Entre este martes 5 de diciembre y este miércoles 6, se realiza en el hotel Sheraton Four Points de Bogotá el importantísimo evento «Actualidad y Perspectivas 2024 de la Integración Colombo-Venezolana»

El trascendental foro es organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, y la Cámara Colombo-Venezolana, entidades que se unen para realizar el balance del cierre del 2023.

Para el presidente de la Cámara Colombo Venezolana, Juan Gabriel Pérez, este encuentro “es crucial para fortalecer los lazos comerciales entre nuestras naciones y apoyar a las empresas colombianas en sus intereses en Venezuela».

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La Cámara Venezolano Colombiana de Integración (Cavecol) informó un incremento del 9 % en el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia durante el tercer trimestre del 2023.

Durante este período, hubo una diferencia de 47,2 millones de dólares por encima de lo recaudado en el 2022. Ambos países acumularon 572,2 millones de dólares, lo que representa un alza en comparación con los $525 millones del año pasado.

Loable destacarse el significativo aumento de las exportaciones venezolanas hacia Colombia

En este importante evento que acontece en Bogotá participan 37 compradores venezolanos, en la cual se busca fomentar el intercambio comercial entre ambas naciones.

Directivos de los gremios aduaneros y del transporte de carga internacional de Táchira y de operadores aduaneros y logísticos de Norte de Santander, se reunieron para ver las fortalezas y debilidades que tienen, y trabajar unidos en pos de que fluya bien los intercambios comerciales a través de la reapertura de nuevos pasos fronterizos entre los dos países vecinos.

Es que se debería contar con las mismas condiciones que se han mantenido por la frontera entre Paraguachón (Colombia) y Guarero (Venezuela), por donde no ha sido interrumpido el intercambio comercial y adonde migró gran parte de las operaciones que se realizaban antes del 2015 por los pasos fronterizos de Táchira.

Álbaro Paz, presidente de la Cámara de Carga Pesada en Táchira, manifestó que de la parte venezolana, aún no están dadas las condiciones con una parte del sector transporte, pues debido a la paralización total de las unidades desde 2019, no cuentan con los recursos económicos para invertir más de 600 dólares en la habilitación de las unidades que ya tienen los permisos vencidos.

Mientras que del lado colombiano no se paga por la habilitación de transporte de carga internacional para tramitar sus respectivos permisos, el cobro se exige solo del lado venezolano, y de no cumplirse con este requisito deben pagar multas elevadas, dinero con el que no cuentan y entonces quedarían excluidos para desarrollar operaciones de transporte internacional ante las aduanas.

Para que todo fluya y muy bien, Álbaro Paz solicitó a sus pares colombianos, que sirvan de mediadores ante las autoridades de Colombia para que, en caso de que se reactive el intercambio comercial de manera inmediata, los primeros días de agosto permitan una prórroga hasta el mes de diciembre a los vehículos que tienen habilitaciones vencidas en Venezuela y a los que se vayan a reactivar en el paso de cargas para operar como transporte internacional.

Así recibirían un buen apoyo que permitirá trabajarse con las habilitaciones no actualizadas, mientras se generan los recursos que les permitan pagar las tasas exigidas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), tarifas fijadas en petros.

Sobre los permisos vencidos, Vladimir Tovar (representante del gremio de Transporte de Carga Pesada de Táchira) informó que los representantes de este gremio ratificaron -por tercera vez- al Ministerio de Transporte del gobierno de Nicolás Maduro, a través del INTT, la solicitud de «un tratamiento especial para reactivar las operaciones de transporte internacional, aun con las habilitaciones vencidas».

En esas peticiones, el gremio de transporte había solicitado «la exoneración de las tasas aplicadas y un plan de pago para el trámite de los permisos del transporte internacional», afirmó Tovar.

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Nelson Ureña, presidente de Asociación de la administración aduanera de Táchira (Asoata), y Sandra Guzmán, presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos del Comercio Internacional (FITAC), manifestaron que está vigente el Acuerdo de Alcance Parcial (APCOL 28), suscrito el 28 de noviembre de 2011 ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) por los presidentes de ese momento, Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, tras la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Destacable que en agosto de 2012, el parlamento venezolano aprobó este acuerdo, y en octubre de ese mismo año, la Secretaría General de la ALADI dictó como mecanismo jurídico la vigencia del Acuerdo Parcial para el Intercambio de Mercancías entre Venezuela y Colombia, el cual se mantiene firme, como se ha demostrado en las relaciones comerciales que se llevan a cabo por La Guajira y Zulia, donde fluye bien el comercio.

Actualmente, el acuerdo establece el intercambio binacional de Táchira por los puentes internacionales Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar y Unión.

Importantísimo que, a través de las cancillerías de los dos países, se disponga la habilitación el puente Tienditas para que así se pueda ampliar el paso de mercancías.

Los directivos del gremio aduanero también proponen que se establezca una ruta del carbón, desde la ciudad de Cúcuta hasta Agua Clara, vía Puerto Santander, con cruce a Guarumito y salida autopista La Fría del estado Táchira, hacía los puertos marítimos del Sur del Lago en el estado Zulia.

Los representantes gremiales también hicieron énfasis en los sistemas informáticos que son utilizados para los trámites aduaneros entre ambos países.

Sandra Guzmán destacó que estos continúan habilitados desde el primer cierre de la frontera hace siete años.

Del lado venezolano, auxiliares aduaneros solicitaron a las autoridades del Seniat liberar las IP para acceder a la plataforma desde una conexión a internet colombiana, debido a las constantes fallas en el servicio de internet y los apagones que diariamente se registran en la frontera de Táchira, solicitud que fue aprobada.

Nelson Ureña explicó que esperan operar a través del Sistema Aduanero Automatizado (Sidunea), mientras en Colombia, la DIAN busca integrar todos los procesos aduaneros en un solo sistema, es decir, cargas, importaciones y exportaciones.

Venezolanos y colombianos de los sectores productivos, aduanero y empresarial de ambos países, esperan que en los próximos días se dé el reinicio de relaciones para recuperar la formalidad por encima de los puentes y así poderse combatir con efectividad el contrabando a gran escala que pasa diariamente por los pasos ilegales -las «trochas- por donde transitan ilegales a sabiendas de los militares y policías de las dos naciones.

Diferentes gremios del Norte de Santander, en Colombia y del Táchira, en Venezuela, suscribieron una carta abierta en la cual piden a las autoridades que se permita la reapertura de la actividad comercial en la zona fronteriza.

Aun que advierten que la emergencia por la COVID-19 ha tendido a aumentar la pobreza, el desempleo, la criminalidad, el comercio informal y la migración desordenada, pidieron reactivar el transporte de carga con los protocolos de seguridad.

En el documento se destaca la importancia histórica del comercio binacional, que se ha venido perdiendo por cuenta del deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. Esto «afecta gravemente a la población, por lo que se hace necesario recuperar la institucionalidad y la legalidad», destaca la misiva.

es necesario definir la apertura de los espacios fronterizos para el transporte de carga, implementando los protocolos sanitarios que ya operan en la frontera Paraguachón-Guarero

Destaca que «es importante recordar que para cumplir este objetivo, ya se cuenta con todas las condiciones institucionales y de infraestructura».

Asimismo, exigen «preparar conjuntamente por parte de las autoridades nacionales con la asesoría de la OPS, los protocolos sanitarios y de seguridad, para ordenar el restablecimiento del tránsito de personas, con una orientación clara de bioseguridad y defensa de la salud, contribuyendo así a evitar la circulación por los pasos irregulares en las fronteras y sentar las bases de la recuperación económica y de confianza ciudadana», publicó el diario El Espectador de Bogotá.

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Resaltan la necesidad de «promover la generación de condiciones básicas que permitan atender de forma inmediata las carencias de alimentos, medicamentos e insumos relacionados a la salud, orientadas a las poblaciones fronterizas (en especial las personas contagiadas con la COVID- 19), de manera de poder coordinar con la OMS y la OPS, así como con representantes de la sociedad civil, la mejora de sus condiciones sanitarias».

También desean «establecer en el corto plazo, un sistema de colaboración ágil entre las aduanas, las agencias de migración y las instituciones de salud de los dos países, con el objetivo de facilitar el tránsito de personas y mercancías, y restituir el imperio de la legalidad en nuestras relaciones fronterizas».

Igualmente, consideran urgente «restablecer y consolidar espacios de diálogo permanente entre representantes de la sociedad civil, los agentes económicos y sociales, con las autoridades públicas regionales competentes, autorizadas por los gobiernos nacionales, para el diseño y aplicación de mecanismos expeditos para procurar soluciones a las dificultades descritas».