El ministro Néstor Osuna, dio detalles de la política de drogas que trabaja el Gobierno y que quedaría aprobada la próxima semana, y señaló que una de las propuestas es pagar un subsidio temporal a los campesinos cultivadores de coca por “dejar que la selva recupere su frontera natural”.

Osuna habló en el programa radial del Gobierno Informativo Colombia Hoy, diciendo que “Esas personas dejarían de cultivar. Entonces, mientras encuentran otra actividad lícita, en otra parte, la oferta del Gobierno es que les otorgará un subsidio económico”.

Esta es una propuesta que guarda similitud, en una parte, con el programa actual de sustitución de cultivos Pnis, bajo el cual los campesinos cultivadores reciben unos pagos del Gobierno por cambiar la coca por un cultivo legal.

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El ministro de justicia también dijo que dentro de este nuevo enfoque sería necesaria la participación de distintos organismos del Estado en temas de agricultura, educación e infraestructura, “porque se trata de sustituir la economía cocalera por una economía dentro de la ley”.

“Es un giro muy importante el que estamos dando en esa política de drogas, porque para resolver este problema vamos a llevar el Estado social de derecho, la democracia, la prosperidad, la economía legal, a todas esas zonas donde no ha habido oportunidad de hacer nada diferente a tener cultivos ilícitos”, acotó uno de los ministros más importantes en el Gobierno Petro.

Una fuerte caída de la economía alrededor de la cocaína tiene sumidos en severa crisis a los campesinos que la cultivan en Colombia.

Según un reporte dado a conocer por AFP para un cocalero colombiano las pérdidas son muy fuertes.

Se hacen 4 cosechas en el año, y para ejemplificar lo que pasa con una cosecha, AFP expresa así el testimonio de un campesino:

«Cultivar dos hectáreas de la planta base de la cocaína le costó unos 660 dólares, aproximadamente 2.935.713 pesos» y comenta AFP que el Cocalero estima que «con suerte podrá recuperar 154 dólares, ni la mitad». Esto pasa como parte de un fenómeno sin precedentes de bajos precios y pocos clientes.

Antes llovían compradores del narcotráfico, pero desde hace más de un mes no le encuentran mercado para la pasta de coca que guardan en bolsas plásticas.

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Las finanzas de al menos 250.000 familias dependen de ese sembradío, es decir el 1,5% de los 50 millones de colombianos, según cifras oficiales dice AFP.

El auge de los opiáceos sintéticos como el fentanilo, la sobreproducción de coca y golpes a los carteles son algunas de las hipótesis de expertos, cultivadores y autoridades ante el aparente desplome de la llamada «bonanza cocalera» de Colombia, el principal productor mundial de cocaína.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó este viernes a los campesinos cocaleros a discutir con el gobierno sobre una transición hacia una economía legal, durante una visita a la región con más narcocultivos del mundo.

«Me parece una idea sugerente, interesante, que se realice en el Catatumbo», una región fronteriza con Venezuela, «la primera asamblea de campesinos cultivadores de coca», dijo Petro en un discurso en el municipio de El Tarra, reseñado por la agencia AFP.

El Catatumbo es la región con más hectáreas de coca sembradas del mundo (40.000), según el último conteo de la ONU, de 2020, y una de las mayores rutas del narcotráfico.

Las conclusiones de los cocaleros en esa asamblea, enfatizó Petro, le mostrarán al gobierno «los caminos, las políticas públicas, los senderos que permitan lograr que una familia campesina que hoy se dedique a la hoja de coca (…) pueda sustituir eso por una actividad [legal] que le garantice más calidad de vida».

No obstante, el mandatario no anticipó una fecha para dicha reunión.

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Desde antes de llegar al poder en el mayor productor de cocaína del mundo, Petro ha manifestado su intención de cambiar el enfoque punitivo hacia los sembradores del producto base de esa droga, a quienes considera víctimas.

Durante el evento de este viernes, el primer presidente de izquierda de Colombia aseguró ser el único jefe de Estado que ha visitado esa región, donde los grupos armados como la guerrilla del ELN imponen su ley y dominan esa economía ilegal.

El miércoles, desconocidos abrieron fuego contra una camioneta que hacía parte de la avanzada de Petro, a unos 46 kilómetros de la frontera.

«Aquí volveremos al diálogo regional», concluyó Petro, al invitar a las autoridades locales, a la Iglesia católica y los campesinos a que organicen «en la brevedad» el «primer diálogo regional del Catatumbo».

Unos 180 soldados que erradicaban narcocultivos están secuestrados por campesinos cocaleros en la frontera de Colombia con Venezuela, informó este jueves una fuente militar.

El general Ómar Sepúlveda denunció como un «secuestro» la captura de sus hombres por comunidades que se oponen a la destrucción de los plantíos ilegales.

Los cocaleros «secuestraron a seis pelotones del Ejército nacional» el martes en el municipio de Tibú (este), señaló el oficial a la prensa.

El responsable militar relató que las tropas fueron rodeadas por campesinos con palos y machetes mientras cumplían «tareas de lucha contra toda la cadena de narcotráfico».

Los soldados están concentrados en una escuela rural, reseñó AFP.

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El vocero de una asociación campesina que se identificó como «Junior» dijo a W Radio que la comunidad tiene «la mejor disposición de diálogo».

Esto para permitir la salida de los militares.

Agregó que retuvieron a los soldados en protesta porque -aseguran- el gobierno incumplió sus compromisos en el programa de sustitución de sembradíos de hoja de coca por cultivos lícitos.

En un video compartido por el Ejército a la AFP se observa un grupo de soldados camuflados y armados con fusiles en lo que parece ser un pequeño caserío.

Civiles los vigilan de cerca.

La Defensoría del Pueblo, informó en Twitter que se dirige hacia Tibú para adelantar una mediación y obtener la liberación de los soldados.

Tibú, en el departamento de Norte Santander, forma parte de la llamada región del Catatumbo, el territorio con más narcocultivos del mundo.

En la zona hay unas 40.084 hectáreas sembradas con hoja de coca, según el último informe de la ONU de 2020.

Rebeldes de la guerrilla ELN y disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 operan en la zona lucrándose del narcotráfico.

El defensor del pueblo Jaime Marthey dijo a W Radio que los campesinos reclaman desde hace tiempo que la erradicación sea un proceso concertado.

Una comisión de la entidad humanitaria buscará «llegar a un acuerdo para que se bajen los ánimos» entre los habitantes de la región y los uniformados, agregó.

El presidente, Iván Duque, ha redoblado la persecución a ese negocio ilegal mediante la erradicación forzada de los sembradíos, que realizan manualmente los soldados.

Los campesinos cocaleros suelen sostener choques con los militares que arrancan los plantíos.

Pese a la persecución, miles continúan sembrando coca, especialmente con la mano de obra de colonos y migrantes venezolanos.

Con una cifra récord de producción de 1.010 toneladas en 2020, Colombia se mantiene como el mayor exportador mundial de cocaína.

Estados Unidos es el principal consumidor de esa droga.