El fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek Willian Saab, anunció la apertura de investigaciones de parte del Ministerio Público (MP) contra las clínicas privadas del país que se han negado a atender a los pacientes, pese a que tienen pólizas de seguro y más si sus patologías son graves.

A través de sus redes sociales, el funcionario indicó que en el MP han recibido denuncias de pacientes que pagan regularmente sus cuotas en empresas de seguros y cuando piden ser atendidos, las clínicas no los quieren recibir.

Las respuestas en las mismas RRSS hacia el anuncio de Saab fueron diversas: unas a favor y otras en contra de la medida.

Un usuario le recordó al fiscal madurista que está bien la investigación, pero le llamó la atención acerca de que los «seguros privados» de los empleados públicos «no pagan a tiempo» los servicios de las clínicas, razón por la cual les niegan la atención en esos centros de salud.

Pero, el abogado Alexis Rodríguez, hizo un análisis que da en el clavo, acerca de lo que ocurre: «El problema es multifactorial. Los baremos se hacen irreales, los seguros tardan en pagar y las clínicas deben protegerse de la inflación con baremos irreales y así. Reunión de ambos sectores con el MP para acordar medidas», propuso.

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Del lado de las clínicas privadas en Venezuela, la agencia Bloomberg publicó que el sector se está «reinventando», con la creación de planes especiales, dirigidos precisamente a que los asegurados puedan pagar las cuotas de las pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM).

La publicación destaca que un porcentaje importante de venezolanos hace el esfuerzo por recurrir al sector salud privado, «debido a las las deficiencias que existen en el sector público».

Pero, destaca que en gran parte del tiempo, «los costos de los tratamientos son cubiertos con sus ingresos o por las ayudas que reciben de familiares y amigos».

Igualmente, Bloomberg informó que, según datos de la Cámara de Aseguradores, «95% de los venezolanos no cuenta con un seguro médico».

Los planes que ofrecen las aseguradoras son por coberturas que van desde 5.000 dólares hasta 50.000, con el pago de primas anuales, dependiendo de la edad, que oscilan entre $215 y $979.

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Para nadie es un secreto la crisis del sector público de salud en Venezuela es grave y desde hace varios años.

Según datos del Programa de Respuesta Humanitaria que coordina la ONG Acción Solidaria, «nueve de cada diez venezolanos solo puede acudir a la red ambulatorios u hospitales públicos del colapsado sistema de salud del país, que ha perdido 70% de su capacidad de respuesta desde 2016».

Mientras que «58% de los ciudadanos tampoco tienen recursos para gastos de bolsillo, es decir, los pagos adjuntos a servicios clínicos, que en teoría deberían estar cubiertos por el Estado».

Asimismo, «unos 9,3 millones de personas en el país tienen algún problema crónico de salud y no tienen cómo atenderlo, por falta de recursos o medicamentos. El 57% de los pacientes encuestados habla de problemas de ingresos para costear sus medicinas, ya que el dinero se prioriza en alimentación», señala un estudio publicado por la ONG en mayo de este año.

Desde el 2021, entre la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo, se acordó la creación de la Superintendencia de Clínicas Privadas.

En esa época, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, explicó que el organismo “ayudará a aglutinar todas las respuestas y seguimiento del Estado para canalizar las denuncias sobre irregularidades y cobros de altas sumas de dinero».

La pregunta es: ¿esa comisión funcionó en algún momento?

El @MinpublicoVEN ha detectado el incremento de denuncias de #Pacientes que cancelan regularmente sus cuotas de pago a #Seguros privados: pero que cuando llegan a algunas clinicas: ESTAS SE NIEGAN A RECIBIRL@S SIN IMPORTARLES LA #GRAVEDAD DE SU SALUD: El Ministerio Público…

Aseguró que la investigación será para sancionar las presuntas violaciones a la ley.

A través de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro y su Defensoría de Pueblo, se acordó la creación de la Superintendencia de Clínicas Privadas.

La información la dio a conocer el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, durante una mesa de trabajo con diputados de la Subcomisión de Salud de la AN.

El organismo «ayudará a aglutinar todas las respuestas y seguimiento del Estado para canalizar las denuncias», dijo Ruiz, en VTV.

En la comisión abordaron las denuncias de irregularidades y cobros de altas sumas de dineero, en divisas en esos centros de salud. Por ello, abordaron temas como los costos y atención médica, particularmente e pacientes con COVID-19.

Durante el encuentro estivieron representantes de la Asociación de Clínicas Privadas así como funcionarios de la Sundee.

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Allí se comprometieron en el despliegue de supervisores en las clínicas privadas en Miranda, La Guaira y Distrito Capital. Esto, porque «se han recibido muchas denuncias de sobrefacturación y malos tratos a los pacientes», dijo Ruiz.

“Estamos en plena inspección de todos los centros de salud, sobre todo en los de hemodiálisis. También se trató el tema sobre las fiscalizaciones que ha hecho la AN en clínicas privadas de Barinas y Apure”, agregó.

Indicó que «la cultura de la denuncia y la contraloría por parte de las comunidades organizadas es fundamental para hacer seguimiento a los precios altos en los centros de salud privados. Ya existe un baremo para la atención de los pacientes con COVID-19 en los centros de salud privados, el cual se logró gracias a la mesa de trabajo celebrada con las autoridades en materia de salud, en julio”, recordó.

En el Distrito Capital la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos de las clínicas tipo A varía entre 94% y 97%. La de las camas de aislamiento entre 89% y 94%. La afirmación el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, Manuel Meneses.

«La capacidad de nuestras clínicas está muy deprimida», alertó. «En el interior de país la ocupación promedio de las Unidades de Cuidados Intensivos varía entre un 90% y 94%. Para las camas de aislamiento está entre 82% y 94%. Si vemos las cifras, tenemos que concluir que la capacidad está muy disminuida», manifestó Meneses.

En entrevista con Banca y Negocios, detalló que, desde el inicio de la pandemia, las clínicas se han venido adaptando para afrontar la COIVID-19.

Igualmente, dijo que estos centros adecuaron las áreas para los pacientes con coronavirus y contrataron nuevo personal.

«Nosotros no importamos ni vendemos, nosotros prestamos un servicio. Sin embargo, todos los materiales médico quirúrgicos, los medicamentos, los proveedores nos lo venden a nosotros en divisas y tenemos que pagar de contado. Esas divisas van incrementando de costo todos los días, eso se refleja en que nos venden todo más costoso», destacó.

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Aclaró que no están rechazando a los pacientes, sino que la ocupación está casi al 100% en las UCI.

«Hay muchos casos en los cuales los pacientes agotan sus coberturas en seguro. Ese diferencial, desde que se acaba el saldo de la póliza hasta que el paciente puede egresar, en muchas oportunidades lo está absorbiendo la clínica», dijo.

A un año de la llegada de la pandemia del COVID-19 al país, el sector de clínicas privadas no ha recibido hasta ahora ningún apoyo financiero por parte del Gobierno Nacional ni ningún beneficio fiscal.

El presidente de la Asociación Capital de Clínicas y Hospitales (ACCH), Germán Cortéz, alertó el colapso en las terapias intensivas de las clínicas en Caracas por contagios del COVID-19.

Detalló, que la UCI de 11 clínicas de alta complejidad se encuentra entre un 95 o 100 % de ocupación a causa del covid-19.

Con respecto a hospitalización, detalló a Unión Radio que se encuentra «más o menos» en 95 % de ocupación.

Ante la variante brasileña, Cortez pidió a Nicolás Maduro rectificar sobre el esquema de flexibilización.

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También sugirió reactivar un proceso de vacunación diferente en todo el país.

Asimismo, mostró disposición para que las clínicas privadas ayuden con el almacenamiento de las vacunas que lleguen a Venezuela.

Esto con el objeto de quitar presión a toda la cadena y avanzar de forma eficaz.

Al ser consultado sobre la metodología del 7+7, comentó que el gobierno debería «rectificar y replantear» la forma en la que se pueda afrontar el coronavirus.

«No es verdad que el 7+7 está dando resultado. Nosotros los estamos viendo con las estadísticas en nuestras clínicas», comentó.

Reveló que en los centros de salud privados, «estamos en un porcentaje entre el 95 y el 100 % de ocupación», dijo.

Reconoció lo duro que es el confinamiento, pero pidió a las personas que no tengan necesidad de salir, mantenerse en sus hogares.

A su juicio, el repunte en los nuevos contagios que se han registrado en las últimas semanas se deben a la «relajación» en todo lo que se asocia al distanciamiento social.

La ministra de Comercio del régimen, Eneida Laya, informó sobre las sanciones impuestas contra 31 clínicas privadas en todo el país. La medida la aplicó la Superintencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). Se trata de multas que equivalen a 20% de los ingresos netos anuales de esos establecimientos.

Laya informó en su cuenta en Twitter que la multa se impuso por la «negativa a cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ)». Insistió en que las clínicas «incumplieron las normas para que los sectores económicos funcionen adecuadamente».

Laya mencionó que se trata de 5 artículos de la ley que se refieren, entre otros temas, a los «márgenes de ganancias sustentables».

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En ese sentido, el viceministro de Comercio, Daniel Gómez, resaltó que la intención de la Sundde «es generar respeto más no miedo». “Queremos que la Sundde sea una institución que se haga respetar por los agentes económicos. No hay que tenerle miedo. Se están multando estas clínicas por no entregar la información pertinente y nos vamos a hacer respetar”, afirmó en declaraciones a VTV.

Asimismo, el intendente de Fiscalización, Elio Córdova, calificó como inaceptable que las clínicas comentan «prácticas especulativas y condicionantes a los usuarios».

Las medidas serán presentadas ante el Ministerio Público (MP) para que sean procesadas. Se presumen los de delitos de especulación, condicionamiento y usura.

La Sundde informó que cada empresa tendrá lapsos establecidos para el pago de la infracción. Asegura que no paralizarán el funcionamiento de las clínicas.

1/3 Desplegamos a los equipos de la @Sundde_ve en el territorio nacional, lo que arrojó como resultado la multa de 31 clínicas privadas, tras la negativa a consignar algunos requisitos para el estudio de sus estructuras de costos. #CambiemosLaAsamblea pic.twitter.com/7gldNBjMzU

Héctor Marcano, vicepresidente de la clínica El Ávila, solicitó a las autoridades de salud del país que permitan a los centros privados realizar las pruebas para descartar coronavirus, con la finalidad de agilizar la detención de la enfermedad y tratamiento de los pacientes.

Desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en Venezuela, en marzo de este año, el régimen ha centralizado las pruebas en el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel.

En entrevista con Unión Radio, Marcano dijo que los centros de salud privados están en capacidad de asumir y podrían ofrecer un reporte diario.

Refirió que, por norma, se necesita la prueba PCR negativa para egresar a un paciente, y a veces muchos de ellos ocupan una cama que se requiere para otra persona.

indicó que en la clínica El Ávila, fueron habilitados dos pisos con 26 camas para atender a las personas confirmadas con COVID-19.

Por su parte, el presidente de la junta directiva de la Policlínica Metropolitana, Jimmy Levy, informó que debido al aumento de casos de coronavirus, se han visto en la obligación de «duplicar» el número de camas disponibles para atender a personas infectadas.

Señaló que cuentan con 25 camas para los casos sospechosos y los confirmados.

Acotaron que las clínicas tienen un margen de acción y están preparadas para atender pacientes porque hicieron una planificación previa.