“El Gobierno colombiano no quiere que haya impunidad en el crimen del presidente Moïse, pero exige que haya una justicia que funcione“, dijo la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, en un encuentro con corresponsales extranjeros.

“No creemos que sea un buen mensaje la impunidad”, manifestó la vicepresidenta y canciller, quien explicó que la defensa de los 16 colombianos que están detenidos en Haití está en manos de estudiantes de derecho porque “los abogados no han querido tomar el caso por miedo a represalias”.

Los pocos abogados que se han mostrado dispuestos a asumir la defensa de los exmilitares cobran unas sumas muy elevadas, de un millón de dólares, que ni los familiares de los detenidos ni el gobierno colombiano pueden asumir.

Marta Lucía Ramírez agregó que el cónsul honorario en Puerto Príncipe, máximo representante de Colombia en Haití, Julio Santa, “ha sido amenazado por defender los derechos de los colombianos” a un trato humanitario y a un juicio justo.

Lea también: DICE EXVICECANCILLER: «Gobierno de Haití parece no querer atrapar a los asesinos de Moise»

Según la canciller, ante la inestabilidad política que vive el país antillano, agravada por el asesinato del presidente, las autoridades haitianas no han querido siquiera recibir la credenciales del embajador colombiano en República Dominicana y concurrente en Haití, Daniel Cabrales, lo que dificulta aún más cualquier contacto entre los dos países.

Por esas razones tampoco fue posible hacer la repatriación de los cadáveres de los tres colombianos muertos en la reacción de las fuerzas de seguridad tras el asesinato de Moise, y el Gobierno presiona para que sean cremados para entregar las cenizas a sus familiares.

La canciller añadió que con el fin de esclarecer el magnicidio, el Gobierno colombiano ha pedido ayuda a distintos organismos internacionales para que el caso sea investigado por instancias distintas a la justicia haitiana.

Recordó que incluso en agosto pasado envió una carta a la Delegación Regional para Panamá y el Caribe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que hiciera “una visita humanitaria de carácter urgente a la cárcel” donde están presos los colombianos para que se “constara su estado de salud y garantizar que cuentan con la debida protección a su integridad física y la necesaria asesoría legal”.

En una primera audiencia, que fue presencial, la jueza federal Alicia Otazo-Reyes leyó a Palacios los dos cargos: conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y proveer apoyo material que resultó en muerte.

Esposado y vestido con un jean y una camiseta gris, Palacios, de 43 años, dijo no tener recursos en Estados Unidos para pagar un abogado. La jueza le asignó enseguida al abogado Alfredo Izaguirre, con quien Palacios habló brevemente antes de proseguir la audiencia.

La jueza programó para el próximo 31 de enero la audiencia en la que le leerán formalmente los cargos. Mientras tanto, la Fiscalía del Sur de Florida pidió a la jueza que Palacios continuará detenido al considerarlo un “riesgo de fuga y peligro para la comunidad”.

Si es declarado culpable de los cargos en EE. UU., Palacios enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

Lea también: Bandas criminales lanzan atentado contra Primer Ministro haitiano

Palacios hace parte de los posibles responsables del magnicidio perpetrado por un comando el 7 de julio del año pasado en Puerto Príncipe.

“El acusado y otros, incluido un grupo de aproximadamente otros 20 ciudadanos colombianos y un grupo de ciudadanos con doble nacionalidad haitiano-estadounidense con base en Haití, participaron en un complot para secuestrar o matar al presidente haitiano”, detalló hoy la Fiscalía de la Florida.

Subrayó que con otro cómplice viajaron a Estados Unidos el 28 de junio pasado “para, entre otras cosas, proporcionar a otras personas una solicitud por escrito de asistencia para promover el complot relacionado con el presidente haitiano“.

“Si bien el complot inicialmente se centró en realizar un secuestro del presidente como parte de una supuesta operación de arresto, finalmente resultó en un complot para asesinar al presidente haitiano”, detalló la Fiscalía.

La acusación alega que, el 7 de julio pasado Palacios y otros ingresaron a la residencia del presidente en Haití con la intención y el propósito de asesinarlo.

El cómplice, que la Fiscalía no identifica, es un doble ciudadano haitiano-estadounidense, que fue posteriormente arrestado por las autoridades haitianas y permanece bajo custodia en Haití.

Luego señaló que Palacios “eludió el arresto y viajó a Jamaica”: “Palacios fue deportado recientemente de Jamaica y, durante una escala en Panamá, acordó viajar a Estados Unidos”, precisó la Fiscalía.

El colombiano fue arrestado en Jamaica en octubre pasado y condenado por ingresar ilegalmente al país desde República Dominicana, un cargo por el que se emitió una orden de deportación.

Sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura emitida en julio por la Policía Nacional de Haití. Sin embargo, el domingo pasado el Gobierno de Jamaica confirmó que Palacios sería deportado a Colombia el lunes debido a que el Gobierno de Haití no había facilitado información suficiente sobre la vinculación del colombiano con el magnicidio.

Las autoridades han identificado a 21 colombianos, la mayoría exmilitares, como parte del presunto complot que mató al presidente de Haití.

Mientras la policía de Colombia investiga qué hizo el jefe de seguridad del mandatario durante siete oportunidades que viajó a Bogotá.

Viajes que realizó este año, dijo la policía de Colombia este lunes. 

Y que configura otra de las pistas sobre las que trabajan las autoridades para determinar los posibles nexos de Dimitri Hérard, jefe de la seguridad presidencial en Haiti, con el crimen. 

Al respecto se conoce que el militar haitiano voló varias veces a Ecuador, Panamá y República Dominicana vía Colombia entre enero y mayo de este año. 

«Sabemos que estuvo no solamente de tránsito, sino un par de días en Colombia», exactamente el pasado 25 de mayo, sostuvo el general Vargas.

Ahora comienza «la verificación de qué actividades estaría realizando el comisario (Herard) en estos viajes en territorio colombiano» y de los países donde estuvo, por medio del convenio de Interpol, agregó Vargas.

Asimismo el general Jorge Luis Vargas, señaló que en total son 21 los colombianos bajo investigación por el magnicidio de Jovenel Moise el pasado miércoles.

Tres de ellos murieron a manos de las fuerzas haitianas y hay «18 capturados, para un total de 21», añadió el oficial en rueda de prensa. 

El gobierno colombiano coopera judicialmente con Puerto Príncipe para esclarecer el magnicidio.

Esto ante la sospecha de que varios exintegrantes de su ejército habrían actuado como mercenarios en el ataque contra el presidente Jovenel Moise el pasado miércoles. 

Hasta el viernes se había identificado a 17 antiguos miembros del ejército presuntamente implicados en el asesinato, 15 de los cuales se desvincularon de las tropas entre 2018 y 2020.

Lea también: ¿Colombianos ASESINOS DEL PRESIDENTE de Haití? Informe oficial deja dudas ¿Por qué?

Los organismos de inteligencia determinaron que 19 de los colombianos viajaron con «tiquetes aéreos» comprados con una tarjeta de crédito empresarial de CTU Security.

Esta es una firma de seguridad registrada en Miami y de la cual justo este lunes por medio de un comunicado de prensa La Presidencia afirmó que el presidente Iván Duque no tiene vinculos.

Esto después de la información de que cuando era candidato se reunió con el representante de la empresa CTU Security, Anthony Intriago, señalado en la trama del magnicidio.

«Estas personas hacen parte de los 21 colombianos capturados o que murieron en Haití, viajando de Bogotá a Santo Domingo», dijo Vargas.

Vargas aclaró que la investigación por el homicidio del presidente la tienen las autoridades judiciales de Haití y que el Gobierno de Colombia está cooperando judicialmente en lo que requiera.

Además de Colombia, Estados Unidos está apoyando las investigaciones que involucran a un comando integrado según las autoridades haitianas por 28 personas: 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano.

Por ahora la investigación colombiana también quiere esclarecer si efectivamente hubo complot para matar al presidente de Haití.

Además, los nexos que podría haber entre el jefe de seguridad haitiana con colombianos implicados.