio Esequibo.

“Venezuela se presenta ante la audiencia convocada unilateralmente por Guyana en la Corte Internacional de Justicia para defender en este ámbito, y en todos los que sean necesarios, los derechos históricos de nuestra nación sobre el territorio de la Guayana Esequiba”, dijo Gil, en un video publicado en sus redes sociales, durante la audiencia que se lleva a cabo en la CIJ.

Asimismo, explicó que la delegación venezolana acudió a la CIJ para defender que el recurso intentado por Guyana es contrario al Acuerdo de Ginebra.

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“Estamos aquí para reafirmar la ilegalidad de este recurso, ya que contraviene el Acuerdo de Ginebra, el único instrumento jurídico y acuerdo vigente entre Venezuela y Guyana para alcanzar una solución consensuada a la disputa territorial”, expresó.

Finalmente, el canciller aseveró que “el Gobierno Bolivariano reitera su compromiso absoluto y exclusivo con el Acuerdo de Ginebra y con el mandato del pueblo venezolano expresado en el referendo de 2023”.

Guyana ha solicitado a los jueces de la Corte Internacional de Justicia que dictaminen que Venezuela no posee un reclamo legítimo sobre la región potencialmente rica en petróleo que rodea el río Esequibo, la cual ha sido objeto de una disputa entre estos vecinos latinoamericanos desde la época colonial.

 «Enfrentar las pretensiones de un vecino más grande y poderoso sobre nuestro territorio no solo ha amenazado nuestra paz y seguridad, sino que también ha frenado nuestro desarrollo», declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Hugh Hilton Todd, ante los jueces al inicio de las audiencias de una semana de duración en la CIJ, también conocida como la Corte Mundial.

Lo que está en disputa es un territorio fronterizo de 160.000 kilómetros cuadrados (62.000 millas cuadradas) alrededor del río Esequibo —compuesto mayormente por selva—, así como un área marítima donde se han realizado descubrimientos masivos de petróleo y gas.Todd afirmó que el reclamo «ilegal» de Venezuela abarca más del 70% del territorio de Guyana, reseña la agencia Reuters.

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En 2018, Guyana llevó el caso ante la CIJ —el máximo tribunal de las Naciones Unidas, encargado de dirimir disputas entre Estados— y solicitó que confirmara la frontera establecida en un laudo arbitral de 1899 entre Venezuela y la entonces colonia de la Guayana Británica, según el cual dicho territorio pertenece a Guyana.

En un referéndum celebrado en 2023, los votantes venezolanos rechazaron la jurisdicción de la CIJ sobre la disputa territorial con Guyana y respaldaron la creación de un nuevo estado en la región del Esequibo, el cual Venezuela estableció un año después.

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa por parte de las fuerzas estadounidenses en enero, Venezuela está siendo gobernada por un gobierno interino. Venezuela tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos este miércoles.

Faltan varios meses para que se emita un fallo definitivo en este caso. Las sentencias de la CIJ son vinculantes e inapelables; no obstante, el tribunal carece de medios propios para hacerlas cumplir, dependiendo para ello del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Con información de Reuters.

Venezuela informó este sábado que participará en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el próximo 4 de mayo, sobre la disputa territorial con Guyana por la región del Esequibo, pero subrayó que solo será para «mostrar ante el mundo la verdad» y ratificó que no reconocerá la jurisdicción de este organismo ni sus decisiones.

«Venezuela acude a estas audiencias solo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba», afirmó el Gobierno en un comunicado publicado en Telegram por el canciller, Yván Gil.

 El Gobierno encargado de Delcy Rodríguez reiteró que su asistencia a estas audiencias «no implica, en modo alguno, su consentimiento ni el reconocimiento a dicha jurisdicción» y cuestionó el proceso al afirmar que fue «incoado unilateralmente» por Guyana, que administra el Esequibo y también lo considera suyo.

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Asimismo, indicó que la «única solución posible» para la controversia territorial se encuentra en el Acuerdo de Ginebra de 1966, el instrumento jurídico que Venezuela considera válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable.

«Este tratado internacional es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe, con el objeto de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes», señaló el Gobierno, al tiempo que añadió que «jamás» renunciará al territorio que, a su juicio, le pertenece.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados -rico en minerales y yacimientos-, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Décadas después, Venezuela declaró nulo este fallo y firmó con Reino Unido el Acuerdo de Ginebra.

Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018, buscando la confirmación de la validez legal del Laudo Arbitral de 1899, que establece la frontera entre ambos países y que fue declarado nulo por Venezuela en 1962.

Si bien Guyana sostiene que el proceso judicial es la única vía legítima para resolver la controversia, Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad del tribunal. 

Con información de Efe

El Gobierno de Venezuela criticó este martes al mandatario de Guyana, Irfaan Ali, por quejarse de un broche usado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el que se representa dentro del territorio venezolano al Esequibo, una región que disputan ambos países, rica en minerales y yacimientos.

«El presidente de Guyana anda con un escándalo porque yo uso siempre el pin con el mapa de Venezuela, con el único mapa que he conocido en mi vida -y que incluye la región en disputa-«, dijo la propia mandataria encargada durante un acto en el estado Carabobo, con motivo a la peregrinación nacional que convocó por 13 días para pedir el cese de las sanciones contra Venezuela.

«Ahora les molesta hasta cómo uno se viste», continuó Rodríguez, quien recordó que el próximo 4 de mayo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) iniciará las audiencias por la disputa del territorio y confirmó que su Gobierno estará allí para exigir «respeto».

«Pronto estaremos en la Corte Internacional de Justicia, en los próximos días, para ratificar nuestra postura histórica, que es la legalidad internacional, el respeto al Acuerdo de Ginebra de 1966», dijo.

Más temprano, el canciller de Venezuela, Yván Gil, también criticó en X la postura de Guyana con respecto al broche de Rodríguez.

«La prenda que hoy le obsesiona no es más que la expresión de una verdad histórica», dijo Gil sobre el Esequibo, la región de unos 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela considera parte de su territorio, aunque es administrada por Guyana, que también asegura que es suya.

Este martes, Ali se quejó formalmente ante la Comunidad del Caribe (Caricom) y pidió el respeto a su soberanía, tras el escándalo desatado por el broche usado por Rodríguez en sus visitas este mes a Barbados y Granada.

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En una carta dirigida al presidente de turno de Caricom, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrence Drew, el mandatario guyanés lamentó que los recientes encuentros bilaterales entre Venezuela y otros Estados miembros de la organización caribeña «hayan estado acompañados por la ostentación de símbolos que reafirman la reivindicación venezolana sobre el territorio de Guyana».

Ali insistió en que el broche «no es meramente una cuestión de simbolismo», sino que se trata de «una afirmación calculada y provocadora de una reclamación que Guyana ha rechazado de forma consistente y legal».

Sobre esto, Gil afirmó que Ali pretende «evadir su responsabilidad» alegando una «ofensa simbólica», lo que a su juicio es «una maniobra errática que no cambia la realidad» de que «Venezuela es una sola, y su historia y soberanía territorial no se borra ni con cartas, ni con poses, ni con shows improvisados».

Con información de Efe

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó este miércoles que Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población de Gaza y no debe utilizar el hambre como un "método de guerra".

La ONU solicitó al tribunal con sede en La Haya que aclarara las obligaciones de Israel, como potencia ocupante, ante la organización y otros organismos.

Esta opinión emitida por el tribunal no es jurídicamente vinculante, pero la corte considera que tiene "gran peso jurídico y autoridad moral".

"Como potencia ocupante, Israel está obligado a garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia", declaró el presidente del tribunal, Yuji Iwasawa.

El magistrado de la CIJ también afirmó que Israel "no ha fundamentado sus acusaciones de que una parte significativa de los empleados de la UNRWA son miembros de Hamás (...) o de otras facciones terroristas".

Israel prohibió a la UNRWA operar en territorio israelí tras acusar a algunos de sus empleados de haber participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza.

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"La Corte considera que Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda proporcionados por las Naciones Unidas y sus entidades, incluida la UNRWA", afirmó Iwasawa.

En ese sentido, el tribunal recordó que Israel además tiene la obligación de "no utilizar el hambre de la población civil como método de guerra".

Israel no participó en las audiencias. Su ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, las había calificado como "parte de una persecución sistemática y deslegitimación de Israel".

El portavoz de la cancillería israelí, Oren Marmorstein, rechazó este miércoles categóricamente la opinión de la corte.

El vocero indicó en X que la opinión consultiva era "totalmente previsible desde el principio en lo que respecta a la UNRWA" y afirmó que se trata de otro intento más de "imponer medidas políticas contra Israel usando el pretexto del 'derecho internacional'".

Con información de AFP

El secretario General del PSUV, Diosdado Cabello, insistió este lunes en que "la Guayana Esequiba es de Venezuela, eso no está en discusión", en referencia al inicio de operaciones del buque de producción, almacenamiento y descarga "One Guyana", de la empresa estadounidense ExxonMobil.

En la rueda de prensa del partido, Cabello afirmó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) "puede sacar las sentencias que quiera, eso no es vinculante con nosotros" y reiteró que "todo lo que esté al oeste del río Esquibo le pertenece a Venezuela".

Aprovechó para mencionar  que Guyana  celebrará elecciones en las que el actual presidente Irfaan Alí  aspira a la reelección. "Él no es presidente, es empleado, lo tienen ahí ejerciendo. Qué ellos decidan lo que tengan que decidir y nosotros en el territorio venezolano decidimos lo que tengamos que decidir", comentó.

Incremento de votos del GPP

 Por otro lado, Cabello aseguró que tanto el partido y en general las fuerzas  del chavismo  "han tenido un incremento de más de un millón de votos".  

Aclaró que esta cifra es en comparación entre las elecciones del 2024-2025 y las del 2020-2021.

Adelantó que para debatir en torno a esta realidad se abrirán procesos de discusión de proyectos comunales, junto con los sectores sociales, con el objetivo "continuar la construcción del Poder Popular".

Cabello Rondón agregó, en ese sentido, que se celebrará una plenaria "con el objetivo de evaluar, revisar y corregir en relación con el cumplimiento de las tareas trazadas".

“El 11 y 12 de septiembre se realizará una plenaria del Congreso del PSUV, nuestro partido es como una escuela, pues ganamos 285 alcaldías y nos reunimos para revisar, para ver, para corregir lo que tengamos que corregir”, expresó.

Recordó que la plenaria anterior, que se celebró en febrero de 2025 en La Carlota, el PSUV se trazó unas tareas, entre las que estaba la elección de candidatos y la consolidación de una victoria electoral.

Seguridad de la nación

Otro de los grandes temas del congreso es la seguridad de la nación, ante las amenazas contra Venezuela.

"Convocamos a los delegados y delegadas del Congreso del Partido a una reunión donde vamos a llevar propuestas de distinta índole en el tema de la defensa integral siempre presente en las reuniones; unas veces con más intensidad que otras con menos intensidad. Los delegados del PSUV llevarán propuestas a la plenaria", declaró Cabello.

Frente a la amenaza de EE. UU., Cabello destacó que "el imperialismo aseguraba, en el pasado, que no hacía falta el Ejército de los Estados porque si alguien se metía con ellos venían a proteger"

"¡Nosotros somos soberanos independientes y eso nos obliga a garantizar la paz interna!", subrayó. 

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Puertas abiertas a las inversiones

Cabello también  reiteró que las puertas de Venezuela  están abiertas para quienes quieran venir a invertir.

"Los venezolanos tenemos nuestro petróleo, tenemos nuestras riquezas y vamos, poco a poco, buscando nuevos socios, nuevas inversiones", dijo.

Asimismo, aseveró que los venezolanos no están esperando nada de nadie, "sino de nosotros mismos".

"Nuestro Pueblo le está dando un ejemplo al mundo. Nosotros no dependemos de Estados Unidos. Venezuela está logrando un crecimiento consecutivo, ya van 17 trimestres y eso no tiene nada que ver con Estados Unidos, tiene que ver con el Gobierno y con el Pueblo de Venezuela'" afirmó.

Recordó que desde el 2015 el gobierno de EE.UU. "declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, y ha utilizado esa narrativa para imponer más de 900 violaciones al derecho internacional por la vía de sanciones al pueblo venezolano".

"Nosotros no amenazamos a nadie, no constituimos amenaza para nadie, no hay ningún elemento en ninguna parte del mundo que demuestre eso", indicó.

Ante la guerra entre Irán e Israel, el presidente Nicolás Maduro asegura que hay dos culpables: la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.

«Ambas son culpables de esta guerra entre Irán e Israel, porque han sido cómplices del genocidio del pueblo palestino en Gaza». dijo el mandatario en VTV.

«Si hubiese justicia por parte de ambos organismos, nos hubiésemos ahorrado bombardeos y esta guerra; si no se dedicaran a obedecer los mandatos de Washington, Londres, París y Bruselas, otro gallo cantaría y con justicia hubiera paz; solo la justicia y el derecho internacional nos llevarán a la paz», aseveró el mandatario.

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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirmó este jueves 1 de mayo por unanimidad sus medidas provisionales otorgadas en diciembre de 2023 y ordenó al Gobierno nacional a abstenerse de celebrar o preparar elecciones en el Esequibo.

“Una vez más, la postura de Guyana ha prevalecido. Una vez más, se ha demostrado que la postura de Guyana se ajusta al derecho internacional. El Gobierno de Guyana celebra esta decisión”, declaró Irfaan Ali, presidente guyanés, en su cuenta de Facebook.

La Corte indicó en su texto, publicado en Facebook por Ali, que esas medidas provisionales deben ser implementadas de forma “inmediata y efectiva”.

“En espera de una decisión definitiva sobre el caso, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de celebrar elecciones o preparar elecciones en el territorio en disputa, que la República Cooperativa de Guyana administra actualmente y sobre el cual ejerce control”, subrayó.

El gobierno de Nicolás Maduro anunció su intención de celebrar el próximo 25 de mayo elecciones en el Esequibo e inicio el pasado martes la campaña para las elecciones regionales y parlamentarias del próximo 25 de mayo.

Todo ello, pese a que el 1 de diciembre de 2023, la CIJ ordenó al Gobierno abstenerse de tomar cualquier acción que modifique la situación actual en el territorio en disputa.

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En marzo pasado, Guyana solicitó nuevamente a la CIJ medidas provisionales para impedir que Venezuela celebre elecciones en el territorio disputado, argumentando que tales acciones violarían la orden de 2023 y alterarían el statu quo.

La disputa por el Esequibo se intensificó tras el descubrimiento de yacimientos petroleros en la región. Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018, buscando una resolución legal al conflicto, pero el Gobierno nacional cuestiona la jurisdicción de la Corte.

En diciembre de 2023, en el país se realizó un referéndum en el que consultó a su población sobre la creación de un nuevo estado en el Esequibo y la concesión de ciudadanía venezolana a sus habitantes.

?️ PIDEN ABSTENERSE DE CELEBRAR ELECCIONES EN EL ESEQUIBOCIJ ordenó a Venezuela abstenerse de celebrar elecciones en el Esequibo, en disputa con Guyana. El presidente guyanés, Irfaan Ali, celebró la decisión y asegura que su postura se "ajusta al derecho internacional" pic.twitter.com/qTbRm2niu6

Con información de Efe

Venezuela, a través del representante permanente en la ONU, Samuel Moncada, participó en una reunión con en la sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, para tratar el tema de la controversia con Guyana y el territorio Esequibo.

«Estamos en la Corte Internacional de Justicia por instrucciones del presidente Nicolás Maduro y de nuestro pueblo. Vinimos a defender nuestra Guayana Esequiba. Lo haremos siempre donde sea posible y necesario», expresó en trasmisión por VTV.

«Venezuela ha ejercido y continuará ejerciendo la verdad histórica en todos los espacios, es el Acuerdo de Ginebra el que debe ser cumplido por las partes», dijo Moncada al leer un comunicado desde esa ciudad.

Destacó que «Venezuela ratificó el compromiso de defender la territorialidad de la Guayana Esequiba y llama a Guyana a la mesa de negociación para llegar a un acuerdo aceptable y satisfactorio para ambas partes».

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«Venimos a defender la territorialidad de Venezuela, es nuestro deber», ratificó.

Asimismo, insistió en que «Venezuela no reconoce la jurisdicción de la corte ante la controversia, por lo tanto, su asistencia no implica el reconocimiento de Venezuela ni a dicha jurisdicción. El pueblo dio un claro mandato sobre el territorio de la Guayana Esequiba», remarcó.

Hace algunos meses, la CIJ instó a Venezuela y Guyana a resolver sus diferencias en medio del diálogo.

Mientras que en Venezuela, en diciembre del 2023 se hizo un referendo en el cual se aprobó, entre otras cosas, crear el estado Guayana Esequiba.

#11Jun ?? "VINIMOS A DEFENDER NUESTRA GUYANA"El embajador venezolano, Samuel Moncada, asistió a una reunión con la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para tratar el tema de la controversia territorial de la Guayana Esequiba ?: Cortesía pic.twitter.com/fODtAXzPHI

#EnVideo?| Representante Permanente de Venezuela ante la ONU, @SMoncada_VEN ratificó, a través de un comunicado, que el Acuerdo de Ginebra es el único marco normativo ante la controversia territorial por el Esequibo.#NicoLeEchaPichón pic.twitter.com/wdnkZ1FdNK

Arabia Saudí, Jordania, Egipto y otros países árabes celebraron este viernes la decisión «sin precedentes» de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que exige a Israel que detenga inmediatamente su ataque militar contra Rafah, y piden extenderla a todos los territorios palestinos ocupados.

El ministerio de Exteriores de Arabia Saudí consideró esta decisión como «un paso positivo hacia el derecho moral y jurídico del pueblo palestino», al tiempo que pidió extender estas resoluciones internacionales a todos los territorios palestinos «para detener todas las formas de agresión» contra ellos.

El portavoz oficial del ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania, Sufyan al Qudah, subrayó en un comunicado la necesidad de implementar esta decisión, que «representa la voluntad internacional que pide el fin de esta guerra», la cual «ha superado todos los límites, las normas del derecho internacional y humanitario y los valores humanitarios y morales».

También advirtió a los jueces de que Israel continuaría «cometiendo crímenes» contra Gaza, por lo que insistió en facilitar la entrada de ayuda humanitaria de manera «suficiente y sostenible» a todas partes del enclave palestino, garantizar que el cruce de Rafah (entre Egipto y Gaza) permanezca abierto y aplicar medidas efectivas para que distintos comités puedan investigar crímenes de genocidio sin obstáculos, reseñó EFE.

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Por otro lado, Egipto exigió a Israel «implementar todas las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia, que se consideran jurídicamente vinculantes y exigibles», entre las que se encuentran el cese inmediato de las operaciones militares israelíes y cualquier otra acción en la ciudad palestina de Rafah, pero también en el resto de la Franja.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, también mostró su satisfacción por la decisión de la CIJ, que consideró como una muestra del «consenso internacional» para detener la guerra y una prueba de la convicción de los jueces de que «Israel no ha tomado ninguna medida que responda a las condiciones fijadas en marzo» para evitar daños contra la población civil en Gaza.

Además, subrayó que «el fracaso de Israel en cumplir con la decisión significa un mayor incumplimiento de sus obligaciones respecto de la Convención sobre Genocidio».

El Consejo de Cooperación del Golfo (GCC, en inglés), compuesto por Baréin, Catar, Kuwait, Omán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, también acogió con «satisfacción» la decisión de la CIJ, sobre la que aseguraron que «refleja el compromiso de la comunidad internacional con el derecho y la justicia internacionales y mejora la protección de los derechos del pueblo palestino».

Con información de EFE

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó este viernes a Israel detener su ofensiva en Rafah, en el sur de Gaza, un fallo histórico que probablemente acreciente la presión internacional sobre Israel después de más de siete meses de guerra en el territorio palestino.

Israel debe «detener de inmediato su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que imponga a los palestinos de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física, total o parcial», afirma el fallo de la Corte.

La corte, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, también ordenó a Israel mantener abierto el cruce de Rafah para que los gazatíes puedan recibir ayuda humanitaria «sin restricciones».

El tribunal de la ONU pidió además la «liberación inmediata e incondicional» de los rehenes secuestrados por el grupo islamista palestino Hamás en el ataque del 7 de octubre en suelo israelí y retenidos desde entonces en Gaza.

Las decisiones de la CIJ son jurídicamente vinculantes, pero el organismo no dispone de ningún medio para implementarlas.

Hamás elogió el fallo de la corte, pero estimó que Israel debería cesar su ofensiva en toda Gaza y no solo en Rafah.

Esta misma semana, el fiscal de otro tribunal supranacional, la Corte Penal Internacional (CPI), pidió que se emitan órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa y tres dirigentes de Hamás.

El fiscal Karim Khan considera que los dirigentes de ambos bandos podrían ser responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza y en Israel.

La CIJ se pronunció este viernes en base a un pedido de Sudáfrica, que sostiene que la operación israelí en Gaza constituye un «genocidio».

Israel afirmó ante la corte que un cese al fuego impuesto permitiría un reagrupamiento de los combatientes de Hamás e imposibilitaría la liberación de los rehenes.

En enero, también tras una denuncia de Sudáfrica, este tribunal ordenó a Israel que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para evitar actos de genocidio y permitiera la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, pero sin exigir un alto el fuego como demandaba Pretoria.

Sudáfrica consideró que la evolución de la situación, especialmente por la incursión de tropas israelíes en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, exigía una nueva intervención del tribunal, reseña la AFP.

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En la audiencia en la CIJ la semana pasada, el representante sudafricano declaró que «el genocidio de Israel ha continuado y alcanzó una nueva y horrenda fase» y acusó al Estado hebreo de torturas, bloqueo de la ayuda humanitaria y de enterrar a personas en fosas comunes.

Israel respondió que la acusación sudafricana estaba «totalmente desconectada» de la realidad y la definió como una «caricatura» de la Convención de la ONU sobre el Genocidio.

Antes de una previsible invasión de Rafah, el ejército israelí ordenó evacuaciones masivas de esa localidad, a fin de eliminar a los que considera los últimos batallones de Hamás, destruir su red de túneles y rescatar a los rehenes.

Según la ONU, estas evacuaciones desplazaron a 800.000 personas, en tanto que que un millón de gazatíes, de los 2,4 millones que viven en la Franja, se enfrentan a «niveles de hambre catastróficos».

Sudáfrica pide a la CIJ medidas urgentes mientras sus jueces estudian el fondo del asunto, es decir, la acusación de que Israel estaría vulnerando la Convención sobre el Genocidio de 1948.

La guerra entre Israel y Hamás estalló con el ataque del movimiento islamista del 7 de octubre, que mató a más de 1.170 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales israelíes.

Los milicianos de Hamás también secuestraron a 252 personas, de las que 121 siguen en Gaza. El ejército israelí estima que 37 de ellas han muerto.

La ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza ha dejado hasta el momento 35.800 muertos, principalmente civiles, según datos del Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamás.

Mientras que, por otro lado, el máximo tribunal de la ONU pidió la «liberación inmediata e incondicional» de los rehenes secuestrados por el grupo islamista palestino Hamás, en el ataque del 7 de octubre en suelo israelí y retenidos desde entonces en Gaza.

La CIJ «estima que es profundamente inquietante que algunos de estos rehenes sigan cautivos en Gaza y reitera su llamado a favor de su liberación inmediata y condicional», indicó el tribunal en una audiencia en La Haya.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), la más alta instancia judicial del sistema de la ONU, desestimó este jueves el pedido presentado por México de medidas provisorias urgentes contra Ecuador por la invasión de su embajada en Quito.

«La Corte considera en forma unánime que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante la Corte, no son tales que requieran el ejercicio de su facultad (…) de indicar medidas» provisorias, leyó el presidente del tribunal, el juez Nawaf Salam.

México pidió ante el tribunal con sede en La Haya que se exija con urgencia a Ecuador la protección de los archivos de la embajada invadida, y que permita el desalojo de la sede diplomática y de las residencias privadas de su personal.

Igualmente, pidió que Ecuador se abstenga de cualquier acto que pueda afectar la implementación de las órdenes de la CIJ y de toda «conducta que agrave y amplíe la disputa» entre los dos países.

Los jueces, sin embargo, consideraron que Ecuador ofreció a la Corte garantías por escrito sobre la protección a los archivos y su acuerdo para que personal mexicano desocupe las instalaciones que utilizaba en la capital ecuatoriana.

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Así, la CIJ consideró que esas garantías «son vinculantes y crean obligaciones jurídicas para el demandado» [Ecuador].

Por ello, la CIJ «considera que actualmente no existe urgencia, en el sentido de que no existe un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a los derechos reclamados por el solicitante» [México].

No obstante, el fallo leído por el juez Salam enfatizó «la importancia fundamental del principio consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas».

De acuerdo con la CIJ, «no existe un requisito previo más fundamental para el desarrollo de las relaciones entre Estados que la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y de las embajadas».

En el próximo paso, los jueces de la CIJ analizarán el mérito de la cuestión, en que México acusa a Ecuador de «violar la legislación internacional».

México también demandó a la CIJ la suspensión de Ecuador de la ONU hasta que presente disculpas por lo ocurrido.

Los representantes de los dos países expresaron satisfacción con la postura del tribunal.

«El gobierno de México se siente muy satisfecho por la orden emitida por la CIJ (…), porque reconoce (…) que la inviabilidad de una misión diplomática es absoluta», dijo al retirarse el agente principal de México, el jurista Alejandro Celorio.

Para Celorio, el hecho de que la CIJ haya considerado vinculantes las garantías ecuatorianas hace que ese país tenga el «compromiso» de proteger las instalaciones diplomáticas mexicanas.

Por su parte, el agente de Ecuador, Andrés Terán Parral, señaló que su país «se mantiene en estas garantías [ofrecidas al tribunal] y da la bienvenida a esta decisión de la CIJ».

En un comunicado divulgado en Quito, la cancillería ecuatoriana señaló que la decisión de la CIJ «confirma el carácter innecesario de la solicitud» presentada por México.

El 5 de abril fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la representación diplomática de México y detuvieron al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, que estaba asilado.

Al día siguiente, México anunció la ruptura de sus relaciones con Ecuador y la retirada de todo su personal diplomático de ese país.

Los dos países presentaron sus alegatos orales ante la CIJ el 30 de abril y el 1 de mayo.

El detonante de la crisis se gestó a fines de 2023 cuando Glas -vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa-, acusado de malversación de fondos y condenado en un proceso en separado, se refugió en la embajada de México, alegando persecución política.

Luego de un dramático agravamiento de las tensiones, México -un país con una larga tradición de concesión de refugio político- otorgó a Glas la condición de asilado. Pocas horas más tarde, la embajada fue invadida por agentes armados.

Imágenes de video ampliamente divulgadas mostraron a agentes ecuatorianos retirando a rastras a Glas de la misión diplomática.

Ecuador presentó ante la CIJ una demanda contra México por alegado «abuso» de las prerrogativas diplomáticas para proteger a Glas.

Israel aseguró este viernes ante la Corte Internacional de Justicia que las acusaciones de Sudáfrica, que afirma que la operación militar israelí en Rafah ha intensificado su supuesta campaña de «genocidio» en la Franja de Gaza, están «desconectadas» de la realidad.

«Por cuarta vez, Sudáfrica presenta al tribunal una imagen que está totalmente desconectada de los hechos y las circunstancias», declaró ante la CIJ en La Haya el abogado Gilad Noam, que representa al Estado de Israel.

«Está en marcha una guerra trágica, pero no hay genocidio», aseguró.

Sudáfrica recurrió al máximo tribunal de la ONU para que ordene detener el asalto contra la localidad gazatí de Rafah, considerada por Israel como el bastión de los últimos batallones del movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna ese territorio desde 2007.

Israel ha subrayado previamente su «inquebrantable» compromiso con el derecho internacional y ha asegurado que las acusaciones sudafricanas son «completamente infundadas» y «moralmente repugnantes».

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó la ofensiva de Rafah a pesar de la oposición de Estados Unidos, su principal aliado, que teme las consecuencias para más de un millón de desplazados palestinos refugiados en esa ciudad fronteriza del sur de la Franja.

Netanyahu defendió el miércoles la necesidad de acometer esta operación y afirmó que medio millón de civiles ya huyeron de Rafah, lo que evitaría una «catástrofe humanitaria».

Su ministro de Defensa, Yoav Gallant, aseguró el jueves que «entrarán más tropas» a Rafah y que «la actividad [militar] se va a intensificar».

En paralelo, en el tribunal con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, los jueces escucharon el jueves la larga lista de acusaciones de Sudáfrica contra Israel, desde fosas comunes y torturas a la retención debilerada de ayuda humanitaria.

«Sudáfrica esperaba, la última vez que compareció ante este tribunal, que se frenara este proceso genocida para preservar a Palestina y a su pueblo», declaró Vusimuzi Madonsela, embajador sudafricano en Países Bajos.

«En lugar de ello, el genocidio de Israel ha continuado y alcanzó una nueva y horrenda fase», añadió Madonsela.

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En enero, también en un caso presentado por Sudáfrica, la CIJ ordenó a Israel hacer todo lo posible para evitar actos de genocidio y permitir el acceso de ayuda humanitaria a Gaza.

Pero entonces no reclamó un alto el fuego como exigía Sudáfrica, que entiende que la situación en el terreno y la operación contra Rafah requiere que la CIJ vaya ahora más allá.

La campaña contra Rafah es «el último paso en la destrucción de Gaza y de su pueblo palestino», argumentó Vaughan Lowe, otro abogado de la delegación sudafricana.

«Fue Rafah la que trajo a Sudáfrica al tribunal. Pero son todos los palestinos, como grupo nacional, étnico y racial, los que necesitan la protección ante el genocidio que el tribunal puede ordenar», agregó.

Las decisiones de la CIJ son legalmente vinculantes pero no dispone de medios para aplicarlas. Por ejemplo, la jurisdicción exigió en vano a Rusia detener su invasión de Ucrania.

Sudáfrica reclama al tribunal que emita tres órdenes de emergencia mientras sus jueces analizan en profundidad la acusación de que Israel estaría vulnerando la Convención de la ONU sobre el Genocidio de 1948.

Las medidas que pide a Israel son detener «inmediatamente» todas las operaciones militares en Gaza, permitir el acceso de ayuda humanitaria e informar al tribunal de sus progresos en el cumplimiento de estas órdenes.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció el martes que celebrará esta semana audiencias sobre la ofensiva israelí en Rafah, a petición de Sudáfrica, que pide a Israel que retire sus tropas de esta ciudad de la Franja de Gaza.

La máxima jurisdicción de la ONU escuchará a los abogados de Sudáfrica el jueves y la respuesta de Israel al día siguiente, según un comunicado. 

Sudáfrica pide a la CIJ que exija a Israel la garantía de que se «retirará inmediatamente y cesará su ofensiva militar» en Rafah y «tomará inmediatamente todas las medidas eficaces para garantizar y facilitar el acceso sin trabas a Gaza» de la asistencia humanitaria, según la petición publicada la semana pasada.

Pretoria recurrió a los tribunales a finales de diciembre, acusando a Israel de perpetrar un «genocidio» en Gaza, una imputación que Israel desmiente.

En enero, la CIJ exhortó a Israel a evitar todo acto de genocidio y a permitir el acceso de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. 

La guerra entre Israel y Hamás estalló el 7 de octubre cuando comandos islamistas infiltrados desde Gaza perpetraron un ataque sin precedentes en el sur de Israel, que dejó más de 1.170 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de AFP establecido con base en datos oficiales israelíes.

Además, más de 250 personas fueron secuestradas. 

En las últimas 24 horas, al menos 82 palestinos murieron en la Franja de Gaza, que eleva a 35.173 el número de muertos, en su mayoría civiles, en el territorio palestino en más de siete meses de guerra, indicó el ministerio de Salud de Hamás, en el poder en Gaza desde 2007.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está «horrorizado» por la creciente actividad militar de Israel en Rafah y sus alrededores, dijo un portavoz el martes, en momentos en que los enfrentamientos han sacudido la densamente poblada ciudad palestina en el sur de Gaza.

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«Estos acontecimientos están impidiendo aún más el acceso humanitario y empeorando una situación que ya de por sí es terrible», afirmó Farhan Haq, quien criticó también al grupo palestino Hamás por «disparar cohetes indiscriminadamente» hacia territorio israelí.

Con información de AFP

La vicepresidenta Delcy Rodríguez entregó este lunes, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la documentación que prueba los derechos que tiene Venezuela sobre el territorio Esequibo y alertó que Guyana se ha aliado con otras potencias para «robar nuestras riquezas», pero también para agredir al país.

En trasmisión con VTV, Rodríguez dijo: «Hemos venido acompañados de nuestra gente. Hemos entregado un documento histórico con la verdad de Venezuela que es un país reconocido por cumplir los acuerdos internacionales. Hemos alertado cómo Guyana de manera insólita quiere validar un crimen, algo ilegal para esta corte. Se está preparando un agresión contra Venezuela», alertó.

Recordó que «en marzo de 2018, Venezuela fue informada de un evento de mayor gravedad sobre la Guayana Esequiba, tras la demanda ante la CIJ sobre la validez del laudo arbitral».

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Y remarcó que el país nunca dio «consentimiento a la CIJ» para que se inmiscuya «en la controversia territorial. Solo el Acuerdo de Ginebra es el instrumento para resolver esta controversia», insistió.

Nuevamente, afirmó que «el laudo criminal de 1899 fue un fraude … el único instrumento válido es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y así está demostrado».

Aseguró que «son innegables la presiones de Guyana para acudir a esta corte y abandonando la práctica de una solución satisfactoria para ambas partes. Nunca estuvo pensado volver a examinar el Laudo ilegal».

A su juicio, «son los mismos hegemones que pretenden someter a los pueblos. En cumplimiento del referendo Venezuela jamás se dejará extorsionar ante los designios foráneos. Exigimos el regreso de Guyana a la mesa de negociación», remarcó.

«El único camino para resolver esta disputa es el regreso de Guyana a la mesa de negociación en el marco del Acuerdo de Ginebra», expresó.

#8Abr ?️ ENTREGAN "LA VERDAD HISTÓRICA" La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que ha entregado ante la Corte Internacional de Justicia un documento y sus respectivas copias "con la verdad histórica y evidencias que demuestran que somos los únicos con título… pic.twitter.com/bQ7VqdRLsA

Casi en simultáneo, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, difundió un comunicado que es el mismo que leyó Rodríguez y que establece la posición del Estado venezolano respecto a la controversia territorial con Guyana.

La vicepresidente Delcy Rodríguez viajó a Países Bajos para entregar “la verdad histórica de Venezuela” este próximo lunes 8 de abril ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en torno a la disputa territorial del Esequibo con Guyana.

A través de un video compartido en sus redes sociales, señaló que “en nombre del presidente Nicolás Maduro y en cumplimiento al mandato de nuestro pueblo el 3 de diciembre, hemos llegado a Holanda a entregar la verdad histórica de Venezuela; su derecho irrenunciable al territorio de la Guayana Esequiba”.

Fue clara al indica que “ni el Comando Sur, ni la CIA, ni la Exxon Mobil, ni el gobierno títere de Guyana podrán con el pueblo venezolano”.

#7Abr ?? SE ENCUENTRA EN PAÍSES BAJOS La vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que este domingo llegó a Países Bajos "para entregar la verdad" sobre la Guayana Esequiba, territorio en disputa con Guyana ?: Cortesía pic.twitter.com/rMb26C2Bm2

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Rodríguez explicó que ya están en Países Bajos con el mejor equipo de especialistas y abogados para defender la posición de Venezuela.

«La Corte Internacional de Justica no tiene jurisdicción porque Venezuela nunca ha dado su consentimiento para que esta controversia sea resulta» en esta instancia, porque «hay un solo instrumento, que es el Acuerdo de Ginebra» para resolverlo, dijo.

«Hemos traído la verdad histórica de Venezuela, nuestra posición histórica, en cumplimiento del mandato que nos dio el pueblo de Venezuela el 3 de diciembre», enfatizó.

La delegación criolla asiste al viejo continente porque Venezuela fue citada para el 8 de abril ante la CIJ para presentar su contramemoria sobre el Esequibo.

La máxima instancia judicial de la ONU dictaminó este viernes que Israel debe facilitar el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, donde libra desde octubre una guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, instó a Israel a impedir cualquier posible acto de genocidio durante la ofensiva que su ejército libra actualmente en la Franja de Gaza contra Hamás, pero eludió reclamar formalmente un alto el fuego.

Según el fallo del tribunal, leído este viernes en La Haya, Israel debe tomar «medidas inmediatas y eficaces para permitir el suministro de servicios básicos y de ayuda humanitaria que los palestinos necesitan urgentemente para hacer frente a las condiciones de vida desfavorables que enfrentan» a causa de la campaña militar israelí, iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre en el sur del Estado hebreo.

De momento, la Corte no se pronunció sobre la cuestión de fondo de saber si las operaciones israelíes en Gaza se encuadran en la figura legal de un genocidio, un debate que puede llevar años.

Pero instó a Israel a hacer cuanto pueda para «impedir la comisión de todos los actos dentro del ámbito de aplicación» de la convención para la prevención de genocidios, firmada en 1948, después del Holocausto.

También dispuso que Israel debe «impedir y castigar» cualquier incitación al genocidio.

Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, consideró que el dictamen constituye un «avance importante que contribuye a aislar a Israel y a exponer sus crímenes en Gaza», según un comunicado. Y la Autoridad Palestina vio el fallo como la manifestación de que «ningún Estado está por encima de la ley».

Por su lado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apuntó que «el cargo de genocidio presentado contra Israel no solo es falso, es escandaloso».

Antes de leer las disposiciones, la presidenta del tribunal, Joan Donoghue, citó declaraciones de responsables israelíes como Yoav Gallant, ministro de Defensa, quien ordenó el 9 de octubre un «asedio completo» de la Franja de Gaza y dijo entonces que sus fuerzas estaban «combatiendo contra animales».

El tribunal emitió este dictamen en el marco del recurso de emergencia presentado en diciembre por Sudáfrica ante la CIJ, argumentando que Israel violó dicha convención de la ONU.

Durante los dos días de audiencias celebrados este mes en la sala dorada del Palacio de la Paz de La Haya, donde tiene sede la CIJ, abogados de ambos bandos debatieron sobre la interpretación de esa convención.

Sudáfrica acusó a Israel de «actos de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza» y urgió al tribunal a ordenar «suspender inmediatamente las operaciones militares» en la Franja de Gaza y a permitir a los civiles acceder a la ayuda humanitaria.

Poco después de que se pronunciara el fallo, el gobierno sudafricano ensalzó, en un comunicado, una «victoria decisiva para el Estado de Derecho internacional y un paso importante en la búsqueda de justicia para el pueblo palestino».

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La guerra estalló el 7 de octubre con la incursión de comandos islamistas que mataron a unas 1.140 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a cerca de 250 en el sur de Israel, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales israelíes.

Las acciones de represalias, con bombardeos incesantes y acciones terrestres en Gaza, dejaron hasta el momento al menos 26.083 muertos, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes, según el ministerio de Salud del territorio.

En comentarios realizados al margen del dictamen, la presidenta de la corte afirmó este viernes que el tribunal está «muy preocupado» por la situación de los rehenes en Gaza y reclamó su «liberación inmediata y sin condiciones».

La cuestión ahora es si Israel acatará o no el dictamen de la corte.

La CIJ, que trata diferendos entre países, emite sentencias vinculantes e inapelables, pero carece de medios para garantizar su aplicación, como cuando ordenó en vano a Rusia detener sus operaciones en Ucrania.

«Es concebible que una orden del tribunal no tenga ningún impacto significativo en la operación militar israelí», afirmó Cecily Rose, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Leiden, en Países Bajos.

El 14 de enero, Netanyahu manifestó su firmeza en mantener la ofensiva. «Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal», declaró.

En cualquier caso, los expertos creen que, al margen del impacto simbólico que pueda tener el dictamen, probablemente habrá consecuencias tangibles en el terreno.

Según Juliette McIntyre, experta en derecho internacional de la Universidad de Australia del Sur, si la CIJ, como tercera parte neutra, determinase la existencia de un riesgo de genocidio en Gaza, «será mucho más difícil que un país siga apoyando a Israel».

Los países que más han apoyado el caso ante la CIJ han sido los de mayoría musulmana, entre ellos Irán, Turquía, Jordania, Pakistán, Bangladés, Malasia y las Maldivas.

En América Latina, países gobernados por la izquierda como Brasil, Colombia, Bolivia y Venezuela respaldaron la iniciativa de Sudáfrica ante la CIJ contra Israel.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, equiparó en la red X el dictamen del tribunal a un «triunfo de la Humanidad» y destacó que «lo que se impone es un cese al fuego para la liberación integral de los rehenes en ambas partes».

También se felicitaron por el fallo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

La máxima instancia judicial de Naciones Unidas se pronuncia este viernes sobre un pedido de medidas cautelares para proteger a la población de Gaza, en el primer fallo de la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por presuntos actos de «genocidio» en el territorio palestino.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, podría ordenar a Israel facilitar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza o incluso detener la ofensiva militar desencadenada el 7 de octubre, en represalia por la letal incursión de comandos del movimiento islamista Hamás en el sur del Estado hebreo.

A partir de las 13H00 locales (12H00 GMT), el tribunal dará a conocer su dictamen sobre las medidas cautelares solicitadas, pero no sobre la cuestión de fondo de saber si las operaciones israelíes en Gaza se encuadran en la figura legal de un genocidio, un debate que puede llevar años.

Sudáfrica presentó en diciembre un recurso de emergencia ante la CIJ, argumentando que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios, firmada en 1948, después del Holocausto.

Por el momento, «Sudáfrica no necesita demostrar que Israel cometió un genocidio» y pretende que la corte «establezca tan solo si hay un riesgo verosímil de genocidio», dijo a la AFP Juliette McIntyre, experta en derecho internacional de la Universidad de Australia del Sur.

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«Los genocidios nunca se declaran con antelación, pero este tribunal cuenta con las últimas 13 semanas de pruebas que muestran de forma irrefutable un modelo de comportamiento y de intención que justifica una acusación verosímil de actos genocidas», afirmó durante las audiencias Adila Hassim, una de las abogadas de Sudáfrica.

El caso provocó reacciones vehementes en Israel. «Es el mundo al revés», afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu.

«Si hay actos que pueden calificarse de genocidas, estos se perpetraron contra Israel», declaró en las audiencias el abogado israelí Tal Becker.

La CIJ, que trata diferendos entre países, emite sentencias vinculantes e inapelables, pero carece de medios para garantizar su aplicación. Tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania, en febrero de 2022, ordenó en vano a Moscú detener sus operaciones.

Netanyahu, determinado a «aniquilar» a Hamás, ya dio a entender que no sentiría obligado a acatar los veredictos.

«Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal, ni nadie», declaró en una conferencia de prensa el 14 de enero.

«Es concebible que una orden del tribunal no tenga ningún impacto significativo en la operación militar israelí», afirmó Cecily Rose, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Leiden, en Países Bajos,

Pero las repercusiones geopolíticas podrían ser importantes si la CIJ determinase la existencia de un riesgo de genocidio en Gaza.

«Será mucho más difícil que un país siga apoyando a Israel frente a una tercera parte neutra que estima que existe un riesgo de genocidio», apuntó Juliette McIntyre.

«Para evitar eso, algunos Estados podrían retirar su apoyo militar o de otro tipo a Israel», señaló.

Un fallo que vinculase a Israel a posibles actos de genocidio tendría además un impacto simbólico «enorme», considerando la historia del Estado hebreo, subrayó la experta en derecho internacional.

Sudáfrica reconoció el «peso particular de la responsabilidad» de acusar a Israel de genocidio, pero alegó que debía acatar las obligaciones de esa Convención.

El abogado Tal Becker repuso que «no puede haber una acusación más falsa o malintencionada» que la presentada por el país africano.

La guerra estalló el 7 de octubre con la incursión de comandos islamistas que mataron a unas 1.140 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a cerca de 250 en el sur de Israel, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales israelíes.

Las acciones de represalias, con bombardeos incesantes y acciones terrestres en Gaza, dejaron hasta el momento cerca de 26.000 muertos, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes, de acuerdo con el ministerio de Salud de Gaza.

Hamás indicó el jueves que acataría un alto el fuego si la CIJ lo ordenase y «si el enemigo también lo hace».

Irfaan Ali, presidente de Guyana, pidió este viernes que Venezuela acate el fallo «vinculante» de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que urgió a Caracas a “abstenerse” de tomar “cualquier acción que modifique” la situación del territorio al oeste del río Esequibo motivo de disputa binacional.

“El fallo de hoy es jurídicamente vinculante para Venezuela. Tanto la Carta de la ONU como el Estatuto de la Corte, del cual Venezuela es parte, exigen su estricto cumplimiento», dijo Ali en un video publicado en su cuenta de Facebook frente al referendo previsto por Venezuela para este domingo.

El mandatario hizo hincapié en que “como ha dejado claro el Tribunal, Venezuela tiene prohibido anexionarse o invadir territorio guyanés o emprender cualquier otra acción”, recogió la agencia EFE.

“Guyana se mantiene firme en su compromiso con el proceso judicial internacional y el Estado de Derecho. Confía plenamente en que, cuando la CIJ emita su sentencia definitiva sobre el fondo del caso, concluirá que el Esequibo es legal y legítimamente territorio guyanés”, afirmó Ali.

“Creemos que la justicia, y no la fuerza, debe ser el árbitro de las disputas internacionales”, dejó de colofón.

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Sin embargo, el presidente guyanés no mencionó que la CIJ no pidió directamente a Venezuela cancelar la celebración del referendo, de lo que justo el gobierno de Maduro se ufanó.

Pero sí urgió al gobierno venezolano a “no agravar la disputa” entre ambas naciones.

El fallo emplaza a ambas partes de abstenerse a «realizar cualquier acción que pueda agravar o prolongar el litigio ante el tribunal o dificultar su resolución”.