La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, trató de entrar a Venezuela y corrió la misma suerte que la de otras personalidades que han querido llegar a observar las elecciones de este domingo.

A través de sus redes sociales, López explicó que, luego de que estuvo sin su pasaporte por hora y media, al igual que la senadora colombiana Angélica Lozano, la subieron a un avión rumbo a Perú, donde la aerolínea Latam le permitió regresar a Bogotá en un vuelo desde Lima, reseñan medios colombianos.

De esta manera, López corre la misma suerte que los enviados del Grupo IDEA y los parlamentarios del Partido Popular español (PP), quienes fueron expulsados, por no estar «invitados» por el CNE.

La delegación de nueve eurodiputados, diputados y senadores del partido conservador español PP a los que se impidió anoche la entrada en Venezuela aterrizó este sábado en el aeropuerto de Madrid, donde rechazaron su deportación y acusaron al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser cómplice del presidente Nicolás Maduro, en este hecho.

Mil gracias a LATAM que con mucha amabilidad me embarcó de regreso a Bogotá.De Caracas me deportaron hacia Lima y allí muy amablemente me embarcaron hacia Bogotá.La campaña libertadora de Venezuela no tiene reversa! El Régimen de Maduro termina, pese a todas las arbitrariedades… pic.twitter.com/WeU2AAr627

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Esteban González Pons, eurodiputado del PP, explicó que viajaban tres grupos diferentes de esa organización política: una del Parlamento europeo, otra del Congreso y otra del Senado, en respuesta a «invitaciones formales» de la Plataforma Unitaria para «acompañarles» en las elecciones del domingo.

Aclaró Pons que no viajaban como observadores internacionales pero que sí habían notificado de su viaje a la Cancillería española, al embajador de España en Caracas y los de Venezuela en Bruselas y Madrid.

Por su lado, el presidente Nicolás Maduro calificó de «ridículos» a los expresidentes de Idea, por haber tratado de venir, cuando «son personas no gratas» y no fueron «invitados» por el CNE.

Desde el aeropuerto de Barajas en #Madrid, diputados del @ppopular deportados de Venezuela denuncian "falta de limpieza" en las elecciones."Es grave que Zapatero sea cómplice".? Cortesía pic.twitter.com/UJRU4RFyGW

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, desmintió el anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro sobre un supuesto acuerdo para evitar la construcción del metro elevado en la ciudad.

Según López, no se ha llegado a ningún acuerdo en esta materia y, por lo tanto, el contrato de concesión original sigue vigente.

El presidente Gustavo Petro había dicho que construir un metro elevado en el área más densa de Bogotá sería un grave error que afectaría a la ciudad durante un largo periodo de tiempo.

Sin embargo, la alcaldesa asegura que no se ha consensuado ninguna alternativa y que la propuesta sigue pendiente de la revisión y concepto de la Sociedad de Ingenieros, que es el asesor legal del gobierno en temas relacionados con infraestructuras.

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El proyecto del metro elevado ha sido objeto de controversia y debate en la ciudad. Mientras algunos argumentan que podría agilizar el transporte y descongestionar el tráfico, otros expresan su preocupación por el impacto ambiental y urbanístico que conllevaría.

La falta de un acuerdo entre el presidente y la alcaldesa ha dejado en incertidumbre el futuro del proyecto.

Juan Felipe Rodríguez, al dar esta información en la W, afirmó que con el desacuerdo entre el presidente y la Alcaldía, el contrato de concesión para la construcción del metro elevado sigue vigente, sin que hasta el momento se haya definido una solución consensuada.

Los bogotanos exigen medidas para atacar la inseguridad que, dicen, se tomó Bogotá.

“La seguridad en Bogotá viene en una situación crítica y no lo podemos desconocer. Los altos funcionarios distritales y nacionales no están en el diario vivir de cualquier ciudadano y esto ya se salió de las manos. Esto es en horario diurno, nocturno, fines de semana, la inseguridad a nivel comercial, sectores residenciales”, critica el ciudadano Hernando Parra, en conversación con Caracol.

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Esta grave situación de inseguridad llevó a un rifirrafe entre la alcaldesa Claudia López y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, por la cantidad de policías que tiene Bogotá.

La alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López, el gobierno prometió cerca de 3 mil policías, pero el ministro y la Policía han mencionado que eran solo 1500.

Mientras tanto las autoridades hacen lo que pueden para tratar de frenar el incremento de la muchísima violencia y los robos que se sufre en la capital colombiana.

Este martes 28 de marzo de 2023, en Bogotá se presentó una marcha en el centro de la ciudad por parte de varios profesores que hacen parte de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, quienes salieron a movilizarse para manifestar su descontento con la alcaldesa Claudia López.

Los profesores se ubicaron en el sector del Planetario y tomaron dirección hacia la Alcaldía Mayor, donde esperan ser escuchados por la Secretaría de Educación, Edna Bonilla, y la mandataria bogotama, Claudia López; informó la Secretaría de Movilidad en Bogotá.

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En el marco del paro convocado por una de las organizaciones sindicales de maestros y maestras, la Secretaría de Educación respondió con un comunicado:

Las razones de la protesta se deben a las medidas que ha tomado la Secretaría Distrital de Educación con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), las pésimas condiciones laborales de los profesores y la mala infraestructura de algunos colegios en la capital colombiana.

Veedurías Ciudadanas de Colombia anunció que investigan el presupuesto que maneja la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y sobre todo lo que destina a publicidad.

El anuncio lo hizo Pablo Bustos, el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, quien detalló que a su despacho llegaron denuncias anónimas sobre supuestos gastos desproporcionados de López en publicidad para mejorar la imagen de la alcaldesa mayor de Bogotá.

El Colombiano publicó declaraciones de Bustos diciendo que se “Se indaga si es cierto, conforme a denuncias recibidas, que la alcaldesa se habría gastado cerca de 1 billón de pesos en comunicación, publicidad y promoción, contrariando normas de austeridad del gasto público y desdiciendo la grave crisis social que vive la ciudad”.

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Pablo Bustos, vocero de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, expuso que el billón de pesos habría sido utilizado, presuntamente, para promover la imagen de la propia alcaldesa Claudia López en Bogotá.

“En una ciudad donde la pobreza, la falta de comida para los mismos habitantes en una proporción alta, la desatención a la niñez y sobre todo el problema de la marginalidad y la inseguridad hubieran podido tener un mejor destino si se hubieran usado de manera indecorosa”, cuestionó.

Después de conocer el inicio de esta investigación, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se aseguró que la alcaldesa López no ha destinado dicha cifra para el rubro de publicidad y se planteó que se trata de una acusación falsa.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tiene su primer choque con el presidente Gustavo Petro.

El encontronazo entre la Alcaldía de la capital y la Casa de Nariño ocurre mientras los partidos calientan el debate para las elecciones regionales del 29 de octubre del próximo año, en las que tanto Claudia López como Gustavo Petro buscarían poner una de sus cuotas en la administración distrital.

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El debate nació por el proyecto de enlazar a Bogotá con Cundinamarca como Región Metropolitana. Claudia López busca que la capital se incluya en esa entidad territorial, pero Gustavo Petro, quien fue alcalde del Distrito, se ha opuesto tajantemente a esa posibilidad.

Ese pulso lo iba ganando la alcaldesa que ya ha avanzado en la arquitectura institucional para cumplir ese fin, hasta que el Ejecutivo le presentó este martes un nuevo requerimiento que puede torpedear sus intereses.

Todo porque la iniciativa de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca requiere de dos factores: la intención de la Alcaldía y la voluntad política del Gobierno Nacional para ejecutar esa norma porque la implementación de los proyectos también incluye al Estado.

Esta pelea apenas está empezando y se suma a otras discordias que han tenido Claudia López y Gustavo Petro sobre asuntos como la construcción del Metro de Bogotá.

Después de asestarle un duro golpe a la banda criminal Los Maracuchos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció la demolición del edificio utilizado por estos, para cometer sus fechorías.

Los Maracuchos es una organización delictiva de origen venezolano, que está señalada de manera directa de haber cometido un número considerable de homicidios, con desmembramientos y abandono de cuerpos en bolsas en Bogotá.

En días pasados, las autoridades metropolitanas le asestaron un duro golpe a esta organización, tras capturar a su líder y varios de los responsables de los homicidios cometidos por Los Maracuchos.

Este fin de semana, la alcaldesa López anunció a través de sus redes sociales, que la edificación utilizada para cometer los atroces crímenes entra en el plan construcción de un sistema de ferrocarril que conectará a Bogotá con el occidente del país, mejor conocido como Regiotram.

Estamos en la Av. Caracas con 24, en el predio usado por “Los Maracuchos” en Los Mártires para la criminalidad, aprovechándose de gente humilde. Olla que la Fiscalía declara con extinción de dominio, olla que demolemos.https://t.co/PLjQWjSnRq pic.twitter.com/WOMPREs4bU

«En la Av. Caracas con 24, en el predio usado por ‘Los Maracuchos’ en Los Mártires para la criminalidad, aprovechándose de gente humilde. Olla que la Fiscalía declara con extinción de dominio, olla que demolemos», dijo López.

Explica la burgomaestre que la edificación era utilizada como una especie de refugio, donde por un monto efímero, las personas de escasos recursos podían tener un albergue, pero esto era la mampara de Los Maracuchos, para llevar a cabo sus acciones delictivas.

«En cualquier caso íbamos a recuperar y a demoler estos predios para poder hacer esa infraestructura vial (…) Esto es un poco la desidia del Estado para serles franca. Este bien ya estaba en un proceso de extinción de dominio desde el 2017», manifiesta López, quien resalta que la estructura será demolida para atender los requerimientos del plan Regiotram.

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Sobre las personas que se encontraron dentro del edificio, indicó que los mismos han sido censados y que actualmente se les presta la colaboración para ser reubicados y atendidos por la Alcaldía de Bogotá.

Vale destacar que sobre Los Maracuchos hay otros delitos que son investigados actualmente por los organismos de seguridad colombianos.

Se sabe que este grupo delictivo tiene una guerra declarada con el Tren de Aragua y otras bandas conformada por colombianos de la región, quienes se disputan el control ilegal de la zona.

Bogotá está siendo azota por la dura pelea en la que están inmersas tres bandas narcotraficantes y de procedencia internacional, las cuales son las responsables de varios de los 23 cuerpos descuartizados y embolsados que se han encontrado durante este 2022 en las calles de la capital colombiana.

Empero, las autoridades de la ciudad solo identifican públicamente a una de estas bandas. Se trata de la venezolana «Tren de Aragua», una organización criminal que tiene incidencia en los procesos delictivos de varias ciudades colombiana y de otros países como Perú y Chile.

Los nombres de las otras dos estructuras no se han revelado públicamente, pero lo que sí admiten la Alcaldía de Bogotá y la Policía es que el accionar ilícito está generando afectaciones a la seguridad de la ciudad.

Al menos así lo reconoció este martes la mandataria local, Claudia López, tras un consejo de seguridad.

“Nueve organizaciones criminales de narcotráfico atormentan a Bogotá, de esas tres están en disputa criminal. Esa disputa es la que está causando la mayoría de los casos llamados embolsados: personas asesinadas abandonadas en vía pública”, enfatizó López, quien agregó que “una de esas tres organizaciones es el Tren de Aragua”.

Incluso, se confirmó que entre las víctimas desmembradas de esa guerra que se libra en la capital han sido identificados 9 colombianos, 7 venezolanos y 3 muertos cuya procedencia sigue en verificación.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió a las autoridades venezolanas que aíslen a los cabecillas de la banda delincuencial denominada el Tren de Aragua que están detenidos en Venezuela y que estarían ordenando la ejecución de acciones criminales en la capital del país.

Ante este panorama, la alcaldesa explicó que el Tren de Aragua es una estructura criminal de origen venezolano dirigida por dos presos conocidos con los alias de «Niño Guerrero» y de «Giovanny».

Los dos están tras las rejas en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, pero siguen dirigiendo operaciones criminales y coordinan asesinatos desde allí

Por eso, López pidió que “esta misma semana se aíslen efectivamente a estos dos criminales de cualquier probabilidad de seguir coordinando actividades criminales desde la cárcel. Están detenidos, pero no aislados”.

En ese Consejo de Seguridad se anunció la creación de un grupo especial contra el multicrimen en Bogotá para apoyar a las autoridades, que consolidará a más de 1.200 hombres que recibirán un refuerzo adicional de la Dijín, Antinarcóticos y otras divisiones de la Policía.

La alcaldesa mayor Claudia López dio detalles sobre la conformación de esta nueva fuerza de choque: “Se van a destinar 34 investigadores adicionales de la Dijín, 10 especialistas en inteligencia, 10 especialistas en contrainteligencia y toda la disposición de análisis tecnológico”.

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También se dio a conocer que el presidente Gustavo Petro anunció la llegada de 233 policías a las localidades más críticas en materia de seguridad (Kennedy, Santafé y Los Mártires) y se tiene proyectado que para final de año se complete el refuerzo de 1.500 policías operando en Bogotá.

Tras los recientes asesinatos y robos en Bogotá, el presidente Gustavo Petro anunció un aumento del pie de fuerza de la Policía para la capital colombiana. 

Lo hizo al finalizar su primer consejo de seguridad y encuentro oficial con la alcaldesa bogotana Claudia López.

Durante el consejo de seguridad, la alcaldesa López hizo siete peticiones al gobierno de Petro para combatir la inseguridad con inversión social y con justicia restaurativa, así como acciones para reducir el desempleo y el aumento de recursos.

Entre las solicitudes planteadas estuvieron aumentar las capacidades de inteligencia e investigación criminal, incrementar del pie de fuerza, redefinir metas de operación y eficacia de la Policía, liderar el Plan de Desarme por la Vida, enviar un mensaje de urgencia al Congreso para los proyectos de justicia restaurativa y competencias carcelarias, así como apoyar la labor de la Fiscalía con más fiscales especializados, capacidades tecnológicas y analíticas.

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Claudia López detalló cuáles son las medidas concretas más importantes que se tomarán.

“Acordamos que para seguir combatiendo el hurto, que es lo que más atormenta a los ciudadanos, que no haya atracos en Transmilenio ni en las calles, que podamos proteger mejor a la ciudadanía, el Gobierno Nacional nos va a cumplir el compromiso de tener 1.500 policías más de vigilancia en diciembre de este año y otros 1.500 el año entrante”.

La alcaldesa destacó que para combatir a las organizaciones criminales que están haciendo vendettas entre delincuentes, se reforzará la comunidad de inteligencia: la Dipol, la Sijín, la Fiscalía, la Interpol.

“Otra cosa que hablamos que le gustó mucho al presidente y en la que Bogotá también es un ejemplo, es seguir fortaleciendo las casas de justicia. Las mujeres violentadas y golpeadas por un hombre machista, los niños agredidos en violencia intrafamiliar, necesitan prevención y protección, eso es lo que tenemos en las casas de justicia”.

Al finalizar el encuentro, el presidente comunicó la construcción de una hoja de ruta entre el gobierno y la Alcaldía de Bogotá para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana en la capital, en la que será clave la lucha contra el lavado de activos.

“Para desactivar ese engranaje del gran narcotráfico, que es el lavado de activos, que incluye actividades inmensas de contrabando, por ejemplo, tenemos que hacer un énfasis fundamental en la articulación de los cuerpos de inteligencia y de contrainteligencia del Estado”, aseguró el mandatario colombiano.

En ese sentido, el presidente anunció también un aumento del pie de fuerza de la Policía en Bogotá y pidió a la Policía que cuide menos al gobierno y más a la ciudadanía.

“He pedido que se reestructuren las formas organizacionales de la Policía en las grandes ciudades, para atender el hecho de que en las grandes ciudades hay flujos poblacionales. En el caso de Bogotá, son millones de personas en las horas pico las que se mueven y en donde tiene que estar la Policía, porque allí se realiza el delito”, aseguró Petro.

Pese a que en las últimas semanas las alarmas han estado encendidas en Bogotá por los múltiples crímenes y los cadáveres encontrados en bolsas o desmembrados en varias localidades, la Alcaldía destacó que la cifra semestral de homicidios durante este año (479 muertos) es la más baja en los últimos 20 años.

En la capital, donde las autoridades han priorizado nueve grupos delincuenciales, el homicidio y el hurto han registrado reducciones en lo que va del año 2022, si se comparan las cifras con el mismo periodo de 2021.

Petro hizo énfasis en esos datos y aseguró, por su parte, que “hace ya casi 30 años, Bogotá era 9 veces más violenta que hoy, era una de las ciudades más violentas del mundo”.

El mandatario colombiano fue más allá y señaló que “hoy, de acuerdo con los estándares internacionales que se miden por tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, Bogotá está a punto de dejar completamente el mundo de las ciudades violentas y pasar al mundo de las ciudades en proceso real de pacificación, porque está a punto de llegar a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. La meta este año son 11, 12”.

Tras liderar un consejo extraordinario de seguridad, la alcaldesa Claudia López ofreció detalles de la masacre ocurrida en Bogotá, donde 4 personas aparecieron muertas dentro de una camioneta Toyota.  

López dejó claro, antes de iniciar la rueda de prensa, que las investigaciones apuntan a “un ajuste de cuentas macabro y criminal” contra un expolicía con un pasado turbio que termina asesinado junto a otras tres personas.

Les reiteró a los medios de comunicación no hacer «ninguna especulación» al respecto. “No tiene ni policía ni Fiscalía ninguna información que le permita creer que este hecho lamentable de estos cuatro asesinatos tenga nada que ver con la organización criminal Tren de Aragua”.

Asimismo, dijo que “tampoco tienen nada que ver con los hechos lamentable de ajustes de cuenta con homicidios de personas abandonadas en bolsas en la ciudad de Bogotá”.

«Son homicidios que tienen que ver con el narcotráfico y el lavado de activo (del expolicía)… Obedece a una disputa entre estructuras criminales», precisó la alcaldesa.

En menos de 48 horas Policía y Fiscalía establecieron que se trata de un ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales de narcotráfico y presuntamente de lavado de activos. Dos de las víctimas tienen antecedentes criminales, uno con pena privativa de la libertad. pic.twitter.com/ogFTLiVk4O

Según las investigaciones, el pasado jueves 18 de agosto a las 10:48 de la mañana, la camioneta salió desde Bogotá por el peaje de Andes, al parecer con cuatro personas a bordo.

A las 3:00 de la tarde de ese mismo día volvió a ingresar a la capital del país. Posteriormente, sobre las 3:30, el automotor fue dejado abandonado en la Autopista Norte.

Indicó López que la primera víctima identificada fue “el expolicía Juan Carlos Useche”, y la mujer que estaba en el vehículo, Leidy Alejandra Betancourt, quien presuntamente era su pareja sentimental.

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También se identificaron las otras dos personas como Leonardo Sanabria y Eiler José Perozo, este último de nacionalidad venezolano, informó BluRadio.

La alcaldesa indicó que la investigación preliminar arroja que, aunque los cuerpos fueron hallados a las afueras de Bogotá todo parece indicar que los asesinatos se cometieron fuera de la capital y los cuerpos fueron traídos para dejarlos abandonados en la salida norte de la ciudad.

López dijo que Juan Carlos Useche estuvo vinculado varios años a la Policía; sin embargo, salió en medio de polémicas por mala conducta.

Estuvo luego preso en la cárcel La Picota por concierto para delinquir. Los otros dos hombres que estaban con Useche, eran presuntamente sus escoltas.

Con respecto a la mujer, dijo que no tenía antecedentes criminales y era presuntamente la pareja de Useche, quien “lo acompañaba en ese momento y desafortunadamente termina también asesinada”, reseñó Semana.

Asimismo, aclaró que quien asesinó a estas personas iba exclusivamente detrás de Juan Carlos Useche, quien como policía tenía un pasado turbio.

“Un ciudadano colombiano retirado de la Policía desde 2006 siendo patrullero en Cali. Desde entonces, tuvo varios antecedentes por concierto para delinquir por vinculación con actividades de narcotráfico, estuvo preso en dos ocasiones, tenía una vida en el crimen de muchos años», destacó la mandataria.

«La Fiscalía y la Policía han establecido que él seguía en actividades criminales de narcotráfico y lavado de activos”, agregó.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la elección como presidente de Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez.

El acto protocolario fue encabezado por el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, quien fungió como secretario del CNE.

El reconocimiento se dio a través de la resolución 3235 de 2022 del CNE.

Petro, de 62 años, venció con más de 50% de los votos al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien obtuvo un 47% de los apoyos, según el cómputo oficial. La ventaja en las urnas se contabilizó en 787.649 votos, según el último reporte de la Registraduría.

Gustavo Petro gobernará a partir del 7 de agosto por un periodo de cuatro años y sucederá a Iván Duque.

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La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y Gustavo Petro, presidente electo, se reunieron y se tomaron una foto abrazados, después de algo menos de dos años de mucha tensión entre los dos.

Este jueves 23 de junio, el presidente electo informó sobre el encuentro que tuvo con la mandataria, señalando que se trató de una reunión para trabajar en la “hoja de ruta común entre las dos administraciones”.

Claudia López le agradeció también por su “disposición y tiempo” para conversar los temas clave de la capital y el país.

Más de 13 horas estuvo enterrado un abuelo de 74 años de edad que pidió ayuda por el hambre y la necesidad que pasa y para que las autoridades distritales de Colombia escucharan su clamor tuvo que realizar esta terrible acción.

Es la desigualdad de ese país los que tienen muchos y pueden vivir cómodamente y los que no tienen nada y autoridades hacen oídos sordo ante el clamor del hambre.

Este abuelo decidió no gritar, ni siquiera ir a una institución porque sabe que no sería tomado en cuenta.

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El adulto mayor tomó una decisión drástica: enterrarse vivo en la sala de su casa para llamar la atención de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

El hecho ocurrió en el barrio Tocaimita, localizado en la parte alta de Usme, Colombia. Las autoridades llegaron y ya el abuelo no aguantaba ni el frío ni la humedad.

Los vecinos de varias comunidades vulnerables aseguran que están completamente abandonados por las autoridades.

“Los adultos mayores no tienen la posibilidad de recibir el apoyo que les corresponde. Que los adultos mayores que existen en este barrio reciban un apoyo de parte de la Alcaldía”, recalcó una habitante de la zona, reseñó Noticias Caracol.

Se conoció que en el barrio de Tocaimita hay una población de más de 300 familias, conformada por afros, desplazados y comunidades indígenas.

Aseguran, además, que los abuelos están en completo abandono.

“No recibimos apoyo por parte de la Alcaldía, por ejemplo, la canasta básica. Los afros reciben la canasta, algunos indígenas reciben la canasta, pero la mayoría de la comunidad, los desplazados, no recibimos nada”, advirtió uno de los vecinos.

El abuelo sucumbió ante el frío y la humedad. Después de 13 horas tuvo que salir para recibir atención de una ambulancia.

Pese a esto, logró la presencia de las autoridades distritales, las cuales se comprometieron a dar solución para toda la población.

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Tras varias horas de conflicto, representantes de los motociclistas y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, llegan a un acuerdo sobre las medidas tomadas por el Distrito para disminuir los índices de inseguridad en la capital.

Uno de los acuerdos controversiales era sobre la prohibición del parrillero.

Agradezco a todos los motociclistas de la ciudad, comerciantes, ciudadanos, familias y a todos los bogotanos que son conscientes que con unión y solidaridad nos cuidamos todos y salimos adelante de cualquier dificultad. Dialogamos, concertamos y acordamos! pic.twitter.com/C6KcrWY9Ps

Aquí López indicó que se mantienen las 5 excepciones, pero se suma que las mujeres podrán transitar como pasajeras sin inconvenientes los días jueves, viernes y sábado entre las 7:00 de la noche y las 4:00 de la mañana.

La restricción de parrillero solo aplicarán para los hombres y las medidas empezarán a partir del 18 de abril y no desde el 11 como se tenía previsto por parte de la Alcaldía, reseñó BluRadio.

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Con respecto a la placa de la moto, se mantiene la norma de que esté visible en casco o indumentaria, pero le dejaran al motociclista elegir dónde ponerla (chaqueta, chaleco).

Los motociclistas aprovecharon la reunión para aclarar que el incidente ocurrido la tarde del miércoles, cuando un motociclista agredió a un policía que acompañaba las marchas, era un hecho aislado.

Con las organizaciones de motociclistas acordamos:▪️Se prohíbe solo parrillero hombre▪️Identificación visible en casco o chaleco▪️Medidas rigen desde el 18 de abril▪️Reforzar trabajo con redes de apoyo▪️Seguimiento conjunto una vez al mesTodos aportamos, todos cuidamos! pic.twitter.com/GGiLDyyBPQ

Asimismo, se disculparon por los inconvenientes de movilidad que han causado a los demás ciudadanos.

La Alcaldía de Bogotá informó que las reuniones se mantendrán para determinar cómo evoluciona la situación con la entrada en vigor de las diferentes medidas y así mismo tomar las decisiones correspondientes.

Gracias a las organizaciones de motociclistas por su voluntad de cooperar por la seguridad de las familias de Bogotá. Dialogamos, concertamos y a esta hora le contamos a la ciudadanía las conclusiones de nuestra reunión.https://t.co/0RegklmvJC

Hollman Ibáñez, un abogado de la prestigiosa firma de Abelardo De La Espriella, radicó una denuncia ante la Procuraduría General de Colombia, pidiendo que sancionen a la alcaldesa de Bogotá debido a una opinión política que hizo pública.

El abogado argumentó que con los trinos de la alcaldesa opinando de política hizo alusión no solo a un candidato como el señor Óscar Iván Zuluaga, sino que además utilizó el cargo para participar en controversias políticas, buscando -según él- sacar beneficios políticos.

“En otras ocasiones eran opiniones personales, pero acá es una alcaldesa que participa en controversia política. Controversia generada por ella misma. Aquí, ella está participando en controversia que genera en contra de él [Zuluaga]”, enfatizó Ibáñez en declaraciones a Caracol Radio.

El abogado agregó que el puesto de la alcaldesa la lleva a “guardar silencio” ante las confrontaciones políticas que puedan surgir de las elecciones de este año en Colombia.

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“Ella tiene una obligación, que es guardar prudencia. Ella debió guardar silencio. Si quiere opinar, está bien, hágalo. Pero cuando de manera flagrante arremete contra un movimiento político, lo que busca es favorecer a otro grupo político”, recalcó.

Ibáñez hizo un llamado a las entidades correspondientes para que suspendan del cargo a la alcaldesa al intervenir en política mientras figura en un cargo de elección popular.

En Colombia ya hay antecedentes de suspensiones de alcaldes por hacer opiniones políticas: el alcalde de Pereira fue suspendido durante las pasadas elecciones parlamentarias.

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Uribistas están haciendo un llamado para que la gente firme la revocatoria de Claudia López, pues consideran que ella está “destruyendo la ciudad”.

La iniciativa es de un grupo que se hace llamar «Bogotá revoca», que citan a los ciudadanos a  los centros comerciales bogotanos Unicentro y Parque La Colina, para que apoyen este proceso.

Este es el segundo intento por sacar a Claudia López de la Alcaldía de Bogotá. El primero se hizo a mediados de abril del año pasado, cuando un grupo de personas hizo la solicitud para que comenzara el proceso contra ella.

Ahora, que la revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, parece avanzar, los contradictores de la mandataria bogotana se animaron a revivir el proceso en su contra.

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La Registraduría Nacional afirma que cualquier ciudadano puede hacer una solicitud para revocar a un alcalde o a un gobernador si tiene alguna inconformidad.

El de la iniciativa debe dirigirse a la entidad y hacer una inscripción como promotor o comité. Un registrador revisará ese documento y, si todo está en orden, autoriza la entrega de formularios para la recolección de firmas.

Los promotores deben conseguir que al menos el 30 % del total de los que votaron por el mandatario apoyen la revocatoria con su firma. Para eso tienen un plazo de 6 meses.

Luego se presentan las firmas ante la Registraduría Nacional, que hará una verificación de las rúbricas y si se cumplieron con los requisitos legales. Se convoca a votaciones, para que los ciudadanos decidan y, si el 40 % de los votantes está a favor, la revocatoeria queda firme. 

El mandatario será reemplazado por otro que eligen los ciudadanos, si al revocado le quedan más de 18 meses en el cargo. De lo contrario, será el presidente el que elija un alcalde para el periodo que falta.

Ruge, de 36 años, es un abogado con amplia experiencia en activismo social y derechos humanos, sin embargo trinaba insultos contra la policía colombiana y el gobierno de Iván Duque.

El trino más polémico del funcionario se dio en noviembre de 2020 y fue recogido por la concejal de Bogotá Lucía Bastidas, y donde Ruge escribió:

“La Policía actúa como un grupo irregular al margen de la ley. Tienen tufo paramilitar”

La concejal Lucia Bastidas dijo: «El nuevo director de Diálogo Social. Pregunten quién actuó como abogado de la 1a línea, cuando se tomaron un predio de la Universidad Distrital»

Este no es el primer cargo que Ruge tiene con el Distrito Bogotá. Según la revista Semana, entre el 3 de marzo de 2021 y el 15 de diciembre de 2021, trabajó para el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar como abogado de participación y derechos humanos.

El abogado también fue candidato al Concejo de Bogotá por el partido Alianza Verde y era promovido por la alcaldesa Claudia López.

En cumplimiento de la orden emitida en la sentencia T-386 de 2021, proferida por la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se retractó a través de sus redes sociales de los señalamientos que hizo en contra de la población venezolana en 2020.

Según explicó la mandataria local, los hechos por los que tuvo que retractarse sucedieron el 29 de octubre del año pasado durante un consejo local de gobierno en la localidad de Kennedy. Allí, de acuerdo con López, realizó unas declaraciones donde relacionó a los ciudadanos venezolanos con los hechos de inseguridad que se presentaban en esa zona de la ciudad.

“Dicha expresión no fue generalizada sino particular”, aseguró la alcaldesa de Bogotá, a la vez que añadió

«Mis afirmaciones nunca pretendieron estigmatizar de ninguna manera generalizada a los más de 400 mil venezonalos que viven, trabajan y estudian, de manera honrada en nuestra ciudad»; esas fueron sus palabras, a través de su cuenta de Twitter.

La alcaldesa de Bogotá además puntualizó que, aunque sus declaraciones no buscaban estigmatizar a la población venezolana que reside en la capital del país, se retracta por sus pronunciamientos realizados durante el consejo local de gobierno en Kennedy el año pasado.

“No obstante, me retracto y presento excusas públicas al ciudadano Carlos Fred Brender Ackerman y a los migrantes venezolanos que residen en Bogotá y que se hayan sentido agraviados con mi pronunciamiento realizado en el Consejo Local de Gobierno del 29 de octubre de 2020″, concluyó López asegurando que Bogotá es la “más generosa” en cuanto a la atención de la población venezolana migrante.

Durante un consejo local de gobierno, realizado en la localidad de Kennedy el pasado 29 de octubre de 2020, la alcaldesa Claudia López habló sobre los índices de seguridad que tenía la ciudad para ese entonces. Allí, señaló que, para esa fecha, tanto el homicidio como la criminalidad no habían mejorado en lo que iba del año.

“El homicidio creció 1 por ciento en Bogotá y 4 por ciento en Kennedy, y hay temas de criminalidad”, indicó la mandataria local, a la vez que agregó:

«Hay unos inmigrantes venezolanos metidos en la criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos».

Quienes se encontraban en el consejo local aplaudieron las palabras de la alcaldesa de Bogotá, sin embargo, en redes fue fuertemente crítica, donde fue catalogada como xenófoba.

“Xenofobia”, “en campaña les decía ‘panas’, ahora que le toca hacerse cargo los discrimina” y “acá si te pasaste de facha”, fueron algunos de los comentarios que recibió López tras sus polémicas declaraciones.

Las palabras de la alcaldesa de Bogotá hicieron tanto eco en redes y en medios nacionales que incluso el parlamento venezolano le pidió retractarse. A través de su Comisión de Política Exterior, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), le envió una carta a López rechazando “contundentemente” sus declaraciones.

«Instamos (a López) a pronunciarse y retractarse públicamente de cualquier declaración xenófoba que fomente el odio contra nuestros connacionales» se leía en la misiva enviada por la AN a la alcaldesa de Bogotá».

De acuerdo con la AN Venezolana, López se refirió a los venezolanos como “delincuentes” y, además, como los «causantes» del incremento de la criminalidad en la capital del país. En ese sentido, insistieron en que no avalarían “discursos que lejos de aportar, discriminen a los venezolanos que salieron a buscar un mejor futuro”, concluyendo que “realizar este tipo de declaraciones es condenable.”

Las críticas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la no acción del Gobierno al tema de la inseguridad en Colombia parecen rendir sus frutos.

El ministro de Defensa, Diego Molano, salió al ruedo y anunció que entrará un componente de 360 soldados más del Ejército para acciones de seguridad.

Según una nota de prensa, estos 360 soldados que entran en la segunda fase del Plan de Intervención Especial para Bogotá se unen a los 1.200 que desde hace 34 días ya están en las calles.

Las acciones de seguridad están coordinadas con la Policía Nacional en las localidades de Bosa, Mártires, Kennedy y Ciudad Bolívar.

Molano en sus declaraciones precisó que son equivocadas las percepciones que se tienen de que el Gobierno Nacional no está haciendo nada para transformar realidades.

«Actuamos con hechos, y siempre damos respuesta a los requerimientos que tienen los alcaldes en materia de orden público, a fin de acompañar con nuestra Fuerza Pública para que se restablezca la tranquilidad y la seguridad», reiteró Molano.

Esto en respuesta a las declaraciones que hizo Claudia López en las que aseguró que el ministerio Molano solo pone a 1.500 uniformados para resguardar la seguridad.

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Mientras que en campaña electoral reconocía que se necesitan 10 mil policías más para controlar la violencia.   

Razón por la cual, la burgomaestre justificó la presencia de la Policía Militar.

“Puede hacer patrullajes conjuntos con la Policía Metropolitana para hacer patrullajes disuasivos, que los ladrones sepan que estamos patrullando, que hay más ojos”.

El ministro Diego Molano precisó que en el marco de la primera fase del Plan de Intervención Especial, se ejecutaron solo en Bogotá 32.000 acciones.

Insistió que el objetivo de estas acciones “es proteger a la población civil, brindar tranquilidad en las zonas de intervención y actuar de manera eficaz frente a casos que alteren el orden público y la seguridad de los ciudadanos”.

«Seguiremos actuando de forma diaria, con compromiso y dedicación, ya que los resultados de la primera fase de intervención mostraron una tendencia a la baja”, dijo.

“La Fuerza Pública seguirá trabajando hasta que se revierta la tendencia en un esfuerzo mancomunado con los alcaldes, con los jueces, con los soldados y con la policía», agregó el ministro en respuesta a las inquietudes de la alcaldesa.

Preocupada. Así está la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por el incremento de la inseguridad en la ciudad capital de Colombia y las formas de operación de las autoridades y el sistema de justicia.

Durante una entrevista a BluRadio reconoció que “hay un problema” con el incremento de dos indicadores: “el hurto violento” y el “homicidio”.

Sobre el hurto violento dijo que “a la gente la están atracando a cuchillo por llevarse un celular” y aseguró que muchos de estos atracos terminan en homicidio.

Considera que estos fenómenos se incrementaron con la pandemia de la COVID-19 y las protestas antigubernamentales que iniciaron el 28 de abril con el paro nacional.

Asimismo, criticó al sistema de justicia colombiano y dijo que mientras las autoridades policiales “arriesgan su vida” y “se toman el trabajo” para atrapar a los delincuentes, los jueces los dejan en libertad.

“Si los jueces siguen sin tener un compromiso con la seguridad de Colombia no vamos a salir adelante como nación”, afirmó López.

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Reiteró que “si aquí la justicia no se pone del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad va a ser muy difícil recuperar la seguridad”.

“La Policía arriesga su vida, este año han asesinado a tres policías en Bogotá cumpliendo su labor, capturando a los criminales, y los jueces dejan libres a 8 de cada 10 criminales que se capturan”, enfatizó.

«¿Queremos criminales más apretaditos en las cárceles o más libres en las calles?» se preguntó.

Ante las críticas de violaciones a los derechos humanos por parte de los uniformados durante las protestas, la alcaldesa dijo que “no es el momento de descalificar a la Policía».

«La Policía lo que necesita es ayuda, necesita refuerzos, apoyo ciudadano”, agregó la burgomaestre.

Insistió que pese a que el ministro de la Defensa, Diego Molano, reconoció que Bogotá necesita 10 mil policías más. “¿Cuánto nos dio? 1.500”.

Por eso ve necesaria la presencia de la Policía Militar, que “puede hacer patrullajes conjuntos con la Policía Metropolitana para hacer patrullajes disuasivos, que los ladrones sepan que estamos patrullando, que hay más ojos”.

Además, aseguró que esto permitirá “desarmar a los delincuentes”, lo que se verá reflejado en “un atraco menos doloroso, es un riesgo de homicidio menos”.

Molesto está el fundador de Colombia Humana, Gustavo Petro, quien le exigió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, retractarse de sus declaraciones.

La mandataria distrital acusa al movimiento petrista de radicalizar a los manifestantes en las protestas del pasado abril.

A través de un comunicado, Petro precisó que las afirmaciones de la mandataria local son “irresponsables y violatorias”.

“Está violando derechos fundamentales a la dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia y a la no discriminación por razones políticas”, reza el documento.

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Asegura que la filtración de la rectificación solicitada, y la respuesta por parte de la mandataria distrital, promueven “el estado de opinión” que degrada la deliberación democrática.

“La filtración ante los medios de dicha solicitud, y su respuesta, solo denota la voluntad de la alcaldesa de promover el estado de opinión en Colombia, ese que tanto ha promovido el uribismo y que, por supuesto, ha degradado la deliberación en la democracia”, enfatiza.

Se refirió a las próximas elecciones en Colombia el próximo año y dijo que las declaraciones de Claudia López pueden incidir en el voto de los ciudadanos.

“La libertad de expresión, bajo ninguna circunstancia, puede ser pretexto para menoscabar la dignidad de las personas, los derechos fundamentales de los actores políticos, ni para justificar la intervención indebida de una funcionaria pública, como lo es la alcaldesa, en la contienda electoral que se avecina”.

Agregó Petro: “Acogeremos las decisiones que, en el sentido de lo aquí comunicado, adopte la administración de justicia en el marco de un Estado social de derecho”.

Los dos políticos han protagonizado  fuertes peleas, sobre todo mediante sus cuentas de Twitter, desde que inició el paro nacional y las protestas lideradas por jóvenes han avanzado en el tiempo.   

Aunque alguna vez estuvieron en la misma mesa, cuando López apoyó a Petro en la recta final de las presidenciales de 2018, que ganó Iván Duque, los episodios recientes indican que cada vez están más lejos Alianza Verde y Colombia Humana.

En días pasados, la alcaldesa dijo que miembros del petrismo financiaron actividades de la Primera Línea, el grupo de jóvenes que se organizó para liderar las movilizaciones y defender a los demás manifestantes.

El pasado 20 de agosto, Petro le envió a López una carta en la que solicitó retractarse por haber relacionado su movimiento político, la Colombia Humana, con los actos de vandalismo que se registraron en Bogotá.

La alcaldesa López respondió con otra carta que no se va a retractar de lo que dijo, pues asegura que se están recortando y descontextualizando las declaraciones en las que habla de la posible relación entre la Primera Línea y el petrismo.

“A partir de la evidencia que aporto, digo con tranquilidad que no tengo por qué retractarme. Estimado @petrogustavo, la mejor protección al buen nombre es la coherencia entre las palabras y las acciones”, dijo López en su cuenta en Twitter.

La alcaldesa explicó que se dirigió puntualmente al senador Gustavo Bolívar, uno de los escuderos de Petro.

Señaló que su referencia al congresista no es falsa y que se refiere a que en efecto promovió una supuesta “radicalización de jóvenes”, en hechos que han sido públicos por el propio Bolívar, reseñó El Espectador.

“Algunos actores políticos del petrismo, como el propio senador Gustavo Bolívar, han venido radicalizando a un segmento importante de jóvenes bogotanos”, dice la carta.

“Es decir, en el sentido natural y obvio de la palabra, llevando a un extremo las justas protestas e indignación de los jóvenes, lo que lamentablemente, en mi opinión y evidencia pública y verificable, se correlaciona con la ocurrencia de hechos vandálicos y criminales”, agregó.

En la misiva la mandataria agregó que, a su juicio, el senador Bolívar y otros miembros del partido como la concejal Heidy Sánchez y el activista Willmer Rincón Parra han sido “irresponsables”.

Para sustentarlo, adjuntó cuatro casos puntuales de declaraciones o acciones públicas que para la alcaldesa derivaron en hechos vandálicos.

“Infortunadamente, está plenamente establecido que miembros de la llamada ‘Primera Línea’ han resultado vinculados penalmente no solo a actos vandálicos sino a graves conductas criminales”, indicó.