A través de un comunicado, la ONG Cofavic, denunció la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y lo hizo a propósito de la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

«Esta información es resultado de nuestra permanente investigación, documentación y acompañamiento directo a víctimas de violaciones de derechos humanos, labor integral que hemos desarrollado en Venezuela durante más de tres décadas», resalta el escrito.

«Desde nuestra perspectiva, consideramos necesario exponer la sistematicidad que han adoptado estas vulneraciones en nuestro país, lo cual evidencia la gravedad de esta situación en el contexto nacional», agrega.

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Denuncia que «desde 2012 se ha desarrollado en Venezuela un patrón caracterizado por el aumento en los índices de violencia estatal y en los referidos a la impunidad. De manera particular, esto ha venido sucediendo mediante el despliegue de operativos de seguridad ciudadana, practicados especialmente en zonas urbanas muy vulnerables, durante los cuales se han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos».

Resalta que «a partir de ese año y a lo largo de la siguiente década, en COFAVIC hemos registrado una data independiente sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, las cuales alcanzan los 14.296 casos a escala nacional (2012-2022), es decir, un promedio superior a las 1400 muertes anuales causadas por funcionarios de seguridad del Estado».

La ONG cita cifras oficiales del Ministerio Público que «informó a la ONU que entre 2017 y 2021 inició 4.890 investigaciones relativas a ejecuciones extrajudiciales y añadió que hubo sentencias condenatorias solo en 16% de los casos. Si se considera que este dato procede de una fuente oficial, queda evidenciada la gravedad de este fenómeno violatorio del derecho a la vida y, sobre todo, el margen de impunidad que prevalece», resalta.

Añade que «tanto las organizaciones de derechos humanos locales como diferentes instancias y organismos internacionales han denunciado durante los últimos años la letalidad que caracteriza las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y han solicitado públicamente su disolución».

Destaca que a pesar de la supuesta reestructuración de ese cuerpo policial (…) numerosos testimonios de víctimas aseguran que esta unidad continúa funcionando y ejecutando operativos de seguridad ciudadana».

Tanto que Cofavic reporta que «entre los meses de abril y septiembre de 2022 y por orden del Ejecutivo se puso en práctica una nueva política de seguridad ciudadana denominada “Trueno” , también caracterizada por la participación de fuerzas mixtas de seguridad».

Añade que «su objetivo principal consiste en ‘combatir a los grupos terroristas’. Durante estos operativos han sido asesinadas, hasta los momentos, 33 personas y detenidas más de 130. Se ha identificado la participación de 1500 funcionarios en estos operativos, realizados en los sectores más vulnerables económicamente y durante los cuales más de 100 personas han sido detenidas».

La ONG dice que, «lamentablemente, esto solo demuestra la continuidad del uso desproporcionado de la fuerza durante los operativos de seguridad ciudadana, denominados de forma distinta en la década reciente (…), cuya cantidad de víctimas afectó a numerosas familias de menores recursos».

Ante estos hechos, la organización pidió al alto comisionado mantener y profundizar «una posición activa en el monitoreo de las violaciones de los derechos humanos y en el señalamiento público de las obligaciones del Estado en la materia».

También solicitó a Acnudh fortalecer las «labores de su equipo en el terreno, particularmente mediante el robustecimiento de sus funciones de observación», además de profundizar la relación con las ONG venezolanas, con las que espera que se «amplíe la cooperación técnica».

Hemos entregado una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, @volker_turk para contextualizarle acerca de las características de la crisis de DDHH en #Venezuela1⬇️ pic.twitter.com/5Q0kiQvBFF

La ONG Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) presentó este lunes su informe «Violencia Contra las Venezolanas». Allí hace un compendio acerca de la violencia de género en el país. En el mismo se establece que en cinco años, desde el 2017 al 2021, se registraron 1.821 muertes violentas de mujeres.

De ellos, según el escrito, 53 % corresponden a feminicidios. «Del total de casos registrados en el período de 2017 y 2021, no todos tienen la configuración de feminicidio», aclara.

Por eso, la metodología de Cofavic ayuda a precisar cuáles muertes violentas de mujeres cumplen con el patrón de feminicidios.

En este sentido, «podemos asegurar que, del total expresado, 969 efectivamente corresponde a este delito (53 %)», indicó la ONG en un comunicado.

Sostuvo que en 558 casos (31 %) no se pudo determinar si el asesinato o muerte se motivó por odio o desprecio a la mujer. Y en otros 293 casos no hubo información disponible suficiente para hacer la clasificación como presunto feminicidio o no.

«La tipología de los asesinatos contra mujeres pone en evidencia su carácter misógino. Registramos 199 casos por asfixia, 161 casos como resultado de una golpiza, 53 mujeres degolladas, 39 casos murieron producto de quemaduras, 38 casos de muerte por impacto contundente y 31 casos de mujeres que fueron descuartizadas», agregó.

La ONG detalló que 1.051 casos (58 %) corresponden a mujeres entre 18 y 40 años de edad, 311 (17 %) tenían entre 41 y 60 años, 301 (17 %) corresponden a menores de edad y 156 (9 %) mayores de 61 años.

Señaló que 739 (41 %) de las muertes ocurridas fueron en el hogar de la víctima, 679 (38 %) en la vía pública y 200 (11 %) en una «zona aislada».

«Las muertes ocurridas en la casa de un familiar o amigo de la víctima ascienden a 63 casos (3 %). Mientras que las ocurridas en su lugar de trabajo registraron 39 casos (2 %). Finalmente, en 100 de los casos (5 %) registrados no se precisa el lugar del hecho», subrayó.

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Cofavic denunció que en Venezuela no se dispone de cifras oficiales actualizadas. Tampoco de registros individualizados en los últimos años sobre crímenes contra mujeres, ni tampoco contra derechos humanos.

«Las cifras aportadas por el Ministerio Público reflejan el número de casos atendidos y resueltos, pero no especifica el número de medidas de reparación o de protección dictadas a favor de las víctimas, tampoco el tipo de violencia, si se penalizó a los agresores o se reparó a las víctimas», apostilló.

Finalmente, es necesario considerar que buena parte de la información relativa a la víctima del hecho reseñado en medios de comunicación no se visibiliza. Esto, «en sí mismo, constituye otra muestra de violencia machista en la conducta de la sociedad», destaca la ONG.

«La información sobre la mujer, aun cuando víctima de un hecho tan grave como el asesinato, muchas veces se deja a un lado en la cobertura periodística». Se hace «para dar lugar a la descripción detallada del presunto victimario».

Para Liliana Ortega, fundadora de la ONG, Cofavic, tras el fallo de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela, hay que estar claros en que no todos los casos van a llegar a esa instancia.

«Las víctimas tienen que prepararse para saber que no todos los casos van a llegar. Pero los que lleguen iluminarán sus historias, sus vidas y también darán un mensaje de justicia y de no repetición. Eso es muy importante», dijo, en entrevista con Unión Radio.

Explicó que «las víctimas tienen que estar preparadas, porque si no habrá una revictimización. Una suerte de falsas expectativas que harán más daño del que ya se ha hecho”.

La activista por los DD.HH. calificó de histórica la decisión anunciada por el fiscal Karim Khan. “Un pronunciamiento histórico y sorprendente. Aquí se ratifica el criterio de la fiscalía de que hay motivos razonables para pensar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Son crímenes imprescriptibles y crímenes internacionales, de una gravedad superior a las violaciones de derechos humanos”, expresó.

“Es un paso histórico para Venezuela, y para la historia de los derechos humanos en el mundo, que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y que se abre la fase de investigación”, añadió.

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Ortega destacó que no se trata de un proceso fácil ni inmediato. “Todavía es un camino que hay que conocer y transitar”, dijo. Aclaró que «las partes» tendrán garantías y derecho al debido proceso.

Aunque se desconocen cuáles serán los casos que se investigarán o las pruebas que se van a requerir, está claro que el Estado venezolano tiene la obligación de cooperar en esta fase de manera determinante.

“Hay que saber que este es un camino de investigación en una instancia internacional, que es un camino largo, que no estará exento de obstáculos. Es muy importantes ser serios y rigurosos, sobre todo ser prudentes. Este es un proceso de un altísimo nivel jurídico en el que hay que prepararse. Hay que esperar y tener paciencia sobre los pasos y el contexto procesal en el que tienen que desarrollarse esos pasos”, enfatizó.

Ortega afirmó que el Estado tiene la oportunidad de investigar y que no puede solo juzgar a quienes cometieron el hecho de manera directa. También tienen que señalarse todos los máximos responsables, resaltó.

La organización no gubernamental Cofavic denunció que en el primer trimestre del 2020 en Venezuela se han producido 357 ejecuciones extrajudiciales.

Las fuerzas de seguridad del régimen siguen siendo las responsables de las operaciones que han sido denunciadas incluso por organismos como Human Rights Watch y por Naciones Unidas, destacó una publicación del diario ABC de España.

Desde 2012 hasta marzo de este año, la ONG Cofavic ha registrado más de 11.300 presuntas ejecuciones cometidas por funcionarios de seguridad del Estado, destacó la publicación.

La organización destacó que esos 357 casos, han ocurrido en sectores populares del país, pero remarcó que esos llamados «procedimientos especiales» iniciaron en 2015 con despliegues policiales, ordenados por el régimen, y con ellos nacieron las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), el temido grupo de exterminio, con la finalidad de «combatir» la violencia.

Pero estas operaciones se han traducido en excesos y abusos de autoridad que incluyen además la toma de la zonas hasta la detención arbitraria de mujeres y hombres, dejando muy lejos las garantías para el respeto de sus derechos humanos.

La directora de Cofavic, Liliana Ortega, dijo que  99% de las víctimas son hombres y 76% son menores de 25 años, y quienes denuncian son en su mayoría pensionados que viven en precarias condiciones y cuyo ingreso económico es el salario mínimo.

Explicó que los ejecutados dejan hijos pequeños y las familias sobrevivientes se ven obligadas a salir de manera forzada por miedo a las represalias que toman muchas veces los funcionarios al volver.

«La media de las ejecuciones ocurren a plena luz del día con presencia de vecinos como un mecanismo de mostrar control social. El 99% de los casos no llegan a juicios y las familias de las víctimas no tienen la oportunidad de sentarse frente a un juez independiente para ser escuchadas. Esto ha sido documentado por las Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», dijo Ortega.

En un informe presentado por Human Rights Watch (HRW) en septiembre del año pasado arrojó que desde 2016 hasta la fecha de publicación, las Faes habían ejecutado a casi 18.000 personas por supuestamente «resistirse a las autoridades».

Las denuncias realizadas por Cofavic y por HRW son consistentes con el patrón identificado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, que a través de un demoledor informe pidió al régimen de Nicolás Maduro disolver al grupo de exterminio y expuso casos con seudónimos para proteger la integridad de los denunciantes.

Sin embargo, Maduro solo se pronunció para decir que era un reporte «selectivo» y «parcializado».

El informe detallaba que los miembros de las FAES llegaban vestidos de negro con el rostro cubierto. Se transportan en camionetas sin matrícula y portando armas largas. Una vez en las casas, separan a los jóvenes que presuntamente están inmersos en delitos y los asesinan. También detalló que algunas mujeres sufren violencia sexual en esos escenarios.