Indígenas emberas que están acampados en el Parque Nacional de Bogotá, protestan hoy en la capital colombiana.

Los indígenas exigen al Gobierno Nacional una pronta reubicación y soluciones de fondo, luego de llegar desplazados por la violencia en sus territorios y encontrar una ciudad en la que, hasta el momento, no les ha brindado garantía de sus derechos a retornar o reubicarse bajo condiciones de voluntariedad, seguridad, dignidad y sostenibilidad.

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Unas 395 familias indígenas -en su mayoría mujeres y niños- llegaron al Parque Nacional ubicado en la carrera séptima con calle 39, mientras que otros miembros de la comunidad Embera Katío, caminaban desde el Portal 80 hasta el Ministerio del Interior para protestar las malas condiciones de la UPI de la Florida donde actualmente sobreviven luego de meses de haber estado en esta zona de la ciudad.

Las malas condiciones de hacinamiento, desnutrición y mendicidad, donde al menos tres menores de edad fallecieron, los llevó a tomar la decisión.

La Organización No Gubernamental (ONG) Kapé Kapé, alertó sobre el brote de una enfermedad que afecta las vías respiratorias en poco tiempo y que ha contagiado a varios miembros de las comunidades étnicas Jodi y Eñepá, ubicadas en San José de Kayama.

En un boletín emitido por la organización, encargada de proteger a las comunidades indígenas en la Amazonia venezolana, anunció que la enfermedad causó la muerte de al menos dos personas.

El indígena Jodi Alirio Juae Molo denunció que no hay medicinas en el lugar para atender e los pacientes afectados por la enfermedad; quienes presentan sintomatología similar a la neumonía.

El también personal sanitario, aseguró que las autoridades de la región están en pleno conocimiento del brote que los está afectando. En ese sentido, el Instituto de Salud Pública prometió la entrega de medicamentos a la comunidad, pero denunció que hasta la fecha no lo han cumplido, presuntamente por fallas logísticas.

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De acuerdo con la ONG Kapé Kapé, la población de las comunidades Jodi y Eñepá es de al menos 1.400 habitantes que se despliegan entre las zonas más remotas del estado Bolívar. Quienes conforman estas comunidades han mantenido un estilo de vida antiguo que abarca desde sus costumbres hasta su identidad. Sin embargo, no han estado exentos de las epidemias y enfermedades que han surgido en la zona.

Kapé Kapé informó que la última jornada de salud que se realizó en la comunidad, fue en mayo de 2018 cuando les fue entregado un lote de medicinas. Desde entonces han pasado 4 años y la ayuda es cada vez más escasa.

“No han logrado apoyo aéreo de parte de instituciones que tienen presencia en la zona y poseen aeronaves, como Gobernación y componentes militares. La demora en el traslado de las medicinas puede agravar la situación de la comunidad”, alertó la ONG.

Esta semana el municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia, está alborotado por una serie de protestas de las comunidades indígenas que exigen la realización de nuevos comicios para elegir alcalde en esa localidad.

Desde este miércoles, los indígenas cerraron la troncal 6, a la altura del trayecto Machiques – Colón, en el sector El Cruce y eso generó enfrentamientos con la Policía Nacional Bolivariana (GNB) y Guardia Nacional (GNB).

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La situación se tornó muy violenta cuando los funcionarios decidieron abrir el paso, tanto que se movilizaron más de 150 funcionarios y eso recrudeció la protesta.

Voceros de las comunidades indígenas conversaron con los medios locales y aseguraron que el cierre de vías es para exigir se celebren nuevas elecciones.

A finales de enero, la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, Keyrineth Fernández, la detuvieron en el estado Falcón por presuntamente estar involucrada en el contrabando de drogas.

Estas comunidades tienen más de 12 días protestando para exigir su derecho constitucional de elegir nuevas autoridades.

Estos cierres de vías están afectando a los transportistas de alimentos e insumos que reportan importantes pérdidas económicas, al no cumplir a tiempo con la entrega de los pedidos.

Para levantar la protesta, los representantes de las comunidades indígenas exigen la presencia de la ministra de los Pueblos Indígenas, Clara Vidal.

La exhortarán a asumir la vocería correspondiente ante las autoridades electorales y se programen cuanto ante los citados comicios.

Entre tanto, continuarán durante estos días las protestas hasta que se cumpla con lo establecido en la Ley.

Los niños y niñas indígenas en Colombia viven una infancia de miseria y desplazamientos.

Sus padres, unos 900 indígenas, llegaron a Bogotá y se instalaron en el Parque Nacional para reclamar salud, educación, vivienda.

Comen una sola vez al día, piden en la calle ropa, zapatos y pañales para los niños.

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Asimismo, duermen en carpas improvisadas y las mujeres embarazadas no reciben la atención adecuada.  

El cronista callejero Raúl Arévalo para Testigo directo se sumergió en el barrio de la miseria donde los niños indígenas pierden su infancia.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y autoridades de Venezuela rehabilitaron un barco hospital y dos ambulancias fluviales para ayudar a las poblaciones indígenas.

El objetivo es que esta población vulnerable acceda a servicios de salud, nutrición y agua.

La información la dio a conocer la agencia de la ONU pero sin explicar cuáles son las comunidades indígenas que serán beneficiadas, reseñó EFE.

“Para que niños, niñas, adolescentes y familias en poblaciones indígenas remotas accedan a servicios de salud, nutrición, agua segura y protección, Unicef trabajó en coordinación con autoridades regionales y nacionales para rehabilitar dos ambulancias fluviales y un barco hospital”, detalló la agencia en Twitter.

Explicó que “el proyecto incluye una sala de partos, consultorio de ginecología, área de inmunización, oficina de registro, entre otros”.

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La rehabilitación del barco y las ambulancias se logró gracias al apoyo de donantes internacionales.

Además, al trabajo coordinado con autoridades para llegar a la niñez venezolana que más lo necesita, agregó Unicef.

En medio de la crisis humanitaria en Venezuela, los organismos multilaterales se han desplegado en varias zonas del país.

Esto para prestar asistencia a las poblaciones más vulnerables.

En agosto, la Cancillería buscaba, junto a Unicef, fortalecer los programas sociales en el país para garantizar el bienestar de los niños y adolescentes.

El anuncio se hizo tras una reunión entre el entonces canciller, Jorge Arreaza, y la directora regional para América Latina y el Caribe de Unicef, Jean Gough.

La nota difundida por la Cancillería señalaba que Arreaza y Gough conversaron sobre los programas y proyectos que se desarrollan coordinadamente en Venezuela.

Estos programas en materia de infancia y la garantía de sus derechos, en el contexto de la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas.

Unicef está presente en Venezuela desde 1967. En 1991 se firmó el primer «Programa de País», documento marco de su cooperación con los actores nacionales.

Este martes las protestas en todo el país por la escasez de gasolina estuvieron a la orden del día. De las seis que reportó Impacto Venezuela, tres se escenificaron en Vargas.

Conductores de la parroquia Catia La Mar en el estado La Guaira, decidieron trancar la estación de servicio de Puerto Viejo, pues llevan cuatro días esperando para llenar el tanque de sus vehículos.

Denuncian que hay mafias en las estaciones de servicios que cobran para darle privilegios a otros que ni siquiera hacen cola.

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En la estación de Puerto Viejo, ubicada al final de la avenida Atlántida, en cola había 300 carros esperando por combustible, de los cuales ya 70 habían cancelado.

A continuación en el noticiero de Impacto Venezuela la gente en Vargas nos cuenta el drama de lo que ahora se ha convertido en “el vital líquido de los venezolanos”.

La pandemia del COVID-19 está agravando la situación de las comunidades indígenas de los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas. Mueren de hambre, la alarma sanitaria es enorme y la deserción escolar es inminente.

La encuesta de condiciones de vida del Observatorio de Derechos Humanos Indígenas de la asociación Kape Kape, concluye que “el Estado venezolano no tiene una estrategia para atender a los pueblos indígenas en pandemia”.

En un reportaje realizado por el Correo del Caroní, Kape Kape asegura que existen propuestas internacionales para solventar la situación, pero el régimen de Nicolás Maduro ha hecho caso omiso.

En Bolívar, el 40% de los indígenas consultados aseguran no tener acceso continúo a los alimentos; el 25% en Delta Amacuro también sufren de la misma ausencia, mientras que en el Amazonas 14%  tampoco tiene acceso.

“Los indígenas deben salir de sus etnias para conseguir comida, y en su mayoría deben trasladarse a pie, pues la ausencia del transporte público también es un problema que afecta en un 13% a Delta Amacuro y Bolívar, y un 42% en Amazonas”.

Aun cuando el régimen prometió la caja CLAP para los indígenas, asegura la organización que no llega y cuando hay, no tienen los complementos nutricionales.

El servicio de agua potable también es precario: “En un 42% en las comunidades del Amazonas, y lo son en un 13% en Bolívar y Delta Amacuro”.

Sueldos miserables

Más de la mitad de los indígenas que tienen empleo deben salir del pueblo para ir a trabajar (Bolívar 60%), (Amazonas 58%) y (Delta Amacuro 53%), el traslado dura al menos dos horas en promedio.

Según Kape Kape, organismos multilaterales han reiterado la importancia de que en medio de la pandemia los Estados ofrezcan seguridad social a quienes queden desempleados.

“Esta condición en el ingreso de las familias es alarmante, teniendo en cuenta que el salario mínimo en Venezuela es de Bs. 800 mil mensuales, ingreso que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas alimentarias”.

Deserción escolar

Kape Kape expresa su preocupación por que durante la pandemia “no hay una política pública que funja como estrategia para evitar el atraso escolar de niños, y adolescentes”.

Asegura que en el contexto de las comunidades indígenas “la educación a distancia es inviable” y esto provoca mayor deserción escolar.  

“El 37% de los encuestados en Bolívar tienen un grado de instrucción básico incompleto, en el Amazonas el 54% y en Delta Amacuro, este porcentaje es más alto, del 78%”.

El 65% de la población indígena encuestada del estado Bolívar manifestó no asistir a la escuela nunca o que no regresará luego de la pandemia.

Hasta ahora Bolívar tiene el porcentaje de deserción escolar indígena más alto en las comunidades encuestadas, en comparación con Amazonas (52%) y Delta Amacuro (54%).

Sin embargo, la mayoría (85%) de niños manifestó que sí sabe al menos leer y escribir. En otros estados es mayor, el 78% de los menores en Delta Amacuro, y el 67% en Amazonas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de los indígenas yanomamis y ye’kwana por el riesgo de la pandemia del coronavirus en Brasil, el segundo país del mundo con más muertos.La CIDH informó este lunes que ambos pueblos, que viven en zonas fronterizas entre Brasil y Venezuela, están en «una situación especial de riesgo ante la pandemia de Covid-19, considerando su particular susceptibilidad a enfermedades respiratorias y el rápido crecimiento de contagios en su territorio».Según la agencia AFP, las medidas cautelares fueron otorgadas el pasado 17 de julio tras una solicitud presentada por la Asociación Hutukara Yanomami y el Consejo Nacional de Derechos Humanos, una entidad integrada por representantes del gobierno de Brasil y de la sociedad civil.La CIDH destacó que tomó en cuenta «el riesgo diferenciado» que tienen los pueblos indígenas ante la pandemia por su particular vulnerabilidad inmunológica, principalmente los pueblos de contacto reciente o en aislamiento voluntario y por el estado crítico del sistema de salud destinado a atender a la población beneficiaria.Además este ente autónomo de la Organización de los Países Americanos (OEA) señaló como factor de riesgo la presencia de terceros no autorizados en su territorio.Los indígenas yanomamis sufren la ocupación de su territorio por unos 20.000 mineros ilegales o «garimpeiros». Este territorio de 96.000 km2, en plena selva amazónica, ha sido invadido durante décadas por mineros ilegales.

En Venezuela, la OPS recibió notificación de 152 casos y un fallecimiento entre los pueblos indígenas, frente a un total nacional de 112 muertes, según cifras que son cuestionadas por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch.A principios de julio, un tribunal de segunda instancia brasileño ordenó al gobierno de Jair Bolsonaro desalojar a los mineros ilegales debido a la «vulnerabilidad social e inmunológica» de los indígenas.La CIDH señaló «la presencia ilegal de cerca de 20.000 mineros en el territorio» y dijo que esto fomenta el flujo del virus desde las comunidades urbanas.También alertó sobre los «actos de violencia de los mineros contra la población indígena, principalmente contra sus líderes».Este lunes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a las autoridades de salud a «redoblar esfuerzos para prevenir el avance de la infección» entre las comunidades indígenas.

Según la OPS, Brasil – que tiene más de 80.000 fallecidos por el coronavirus – reportó 7.946 casos confirmados y 177 muertes entre los pueblos indígenas en todo el país.