Mediante su cuenta en X, la Coalición Nacional de Sindicatos y el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha, denunciaron que al dirigente gremial de Carabobo, Omar Escalante, lo condenaron a 30 años de prisión, en la madrugada del 19 de diciembre, luego de haber sido detenido apenas un día antes, al presentarse voluntariamente en tribunales.

“Esta condena es especialmente cruel y despiadada. Omar Escalante es un adulto mayor, (tiene 74 años) con diabetes, hipertensión y artrosis severa; se desplaza con ayuda de un bastón y hace apenas tres meses perdió a su esposa”, dice el comunicado.

“Imponerle una pena de 30 años en estas condiciones equivale, en los hechos, a una sentencia de muerte, que pone en grave riesgo su vida e integridad física”, agrega el escrito difundido por el  Comité.

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🚨 DENUNCIAN CONDENA DE 30 AÑOS A PRESIDENTE DE FETRA CARABOBO@coalicionsind rechazó la sentencia de 30 años de prisión contra el dirigente sindical Omar Escalante, al considerarla una violación a la libertad sindical. El 20Dic cumplió 74 años. Exigen su libertad pic.twitter.com/a8yMs5XtST

El sindicato informa que la sentencia fue dictada por el Tribunal Tercero de Juicio del estado Carabobo, y agrega que se trata de una “grave violación al debido proceso”, además de a los derechos humanos y de presunción de inocencia.

“A Omar Escalante se le fabricaron delitos que no ha cometido, en un procedimiento viciado, orientado claramente a castigar su trayectoria sindical y su firme defensa de los derechos laborales”, asevera el documento.

Según los sindicatos, Escalante fue víctima de “una emboscada judicial” y se le aplicó “una condena infame y desproporcionada”.

 Cabe destacar que esta es otra condena a 30 años de parte de los tribunales del país, que se suma a las emitidas en las últimas semanas a otras personas, entre ellas a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, y a la de los implicados en el caso del asalto al Fuerte Maramacay.

30 años de cárcel. La pena máxima de cárcel que la legislación venezolana reserva para delitos como homicidio, secuestro y violación le fue impuesta a Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 años.

Sin embargo, la profesional de la salud no mató ni secuestró a nadie. Su delito fue que, en medio del fragor de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, envió un mensaje de audio por WhatsApp a un grupo de vecinos de la localidad de San Juan de Colón, en el estado andino de Táchira (fronterizo con Colombia), en el que llamaba a votar en contra de Nicolás Maduro y lo responsabilizaba de la crisis económica que atraviesa el país.

Ocho días después de los comicios, la policía arrestó a Orozco.

"Unos policías llegaron en la noche del 5 de agosto a la casa y le dijeron a mi mamá: 'Acompáñenos'. Ella no quería ir, pero los policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían entrevistar y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella", le contó a BBC Mundo el hijo de la doctora, Paul Ruiz.

La grabación de la doctora llegó a manos de unos simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron ante la Fiscalía tras amenazarla con retirarle beneficios como la caja de alimentos o la bombona de gas para cocinar subsidiados.

El caso de Orozco es el último de una serie de procesos judiciales contra ciudadanos que ejercieron su derecho a la libertad de expresión a través de las redes sociales. Un derecho que las autoridades venezolanas advierten que "no es absoluto".

"Esos llamamientos ponen en riesgo la paz de Venezuela y son la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos nos quiere invadir".

Esto habría dicho la jueza Luz Dary Moreno Acosta al condenar, el pasado 16 de noviembre, a Orozco por la comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, relató el hijo de la médica.

 ¿Pero qué dijo la doctora para ser condenada a la pena máxima? "Ella le pidió a la comunidad que saliera a votar (contra Maduro) y (que los vecinos) dejaran la sinvergüenzura de apoyar al gobierno, mientras sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos", narró Ruiz.

El hijo de la doctora admitió que el mensaje era "subido de tono" , pero negó que su madre cometiera un delito.

"Ella no salió a las calles a tirar piedras o quemar cauchos (neumáticos). Ni tampoco pidió una invasión extranjera", aseguró.

En las últimas semanas, EE. UU. ha reunido en las aguas del Caribe una flota de naves de guerra -entre las que está su portaaviones más moderno y grande, el USS Gerald R. Ford-, con el propósito declarado de combatir el narcotráfico.

Sin embargo, desde Caracas sostienen que este despliegue militar en realidad persigue "un cambio de régimen" en Venezuela.

"Así como usted sufre, las personas que están en el Gobierno también sufren", le dijo la jueza a Orozco, de acuerdo con el relato del hijo, quien dijo que obtuvo los detalles de unos abogados que estuvieron presentes cuando la titular del Tribunal 4 de Juicio de Táchira leyó su veredicto.

Aunque el fallo no ha sido publicado, desde la Fiscalía venezolana confirmaron a BBC Mundo que se produjo, pero rechazaron las peticiones para que hicieran comentarios sobre el mismo.

Ni siquiera el hecho de que Orozco sufriera un infarto durante el año que ha permanecido detenida sirvió de atenuante para la justicia.

En marzo pasado, la jueza Moreno rechazó permitirle a la doctora seguir el juicio en libertad condicional, por considerar que "existe peligro de fuga" y porque "pudiera influir en los testigos para que informen falsamente al tribunal, y ponga en peligro la verdad de los hechos y la realización de la justicia".

El dictamen se produjo semanas después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtiera que "buscarían" a todo aquel que respaldara una invasión.

"Si alguien decide pedir invasiones contra nuestro país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano, y el Estado se reserva las acciones que tenga a bien ejercer", alertó semanas atrás.

Otras personas que escucharon el audio de Orozco aseguraron a BBC Mundo que "era una grabación de 17 minutos bastante agresiva en algunas partes".  Esto, explicaría por qué a la doctora le aplicaron el artículo 20 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según los registros judiciales.

"Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados", establece la norma.

La vaguedad y amplitud de la disposición le ha valido la crítica de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales sostienen que puede ser empleado para silenciar a las voces críticas.

Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por ejercer la libertad de expresión. Varias de las aprehensiones están vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales, reportó la organización Espacio Público.

 Antes de que se conociera la condena contra Orozco se produjeron otros dos fallos similares. El primero fue el de Marcos Palma, de 50 años, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel por un audio que envió a un grupo de WhatsApp en el que se quejaba porque no le entregaron la bombona de gas que pagó e invitaba a sus vecinos a una protesta.

Semanas después, Randal Telles, una estudiante de enfermería de 22 años del llanero estado Barinas, fue condenada también a 15 años de prisión por un video de TikTok en el que criticaba a Maduro y a Cabello. No obstante, su familia sostiene que la grabación no fue hecha por Telles, sino que es un montaje realizado con inteligencia artificial.

Estos casos explican por qué muchos en el país han optado por evitar discutir sobre determinados temas a través de plataformas digitales o constantemente borran los historiales de sus teléfonos.

En 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, admitió que la polémica legislación contra el odio tenía "un carácter preventivo educativo y disuasivo".

"La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites. Y en Venezuela hay una legislación que lo regula", advirtió un funcionario judicial en ejercicio bajo condición del anonimato.

La condena contra la médica ha sido criticada tanto dentro como fuera del país.

"Este caso evidencia que la falta de independencia del sistema de justicia venezolano está profundamente arraigada y que continúa funcionando como parte del aparato represivo del Estado", denunció a BBC Mundo la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria De Mees.

Tras afirmar que la Ley contra el Odio "restringe severamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y genera un fuerte efecto inhibidor, incompatible con una sociedad democrática", De Mees aseguró a BBC Mundo que "la aplicación de esta ley en casos como el descrito confirma el clima de miedo y autocensura" reinante en el país y "desalienta cualquier forma de disidencia, incluso más allá de las fronteras de Venezuela".

Por su parte, juristas venezolanos han puesto en duda el fundamento jurídico de la sentencia contra la doctora Orozco.

"Para que se dé el delito de incitación al odio el mensaje ha debido provocar una expresión de odio por parte de un individuo contra otro. ¿A quién incitó ella? La doctora lo que hizo fue expresar su propio sufrimiento", explicó a BBC Mundo el penalista Zair Mundaray.

Tampoco consideró correcto la aplicación de los delitos de traición y conspiración.

"La conspiración implica intentar modificar la forma republicana, pero ¿qué acción concreta llevó a cabo la doctora para acabar con la democracia y las instituciones? Y el delito de traición habla de unirse con naciones o enemigos extranjeros, pero aquí no se ha informado que ella se haya aliado con nadie", agregó.

"Con este tipo de sentencias el gobierno quiere quitarnos el derecho a pataleo (protesta), afirmó el hijo de la condenada, quien reiteró que su mamá jamás ha participado en actividades políticas de ninguna naturaleza.

Con información de la BBC

Un hombre de Carolina del Sur condenado por asesinar a los padres de su exnovia fue ejecutado el 7 de marzo por un pelotón de fusilamiento, en la primera muerte de este tipo en Estados Unidos desde 2010.

Brad Sigmon fue condenado a muerte en 2002 por matar a golpes a los padres de su exnovia, David y Gladys Larke, con un bate de beisbol antes de intentar secuestrarla, reseñó EFE.

“La ejecución se llevó a cabo a las 18H05 horas (23H05 GMT) por un pelotón de fusilamiento de tres personas y fue declarado muerto por un médico a las 18H08 horas (23H08 GMT)”, dijo la portavoz de prisiones del estado, Chrysti Shain.

Es la sexta ejecución en Estados Unidos en 2025. Todas las demás fueron por inyección letal, salvo una por inhalación de nitrógeno en Alabama (sureste), estado que en enero de 2024 inauguró este método hasta entonces nuevo y controvertido, comparado por los expertos de la ONU con una forma de “tortura”.

Otro estado del sur, Luisiana, reanudará las ejecuciones después de una pausa de 15 años, también utilizando inhalación de nitrógeno, el 18 de marzo.

Las autoridades de Carolina del Sur fijaron hace un mes la fecha de ejecución de Brad Sigmon.

La ley estatal establece que la silla eléctrica es el método de ejecución predeterminado, pero otorga al condenado la opción de morir por fusilamiento o por inyección letal.

Los otros tres reos a los que se les aplicó la pena capital desde septiembre (después de una pausa de más de 13 años) en Carolina del Sur eligieron la inyección letal.

Pero Brad Sigmon, de 67 años, optó por el pelotón de fusilamiento por desesperación, según sus abogados.

Uno de ellos, Gerald King, denunció una “elección imposible” entre “la arcaica silla eléctrica de Carolina del Sur, que lo quemaría vivo” y “alternativas igualmente monstruosas”.

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El Departamento Correccional de Carolina del Sur anunció oficialmente en 2022 que su sala de ejecución estaría preparada para albergar un pelotón de fusilamiento.

Cuenta con una silla en una esquina, lejos de la silla eléctrica que no se puede mover, y se ha instalado un vidrio antibalas para proteger a los testigos.

El condenado está atado a la silla, con una capucha sobre la cabeza y una marca en el pecho. Le disparan tres voluntarios de un pelotón de fusilamiento colocados detrás de un muro con aperturas para los rifles.

Será la cuarta ejecución por fusilamiento en Estados Unidos en 65 años, según el abogado Gerald King.

La última, en Utah (oeste), se remonta a 2010.

En marzo hay seis ejecuciones previstas en el país.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados estadounidenses.

Otros seis estados (Arizona, California, Ohio, Oregón, Pensilvania y Tennessee) observan una moratoria.

Con información de EFE

El Tribunal Superior de Barranquilla condenó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y a otros 45 exintegrantes de un bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo paramilitar que comandaba, de más de 1.000 hechos delictivos ocurridos entre 1999 y 2004, entre ellos 568 homicidios, informó este miércoles la Fiscalía.

La Sala de Justicia y Paz, la instancia especial encargada de juzgar a los paramilitares desmovilizados de las AUC, decidió declarar a Mancuso, entonces comandante del Bloque Catatumbo, y a 45 exintegrantes de ese grupo armado por 1.323 hechos criminales cometidos entre mayo de 1999 y diciembre de 2004, en Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, reseña EFE.

Destacan entre los 568 homicidios las masacres de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú, cometidas en esos años, y también 55 casos de desaparición forzada, la mayoría de población civil y personas protegidas, y de las que actualmente se sigue sin saber su paradero.

Sin embargo, la mayoría de hechos por los que se les condena son por desplazamiento forzado.

“Para la Fiscalía, las diferentes estructuras armadas del Bloque Catatumbo, por directriz de los máximos cabecillas, adoptaron patrones de macrocriminalidad constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos”, reza un comunicado del ente acusador.

Mancuso fue condenado a 480 meses (4 años) de prisión, mientras que los demás sentenciados recibieron entre 240 y 480 meses de prisión, y todos deberán pagar multas y tendrán que reparar patrimonialmente los daños morales y materiales causados a las víctimas acreditadas en el proceso.

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El exjefe paramilitar, quien está investigado en Colombia por más de 75.000 crímenes como líder de las AUC, el grupo al que más homicidios se le atribuyen durante el conflicto armado, llegó a Colombia el pasado 27 de febrero para rendir cuentas ante las salas de Justicia y Paz, tras ser deportado de Estados Unidos donde cumplió una condena de 15 años por narcotráfico.

Desde entonces Mancuso se desempeñaba como gestor de paz, nombrado por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Se conoció que, ante la contundencia del acervo probatorio presentado por el Ministerio Público (MP), fue condenado a 14 años de prisión Miguel Ángel González Blanco, de 45 años de edad, por el abuso sexual de una adolescente de 17 años, ocurrido el 7 de septiembre de 2022 en el sector Los Olivos Viejo de Maracay, municipio Girardot del estado Aragua.

Señala el MP, según sus registros, que ese día se efectuaba un agasajo en un local comercial propiedad del agresor cuando al final de la jornada haló bruscamente a la víctima y la besó a la fuerza en la boca.

Luego de una breve discusión, la joven se marchó para su vivienda y le contó lo ocurrido a su progenitor, razón por la cual ambos acudieron ante funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para interponer la denuncia sobre lo ocurrido.

En consecuencia, el propietario del local fue detenido por funcionarios del mencionado órgano policial y puesto a la orden del Ministerio Público.

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Durante el juicio, representantes de la Fiscalía 16a de esa jurisdicción ratificaron la acusación contra González Blanco por el delito de abuso sexual sin penetración, previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Una vez evaluadas las pruebas presentadas por los fiscales del caso, el Tribunal 1º de Juicio de violencia contra la mujer de Aragua dictó la mencionada condena contra el hombre, quien permanece recluido en la sede de la PNB.

Un hombre de Louisiana (EE.UU.) que violó reiteradamente a una niña de 14 años y la embarazó será castrado físicamente mientras cumple una condena de 50 años de prisión como parte de un acuerdo de culpabilidad.

Glenn Sullivan, de 54 años se declaró culpable el 17 de abril de cuatro cargos de violación en segundo grado y acordó ser castrado quirúrgicamente, en lugar de ser castrado químicamente, a pedido de los fiscales, dijeron las autoridades.

“Sentí que este caso era lo suficientemente sólido y merecía tal acción”, dijo el fiscal del distrito auxiliar judicial 21 Brad Cascio en un comunicado, según el canal local de Baton Rouge WBRZ.

Sullivan violó a su víctima y luego la aterrorizó para que guardara silencio amenazándola a ella y a su familia, dijo un comunicado del fiscal del distrito 21 Scott Perrilloux.

Hombre en Estados Unidos será castrado por violar y dejar embarazada a niña de 14 años https://t.co/43tjflaphX

La Oficina del Sheriff del Parroquia de Livingston inició una investigación contra Sullivan en julio de 2022 después de que la niña se presentara y le dijera a los detectives que él la había violado “varias veces” cuando tenía solo 14 años.

Al investigar el caso, los detectives descubrieron que Sullivan había “adoctrinado” a la víctima y “usado amenazas de violencia contra ella y su familia” para mantenerla callada, escribió Perrilloux.

Las pruebas de ADN obtenidas durante la investigación demostraron que Sullivan era el padre del niño, dijo la oficina del fiscal.

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“Los delitos sexuales contra menores son los delitos más maliciosos que procesamos. Pretendo usar todas las herramientas que la legislatura esté dispuesta a darnos, incluida la castración física, para buscar justicia para los niños en nuestra comunidad”, agregó Cascio en el comunicado.

Además de la condena de prisión de varias décadas impuesta por el juez William Dykes, Sullivan también deberá ser castrado quirúrgicamente, un procedimiento que será realizado por el Departamento de Correcciones de Louisiana.

Una ley de Louisiana de 2008 otorga al estado el poder de “castrar químicamente” a los delincuentes sexuales condenados por ciertos delitos utilizando un fármaco llamado acetato de medroxiprogesterona. Sin embargo, la ley también establece que un prisionero masculino puede ser castrado físicamente siempre que presente una moción escrita ante el tribunal demostrando que “inteligente y conscientemente, da su consentimiento voluntario para la castración física como alternativa al tratamiento”.

La ley también establece que dichos procedimientos deben llevarse a cabo como mínimo una semana antes de que el acusado sea liberado.

Dos hombres fueron condenados a 25 años de prisión por el secuestro de una mujer y un niño de cuatro años de edad, ocurrido el 15 de junio de 2023 en la población indígena Jivi, ubicada en la parroquia de Aripao del municipio Sucre, en el estado Bolívar.

Tal día, la mujer y su hijo se desplazaban a bordo de una motocicleta en compañía de su pareja cuando los agresores improvisaron una alcabala, donde los retuvieron y obligaron a entrar a una choza.

Una vez en el lugar, los agresores, identificados como Orlando José Rondón (42) y José Gregorio Arrieta Benítez (37), liberaron al hombre y le exigieron cinco gramos de oro por el rescate de su pareja y su hijastro, reseña el Ministerio Público en su portal.

Posteriormente, el hombre acudió ante funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para denunciar la situación, por lo cual al día siguiente se acordó una entrega controlada donde los secuestradores resultaron aprehendidos.

Durante el juicio, la Fiscalía 5ª de Ciudad Bolívar ratificó la acusación contra Rondón y Arrieta Benítez como coautores del delito de secuestro, previsto y sancionado en la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión.

Cuatro adolescentes fueron condenados este lunes a penas de ocho a diez años de prisión por un caso de abuso sexual en un seminario católico en Venezuela.

Dos menores de 17 años recibieron sentencias de diez años de cárcel «por su responsabilidad en el abuso sexual cometido en contra de un joven de 14 años» en el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, en el estado Táchira, en tanto otro dos de 17 y de 16 deberán cumplir pena de ocho años por «su cooperación» en ese delito, según nota de prensa del Ministerio Público.

La denuncia fue presentada el pasado 3 de junio por la propia institución de formación católica. 

Los cuatro condenados, así como la víctima, eran alumnos del centro.

Condenados dos adolescentes a 10 años de prisión y otro par de jóvenes a ocho años de cárcel por cometer abuso sexual en Táchirahttps://t.co/bSIi1YAxQy #26Feb pic.twitter.com/aAJeuEklE2

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La madre de la víctima llevó el caso ante las autoridades del seminario, señalando que su hijo había sido «objeto de amenazas, agresiones físicas y abuso sexual por parte de varios estudiantes de bachillerato», entre ellos un «sobrino del vicerrector», según la nota del Ministerio Público.

«Luego de recibir la denuncia, sopesar la gravedad de los hechos (…), la dirección del seminario consignó la denuncia ante el Ministerio Público», indicó en su momento un comunicado de la Diócesis de San Cristóbal, la capital del Táchira, recordó la AFP.

«Repudiamos este bochornoso episodio (…). El seminario seguirá cumpliendo con su misión de formar en valores cristianos y ciudadanos a sus alumnos», subrayó.

Los cuatro adolescentes permanecían detenidos desde entonces.

Vale señalar que la referida dependencia penal determinó que el primer par de condenados permanecerán recluidos durante ocho años; y luego tendrán dos años bajo reglas de conducta. A su vez, los otros dos adolescentes condenados estarán recluidos durante seis años; y continuarán cumpliendo sentencia durante dos años más bajo reglas de conducta.

El Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Juicio con competencia plena, a cargo de la jueza Hennit Carolina López, condenó, la madrugada de este viernes 9 de diciembre, a 30 años de prisión al militar retirado Juan Carlos Marrufo (52), a su esposa María Auxiliadora Delgado (48) y al coronel retirado Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos (53).

Se le condena por delitos de traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir.

Juan Carlos Marrufo, de nacionalidad italiana, y su esposa, María Auxiliadora Delgado, de nacionalidad española, fueron detenidos el 20 de marzo de 2019 tras ser relacionados con el ataque con drones contra Nicolás Maduro y el asalto al Fuerte Paramacay. El tribunal 1º de Control aceptó la imputación de asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

Mientras que Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos, también tiene nacionalidad portuguesa, trabajaba en el Ministerio de la Defensa y fue igualmente detenido en el año 2019, acusado de estar inmerso en el caso de los drones y el presunto intento de magnicidio contra Maduro.

La abogada penalista Lucila Hurtado, quien forma parte de la defensa de este caso, explicó por medio de una publicación en Instagram que la decisión de la jueza se tomó sin una sola prueba que los vincule con los delitos señalados.

Asegura que es una «franca violación a lo establecido en el artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal». Detalló que la jueza Hennit López «se limitó a identificarlos y a señalar la pena de 30 años, sin indicar cuáles eran esas pruebas que los vinculan con esos tipos penales».

Hurtado manifestó que la única experticia presentada por los fiscales del Ministerio Público «es nula de nulidad absoluta, en virtud que se desconoce el origen de los objetos peritados, no fue ofrecida la orden de allanamiento, el acta, los testigos, funcionarios actuantes, inspección técnica, cadena de custodia. Se ha consumado otro fraude procesal contra dos personas inocentes».

Una publicación compartida de lucila hurtado (@lucilahurtado9)

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Por su parte, la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju dijo en Twitter que la jueza Hennit López se negó a leer los fundamentos de la condena y ordenó apagar la cámara. También informó que la defensa de los tres presos políticos se negó a firmar las actas.

Condenaron por los Delitos de Traición a la patria , Asociación para delinquir y Financiamiento al Terrorismo y la Juez Verduga se negó a leer los Fundamentos de la Condena y además mando a apagar la cámara! La defensa se negó a firmas las actas.

Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su caso lo lleva el Instituto Casla en la Corte Penal Internacional. Además, sus casos fueron denunciados en las fiscalías de Italia y España por tener los esposos doble nacionalidad.

El joven exbeisbolista Junior José Espinoza Regalado fue sentenciado a 29 años de prisión por el asesinato de la que fuese su novia Ismalis Karina Fréitez Andrade, crimen ocurrido en el estado Yaracuy en 2018.

El Tribunal de Juicio Número 3 realizó la audiencia en el Circuito Judicial Penal de San Felipe y las investigaciones del caso estuvieron a cargo de la Fiscalía 47 con competencia nacional.

Espinoza Regalado, quien para ese año jugaba para las Ligas Menores de Medias Rojas de Boston, fue condenado por el delito de femicidio agravado con circunstancias agravantes.

El juzgado determinó que debe permanecer recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix, ubicada al norte de Barquisimeto, lugar donde se encuentra el exbeisbolista desde hace dos años.

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Según La Prensa de Lara, el asesinato de Fréitez ocurrió cuando la pareja estaba en una fiesta y, al parecer, discutieron por celos. En el camino a casa de la víctima, el expelotero le disparó a un costado y falleció a su ingreso al hospital.

El ahora sentenciado se mantuvo como pelotero por dos temporadas en Ligas Menores con el equipo de Boston (entre 2015 y 2016). Registró cinco triunfos, cuatro derrotas, 3.76 de efectividad en 23 encuentros, un salvado, 95 ponches y WHIP 1.29.

Con penas de hasta quince años y nueve meses de prisión el Tribunal condenó a los 24 militares sublevados en 2019, en medio de masivas protestas de la oposición

Se trata de un grupo de militares de la Guardia Nacional detenidos el 21 de enero de 2019 después de intentar tomar por la fuerza un comando de ese cuerpo armado en Cotiza, y desconocer al gobierno de Nicolás Maduro durante una oleada de manifestaciones contra su administración.

El sargento mayor Luis Bandres, que lideró la intentona, fue condenado a quince años y nueve meses de cárcel por «motín» e «instigación», informó en Twitter Alfredo Romero, director de la ONG defensora de derechos humanos Foro Penal.

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El resto recibió pena de siete años y nueve meses en una audiencia, reseñó AFP.

Familiares denunciaron que los militares han sido víctimas de tortura durante su detención, que incluyen golpizas con bates de béisbol o la aplicación de descargas eléctricas.

«Graves torturas denunciadas no fueron consideradas ni investigadas», subrayó Romero.

Bandres se declaró a principios de este año en huelga de hambre, en protesta por el retardo procesal en el caso, pero dio marcha atrás unos días después.

Foro Penal denuncia que existen unos 240 «presos políticos» en Venezuela, entre ellos más de un centenar de militares.

El próximo 29 de junio, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentará el informe sobre Venezuela que recoge los casos de torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales durante la gestión de Nicolás Maduro.

Un tribunal de apelación de Nueva York ha confirmado la condena de Harvey Weinstein por violación y agresión sexual, rechazando los argumentos de que el juez de primera instancia amañó el resultado a favor de la acusación.

En un fallo unánime emitido el jueves, un panel de apelación de cinco jueces consideró que el juez no cometió errores que justificaran la anulación de la condena o la sentencia de 23 años.

«Rechazamos los argumentos del acusado y confirmamos la condena en todos sus aspectos», escribió la jueza Angela Mazzarelli, en nombre del tribunal.

Alvin Bragg, que juró su cargo como fiscal de Manhattan en enero, emitió un comunicado en el que agradecía a los supervivientes del caso «su notable valor y franqueza».

«Estamos gratificados por la decisión de hoy, que confirma una condena monumental que cambió la forma en que los fiscales y los tribunales abordan los complejos procesos de los depredadores sexuales», dijo Bragg.

Un portavoz de Weinstein, Juda Engelmayer, dijo que «estamos decepcionados, pero no sorprendidos».

«Estamos revisando todas nuestras opciones y trataremos de hacer una petición al Tribunal de Apelaciones y más allá», dijo Engelmayer. La Corte de Apelaciones es el más alto tribunal del estado de Nueva York.

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Weinstein fue condenado en febrero de 2020. Actualmente, está alojado en el centro penitenciario Twin Towers de Los Ángeles, donde espera el juicio por otros 11 cargos de delitos sexuales.

Sus abogados habían argumentado que el juez James Burke, el juez del juicio, había cometido varios errores que hicieron imposible que recibiera un juicio justo. Argumentaron que no se debería haber permitido a los fiscales llamar a tres testigos de «malos actos anteriores» para que declararan sobre conductas no imputadas.

Y argumentaron que a Weinstein se le impidió testificar en su propia defensa, porque los fiscales habían recibido permiso para sacar a relucir otros 28 incidentes -incluyendo el acoso y la violencia física- para impugnar su testimonio.

El tribunal de apelación rechazó ambos argumentos en su fallo de 45 páginas, y consideró que Burke había actuado dentro de su discreción al permitir ambos tipos de pruebas.

«Aunque reconocemos la magnitud del material de impugnación que el tribunal permitió, hemos analizado esa decisión dentro del contexto más amplio de todas las circunstancias que presenta este caso, y hemos concluido que el tribunal ejerció su discreción de forma providencial», escribió Mazzarelli.

En una audiencia de apelación celebrada en diciembre, dos jueces sugirieron que las sentencias de Burke carecían de «equilibrio», y la jueza Sallie Manzanet-Daniels indicó que creía que Weinstein se había enfrentado a un «ensañamiento».

Weinstein fue condenado por agredir sexualmente a Miriam Haley y por violar en tercer grado a Jessica Mann. La defensa de Weinstein argumentó que ambas acusadoras carecían de credibilidad porque mantuvieron relaciones amistosas con Weinstein después, enviándole mensajes de cariño y agradecimiento. En la apelación, los abogados de Weinstein pidieron que se anulara el veredicto porque el jurado no podía haberle declarado culpable más allá de toda duda razonable basándose en las pruebas disponibles.

«Esto no lo podemos concluir», escribió Mazzarelli. «El jurado podría haber optado por creer que el acusado actuó sin su consentimiento a pesar del comportamiento de las denunciantes antes y después de los hechos en cuestión».

El abogado de Weinstein también se mostró en desacuerdo con la decisión de Burke de no destituir al jurado 11, un escritor que tenía una novela de próxima aparición que trataba sobre hombres mayores depredadores. La defensa argumentó que la miembro del jurado mintió sobre el contenido del libro durante la selección del jurado, y se enfureció cuando se le permitió permanecer en el panel.

Weinstein, de 69 años, no podrá obtener la libertad condicional hasta después de cumplir los 87 años. Sus abogados han dicho que está enfermo y que necesita un tratamiento exhaustivo para no quedarse ciego. Durante su juicio en Nueva York, Weinstein utilizó un andador para llegar al tribunal. En Los Ángeles, los agentes judiciales le llevan a sus comparecencias en silla de ruedas.

Para la jueza María Lourdes Afiuni no es una sorpresa las actuaciones de los tribunales en su caso.

Este sábado, la Sala Penal del TSJ del régimen le ratificó la condena a 5 años de prisión por un delito que nunca se comprobó.

Su hermano Nelson Afiuni dijo que fue sentenciada por el delito de “corrupción espiritual”, acuñado por Luisa Ortega Díaz, en los años que ocupó el despacho del Ministerio Público.

Aseguró que él junto al equipo de la Defensa elevarán a instancias  internacionales este nuevo atropello contra María Lourdes Afiuni.

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“Se han pasado por encima todo, las leyes penales, la Constitución y hasta la decisión de Michelle Bachelet de dejarla en libertad plena”.

En diciembre de 2009, Afiuni fue encarcelada por contribuir supuestamente a la fuga del empresario venezolano Eligio Cedeño.

El fallecido presidente Hugo Chávez ordenó, en cadena nacional, que la condenaran a 30 años de prisión.

A Afiuni se le concedió el arresto domiciliario por razones de salud en el 2011.

Dos años más tarde se le otorgó la libertad condicional con la condición de no salir del país y no utilizar las redes sociales.

La prohibición de usar redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, marcó un precedente en la historia de la libertad de expresión en Venezuela. Fue la primera persona en el país a quien se le impuso esta medida.

Según el alegato de la Sala Penal del régimen para ratificar la condena, supuestamente hubo un consenso entre Afiuni y Eligio Cedeño “para lograr la evasión”.

“Le permitió al ciudadano Eligio Cedeño abandonar las instalaciones del Palacio de Justicia, sin haber tenido un auto fundado de la decisión asumida y sin haber tenido la orden o la boleta de excarcelación”, según documento del Ministerio Público.

La realidad es que la magistrada le concedió la libertad condicional al empresario venezolano, siguiendo una resolución del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.

Por esa situación fue procesada y sometida a malos tratos y tortura mientras estuvo recluida en la cárcel de mujeres (INOF), ubicado en Los Teques.

El juicio que inició en 2018, suspendido en reiteradas oportunidades, duró casi 10 años.

En esos años nunca se comprobó el delito de corrupción propia, pues no existió ni dinero ni promesa de ello.

Actualmente, Afiuni sigue en su casa junto a sus padres, vive de la ayuda familiar, pues también se lleva un juicio disciplinario en su contra que le impide ejercer su profesión.

#9Nov ?@nelsonafiuni, hermano de la jueza @mariafiuni: A mi hermana le ratificaron la condena por un delito inexistente, Corrupción espiritual. Ella además está combatiendo ahora con un carcinoma en la cara.@ImpactoVE ? pic.twitter.com/0YskofRNvd

En Exclusiva para Impacto Venezuela, el abogado especialista en casos de extradición Nelson Rodríguez Varela, desde Miami conversó con la periodista Karla Salcedo Flores y le confirmó que le vienen días muy intensos a Alex Saab.

El abogado afirmó que ya la extradición de Alex Saab está casi lista, solo esperan que el avión de la DEA aterrice en Cabo Verde para llevarlo a Estados Unidos y que comience el proceso para que cumpla la condena por los delitos que se le imputan.

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La justicia norteamericana juzgará a Saab tal y como lo rige la ley, aclaró Rodríguez Varela, quien aseguró que la única presión que tendrá el empresario colombiano para develar información serán los años de condena que le dictaminen una vez que sea juzgado en los tribunales.

Conozca lo que el jurista explicó para Impacto Venezuela sobre el futuro que le espera a Alex Saab dependiendio de la jurisdicción que le asignen en Estados Unidos.