Luego de varias semanas de suspensión de las marchas en todo Colombia, las movilizaciones se reactivan. Así lo dio a conocer el Comité de Paro.

Casi tres meses después de intensas jornadas, muchas de las cuales terminaron en disturbios, el Paro Nacional vuelve a las calles.

Será la próxima semana, el 26 de agosto específicamente.

Aunque es una convocatoria de carácter pacífica y respetando todos los protocolos de bioseguridad, muchos colombianos cuestionan la nueva jornada.

Y lo hacen por el desgaste natural de 3 meses continuos de protestas, varias de ellas finalizadas en disturbios.

A pesar de ello el Comité Nacional de Paro prepara la nueva movilización en Bogotá y otras ciudades del país.

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Es así como la finalidad de esta nueva jornada de marchas es respaldar los 10 proyectos de ley radicados en el Congreso por las centrales obreras.

Y los cuales van en contra de la agenda del Gobierno en el Legislativo colombiano.

Ante ello el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y vocero del Comité Fabio Arias, explicó en qué consisten los 10 proyectos de ley que presentaron el 20 de julio pasado.

Como las “garantías a la protesta social y los seis puntos del Pliego de Emergencia que ya hoy son proyectos de ley”, complementó Arias.

Agregó que un segundo objetivo para salir a las calles nuevamente, es rechazar la agenda que el Gobierno ha propuesto en materia de reforma tributaria.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que los platos rotos que los pague ahora los trabajadores estatales congelándoles los salarios y las nóminas, así como los presupuestos de las entidades”.

El dirigente sindical manifestó, que tan poco están de acuerdo con unas facultades extraordinarias del Presidente, que realizará una restructuración del estado y que siempre ha significado una fuerte masacre laboral.

Algunos de los proyectos radicados ante el legislativo tienen que ver con:

Aunque el Comité dijo que se respetarán los protocolos de bioseguridad hay quienes critican esta iniciativa de nuevas marchas.

“Irresponsabilidad con la salud pública, indolencia social y destrucción de la economía y los empleos”, aseguró la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín.

Incluso aunque el anuncio ha sido tendencia en redes sociales, muchos colombianos ya están cansados de las movilizaciones y se han manifestado en las redes sociales.

Finalmente, el Comité Nacional de Paro afirmó que esta nueva movilización sea representativa en el país.

Para empezar, Bejar y Ayala deben largarse. Si van a organizar marchas esta semana, que sea con ese objetivo. Se deben largar antes del 26 de Agosto. Son dos de los #MinistrosImposibles

Ya los talibanes colombianos anuncian nuevas marchas para el 26 de agosto

El Comité Nacional de Paro en Colombia, el frente más visible de las protestas que estallaron el 28 de abril contra el presidente Iván Duque, anunció este martes la suspensión de las movilizaciones hasta el 20 de julio.

Francisco Maltés, presidente de la CUT, quien también lidera el Comité del Paro declaró que “la protesta se mantiene porque las causas que la motivan están vigentes”.

«Vamos a hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que hemos venido haciendo los miércoles en todo el país», dijo a Blu Radio Francisco Maltés.

Maltés es uno de los voceros de la organización que no representa a todos los sectores inconformes.

Para el 20 de julio, el Comité convocó a una «gran movilización» en el Congreso para entregar proyectos de ley.

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Asimismo, anunció la convocatoria a un concierto para el 20 de junio para conmemorar el año de la presentación del pliego de emergencia.

Destacó que estas peticiones estaban en la agenda de discusión hasta hace unos días, cuando el CNP decidió levantarse de la mesa de negociación con el Gobierno.

Otra decisión que tomó el Comité de Paro dentro de su nuevo plan de acción fue que se crearán espacios regionales para dialogar y proponer proyectos de ley relacionados al pliego de peticiones.

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El pasado 28 de abril, Colombia vive un paro nacional que ya completó más de 45 días.

Cabe destacar que sectores productivos de Colombia han pedido el levantamiento del paro ya que con sus marchas y bloqueos afecta a la economía.

Otro dato relevante es que durante las últimas semanas se han disparado los casos de contagios y muertes por COVID-19.

Este miércoles el Comité Nacional del Paro se reunió en Colombia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los líderes sindicales le pidieron a los integrantes del mecanismo que «intervenga para que cese brutalidad policial», durante las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril.

Además, pidió que le recomiende al Gobierno firmar lo preacordado el pasado 24 de mayo con los delegados del presidente Iván Duque, advirtió Francisco Maltés, presidente de la CUT. Por otro lado, pide que se cree una comisión de investigadores, que sea independiente, para que investigue los hechos de violencia durante la protesta.

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El texto de pretenciones que el Comité de Paro presentó a la Comisión Interamericana de derechos Humanos tras 42 días de protestas:

«El Comité Nacional del Paro ha decidido suspender unilateralmente la interlocución con el Gobierno Nacional», indicó en un comunicado la delegación que representa al presidente conservador, Iván Duque, en la mesa.

Por su parte, el Comité, que no representa a todos los sectores que se manifiestan, confirmó la decisión y acusó al gobierno de «dilatar a propósito la negociación».

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Las conversaciones se suspenden cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llega a Colombia para evaluar denuncias de abusos durante las protestas, informó AFP.

Las partes adelantaban conversaciones desde comienzos de mayo, divididos por la violencia en las movilizaciones.

Los manifestantes exigen «garantías para la protesta» y que el presidente se disculpe por los excesos de la policía.

Por la mañana, Duque anunció un plan para reformar la fuerza pública enfocado en los derechos humanos.  

El jefe negociador del gobierno, Emilio Archila, se comprometió a ofrecer «garantías de protesta pacifica».

«Una muestra más de esto son  los acuerdos que adoptó el presidente Iván Duque hoy para la transformación de la policía», agregó Archila en un mensaje de Twitter. 

Al menos 61 personas han muerto desde que iniciaron las protestas, según autoridades y la Defensoría del Pueblo (ombudsman). Dos de ellos eran uniformados. La Fiscalía sostiene que 20 de estos casos están vinculados con las protestas.

El comité denunció un «uso desmedido de la fuerza pública que ha producido 77 homicidios» y convocó a nuevas movilizaciones para el miércoles.

Lo que comenzó el 28 de abril con una manifestación contra un proyecto para incrementar impuestos que luego fue retirado, terminó en un movimiento de protesta que exige un estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia.

El Presidente Iván Duque manifestó este viernes que en el Gobierno hay voluntad y está listo para avanzar en la construcción de acuerdos lo antes posible en una mesa de negociaciones

Mientras el Comité de paro dijo lo propio después de una reunión con la ONU y la Iglesia Católica.

«Nosotros hemos dicho con toda la claridad que estamos listos a reunirnos con los miembros del Comité del Paro para avanzar en negociaciones y en construcción de acuerdos», dijo el mandatario.

Y complemento que ese ha sido un mensaje que se ha transmitido de manera diáfana.

«Hagamos eso rápidamente y permitamos que nuestro país siga reactivándose», manifestó.

Por otro lado representantes del Comité Nacional del Paro, confirmaron estar dispuestos a reunirse nuevamente con Duque.

Lo dijeron tras una reunión con la ONU y la Iglesia.

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Se supo que el encuentro será este domingo próximo en Bogotá.

Representantes del Comité Nacional de Paro se reunieron este viernes con el presidente de la Conferencia Episcopal Monseñor, Héctor Fabio Henao, y el representante de la ONU en Colombia Carlos Ruiz Massieu.

“Estamos dispuestos a reunirnos cuando el gobierna lo considere”, sentenció Francisco Maltés, de la Central Unitaria de trabajadores (CUT), y vocero del Comité.

Aseguraron que el primer punto a tratar son las garantías necesarias para ejercer la protesta social.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Colombia, Francisco Maltes, aseguró este jueves que el Comité del Paro ratifica su decisión de negociar con el Gobierno.

«Se debe negociar el pliego de emergencia», dijo. Aseguró que están a la espera de que el Gobierno defina en que condiciones se darán las conversaciones.

«Quedamos a la espera de que el Gobierno Nacional, el presidente de la República, nos precise: negociamos, hablamos, dialogamos», puntualizó Maltés.

Urgió porque el pliego de peticiones se negocie prontamente

“Debemos negociar el pliego de emergencia y así mismo el Gobierno debe garantizar la vida de todos los que están en la protesta».

El dirigente sindical hizo de nuevo un llamado para evitar el «exceso de fuerza en las protestas sociales pacíficas”.

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Mientras la voluntad de diálogo persiste entre el Comité de Paro y el Gobierno Nacional, este jueves se suspendió la mesa de conversación en Cali tras ataque de encapuchados.

La mesa de diálogo se levantó por un grupo de atacantes que trató de ingresar al lugar donde se desarrollaba el encuentro.

En la reunión participaba la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán; el ministro de Justicia, Wilson Ruiz; el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, entre otros representantes del Gobierno nacional.

Discutían cómo llegar a un acuerdo con sectores en paro para levantar el bloqueo en las vías del departamento del Valle del Cauca que ha ocasionado desabastecimientos de alimentos, gasolina, medicamentos e insumos agrícolas.

Cali ha sido la ciudad de Colombia más afectada por el vandalismo y las protestas.

En últimas horas de este jueves se viralizaron una serie de videos que muestran el momento en el que los representantes de los jóvenes caleños se levantan de la mesa de diálogo.

Hubo confusión, gritos y acusaciones en contra del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a quien los jóvenes culparon de aprovechar la reunión como un distractor para atacar otros puntos de protesta.

“Convocamos a conversar con nuestros jóvenes para que el diálogo sea la herramienta y superar esta crisis. Desafortunadamente hoy no se pudo, pero seguiremos insistiendo en el diálogo como herramienta, en la voluntad de vida como expresión, sin estigmas y sin señalamientos”, dijo Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.

El diálogo continuará este viernes 14 de mayo de 2021.

Con insultos sacan al alcalde de Cali @JorgeIvanOspina de una reunión con jóvenes en el coliseo Maria Isabel Urrutia. pic.twitter.com/qwGpDKMWxP

Reunión entre jóvenes y representantes gubernamentales en #Cali durante la jornada de #ParoNacional13M pic.twitter.com/VtUbXDgpZf

Interminable. Muchos se preguntan por qué si la reforma tributaria fue retirada por el Gobierno de Iván Duque, la protesta sigue.

«Después de que Duque retiró la reforma tributaria, las protestas se volvieron mucho más violentas», registraba este fin de semana The New York Times.

Un vandalismo desatado, episodios de terrorismo urbano (CAI, transporte público, instituciones públicas, entre otros) y esl señalamiento de pagos por esos ataques, forman parte del la denuncia del Gobierno.

A la fecha hay 826 policías heridos y uno muerto. 

Las posiciones siguen divididas a pesar de la voluntad de «dialogar» por parte del Gobierno y de «negociar» según el Comité de Paro. Es decir, es un acuerdo a «medias».

Llegan a la mesa con posturas opuestas. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dice que para avanzar es “urgente e imprescindible desmilitarizar el país”.

Por su parte el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, negociador del Gobierno Colombiano, asegura que la desmilitarización no es posible en ninguna Constitución Política de un país que tenga un Estado de derecho.

«Son parte de la institucionalidad y los ciudadanos deben ser protegidos» confirma.

“He estado siempre abierto al diálogo, a escuchar y a actuar, como lo hemos hecho siempre, alcanzando resultados normativos y de acción ejecutiva”, expresa Duque.

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Por su parte los manifestantes dicen seguir marchando por los excesos de la Fuerza Pública, un reclamo que sustentan en el reclamo internacional.

“Urgimos a la máxima moderación a las fuerzas públicas para evitar más pérdidas de vidas”, afirmó desde Washington Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado de la administración Biden.

“Ha habido uso excesivo de la fuerza”, dijo desde Ginebra (Suiza) la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

Entre tanto se siente el rechazo de la ciudadanía a la autoridad en general y a instituciones como la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría, agravan la estabilidad del país.

«Aunque hemos tenido periodos pacíficos, la violencia ha estado presente en las reivindicaciones de las mayorías», asegura el historiador colombiano Jorge Orlando Melo.

Los jóvenes han sido claros protagonistas de las marchas y la protesta, principalmente porque de los 10,9 millones de jóvenes que el Dane estima hay en Colombia, el 33 %, es decir, más de tres millones de personas, no trabajan ni estudian.

Solo en Bogotá, con la pandemia, la población de jóvenes que no realizan ninguna de estas actividades se duplicó, hoy hay 665.000 de ellos. El desempleo juvenil en la capital es del 29,9 %.

Además varios estudios aseguran que estos jóvenes perdieron el trabajo, o debieron dejar de estudiar porque sus padres perdieron ingresos y no tenían cómo financiar sus estudios.

A esto se suma que el 74 % de los consultados entre 18 y 25 años, en una reciente encuesta de la firma Cifras y Conceptos, tienen una imagen desfavorable del Presidente.

“Hemos propuesto desde la Andi una reforma con estructura simple y efectiva, concentrada en el esfuerzo especial y solidario de las empresas y de las personas con mayores patrimonios”, dice Bruce Mac Master, presidente de la Andi, a El Tiempo.

Un sector que también ha manifestado estar dispuesto a “apoyar a las familias que se encuentran en condición de vulnerabilidad como resultado de la pandemia”.

Una de las primeras exigencias del Gobierno será el levantamiento de los bloqueos en carreteras, que causan graves desabastecimientos de alimentos, gasolina e insumos en varias ciudades.