El abogado venezolano radicado en Nueva York, Nizar El Fakih, informó que este miércoles, la Fiscalía de ese país que lleva el caso de Cilia Flores y Nicolás Maduro ratificó su rechazo a la petición de esta de una medida de arresto domiciliario por problemas de salud.

En sus redes sociales, el abogado dijo que “poco antes de la medianoche de ayer, 23 de septiembre de 2026, la Fiscalía ratificó su rechazo a la solicitud de libertad provisional de Cilia Flores, presentando formalmente su oposición escrita ante la Corte de Nueva York que lleva el caso”.

Dijo que el caso “el asunto continúa su trámite, siguiendo el cronograma que incluye la oportunidad para que la defensa responda a la oposición de la Fiscalía, luego de lo cual se celebraría una audiencia ante el juez que, por ahora, está prevista para el 08 de octubre, correspondiéndole al juez decidir”.

El Fakih explicó que la oposición de la Fiscalía a la solicitud de libertad provisional es contundente: “[Cilia Flores], a sus 69 años, enfrenta la posibilidad muy real de pasar el resto de su vida en prisión”… “no existen condiciones que puedan hacer frente adecuadamente al significativo riesgo de fuga y al peligro para la comunidad que representa la acusada”… “El Tribunal debe denegar su solicitud y la acusada debe permanecer detenida mientras espera el juicio”.

Como resumen preliminar de la oposición, la Fiscalía establece, entre otras cosas, que:

“La acusada… y su esposo y coacusado, Nicolás Maduro Moros… se asociaron con sus coconspiradores para abusar de sus posiciones de confianza pública con el propósito de enriquecerse y afianzar su poder mediante el narcotráfico y una corrupción desenfrenada, todo ello respaldado por actos de violencia y represión contra cualquiera que se les opusiera. Ahora, tras haber sido detenida y trasladada a Estados Unidos para enfrentar cargos que conllevan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, la acusada pide al Tribunal que acepte su promesa de que no huirá ni pondrá a nadie en peligro si es puesta en libertad mientras espera el juicio. Su solicitud debe ser rechazada sin demora”.

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1. En primer lugar, los cargos que enfrenta Cilia Flores activan la presunción estatutaria de detención preventiva bajo ley federal. Dos de los tres cargos que enfrenta, con penas máximas de hasta cadena perpetua, están expresamente establecidos en la legislación federal como activadores de dicha presunción.

2. En segundo lugar, la Fiscalía sostiene que “la acusada presenta un riesgo extremo de fuga y un peligro para la comunidad”:

2.1. La naturaleza y las circunstancias de los delitos imputados: “demuestran que la acusada representa un peligro para la comunidad y un riesgo significativo de fuga”. La acusación contiene determinaciones del Gran Jurado según las cuales “el narcotráfico de la acusada, así como la corrupción y la violencia relacionadas con este, fueron tan diversos como prolíficos. La acusada recibió sobornos para facilitar operaciones de narcotráfico a gran escala…; obtuvo cocaína para su tráfico, en parte, de supuestas incautaciones realizadas por las fuerzas del orden; y ordenó secuestros, golpizas y asesinatos de quienes intentaban obstaculizar sus actividades ilícitas”.

Por la naturaleza y gravedad de los hechos en este caso, “la acusada enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Este hecho, por sí solo, constituiría para cualquier persona un poderoso incentivo para huir de la justicia, pero el incentivo para huir es especialmente fuerte en el caso de esta acusada, quien, a sus 69 años, enfrenta la posibilidad muy real de pasar el resto de su vida en prisión”.

2.2. La solidez de la evidencia: “la evidencia en este caso es sólida”. La Fiscalía prevé presentar en el juicio “a múltiples testigos cooperantes que participaron en actividades de narcotráfico, violencia y otras actividades ilícitas junto con la acusada y Maduro Moros, o siguiendo sus instrucciones, así como testigos que tienen conocimiento de que los coconspiradores de los acusados realizaron dichas actividades junto con la acusada y Maduro Moros, o siguiendo sus instrucciones”. Entre ellos “se encuentran testigos que interactuaron directamente con la acusada”. Sus testimonios “proporcionarán información detallada, creíble y corroborada contra la acusada, y una evidencia de culpabilidad tan contundente en el juicio pesa considerablemente a favor de la detención”.

A. La Fiscalía sostiene que Flores carece de vínculos con Estados Unidos. En tal sentido refiere que, aunque Flores afirma que su "única conexión actual y verdaderamente significativa con Estados Unidos" es "su esposo y coacusado, Maduro Moros", y que está comprometida a apoyarlo "con su presencia constante”, tal compromiso “no resulta realista” bajo las condiciones de libertad propuestas por la propia defensa, que contemplan arresto domiciliario y salidas únicamente para citas médicas y legales necesarias. La Fiscalía agrega que los traslados de ambos requieren un enorme dispositivo de seguridad y que, si Flores considera que bajo arresto domiciliario tendría acceso irrestricto a Maduro hasta el punto de mantener una “presencia constante”, “esa creencia es equivocada”.

B. La acusada “aparentemente tiene acceso a considerables recursos financieros que le permitirían huir para evadir el proceso penal”. Esto “resulta evidente a partir del propio conjunto de condiciones de libertad propuesto por la acusada, que incluye la contratación de un equipo de seguridad privada, el alquiler o la compra de una residencia, la contratación de un ‘custodio externo’ encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones de libertad provisional y la instalación de sistemas de vigilancia las 24 horas y otras tecnologías de monitoreo”. Todo ello, más bien, “debería preocupar al Tribunal a la luz de los fuertes indicios de que la acusada tiene acceso a enormes recursos”.

C. La acusada invoca el hecho de que “nunca había sido previamente acusada en Venezuela y que, como abogada, ocupó cargos públicos al servicio de su país, incluido el de fiscal general”, pero, según la Fiscalía, “esos son precisamente motivos de preocupación, pues la acusada, pese a su formación jurídica y a haber ocupado posiciones de confianza pública, traicionó ambas al participar en una conspiración que se prolongó durante décadas e involucró conductas criminales graves y violentas. Asimismo, evitó cualquier rendición de cuentas mediante el abuso y la manipulación del poder que le conferían esas posiciones de confianza pública”.

D. Condiciones médicas y tratamiento: “La acusada sostiene que una ‘condición cardíaca grave y documentada’ ‘justifica por sí sola su puesta en libertad’… Sin embargo, la acusada ‘no controvierte’ —ni puede controvertir— que ha recibido ‘una atención excelente’ por parte de profesionales médicos”.

En tal sentido, “la acusada ha recibido, y continuará recibiendo, atención médica adecuada, y cualquier afirmación en sentido contrario queda desmentida por sus propios registros médicos”. El Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos “está preparado para atender la condición cardíaca de la acusada y se ha comprometido a cumplir cualquier régimen de recuperación posterior al procedimiento que los profesionales médicos prescriban como apropiado”.

Nota: Sobre las condiciones médicas, la Fiscalía ha proporcionado al Tribunal una explicación más detallada junto con informes médicos actualizados al 21 de septiembre de 2026, bajo sello para preservar la privacidad de la acusada.

2.4. Peligro para la comunidad: Sostiene la Fiscalía que “Las actividades de narcotráfico de la acusada en este caso fueron particularmente peligrosas, no solo porque involucraron toneladas de cocaína destinadas a Estados Unidos, sino también por los medios de violencia e intimidación que ella y sus coconspiradores utilizaron contra quienes amenazaban dichas actividades”.

(…) “Si se le concediera la libertad provisional, la acusada representaría un peligro mayor no solo para Estados Unidos, sino también para Venezuela, pues podría intentar dirigir actos de intimidación contra testigos y víctimas que aún se encuentran en Venezuela o en otros lugares del mundo”.

(…) “En efecto, la peligrosidad de la acusada se ve además agravada por el hecho de que entre sus coconspiradores se encuentran varias otras personas poderosas, incluidos coacusados que no han sido detenidos y permanecen en Venezuela, quienes tienen capacidad para ejercer violencia e intimidar a testigos”.

(…) “En este caso, aunque ya no se encuentre en Venezuela, seguiría existiendo un riesgo real de que la acusada, si fuera puesta en libertad, pudiera comunicarse con coconspiradores en Venezuela y, de otras maneras, dirigirlos para actuar contra testigos y víctimas de la conspiración”.

3. Finalmente, para la Fiscalía, por más restricciones que se propongan para justificar la medida solicitada, “no existen condiciones de libertad provisional que protejan adecuadamente a la comunidad y garanticen la comparecencia de la acusada en este caso”.

La solicitud  de la defensa de Cilia Flores de una medida de arresto domiciliario por razones de salud será debatida el próximo 8 de octubre ante un tribunal federal de Estados Unidos,  informó el abogado Nizar El Fakih, en sus redes sociales.

El Fakih señaló que la petición busca que Flores pueda obtener una medida cautelar mientras avanza el proceso judicial en su contra.

 Los defensores alegan que Flores padece de una seria afección cardíacas que amerita cuidados fuera de la cárcel.

“El 8 de octubre será debatida la solicitud de libertad provisional presentada por la defensa de Cilia Flores”, dijo El Fakih a través de su cuenta en X.

Explicó que la solicitud ya fue rechazada por la Fiscalía, por lo que ahora corresponderá al juez federal Alvin Hellerstein evaluar los argumentos de las partes y pronunciarse sobre la petición.

La corte tiene que determinar  si se cumplen los requisitos legales para conceder la libertad provisional y, en caso de aprobarla, establecer las condiciones correspondientes.

Al 16 de septiembre de 2026. Caso Maduro-Flores:La solicitud de libertad provisional presentada por la defensa de Cilia Flores será debatida el 08 de octubre.

El Fakih también explicó que, aunque la decisión final corresponde al juez federal, un eventual acuerdo previo entre la defensa y la Fiscalía podría tener relevancia práctica durante el proceso de decisión sobre las condiciones de una eventual libertad.

La audiencia del 8 de octubre permitirá conocer los argumentos de la defensa y la posición de la Fiscalía respecto a la solicitud presentada en favor de Flores.

La Fiscalía de EE. UU. negó la petición de la defensa de Cilia Flores de otorgarle un arresto domiciliario por razones de salud.

Según el abogado venezolano radicado en EE. UU., Nizar El Fakih, los abogados de Flores trataron de negociar la medida antes de llevarla ante la corte que maneja el caso.

A través de sus redes sociales, el abogado explicó que el intento de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía no prosperó, por lo que los representantes legales de Flores elevaron la solicitud al tribunal federal, donde el procedimiento continúa en curso.

“La defensa de Cilia Flores intentó negociar con la Fiscalía su libertad provisional. El proceso no fue exitoso y por ello su defensa elevó la solicitud ante la Corte”, señaló Nizar.

Detalló que, aunque el juez conserva la última palabra para determinar si se cumplen los requisitos legales y decidir si concede la libertad provisional y bajo qué condiciones, un acuerdo previo entre la defensa y la Fiscalía favorable a la medida tiene un peso práctico relevante dentro de este tipo de procedimientos en las cortes federales estadounidenses.

“Por ello la defensa de Flores intentó acordar la medida con la fiscalía antes de acudir a la Corte”, agregó.

La petición

La petición busca que Flores pueda esperar en libertad provisional, bajo arresto domiciliario en Estados Unidos, el juicio que enfrenta junto a Nicolás Maduro. La defensa sostiene que l Flores padece  afecciones cardíacas que requieren atención médica especializada y que su permanencia en prisión dificulta el tratamiento.

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El miércoles, sus abogados solicitaron al tribunal una audiencia para discutir el cambio de régimen y plantearon que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York, con vigilancia armada las 24 horas, monitoreo por GPS, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas. También ofrecieron la retención de su pasaporte y que Flores asumiera los costos del traslado.

El juez federal Alvin Hellerstein aún debe resolver la solicitud de arresto domiciliario. Paralelamente, aceptó mantener bajo sello el historial médico presentado por la defensa como respaldo de la petición.

Flores permanece detenida en Estados Unidos desde el 3 de enero, cuando fue trasladada a Nueva York junto con Maduro tras una operación estadounidense en Caracas. Ambos enfrentan cargos relacionados con una presunta conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense y se han declarado no culpables.

Con información de El Nacional

El juez federal a cargo del caso de Nicolás Maduro, ordenó este jueves sellar el historial médico de Cilia Flores, luego de que solicitó ser trasladada a prisión domiciliaria por problemas cardíacos.

Agencias de noticias informaron que el juez Alvin Hellerstein aceptó la petición complementaria presentada por la defensa de Flores para mantener protegidos los datos médicos que se recogen en su solicitud, para ser trasladada del centro de detención de Brooklyn.

Según la medida, no se podrán conocer los problemas de salud alegados por la defensa de Flores para solicitar su cambio de régimen.

“Los tribunales de este circuito autorizan regularmente la presentación de historiales médicos bajo sello, al considerar que las partes tienen un fuerte interés en la privacidad de su información médica”, asegura en el escrito Hellerstein.

El juez reconoció que la petición de Flores, que se encuentra detenida en Nueva York desde su arresto en Caracas por las fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, contiene sus historiales médicos personales “sin sellar y sin tachaduras”.

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“El interés de Flores en proteger la privacidad de sus historiales médicos personales prevalece sobre la presunción de acceso público en lo relativo a esta solicitud”, concluyó. 

La defensa de  Flores presentó  una petición de arresto domiciliario hasta que se celebre el juicio, previsto para el 1 de junio de 2027.

Asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la prisión en la que permanece no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.

Sus abogados avanzaron que los costos de este traslado serán asumidos por su representada y ofrecieron también la retención de su pasaporte para garantizar que permanecerá bajo custodia.

Mientras, las defensas de Maduro y Flores han solicitado la desestimación del caso basándose en la inmunidad soberana que, según alegan, tenían por ser jefes de Estado en el momento de la detención.

Con información de agencias

A través del periodista de la AP, Joshua Goodman, se conoció la tarde de este miércoles que la defensa de Cilia Adela Flores, esposa de Nicolás Maduro, solicitó a una corte federal de Estados Unidos su libertad bajo fianza antes del juicio que está previsto para junio del 2027, alegando que padece varias condiciones médicas, entre ellas afecciones cardíacas.

Goodman publicó la petición de la defensa que propone que la empresa neoyorquina Guidepost Solutions se haga cargo de implementar un esquema de seguridad armada y monitoreo permanente para garantizar que Flores cumpla con las condiciones que eventualmente establezca el tribunal.

La declaración fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por Louis J. Milione, quien actualmente se desempeña como presidente de Investigaciones Globales y Cumplimiento Regulatorio de Guidepost Solutions y fue funcionario de alto rango de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

 Milione explicó que Guidepost tiene experiencia en supervisión de fianzas y confinamiento domiciliario, además de haber trabajado bajo órdenes de tribunales federales en distintos casos.

Según la propuesta, Flores permanecería confinada en una residencia ubicada en el Distrito Sur de Nueva York, cuya dirección sería comunicada por separado al tribunal, al Gobierno y a los servicios de supervisión previa al juicio.

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Antes de asumir la custodia, Guidepost realizaría una inspección y evaluación de la vivienda y de las áreas circundantes. Posteriormente, la empresa proporcionaría varios profesionales de seguridad armados, incluidos exagentes de las fuerzas del orden.

Además, Guidepost instalaría en la residencia cámaras de video, sensores en puertas y ventanas y sistemas de alarma. La empresa mantendría una transmisión de video en vivo y grabada de la vivienda, disponible para las autoridades gubernamentales.

Entre las condiciones propuestas también figura una restricción de los movimientos de Flores. El documento establece que permanecería en la residencia y que cualquier salida estaría permitida únicamente con autorización del tribunal.

La seguridad sería permanente: 24 horas al día, todos los días, con personal armado de Guidepost encargado de la vigilancia dentro y fuera de la residencia.

Milione también precisó que ningún empleado de Guidepost estaría bajo la supervisión o control de Flores. La compañía reportaría directamente a los servicios de supervisión previa al juicio, al Gobierno y al tribunal, conforme a las instrucciones judiciales.

Guidepost también indicó que Flores no tendría participación en la selección del personal de seguridad ni en otros aspectos operativos del esquema de vigilancia.

Milione destacó su experiencia previa como agente especial de la DEA durante una carrera de 23 años, que culminó como principal subadministrador adjunto de la agencia, donde participó en la dirección de una organización con más de 10.000 empleados y 334 oficinas en todo el mundo.

La solicitud de libertad deberá ser evaluada por las autoridades judiciales estadounidenses, que determinarán si las condiciones propuestas son suficientes para garantizar la comparecencia de Flores ante el tribunal mientras continúa el proceso en su contra.

Con información de AP

La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York , a cargo del juez Alvin Hellerstein, confirmó el aplazamiento de la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores del 30 de junio al 22 de julio.

El juez aprobó una solicitud conjunta presentada por la Fiscalía y los abogados de la defensa, 

La audiencia estaba inicialmente prevista para el 30 de junio, pero ambas partes solicitaron una reprogramación por motivos logísticos y de organización del proceso judicial.

 En el documento, firmado por el fiscal federal Jay Clayton y presentado con el consentimiento de la defensa, ambas partes explican que el cambio de fecha es necesario para evitar “problemas de programación y logística relacionados con la provisión de transporte seguro y medidas de seguridad”.

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La solicitud también pedía excluir el período comprendido entre el 30 de junio y el 22 de julio de los plazos establecidos por la Ley de Juicio Rápido. Según la Fiscalía, el tiempo adicional permitirá continuar con la entrega de pruebas a la defensa y dar oportunidad a los abogados de revisar el material y decidir qué mociones presentarán antes del juicio.

Maduro y Flores fueron capturados en un operativo militar estadounidense a principios de enero en Caracas y trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos desde hace más de 160 días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, de los que se han declarado “no culpables”.

Al 16 de junio de 2026. Caso Maduro-Flores:El juez aprobó la solicitud de diferimiento de la audiencia presentada de manera consensuada por las partes. En consecuencia, la audiencia ha sido reprogramada para el 22 de julio de 2026. https://t.co/Z8Pg5UNNgG

 Mientras el pueblo venezolano sufre, los hijos de Cilia Flores, Walter, Yosser y Yoswal se adueñaron de Caracas.

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 Un informe de Transparencia Venezuela pone el foco en la consolidación de una red de poder vinculada a Cilia Flores, caracterizada por la presencia de parientes en instituciones del Estado y en estructuras empresariales dentro y fuera del país. Más allá de los cargos formales, la investigación sugiere un patrón sostenido en el que vínculos familiares, acceso institucional y actividad económica convergen.

Flores permanece detenida en Brooklyn, se ha declarado no culpable y enfrenta, según la acusación federal, cargos por conspiración para traficar drogas y por delitos vinculados al uso y posesión de armas de guerra en el contexto de esa red de narcotráfico.

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destituyó a Giuson Fernando Flores, hermano de Cilia Flores, como director general encargado del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

La medida fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 7.016, de fecha 30 de marzo de 2026, donde se informa que en su lugar designa a Hendrick José Perdomo Colmenares como nuevo titular encargado del organismo.

El decreto establece que Perdomo Colmenares asumirá la dirección del Saime con todas las competencias inherentes al cargo, bajo la dependencia del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 

La decisión entra en vigencia desde su publicación oficial.

Giuson Fernando Flores fue nombrado director encargado del Saime en noviembre de 2024, según la Gaceta Oficial 43.016. Sustituyó a Gustavo Vizcaíno Gil, quien pasó a ocupar el cargo de contralor general.

El hermano de Cilia Flores ocupó múltiples cargos desde la era de Hugo Chávez. Fue notario público en 2002, director general del Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional durante la gestión de Nicolás Maduro en 2005.

Fue  investigador legislativo en 2011 y gerente general de Litigio en la Procuraduría General de la República en 2013. 

También fue viceprocurador y, en 2015, subcontralor de la República.

Está destitución es la segunda vinculada al clan Flores esta semana, luego de la salida de Walter Gavidia, exesposo de Flores quien era presidente de Corporación "Juntos todo es posible" y fue sustituido por el vicealmirante Aníbal Coronado.

A través de su cuenta en Telegram, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la destitución de Walter Gavidia, exesposo de Cilia Flores, como presidente de la fundación “Juntos todo es posible”.

“Como nuevo presidente de la Corporación “Juntos Todo es Posible” he designado al VA. Aníbal Coronado, con la firme convicción de que su compromiso y experiencia fortalecerán el trabajo en nuestras comunidades”, publicó Rodríguez.

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“Esta instancia seguirá siendo una herramienta para atender de manera directa las necesidades de los venezolanos y garantizar soluciones concretas”, agregó.

Destacó el agradecimiento a “ Walter Gavidia por su entrega y dedicación en el cumplimiento de esta importante labor”.

 La corporación es un ente gubernamental  dedicado a la ejecución de obras públicas, infraestructura y servicios básicos en apoyo a las comunidades.  

Fue creada por  Nicolás Maduro  en mayo de 2025, bajo la supervisión del ministerio para las Comunas y Movimientos Sociales, con la finalidad de apoyar a los "Circuitos Comunales" y "Comunas" en la realización de grandes obras locales. 

Para este año la corporación proyecta la ejecución de más de mil obras en conjunto con las comunas.

Cuando agentes de la DEA trasladaron a Nicolás Maduro a Nueva York en enero para enfrentar cargos de narcoterrorismo, su esposa, Cilia Flores, lo acompañaba.

Con las manos atadas con bridas de plástico, la mujer de 69 años cruzó el helipuerto de Wall Street bajo la atenta mirada de guardias fuertemente armados y francotiradores apostados en las azoteas. Cuando un juez le pidió que se identificara en la corte, Flores respondió: «Soy la primera dama de la República de Venezuela».

De hecho, Flores era presuntamente una jefa del crimen, perseguida durante años por unidades de la DEA supervisadas por fiscales federales en Nueva York y Florida. Una acusación federal, revelada el día en que comandos estadounidenses sacaron a Flores y Maduro de su habitación en Caracas, la acusaba de conspirar con altos funcionarios venezolanos para introducir de contrabando cientos de toneladas de cocaína en Estados Unidos, aceptar sobornos para permitir vuelos de narcotráfico y ordenar asesinatos.

La acusación ofrecía pocos detalles sobre Flores. Sin embargo, una serie de casos anteriores que involucran a sus familiares, junto con entrevistas a investigadores y antiguos colaboradores, dibujan la imagen de una política sumamente ambiciosa que, operando en gran medida fuera del ojo público, ascendió desde un barrio pobre hasta convertirse en una de las principales artífices del control del poder que su esposo ejerció durante 13 años.

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 Allí, cultivó una organización criminal familiar conocida en Venezuela como “El Jardín de Flores”, un juego de palabras con su apellido.

 Según los registros judiciales y antiguos socios, recompensó a una red de familiares con rutas de narcotráfico, contratos estatales e impunidad. Su nombre le abrió las puertas a lucrativos negocios con la petrolera estatal venezolana y permitió a sus familiares transportar cargamentos de droga desde el hangar presidencial del aeropuerto internacional de Caracas. Pocos se atrevían a desafiarla.

En una comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York el 5 de enero, Flores se declaró inocente y afirmó ser “completamente inocente”. Su abogado estadounidense, Mark Donnelly, declaró: “Esperamos revisar y refutar las pruebas que tiene el gobierno”.

El gobierno estadounidense ha sancionado a una docena de sus familiares a lo largo de los años por presunta corrupción y narcotráfico, incluyendo a su hermana, tres hijos de un matrimonio anterior y un sobrino considerado el cerebro financiero de la familia. 

Agentes de la DEA detuvieron a otros dos sobrinos en Haití en 2015 durante un intento de transacción de cocaína que, según ellos, tenía como objetivo financiar la campaña política de Flores. Su propio hermano ayudó a gestionar el envío, según informó un informante a la DEA.

Funcionarios del gobierno venezolano y miembros de la familia Flores no respondieron a las solicitudes de comentarios o no fue posible contactarlos.

Abogada de profesión, Flores fue una de las primeras seguidoras del Movimiento Revolucionario Bolivariano socialista de Hugo Chávez, a quien defendió cuando fue encarcelado tras el intento de golpe de Estado de 1992. Ascendió rápidamente una vez que Chávez tomó el poder, presidiendo el parlamento y desempeñándose como fiscal general hasta la muerte de Chávez en 2013 y la llegada de Maduro al poder.

Mientras su esposo supervisaba el colapso económico del país, el sistema de clientelismo familiar de Flores floreció.

 Tras su captura, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, ocupó su puesto vacante con la aprobación del gobierno de Trump. Rodríguez ha intentado congraciarse con Trump aceptando abrir las enormes reservas petroleras de Venezuela a inversionistas estadounidenses, pero el sistema que Flores ayudó a construir permanece prácticamente intacto.

Hija de un vendedor ambulante, Flores creció en la modestia de las colinas de bloques de cemento de Catia, un barrio humilde del oeste de Caracas.

«Eran personas muy, muy, muy humildes», dijo Andrés Izarra, ministro durante el gobierno de Chávez, en una entrevista.

En ese mismo barrio, Flores crió a tres hijos con su primer esposo, Walter Gavidia, un detective de policía. Su casa estaba llena de otros familiares. Entre ellos se encontraban dos sobrinos que la DEA detendría más tarde: Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, ambos criados por Flores tras la muerte de una de sus hermanas.

«El amor a la familia», dijo Flores en un podcast, «es lo más importante».

Flores ha afirmado que descubrió su «vocación revolucionaria» durante los disturbios de Caracas de 1989. Tras el fallido golpe de Estado de Chávez, Flores pasó horas con él en la prisión de Yare, un complejo penitenciario superpoblado a las afueras de la capital, elaborando planes para Venezuela en el nuevo siglo. Cuando Chávez recibió el indulto presidencial, se convirtió en una de sus asesoras más cercanas.

En una de esas visitas a la prisión, Maduro, un líder sindical que asesoraba a Chávez, le guiñó un ojo. Surgió un romance.

Tras la aplastante victoria de Chávez en las elecciones presidenciales de 1998, Flores contribuyó a la reforma constitucional y formó parte de la nueva Asamblea Nacional. Fue la única de sus colaboradores que lo llamaba Hugo, o simplemente el «tú» informal.

Esta cercanía se tradujo en un poder real. Había comenzado su carrera como taquígrafa en el equivalente venezolano del FBI, donde forjó estrechos lazos con fiscales y abogados y adquirió un profundo conocimiento de las bandas de narcotraficantes, según Zair Mundaray, exfiscal venezolano con larga trayectoria. Su nombramiento como presidenta de la Asamblea Nacional en 2006 le otorgó un papel central en la selección de jueces, especialmente magistrados del Tribunal Supremo.

Estos cargos la situaron en el centro del surgimiento de Venezuela como importante centro de narcotráfico, parte de una estrategia de Chávez para desafiar a su rival político, George W. Bush, inundando Estados Unidos con cocaína, según una declaración jurada de la DEA.

Mientras otros autodenominados revolucionarios del gobierno de Chávez se enriquecían a costa del derroche de gasto público, Flores encontró su propio nicho de mercado: influir en las investigaciones criminales, según personas que trabajaron con ella.

Se convirtió en «la artífice de un sistema de impunidad» en torno al narcotráfico, declaró Mundaray a The Wall Street Journal. «Esta sensación de seguridad, la posibilidad de traficar y operar sin consecuencias legales, se debe a Cilia Flores».

Según la acusación estadounidense, Flores aceptó cientos de miles de dólares en sobornos para facilitar una reunión en 2007 entre un importante narcotraficante y el director de la oficina antidrogas de Venezuela. El narcotraficante supuestamente acordó un pago mensual al director, más 100.000 dólares por cada vuelo de droga, una parte de los cuales iba a parar a Flores.

La corrupción llegó a las calles, donde las fuerzas policiales que Flores ayudó a dirigir operaban como bandas de narcotraficantes, según Martín Rodil, un venezolano que trabajó como contratista de la DEA. Cuando los agentes capturaban a narcotraficantes ajenos a su alianza, Rodil y exfuncionarios venezolanos afirmaron que les confiscaban la droga y la vendían.

Flores comenzó a sembrar su propio jardín a medida que ganaba poder.

Repartió más de una docena de cargos parlamentarios entre hermanos, primos, cuñados e incluso su exmarido Gavidia, según informó en su momento el sindicato de la Asamblea. Su hermano Bladimir Flores fue nombrado jefe de seguridad del Parlamento antes de convertirse en inspector general del FBI venezolano. Otro sobrino, Carlos Malpica Flores, administraba las finanzas de la Asamblea, un primer paso para hacerse cargo de las finanzas familiares.

En 2008, el diario venezolano El Nacional publicó una carta escrita por trabajadores parlamentarios que instaban a Chávez a «combatir la corrupción» que Flores estaba fomentando. “La Asamblea Nacional cambió de nombre. Ahora se llama ‘El Jardín de las Flores’”, decía la carta. El apodo se popularizó.

Flores defendió los nombramientos de sus familiares, declarando a la prensa: “Me enorgullece que sean mi familia”.

Fuera del Parlamento, sus tres hijos, Walter, Yosser y Yoswal, conocidos como “Los Chamos” —término coloquial para referirse a los jóvenes—, comenzaron a recibir sobornos ayudando a empresarios a obtener contratos gubernamentales, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que posteriormente los sancionó. El mayor, Walter, era juez en Caracas, siguiendo los pasos de su madre en la abogacía.

Los hijos organizaban fiestas ostentosas en mansiones frente al mar y a bordo de yates, utilizaban aviones del gobierno para viajar al extranjero y transportaban cajas de billetes de dólares entre sus casas en jeeps militares, según personas cercanas a la familia. Flores impidió que se investigaran sus actividades, añadieron estas personas.

Cuando Maduro reemplazó a Chávez en 2013, Flores se autoproclamó su «Primera Combatiente». Renunció a su cargo de fiscal general, pero acumuló aún mayor influencia como mano derecha de Maduro, con la capacidad de dirigir políticas y distribuir favores sin restricciones.

Su sobrino Malpica fue ascendido a los cargos de tesorero nacional y director financiero de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA), lo que le otorgó el control de una vasta cartera de gasto público. Circularon fotos de Malpica brindando por sus nombramientos con botellas de Dom Pérignon en una discoteca de la lujosa isla caribeña de San Bartolomé.

A mediados de 2015, los otros sobrinos de Flores, Efraín Campo y Franqui Flores, de 28 y 30 años respectivamente, intentaron unirse a su primo mayor en el mundo de los grandes negocios. Ambos ya eran cómplices, intercambiando historias del hampa caraqueña por WhatsApp. Según las transcripciones presentadas posteriormente por la fiscalía, hablaron del desmembramiento de un conocido, la compra de una subametralladora Uzi y un atentado con bomba en una gasolinera, que, según Campo, enfureció a su tío Bladimir, inspector general de policía.

Ambos le propusieron a Malpica un plan para que aprobara pagos a empresas a las que PdVSA les debía dinero a cambio de comisiones. El plan dependía de la influencia de Malpica dentro de la petrolera. En agosto de ese año, Campo le envió un mensaje a un socio comercial para decirle a un cliente potencial que Malpica era «actualmente la máxima autoridad allí. Porque es un Flores».

Pero Malpica se negó a colaborar. Así que Campo y Franqui Flores recurrieron a otro negocio familiar: el narcotráfico.

Con información de The Wall Street Journal

El resultado de la segunda audiencia en el proceso que se sigue contra Cilia Flores y Nicolás Maduro en Nueva York ha sido un golpe certero para la pareja que pensaba que saldría de esta, con la estrategia de solicitar que desestimen los cargos por falta de recursos para la defensa.

El golpe fue más fuerte cuando el juez Alvin Hellerstein dijo que este caso es tan complejo que puede durar mucho tiempo.

Y para rematar, el presidente Donald Trump afirmó que a Maduro le esperan imputaciones por más cargos.

 ¿Qué les espera a Nicolás y Cilia?

Te contamos en nuestro canal de YouTube.

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El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece este jueves ante un tribunal de Nueva York por segunda vez desde su espectacular captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas.

Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde su hace casi tres meses.

Solamente salieron el 5 de enero, para su primera audiencia. En esa ocasión, Maduro se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de los cargos de narcotráfico en su contra en Estados Unidos.

Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013. A su caída asumió la presidencia interina Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta y ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos.

Contra Maduro pesan cargos de conspiración por "narcoterrorismo", conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas.

En la audiencia del jueves, prevista a las 11H00 locales (15H00 GMT), Maduro posiblemente presione para que se desestime su caso, mientras los abogados se disputan sobre quién pagará sus honorarios.

El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.

En una presentación ante el tribunal, Pollack argumentó que el requisito de esa autorización viola el derecho constitucional de Maduro a tener la representación legal de su escogencia, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.

Se espera un refuerzo de seguridad en los alrededores del tribunal.

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Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está presuntamente aislado en una celda sin internet ni periódicos.

Según una fuente cercana al gobierno venezolano, Maduro lee la biblia y algunos de sus compañeros en la prisión le llaman "presidente".

Solo se le permite hablar por teléfono con su familia y con sus abogados por un máximo de 15 minutos, agregó la misma fuente.

"Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza", aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.

Maduro y Flores fueron sacados a la fuerza por comandos estadounidenses en las primeras horas del 3 de enero, con apoyo de ataques aéreos contra la capital venezolana y un importante despliegue naval.

En el operativo murieron al menos 83 personas y más de 112 resultaron heridas, de acuerdo con funcionarios venezolanos. Ningún efectivo estadounidense murió.

En su primera audiencia ante una corte, Maduro adoptó un tono desafiante y se identificó como presidente de Venezuela.

Bajo presión estadounidense, Delcy Rodríguez lucha por dirigir un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero con una economía en ruinas.

La mandataria interina impulsó una ley de amnistía para liberar a prisioneros políticos. También reformó la ley de hidrocarburos, en línea con las exigencias de Estados Unidos para acceder a la vasta riqueza de gas y petróleo venezolanos.

Este mes, Estados Unidos restableció lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo luego de siete años de ruptura.

Al frente del caso está el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, reconocido por su larga trayectoria en el estrado.

Con información de AFP

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, asistirán a la segunda audiencia del proceso judicial que afrontan en Estados Unidos, este  26 de marzo, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

El tema que ocupará al juez Alvin K. Hellerstein es la moción para desestimar el caso que presentaron los abogados de Maduro y Flores, quienes alegan que el Departamento del Tesoro interfiere en su derecho constitucional a la defensa al negarles el acceso a fondos del Estado venezolano para cubrir los honorarios de sus equipos legales.

"El gobierno de Venezuela, en virtud de sus leyes, tiene la obligación de sufragar los gastos de defensa del señor Maduro", indica la moción presentada el 26 de febrero por el abogado del exmandatario, Barrick Pollack, ante el tribunal.

Pollack es un abogado estadounidense reconocido por sus habilidades como litigante y ha triunfado en casos de alta exposición pública, como la liberación de Julian Assange, el creador de WikiLeaks.

Se especializa en delitos de cuello blanco, corrupción pública, seguridad nacional, derecho de la competencia, litigios civiles y recursos de apelación.

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La moción que presentó ante el tribunal recuerda que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) concedió una licencia para autorizar a la defensa de Maduro el cobro de fondos provenientes de Caracas, pese a las sanciones del gobierno de EE.UU. contra las autoridades venezolanas.

"Sin embargo, de manera unilateral y sin explicación alguna, la OFAC modificó posteriormente dicha licencia, de tal modo que ahora prohíbe la recepción de fondos para gastos de defensa provenientes del gobierno de Venezuela", indica el documento.

"Como consecuencia de ello, el sr. Maduro, quien carece de fondos propios para contratar asistencia legal, está siendo privado de su derecho constitucional a contar con un abogado de su elección".

 En respuesta a la moción, la Fiscalía se opuso a este argumento y negó que el derecho a la defensa de los acusados haya sido violentado.

 "Ahora corresponde que el juez vea los argumentos presentados por los abogados defensores, vea los argumentos que presentó la Fiscalía, y con base en esos argumentos y en la ley (...) tome una decisión", explicó en su canal de Youtube el abogado venezolano Nizar El Fakih, quien sigue de cerca el caso.

Maduro está acusado de los delitos de conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Flores afronta los cargos de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Ambos se declararon no culpables el 5 de enero, durante la primera audiencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dos días después de haber sido capturados en una operación militar de Estados Unidos en Caracas.

Frente a la segunda audiencia preliminar del caso, la directora de la Clínica de Defensa Penal de la Facultad de Derecho de Nueva York, Anna Cominsky, recuerda que los acusados tendrían acceso a defensores públicos si los abogados privados se retiran.

En esta entrevista, Cominsky le explica a BBC Mundo las fases del proceso judicial que afrontan Maduro y Flores, quienes permanecen en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

En un juicio de este tipo, una vez que el acusado es detenido y llevado ante el juez, hay una primera comparecencia y una lectura de cargos, que es lo que ocurrió en enero.

En ese momento se presenta la declaración de culpabilidad o inocencia. Luego hay un período bastante significativo entre esa comparecencia y el momento en que, si es que llega a haberlo, se celebra el juicio.

Todo lo que está ocurriendo ahora es lo que denominamos fase preliminar. Se plantearán diferentes cuestiones ante el tribunal, las partes acudirán para defender lo que quieren y el tribunal tomará una decisión.

Uno de los aspectos más importantes que ocurrirá en los próximos meses es lo que llamamos "descubrimiento" de las pruebas del caso (discovery phase).

El fiscal solicita que se facilite a Maduro las pruebas que tiene en su contra. Y en un caso como éste, (ese proceso) va a ser voluminoso y tomará bastante tiempo.

La siguiente etapa será lo que llamamos mociones previas al juicio, que es cuando el acusado solicita al tribunal que haga ciertas cosas, y también habrá mociones relacionadas con las pruebas.

Todo eso tiene que suceder antes incluso de que pensemos en fijar una fecha para el juicio.

Una de las razones por las que llevará tiempo es porque, en primer lugar, se trata simplemente del proceso mecánico por el que el gobierno facilita las pruebas al acusado.

En un caso como éste, en el que la investigación se ha prolongado durante años, estamos hablando de una cantidad increíble de pruebas: declaraciones de testigos, documentos, videos… La Fiscalía debe proporcionar al acusado cualquier cosa que tenga y sea una prueba en el caso.

¿En qué formato lo proporcionarán? ¿Cómo se lo entregarán al acusado? Eso puede llevar un tiempo. Y luego la defensa tendrá la oportunidad de revisarlo todo y presentar argumentos sobre lo que ha recibido.

Ese intercambio de pruebas toma un tiempo y luego la revisión en sí lleva otro. La defensa necesitará bastante tiempo para revisar y llevar a cabo su propia investigación.

Sí, porque los abogados de Maduro y Flores aún no han visto las pruebas. Esto no implica que no tengan nada, pero lo que sabemos es que aún no las tienen, que el gobierno aún no ha proporcionado todas las pruebas.

Estamos en la primera fase y la defensa no ha tenido oportunidad de llevar a cabo ninguna investigación por su cuenta, algo que es habitual en Estados Unidos.

En otros países la defensa simplemente toma las pruebas que le da el gobierno y las revisa. Pero en Estados Unidos, los abogados defensores también llevamos a cabo nuestra propia investigación y buscamos nuestras propias pruebas.

Eso puede que haya empezado un poco, pero desde luego no ha terminado.

Va a depender de si ese tema se presenta ante el juez. En términos generales, los jueces no tienen en cuenta la política, eso no forma parte de su proceso de toma de decisiones. Pero eso no significa que un tema político no pueda llegar ante el juez. En ese caso tendría que tomar una decisión.

Puede que haya argumentos de los abogados defensores sobre si fue o no legal la detención y qué era o no era Maduro desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos en el momento de esa detención.

Esa podría ser una forma en la que este asunto llegue ante el juez.

¿Qué puede ocurrir con el alegato de que el derecho a la defensa de los acusados está siendo quebrantado porque la OFAC les impide el acceso a fondos de Venezuela para pagar sus abogados?

El fundamento de la moción de desestimación es una supuesta violación de los derechos constitucionales del señor Maduro en lo que respecta a su derecho a la asistencia de un abogado, recogido en la Sexta Enmienda.

Y el argumento que esgrimen es que dado que el gobierno de Estados Unidos no permite a la defensa de Maduro acceder a los fondos de Venezuela, este abogado no puede seguir en el caso porque el señor Maduro no dispone del dinero para pagarle.

Por lo tanto, el argumento es que el gobierno le está impidiendo contar con el abogado de su elección.

Tiene básicamente tres opciones: la primera es conceder la moción de desestimación; la segunda es denegar la moción, simplemente decir que no y que (los acusados) se las apañen por su cuenta; o la tercera es que el tribunal proponga su propia solución, su propio recurso basándose en lo que se le ha presentado.

No sabemos cómo el juez decidirá manejar esto.

No me sorprendería que, como es habitual cuando se está ante el tribunal, surjan un par de cosas más ante el juez, porque todas las partes están allí y pueden plantear otras cuestiones.

Pero el tema principal ahora mismo es la moción que la defensa presentó con la solicitud de desestimar el caso.

Creo que es extremadamente improbable que el tribunal desestime el caso. Ahora bien, podría suceder que el juez proponga una solución diferente. Si niega la moción, lo más probable es que el tribunal permita que su abogado actual renuncie a su defensa.

Si el señor Maduro no puede permitirse un abogado por su cuenta, el tribunal le asignará uno, así que la noticia que recibiremos es si Maduro va a tener un abogado de oficio o si va a conservar a su abogado actual.

¿Supone un cambio importante en la calidad de su defensa el hecho de que le asignen un abogado de oficio en lugar de uno privado?

Depende. Hay defensores públicos fenomenales y hay defensores públicos malos, igual que con los abogados privados. Si le asignan un abogado, aún no sabemos quién podría ser, así que podría tener un abogado excelente o no.

La cuestión realmente no es solo la calidad de quien le asignen para representarlo. Su argumento es que debería poder elegir quién es su abogado y que el gobierno está haciendo que no pueda tomar esa decisión.

Empecemos por el hecho de que se trata de alguien que era el jefe de Estado de un país. Es un caso gigantesco y se ha investigado durante años y años.

Como sabemos, el señor Maduro fue traído a este país en circunstancias realmente inéditas, así que todo en su conjunto lo convierte en un caso muy singular.

Con información de BBC

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y acusada en Estados Unidos, presentó una moción ante una corte federal solicitando que se desestimen los cargos en su contra, argumentando que el gobierno de Trump ha interferido con su derecho a una defensa legal al bloquear los fondos que pagarían a sus abogados.

Según documentos judiciales presentados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Flores solicitó formalmente unirse a la moción presentada previamente por su esposo para que se desestime la acusación, alegando que acciones del gobierno de Estados Unidos han impedido que el gobierno de Venezuela cubra los honorarios de su defensa legal.

El documento explica que el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), había autorizado inicialmente a un bufete de abogados en Estados Unidos a recibir pagos del gobierno venezolano para cubrir los gastos legales de Flores.

 Sin embargo, esa autorización fue modificada abruptamente días después, eliminando la posibilidad de que el gobierno venezolano financie su defensa.

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🇺🇸 CILIA FLORES HABRÍA SOLICITADO DESESTIMAR CARGOS EN EE.UU.Según Telemundo, Cilia Flores habría presentado una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para desestimar la acusación en su contra. Alegaría que el bloqueo de fondos afectaría su derecho a la defensa pic.twitter.com/oX4hvJs2i1

Los abogados de Flores sostienen que esa decisión constituye una interferencia directa con sus derechos constitucionales, incluyendo su derecho a contar con el abogado de su elección y a preparar adecuadamente su defensa.

De acuerdo con el documento presentado ante la corte, Flores afirma que no posee recursos financieros personales suficientes para pagar su defensa legal y que el gobierno de Venezuela había estado cubriendo esos costos bajo la licencia previamente otorgada por OFAC. 

Los abogados también argumentan que el bufete ya había realizado compromisos financieros basados en esa autorización inicial.

La defensa sostiene que impedir que Venezuela pague los honorarios legales podría obligar a que los contribuyentes estadounidenses financien su representación si el tribunal termina asignándole un abogado público.

Los abogados señalaron que, si el tribunal decide rechazar la solicitud de desestimar el caso, solicitarán autorización para retirarse como representantes legales debido a la imposibilidad de continuar el caso sin financiamiento para la defensa.

 Esta decisión de Cilia Flores se produce en paralelo con la de su esposo, quien también pidió a la corte desestimar los cargos criminales, alegando que las restricciones financieras impuestas por el gobierno estadounidense obstaculizan su derecho a defensa legal.

Maduro y Flores enfrentan cargos relacionados con narcotráfico. Ambos se declararon no culpables de los cargos tras su comparecencia ante una corte federal en Nueva York en enero de 2026.

El tribunal aún no ha decidido si aceptará la moción para desestimar el caso o si permitirá que los abogados de Flores se retiren del proceso.

Con información de Telemundo

Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, y su esposa, Cilia Flores, recibieron el 30 de enero una visita consular de un funcionario venezolano mientras permanecen en una cárcel de Nueva York a la espera de su próxima audiencia judicial, fijada para el 26 de marzo.

Según una notificación de la Fiscalía y la defensa al juez, que está disponible este miércoles en el archivo digital del caso, Maduro y Flores recibieron ese día a «un funcionario que representaba a la República de Venezuela para ayudar a facilitar a los acusados cualquier servicio que necesitaran».

El documento, entregado ayer, destaca que el juez Alvin Hellerstein ordenó a la Fiscalía, en la primera comparecencia de los acusados el pasado 5 de enero, que les facilitara el acceso a servicios consulares e informara al tribunal cuando así lo hiciera.

Maduro dice que es inocente

La próxima audiencia de Maduro y Flores será el 26 de marzo a las 11 de la mañana, puesto que a principios de este mes la Fiscalía, con el consentimiento de la defensa, solicitó aplazar la fecha inicial del 17 de marzo y el juez Hellerstein accedió a la petición ese mismo día, según consta en el archivo.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York argumentó el aplazamiento de la audiencia en que necesitaba más tiempo para reunir pruebas, permitir que la defensa las revise y que esta decida qué mociones presentará antes del juicio, a lo que el juez accedió «en interés de la justicia», indica el documento.

Maduro se declaró como «un hombre inocente» de los cargos de narcotráfico que la Administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a EE.UU. el pasado 3 de enero, y dijo ser un «prisionero de guerra».

Con información de EFE

El Gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes aplazar para el 26 de marzo la próxima vista en el caso penal contra el depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En la petición se alegan razones logísticas y de intercambio de pruebas, informó la agencia EFE.

En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton solicitó que la sesión, originalmente prevista para el 17 de marzo de 2026, se traslade al 26 de marzo.

Se supo que la solicitud, que cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados, busca evitar "conflictos de agenda y problemas logísticos". 

Según el documento legal, este tiempo adicional es necesario para que la fiscalía "pueda producir el descubrimiento de pruebas" y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio presentará.

A principios de enero, Maduro se declaró como "un hombre inocente" de los cargos de narcotráfico que la Administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Estados Unidos, y dijo ser un “prisionero de guerra”.

Con información de Efe

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro Guerra, informó este lunes que tanto Nicolás Maduro como su esposa, Cilia Flores, se encuentran en buen estado de salud.

La información fue compartida durante un encuentro de trabajo con el ministro para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado. 

Maduro Guerra enfatizó que la integridad física de la pareja se mantiene estable.

Por su parte, el ministro Ángel Prado destacó que "este reporte fortalece la moral de las comunas, los sectores productivos y los movimientos sociales, quienes ven en la firmeza del mandatario un ejemplo de resistencia". 

La noticia de su buen estado de salud se suma al respaldo diplomático recibido este lunes desde el Kremlin, así como a las jornadas de oración y movilizaciones permanentes que son clave para exigir su liberación.

Con información del Minci

El hijo de Nicolás Maduro y los de su esposa, Cilia Flores, solicitaron  al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Volker Türk, que exija al gobierno de Estados Unidos liberar de manera “inmediata” a ambos.

En una carta entregada en la sede de la ONU en Caracas, el diputado Nicolás Maduro Guerra, Yosser Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores pidieron también a Türk un “pronunciamiento público de condena a la violación de los principios del derecho internacional” por los ataques estadounidenses en Venezuela el pasado 3 de enero, cuando ambos fueron capturados.

También le solicitaron que rechace públicamente “la violación a la inmunidad y los derechos a la libertad e integridad personal” de Maduro y Flores.

“El ilegal e ilegítimo secuestro del presidente constitucional y la primera dama y diputada constituye una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales que rigen el orden jurídico internacional, incluyendo la inmunidad soberana de los Estados”, reza el documento.

El texto fue leído por Maduro Guerra durante una marcha chavista que llegó a la oficina de la ONU en la capital.

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En el escrito, suscrito también por las hermanas del líder chavista, Josefina, María Adelaida y María Teresa Maduro, señalaron que “la inmunidad del jefe de Estado no depende del reconocimiento político por parte de un Estado extranjero”.

El diputado le hizo referencia a que el Gobierno de Donald Trump no reconoce al líder chavista como presidente de Venezuela.

En la carta, los familiares también denunciaron que, tras el “secuestro”, ambos fueron “trasladados por los efectivos estadounidenses a la ciudad de Nueva York en condiciones que vulneraron su derecho a la integridad personal”.

A su llegada, prosiguieron, Maduro “se encontraba herido, caminando con dificultad, y atado de manos y pies”, mientras que Flores tenía “heridas y se encontraba atada de manos recibiendo un trato de prisionero de alta peligrosidad”.

“Sus lesiones fueron corroboradas por los abogados defensores”, afirmaron.

Cientos de trabajadores del sistema de salud identificados con el chavismo marcharon este jueves 22 hasta la ONU en Caracas para pedir que interceda por la liberación de Maduro y su esposa, capturados por tropas estadounidenses que protagonizaron sendos ataques en Caracas y tres estados.

Con información de EFE

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, pueden esperar razonablemente que sucedan dos cosas mientras se acostumbran a su nueva vida cotidiana en el famoso Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés): estarán incómodos y estarán fuera de peligro.

“Realmente es un infierno”, dijo el consultor de prisiones federales Sam Mangel a CNN. “Hay muy poco aire acondicionado. Hay muy poca calefacción. Cada recluso recibe una manta de lana. Duermen en un colchón muy delgado combinado con una almohada de dos pulgadas (unos 5 cms) sobre una losa de metal”.

El derrocado presidente de Venezuela y la primera dama son los más recientes detenidos de alto perfil retenidos en la cárcel federal conocida como MDC, con un historial documentado de cortes de energía, escasez de personal y quejas de los detenidos.

CNN no pudo determinar con precisión cómo está siendo tratado el matrimonio. Ni los funcionarios de la prisión ni los abogados que representan a la pareja respondieron a las solicitudes de comentarios.

Mangel, así como un exfuncionario del sistema penitenciario federal y un abogado defensor con clientes alojados en el MDC, hablaron con CNN sobre las difíciles condiciones de la prisión y cómo suelen ser tratados los detenidos de alto perfil en ese entorno.

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La Oficina Federal de Prisiones no comenta sobre los reclusos actuales, pero Mangel dijo que probablemente Maduro y Flores estén alojados en una zona segregada, no con la población general, en celdas separadas y solos.

“En su caso, él representa un riesgo de seguridad en la población general”, dijo Mangel. “Nadie sabe qué pueden pensar otros reclusos de él, otros miembros de pandillas, otros miembros de carteles, así que ponerlo en población general en cualquier momento… Creo que sería un enorme riesgo de seguridad para la instalación”.

Antes de su captura por las fuerzas estadounidenses el sábado, la pareja había vivido en el Palacio de Miraflores, una amplia residencia presidencial conocida por su arquitectura neoclásica, grandes ventanales, salones majestuosos y patios bien cuidados.

Ahora forman parte de los detenidos que incluyen una mezcla de sospechosos e imputados, incluidos acusados de delitos graves, casos de alto perfil y otros en espera de sentencia o traslado.

En su primera comparecencia ante el tribunal en Nueva York el lunes, Maduro y Flores se declararon inocentes de los cargos de drogas y armas y decidieron, al menos por ahora, no impugnar su detención.

El juez informó a la pareja que “como ciudadanos del Estado de Venezuela, tienen derecho a consultar con funcionarios consulares de ese Estado”. El fiscal dijo que investigaría eso, y el juez pidió que le informaran “cuándo y dónde sucederá”.

Es probable que Maduro y su esposa no tienen contacto regular entre ellos, a menos que ambos hayan programado sus reuniones con sus abogados al mismo tiempo, dijo Hugh Hurwitz, quien dirigió la Oficina de Prisiones de mayo de 2018 a agosto de 2019.

Mientras tanto, Maduro podría pasar el tiempo en una pequeña área recreativa dentro de la cárcel, un espacio que sería mucho más pequeño que en una instalación más grande, según Hurwitz.

Hurwitz hizo sus evaluaciones basándose en su experiencia como director interino del sistema penitenciario federal.

La vida de los reclusos segregados de la población general incluye una llamada de despertador a las 6 a.m., con tiempo programado para reunirse con sus abogados diariamente, ejercicios al aire libre cinco horas a la semana y visitas diarias del personal de salud, según el manual de la Oficina de Prisiones.

Los reclusos en la Unidad de Vivienda Especial de la cárcel, conocida como SHU, donde probablemente esté alojado Maduro, se mantienen en confinamiento solitario bajo condiciones restrictivas, dijo a CNN Daniel McGuinness, un abogado defensor penal y de litigios de derechos civiles que representa a varios clientes en el MDC.

Los internos pasan hasta 23 horas encerrados en sus celdas, con estrictos protocolos de escolta cuando salen de ellas, y tienen acceso limitado a llamadas legales, según un informe del Departamento de Justicia.

“No sé si lo estarán encerrando en su celda 23 horas al día… pero sin duda está en una unidad de máxima seguridad donde nadie puede acceder a él”, dijo Hurwitz. “Estoy seguro de que lo mantienen separado de los demás reclusos. Si lo ponen con alguien, es con alguien que ya han investigado y saben que no va a ser un problema”.

De hecho, el MDC, descrito tanto por abogados como por reclusos como “asqueroso” y con condiciones “horribles”, es un lugar peligroso, donde en 2024 dos reclusos fueron asesinados por otros reclusos usando armas improvisadas, según los fiscales federales.

Hurwitz espera que los protocolos de seguridad implementados tengan muy en cuenta el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Epstein murió por suicidio en 2019 en otro centro de detención preventiva en Manhattan que desde entonces cerró.

“No pueden permitirse tener otro incidente como el de Epstein”, dijo Hurwitz.