Un miembro de la comunidad LGBTI fue asesinado cada dos días en Colombia desde el 2023 y año tras año todos los tipos de agresiones contra esta población aumentan, informó el viernes una ONG especializada.

En lo corrido del año, 41 personas fueron víctimas de homicidio por su orientación sexual, 47% más que el mismo periodo de 2024, según la organización Caribe Afirmativo, que presentó un informe en Bogotá.

La mitad de los casos ocurrieron en el departamento de Antioquia, cuya capital es la turística Medellín, donde otrora se registraron altos índices de criminalidad por la acción de bandas criminales y carteles.

En abril, en ese departamento se presentó el caso de Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años brutalmente golpeada el 4 de abril y arrojada a un río y que posteriormente murió por sus heridas.

«Persisten patrones de criminalidad particularmente graves en los asesinatos de mujeres trans y hombres gais», dijo a la AFP Cristian de la Rosa, vocero de la organización, quien recalcó que los homicidios se han cometido con «sevicia y crueldad», en algunos casos con la intención de «intimidar al colectivo social y sus comunidades».

El homicidio de Sara Millerey fue rechazado por el presidente Gustavo Petro, quien llamó «nazis» a los asesinos. Uno de los sospechosos del crimen fue capturado.

La estatal Defensoría del Pueblo informó en abril que atendió 258 casos de violencia contra población LGBTI el año pasado en todo el país, un 23% más que en 2023.

Esta entidad encargada de proteger los derechos humanos alertó sobre el repunte de la violencia contra esta población y denunció la «sistematicidad y crueldad» de estos asesinatos.

Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, indicó en la presentación del informe que la violencia sistemática sobre las personas LGBT en Colombia es «preocupante».

Caribe Afirmativo llamó la atención sobre la impunidad, pues el 99% de los casos no superaron la fase de investigación preliminar en la justicia.

El Congreso discute el proyecto «Ley Integral Trans», que busca proteger sus derechos y endurecer las penas en casos de crímenes motivados por el odio contra esta comunidad.

La renuncia de algunos rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), derivó una serie de retrasos inimaginables, que no solo se remonta a la primaria opositora prevista a realizarse en octubre de este año, afecta otros procesos como el cambio de nombre de personas trans.

Antes de detallar las razones de este proceso, hay que ir al principio de la historia, y cuándo en Venezuela las personas trans consideran una opción cambiarse el nombre, para eso, hay que remontarse a noviembre de 2022, luego de que cuatro activistas que permanecieron ocho días encadenados a la Defensoría del Pueblo en Caracas en protesta por el incumplimiento de derechos para la comunidad LGBTQ+ en el país.

Esta protesta originó que la Asamblea Nacional elegida en 2020 de mayoría chavista llevara el tema a plenaria y se comprometieran a impulsar y obligar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a cumplir con la Ley de Registro Civil que contempla el cambio de nombre por razones de género.

Sin embargo, no fue a partir del 2022 que Venezuela ya tendría carta abierta para aprobar este proceso, para eso hay que retroceder hasta el 2010 cuando se aprobó legal que una persona pueda cambiar su nombre por razón de género.

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Es decir, han pasado 13 años y la administración de Hugo Chávez, ni la de Nicolás Maduro, han cumplido con este derecho para personas trans e intersexuales. El cambio de nombre es legal en Venezuela desde 2010, cuando entró en vigencia la actual Ley Orgánica de Registro Civil (LORC).

Específicamente se establece en el artículo 146 que la modificación se puede hacer “por una sola vez”, cuando el nombre de una persona “sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”.

En ese sentido, Impacto Venezuela, decidió conversar con Floor, una activista de la comunidad trans, quien aseveró que esta lucha lleva más de 13 años. “En primera instancia la primera persona en solicitar eso fue Tamara Adrián (candidata a la primaria opositora). Entre otros activistas que han estado moviéndose en eso y solo han sido ignorados, burlados y sus peticiones engavetadas”.

El paso definitivo para que las personas trans puedan hacer el cambio de nombre le corresponde al Consejo Nacional Electoral a través de uno de sus órganos subordinados (la Comisión de Registro Civil y Electoral).

El Poder Electoral ha sido acusado durante muchos años de tener falta de voluntad para permitir el cambio de nombre. Sin embargo, el nuevo CNE encabezado por Pedro Calzadilla, Alexis Corredor, Tania D’ Amelio, Enrique Márquez y Roberto Picón se había comprometido a prestarle atención al tema.

“Actualmente, los que están montándose en el poder son personas evangélicas conservadoras que todo eso lo echan para atrás y a quienes no les interesa para nada el bienestar de las personas Lgbtiq+ porque las consideran una minoría”, alegó Floor.

En ese sentido, aseveró que, con ello, “lo que han hecho es atrasar y atrasar todas las solicitudes e incluso engavetarlas. ¿Sabías que por una simple firma y aunque está en el decreto de ley del registro civil en el artículo 146, todas las personas pueden cambiar su nombre, pero solo por el CNE y la AN no les da la gana de que las personas trans podamos tener nuestro derecho a la identidad?”, cuestionó.

No obstante, a finales de 2022, la Asamblea Nacional de mayoría chavista le prestó atención al reclamo, y el CNE se comprometió un mes después comenzar a andar en el proceso para que las personas trans pudiesen cambiarse el nombre.

Presentaron un procedimiento para permitir a las personas acceder al cambio de nombre, un derecho establecido en el Código Orgánico de Registro Civil desde el año 2009, pero que no se había puesto en práctica. 

El protocolo, presentado tras semanas de protesta y presión por parte de activistas de la comunidad Lgbti, se basa en los artículos 146 y 148 de la Ley Orgánica del Registro Civil.

A pesar de esto, pasaban los meses y el CNE no parecía haber hecho nada al respecto, esto fue denunciado en febrero de este año por la comunidad, quienes exigieron que se tomara en cuenta sus exigencias y sus derechos.

Durante una protesta que realizaron ese mismo mes, el activista Koddy Campos declaró a la agencia de noticias EFE han sido, “burlados y no se nos responden los teléfonos, porque para ellos no son importantes las vidas de nuestra población”.

Agregó que la primera vicepresidenta del Parlamento, Iris Varela; el presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral del Legislativo, Pedro Infante, y la presidenta de la Comisión de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos, Asia Villegas, se habían comprometido a «cambiarle el nombre a las personas trans, no binarias e intersexuales».

Luego de las exigencias de la AN chavista, el CNE determinó que no hay que pedir interpretación, reconocen que cualquier persona puede pedir el cambio de nombre.

Sin embargo, establecieron que debían aplicar dos medidas: una administrativa y otra tecnológica, para poder cumplir con el cambio de nombre

Específicamente habría que “adecuar” una resolución administrativa del CNE para regular lo correspondiente con el cambio de nombre, y luego esperar a que el CNE cumpla con la “adecuación de su plataforma tecnológica”, algo que hizo ya el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Desde entonces, la comunidad trans e intersexual ha permanecido esperando una respuesta que no se ha dado.

Las personas de la comunidad trans sientes un gran revés luego de que las autoridades del CNE las únicas que hasta el momento se habían dado a la tarea de responder sobre esta solicitud que lleva más de 13 años.

“Lo que hacen es quitarnos la oportunidad de tener un empleo digno. Porque al aparecer en el documento de identidad un género y un nombre que no corresponde con las características físicas y sociales de la persona, entonces somos marginadas y rechazadas”, aseveró Floor a Impacto Venezuela.

Además, explicó lo denigrantes que son para ellos ser llamados por sus deadname o nombre muerto.

“Somos obligados a pasar pena en un banco porque en la cédula de identidad solo ven a un hombre, en el caso de nosotras las chicas trans y hasta nos miran feo. No tenemos derecho a la salud porque al enterarse de que somos trans prefieren no atendernos o nos tratan de la peor manera, como si fuéramos un asesino en serie o una cosa de otro mundo”.

También confesó a los tratos que han tenido que ser sometidos por quienes no quieren aceptarlos, específicamente a las chicas trans. “A todas nos juzgan solamente como prostitutas cuando somos muchas que ni de lejos estamos en ese oficio. Nos burlan, nos humillan, nos maltratan y nos hacen ver como personas agresivas o Anti Natura”.

Floor resaltó que esperan que los nuevos rectores del CNE, una vez sean designados por el Comité de Postulaciones del Parlamento, “respondan como se debe y que dejen de engavetar nuestras peticiones y nuestro derecho a una identidad”.

“A tener un empleo digno. A gozar de buen trato y de no discriminación en los hospitales. A poder estudiar una carrera y no vernos obligades a tener un título universitario con un nombre que no corresponde con nuestra identidad”, señaló.

En ese sentido, insistió que este nuevo revés repercute en todo. “Hasta en el derecho a unas votaciones democráticas que permitan salir de este sistema de mediocridad y dependencia. En que todo se atrasa y que nos seguirán dejando atrás, porque siempre tendrán los alegatos de que hay cosas más importantes que hacer y que solo somos una minoría caprichosa. El segundo país de Latinoamérica con más atraso en todo lo concerniente a los derechos LGBT”.

Este miércoles, el alcalde de El Tigre, Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, defendió la unión igualitaria simbólica que se realizó en ese municipio.

Durante una entrevista con Vladimir Villegas en Globovisión, aseguró que de esa forma, se visibiliza al movimiento LGBTIQ+; y cuestionó que ni la administración de Nicolás Maduro, ni la oposición, debaten sobre ello.

«Se hizo una unión civil simbólica entre personas del mismo sexo porque no está contemplada en nuestra legislación. El gobierno y la oposición no han dado este debate», sostuvo Paraqueima.

Aunque considera que hay problemas más graves en el país, añade que lo que hacen con el movimiento LGBTIQ+ «es visibilizarlo».

«Soy heterosexual y no tengo complejo alguno en conversar con un homosexual», subrayó.

Respecto a la unión civil entre dos personas del mismo sexo, consideró justo que si una de ellas fallece, la otra pueda heredar sus bienes.

La unión civil simbólica en El Tigre tiene un costo de 400 dólares y entrará en vigencia el próximo 17 de mayo cuando se celebre el día contra la homofobia, transfobia y bifobia.

En otro ámbito, precisó que adelantó que quieren «montar» en El Tigre un evento nacional «donde participen todas las tendencias políticas»; ya que «es necesario un reencuentro».

«Hay factores académicos, económicos, religiosos y otros más que quieren participar en el diálogo para buscar soluciones», afirmó.