La imagen del dirigente de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, anunciando la decisión de la plataforma unitaria de ir a las elecciones del 21 de noviembre, se puede decir que es histórica. ¿La razón? No fue cualquier cosa hacer ese anuncio, luego de tres años durante los cuales la oposición, agrupada en el G4 (AD, UNT, PJ y VP), llamó a la abstención, «porque no hay condiciones electorales».

De hecho, la oposición boicoteó, «por ilegítimas» las elecciones municipales de diciembre de 2017, las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de finales de 2020.

Varias son las interpretaciones que han surgido en torno a esta medida, sobre todo, porque en la actualidad, salvo algunos detalles, esas condiciones electorales de las que los partidos del G4 se quejaban no han cambiado.

Expertos en materia electoral coinciden en que la presión sobre estos partidos, tras tantos años de llamar a la abstención, hizo efecto. Esto ocurre precisamente, porque, al tratarse de elecciones locales, cada estado, cada municipio, cada rincón de Venezuela, tiene su propia realidad. Y en cada pueblo hay un líder al que la gente quiere.

Desde el punto de vista macro ¿El G4 podía aguantar la presión de la dirigencia regional? ¿Podía detener la avalancha de candidaturas adelantadas por esos líderes, antes del anuncio oficial de su participación en las regionales del 21 de noviembre? Como es evidente, no.

Por otro lado, los expertos también coinciden en que el desgaste del liderazgo opositor también fue un detonante de esta decisión.

Año tras año, desde el 2015, cuando la oposición ganó las parlamentarias, se hicieron promesas. ¿La principal? «Maduro sale en seis meses». Llegado el 2021, Nicolás Maduro sigue en Miraflores y la amenazas de teñir de rojo todo el país, está más vigente que nunca. Allí radica la razón principal de la decisión de participar, con las condiciones que haya.

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«El tema de las condiciones electorales en el país ha sido bastante debatido. El mismo tiene un antecedente en que la mayoría de los expertos estamos de acuerdo. Y es que a partir del 2004, cuando se implementa el sistema automatizado de votación y hasta el 2017, había una gran confianza en ese sistema».

Así lo explicó para Impacto Venezuela, la jurista Eglee González Lobato, directora de la cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela.

Argumentó que esa «confianza en el sistema automatizado surgió porque se hizo un gran esfuerzo para superar las dudas sobre el fraude generalizado que se denunció por un tiempo. Todo, quizás producto del desconocimiento en torno a la implementación de ese sistema automatizado».

Sostiene que «luego del 2017, con los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, hubo un quiebre en la confianza en el sistema».

Recordó el desmentido de la empresa Smartmatic sobre los resultados anunciados por la entonces presidenta del CNE, Tibisay Lucena. «Ese quiebre en la confianza en el sistema se agudizó aún más después del incendio en los galpones del CNE, en Mariches».

Agregó que tras este hecho «hubo una adquisición de nuevas máquinas y componentes del sistema automatizado que, hasta el (proceso) del 2020, nosotros no estábamos de acuerdo. De hecho, yo lo impugné ante el TSJ, porque pensábamos que era contrario a la Constitución». Dice que «hasta ese momento se desconocían detalles del sistema que generaran confianza».

No obstante, destaca que, «a partir de la incorporación de dos representantes en el CNE, reconocidos por las fuerzas opositoras, como personas confiables, se han venido llevando a cabo algunas de esas verificaciones y auditorías al sistema automatizado. Incluso a lo que tiene que ver con el Registro Electoral», explicó.

González se refiere a la designación del nuevo CNE, donde están los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez, quienes también han encabezado la cruzada para que la gente vuelva a confiar en el voto.

Agregó que, «incluso los técnicos electorales, en distintas áreas, han expresado satisfacción ante el procedimiento que se ha llevado a cabo, públicamente», para los comicios regionales.

Una vez hecha esta explicación, González Lobato se pregunta «¿Qué condiciones electorales hay?». Y su respuesta es que «no solamente se trata de un pliego de peticiones, porque este existe en cada proceso».

Destaca que «esto va desde el Registro Electoral, hasta la observación internacional. Pero, hay otras garantías que se necesitan en un proceso electoral. Se necesita que quienes estén en la administración electoral garanticen el apego a la normativa y a los principios de buena fe y que van a cumplir con todos los acuerdos a los que se han llegado».

Reconoce que, en otros procesos, «el día de la elección hemos tenido malas experiencias, migraciones de electores, manipulación de actas manuales. Ese tipo de ventaja mediante la manipulación por parte de funcionarios electorales es lo que se debe evitar. Es necesario que se tomen medidas para esto no ocurra. ¿Es posible? Hay que exigirlo siempre», dijo.

«Entonces, es necesaria la vigilancia constante para que esas condiciones electorales establecidas mediante acuerdos, se mantengan antes, durante y después del proceso», aseveró la experta.

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Pero, no todo se queda en hablar de las condiciones electorales. Es necesario que el protagonista del proceso, es decir el elector, esté convencido de que debe ir a las urnas para poner en la silla de la alcaldía, la gobernación o el concejo municipal, a los dirigentes que considere que le facilitarán su vida como ciudadano.

No obstante, tras tantos años de llamar a la abstención y ante el fracaso de los planes y promesas opositoras, ese electorado está realmente apático. Todo, sumado a la crisis económica y social que, nuevamente, ha convertido a los venezolanos en personas desinteresadas de la política.

Por ello, una vez hecho el llamado a participar, a la oposición le queda otra tarea: conquistar nuevamente a sus electores, para devolverle la confianza en el voto.

En este punto, la experta sostiene que tiene mucho que ver «la oferta electoral». «Es decir, hay que conquistar a la gente, preguntarle si es que van sus partidos, sus liderazgos ¿Van a votar?

Con Lobato coincide el analista y experto electoral Aníbal Sánchez. Él sostiene que «la participación en las elecciones del 21 de noviembre, sella un capítulo de inercia política en Venezuela».

Cree que «es lo más  acertado que ha podido hacer la oposición venezolana. Esto le permite salir del estancamiento político en que se encuentra. Con un mensaje y actitud correctos se podría llegar a una victoria política más allá del resultado electoral. Esto podría ser el punto de partida para otras estrategias. El éxito no lo podemos medir por el número de plazas obtenidas», remarcó.

El experto considera que «el voto debe dejar de ser visto como una herramienta de selección y pasar a ser comprendido como un objeto de la política».

Explica que «con la correcta estrategia, la oposición recuperaría sus capacidades organizativas y de movilización que ha perdido durante los últimos años».

Dijo que los opositores necesitan recuperar la confianza que tenían «después de haber obtenido un triunfo electoral en el 2015. Incluso tienen, de nuevo, la oportunidad de contar con un centro de coordinación interna que le hace mucha falta».

Y sobre las condiciones electorales, Sánchez sostiene que «no se puede esperar que un régimen autoritario te dé condiciones para unas elecciones libres y 100% competitivas. Pero el meollo del asunto está en no entregar tu única arma democrática, como es el voto».

Afirma que «el voto es la forma de canalizar el descontento, de mantener una agenda de activistas y multiplicadores de este mensaje en la calle: ‘Este tipo de regímenes saben que no cuentan con el respaldo popular’. El papel de la oposición debería ser de la conducción y organización de la ciudadanía, y participar en las elecciones es una vía para mantener ese objetivo», expresó.

Venezuela se encamina a un nuevo proceso electoral. Esta vez local y regional, en un escenario de cambios en cuanto a las condiciones para garantizar su transparencia. Pero esas condiciones aún están cuestionadas por diversos sectores, debido al momento y a la forma en que ocurrieron estas modificaciones. Por ello, las dudas sobre estos comicios se mantienen sobre la mesa.

La designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)y la disposición a permitir una observación internacional. También destaca la habilitación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Estas son algunos de los cambios realizados de cara a estos comicios.

Todos ellos demandados en el pasado por la oposición venezolana, pero negados para entonces, bajo argumentos relacionados, en el caso de la MUD, con sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y en el resto, vinculados con asuntos diplomáticos o a la falta de tiempo.

Los sectores de oposición y organizaciones civiles resumen esta situación en una frase: decisiones políticas.

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El director de la organización Súmate, Francisco Castro, explicó que algunas de estas decisiones, como la del caso de la MUD, ponen de manifiesto la «fragilidad jurídica del proceso electoral».

«¿Por qué? Porque esa tarjeta se encontraba inhabilitada como resultado de decisiones asociadas a tribunales del país», reiteró Castro, en entrevista con Efe.

Recordó que primero hubo señalamientos contra el bloque por un supuesto fraude en la recolección de las firmas para impulsar un referendo revocatorio Nicolás Maduro.

Y después, por un «asunto asociado a la doble militancia». Es decir, que los partidos que conformaban el bloque no podían ser parte de esa tarjeta y de sus organizaciones al mismo tiempo si querían participar en elecciones.

Entonces, el CNE inhabilitó la tarjeta argumentando que obedecía a ordenes del máximo tribunal del país. Pero ahora la institución, bajo el control de tres rectores vinculados al chavismo y dos a la oposición, informó que la credencial está habilitada. Esto sin aclarar si hubo algún tipo de ordenamiento del Tribunal Supremo.

Pero, además, la habilitación ocurre en un momento en el que la oposición que se aglutinó en esta gran alianza se encuentra fracturada. Sus líderes más conocidos están inhabilitados políticamente y los partidos más grandes están intervenidos judicialmente.

«Aunque, sí, en efecto hay algunas señales que pudieran indicar ciertos niveles de apertura. Si hacemos los análisis en profundidad nos damos cuenta de que fundamentalmente no se están dando las condiciones para que verdaderamente asistamos a un proceso electoral competitivo», sostuvo Castro.

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Sin embargo, aún con este escenario, hay opositores dispuestos a participar en las elecciones regionales. En su mayoría -hasta el momento-, son parte de una nueva alianza surgida entre los partidos más pequeños. Además de exmilitantes de organizaciones acusados por supuesta corrupción o antichavistas del ala menos radical.

El grupo considera que no se deben abandonar espacios y perder la oportunidad de participar en unos comicios.

Los líderes tradicionales de los más grandes partidos de oposición no se han pronunciado con rotundidad sobre si participarán o no. Uno de esos casos es AD que está intervenido.

Este partido es un ejemplo del complejo panorama electoral. AD formará parte del proceso electoral, pero con la directiva nombrada por el TSJ y no con su junta tradicional. Por ello, la oposición denuncia un «secuestro» o «robo» de sus organizaciones.

También está el caso de Voluntad Popular (VP), el partido en el que ha desarrollado su carrera política el líder Juan Guaidó.

Uno de sus dirigentes más conocidos, el exparlamentario Freddy Guevara, cercano a Guaidó, está detenido desde hace más de dos semanas. Lo acusan por supuestos vínculos con grupos paramilitares y con los hechos viokentos de la Cota 905.

Son estas situaciones las que ponen a dudar a la oposición que se aglutina alrededor de Guaidó, acerca de las condiciones para que se celebren elecciones «libres, justas y transparentes».

Este grupo político considera que la convocatoria de elecciones se realizó a conveniencia del Gobierno y argumenta que la designación de los nuevos rectores fue «impuesta» por un Parlamento que señala de ilegítimo debido a la forma en que fue electo.

Y sobre la designación de rectores, el director de Súmate recuerda que hubo «irregularidades» en el proceso debido a que sus integrantes tienen vinculaciones políticas, a pesar de que la ley establece que tienen que ser independientes.