El Tribunal Supremo de EE.UU. anunció este jueves que sopesará los argumentos legales en el caso en contra de los intentos del presidente Donald Trump por acabar con la ciudadanía por nacimiento.

La vista judicial se realizará el próximo 13 de mayo, según indicó un documento publicado esta tarde.

La decisión de tomar el caso llega poco más de un mes después de que el Gobierno Trump solicitara al Supremo levantar parcialmente varias órdenes judiciales que bloquean el decreto con el que la Casa Blanca intentó acabar con este derecho, amparado por la Constitución.

En su segundo día en el poder, Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de los inmigrantes indocumentados y de los migrantes con visados temporales.

El polémico decreto fue impugnado en los tribunales y tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts ordenaron en fallos separados su bloqueo temporal a nivel nacional mientras se resuelve el caso.

Ante la posibilidad de que este caso pudiera tardar meses o años en resolverse, el Gobierno de Trump presentó la petición de emergencia ante el Supremo para que levante parcialmente los bloqueos nacionales.

Como pasó en su primera administración (2017-2021), varias de las medidas decretadas por Trump en el inicio de su segundo mandato han sido respondidas con demandas y posteriores bloqueos judiciales.

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El decreto de Trump contradice la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos de 1868, que otorga la ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida dentro de su territorio nacional.

Con información de EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no se da por vencido en su propósito de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, luego que un equipo de su gobierno insistiera ante la Corte Suprema en una serie de apelaciones de emergencia.

El Departamento de Justicia argumentó este jueves que los tribunales inferiores habían ido demasiado lejos al emitir órdenes judiciales a nivel nacional que bloqueaban la controvertida política, y pidió a los jueces que limitaran el impacto de esas órdenes, según CNN.

Recordemos que el decreto de solicitud de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, fue el primer decreto que firmó Trump como presidente argumentado en una teoría jurídica marginal que ya fue rechazada por varios tribunales.

El mismo busca impedir que los niños nacidos en EE.UU. que no tuvieran al menos un padre que fuera ciudadano estadounidense o residente legal permanente.

Aunque estaba previsto que la orden se aplicará el 19 de febrero, fue bloqueada diversos jueces federales.

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Al justificar sus apelaciones de emergencia, el Departamento de Justicia ante la Corte Suprema esgrimió que “las órdenes judiciales universales han alcanzado proporciones epidémicas desde el inicio de la administración actual”.

“Esas órdenes judiciales universales prohíben que un decreto del día 1 se aplique en cualquier parte del país, en relación con ‘cientos de miles’ de individuos no especificados que ‘no están ante el tribunal ni identificados por el tribunal’”, agrega.

Aunque por más de un siglo la justicia estadounidense ha aplicado la 14ª Enmienda para otorgar la ciudadanía a cualquier persona “nacida o naturalizada en Estados Unidos”, independientemente del estatus migratorio de sus padres, hay una corriente conservadora que echa estos argumentos por tierra.

La lectura de los conservadores apunta a que se ha interpretado mal la 14ª Enmienda, pues esta incluye una frase que indica que el beneficio se aplica solo a las personas que están “sujetas a la jurisdicción” de EE.UU., por lo que consideran que los migrantes indocumentados están sujetos a la jurisdicción de su país de origen.

Con información CNN – Agencias

Una jueza federal escuchó este miércoles los argumentos sobre la suspensión temporal dictada contra la orden ejecutiva de Donald Trump que pretende acabar con el derecho a la ciudadanía de cualquier persona nacida en Estados Unidos, aunque se encuentre en el país de forma temporal o irregular y decidió frenarla de forma indefinida.

Según la cadena Telemundo, a falta de que la corte tome una decisión sobre el fondo del asunto, el decreto del presidente republicano no podrá entrar en vigor como preveía este mes, a menos que se revoque la congelación judicial antes.

La orden presidencial estaba ya suspendida a nivel nacional debido a una demanda diferente presentada por cuatro estados ante una corte en Washington. En total, 22 estados y varias organizaciones han acudido a la justicia para frenar el decreto.

La jueza federal de distrito, Deborah Boardman, escuchó los argumentos a favor de congelar el decreto en su corte federal de Maryland, impulsados por los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes CASA y Asylum Seeker Advocacy Project, y varias mujeres embarazadas.

El fundamento de las demandas es que la orden puede contravenir la 14 Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, después de la Guerra Civil, y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que determinó que Scott, un esclavo, no era ciudadano.

«El principio de la ciudadanía por derecho de nacimiento es un pilar de nuestra democracia. Está entretejido en las leyes de la nación y ha dado forma a un sentido compartido de pertenencia nacional para generaciones tras generaciones de ciudadanos», argumentan.

La Administración Trump afirma que los hijos de no ciudadanos no están «sujetos a la jurisdicción» de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.

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«La Constitución no alberga una cláusula de beneficio interpretado que otorgue la ciudadanía estadounidense a, entre otros: los hijos de quienes han eludido (desafiado abiertamente) las leyes federales de inmigración», argumentó el Gobierno en respuesta a los demandantes de Maryland.

La 14 Enmienda se añadió tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y a los afroamericanos libres. Establece: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen».

Además de los 22 estados con fiscales generales demócratas que buscan detener la orden, 18 fiscales generales republicanos anunciaron esta semana que están buscando defender el decreto uniéndose a una de las demandas interpuestas en New Hampshire.

Estados Unidos se encuentra entre los 30 países donde se aplica la ciudadanía por nacimiento, conocido como el principio de jus soli, o «derecho de suelo». La mayoría se encuentran en América, incluidos Canadá y México.