La información acerca de que en Venezuela hay fosas comunes con más de 200 víctimas del conflicto armado en Colombia, es un hecho grave que debe ser sometido a una investigación rigurosa, aseguró Karim Vera, dirigente de Primero Justicia.

«Pedimos que se haga haga una investigación transparente y se incorporen representantes de organismos internacionales especialistas en derechos humanos para esclarecer la denuncia hecha por Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar colombiano, quien hizo la confesión ante la Jurisdicción Especial por La Paz (JEP)», dijo Vera, en nota de prensa.

La dirigente de PJ en el Táchira recordó “tenemos años denunciando las asociaciones criminales que no sólo se mantienen en las llamadas trochas, sino que ha trascendido a gran parte del estado Táchira, entre grupos irregulares y funcionarios de cuerpos de seguridad venezolanos que hacen vida en la frontera».

«Hasta la fecha no ha ocurrido una demostración real por acabar con las bandas que aún se mantienen en las zonas. No es un secreto como mujeres, ancianos, niños y hombres han sido víctimas no solo de hurto, sino hasta de secuestro por parte de grupos paramilitares que operan en los sectores a la vista de uniformados y el silencio ha sido la única respuesta para todas esas personas”, lamentó.

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Que no se quede en palabras

Vera pidió que, tras la declaraciones de que “el gobierno de Colombia y Venezuela acordaron trabajar para encontrar los cuerpos desaparecidos según Mancuso, eso no puede quedar simplemente en declaraciones, se tiene que hacer una investigación real».

Llamó a «tener una verdadera voluntad política para combatir el flagelo que se da en los pasos regulares e irregulares que se mantienen activos una vez que se abriera la frontera. Son centenares de familias que desconocen el paradero de sus seres”.

Finalmente, exhortó a que “no se puede combatir la violencia ocasionando zozobra en la población de Ureña, en donde se están montando operativos de seguridad. Se tiene que hacer un trabajo organizado que tenga resultados satisfactorios para los ciudadanos que transitan y hacen vida en la zona”.

Los gobierno de Colombia y Venezuela anunciaron este domingo un acuerdo conjunto para localizar los restos de unas 200 personas dadas por desaparecidas en territorio venezolano, víctimas del conflicto armado en el vecino país.

Se trata de ciudadanos colombianos desaparecidos en la zona fronteriza entre ambos países y la medida se toma luego de las declaraciones del exparamilitar Salvatore Mancuso, quien se encuentra preso en Estados Unidos.

En una video conferencia con la Jurisdicción Especial de Paz, Mancuso habló acerca de esas 200 víctimas.

En el evento, efectuado en la población fronteriza de Juan Frío, ubicada en la región de Norte de Santander, también estuvo virtualmente el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Juan Leyva.

Allí, Mancuso volvió a denunciar la complicidad de altos mandos militares colombianos en las operaciones ilegales llevadas a cabo durante el conflicto y reconoció la existencia de las fosas comunes u «hornos», donde los cuerpos eran arrojados para desaparecerlos.

Fue así como dijo que eran más de 200 víctimas arrojadas las fosas, en territorio venezolano, tras las actividades conjuntas entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Ejército.

Agregó que la decisión de ocultar los cuerpos en Venezuela es producto de las actividades de la Fiscalía colombiana que, en el 2001, estuvo a punto de localizar una fosa con unos 50 cadáveres.

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La cancillería de Colombia emitió un comunicado, el cual señala: «en reciente comunicación con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil Pinto, acordamos proporcionar unos prontos y eficaces mecanismos institucionales que permitan localizar los restos mortales de nacionales colombianos dados por desaparecidos en zona de frontera, sepultados en territorio venezolano según manifestaciones del señor Salvatore Mancuso, ex comandante de las autodenominadas Auto Defensas Unidas de Colombia, AUC».

?Comunicado firmado por el señor canciller @AlvaroLeyva sobre "prontos y eficaces mecanismos institucionales que permitan localizar restos mortales de nacionales colombianos dados por desaparecidos en zona de frontera" venezolana.Aquí los detalles ?https://t.co/5v96tMLJvu pic.twitter.com/MA2BgrZlDM

Según las Naciones Unidas, 7.7 millones de personas están en riesgo por la influencia de grupos armados ilegales. 

Y es que el conflicto armado es una realidad que parece no acabar en algunas poblaciones del país. Las víctimas de este flagelo, según Naciones Unidas, necesitan atención humanitaria de manera inmediata.

Conforme al organismo internacional, 7.2 millones de personas están bajo la influencia de estas estructuras criminales.

Hoy en #DíaContraLasMinasAntipersonal, reitero el compromiso de la ONU en erradicar el daño causado por las minas y proteger a la población que ha sido perjudicada por su uso. La acción contra las minas no puede esperar. La paz depende de ello. @CGRuizMassieu @MisionONUCol pic.twitter.com/3BHZyoB5qo

Naciones Unidas también recalcó que 2.2 millones de miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes requieren ayudas humanitarias de manera urgente, especialmente en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Meta y Nariño.

La Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz con las Farc en Colombia, presentó este martes un crudo y extenso informe sobre los horrores cometidos por guerrilleros, paramilitares y el Estado a lo largo de seis décadas de conflicto interno.

El padre Francisco de Roux, que preside la Comisión desde su creación en 2017, presentó el documento de 896 páginas, resultado «del diálogo social y la investigación» sobre el prolongado enfrentamiento.

Al menos 14.000 víctimas de las guerrillas, los paramilitares y los agentes estatales fueron escuchadas por la Comisión de carácter extrajudicial, y cuyas recomendaciones no son vinculantes.

“De cada diez personas que murieron en el conflicto armado, ocho eran no combatientes civiles, entre 1985 y 2018. Perfilamos la cifra de un poco más de 470.000 personas muertas en el conflicto”, dijo el padre De Roux en diálogo con el programa de radio Mañanas Blu.

También añadió que, según los testimonios recogidos por la Comisión, la mayor parte son victimizaciones producidas por la guerrilla de las Farc. “Si se va al secuestro, que en las cifras son más de 50.000, casi la mitad son de las Farc y luego de los paramilitares y el ELN”, señaló.

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El padre De Roux habló sobre la ausencia del presidente Iván Duque en la presentación del informe y destacó que sí se invitó, pero dijo que no podía asistir: “Se lo vamos a entregar personalmente. Es cierto que antes de irse me dejó la razón de que recibía el seis de julio el informe, pero nosotros ya teníamos todo organizado”.

El presidente de la Comisión insistió en que este informe «no pretende llevar a nadie a la cárcel y ni siquiera es vinculante», sino que busca una reflexión por parte de los colombianos.

Ni una sola palabra pronunció Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, excomandante del Clan del Golfo, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en su comparecencia el pasado 20 de diciembre. 

Esta diligencia se adelantó en el marco del Caso 04, que estudia La situación Territorial de la Región de Urabá, y a la que asistió en calidad de testigo. Sin embargo, ‘Otoniel’ manifestó, mediante su abogado, que no respondería a las preguntas de la magistrada Nadiezhda Henríquez. 

El que en algún momento fue el criminal más buscado en Colombia argumentó que no diría ni una sola cosa porque considera que podrían incriminarlo en alguna de las tantas investigaciones que se adelantan contra él.

En ese sentido, la audiencia duró menos de dos horas y continuará el próximo 9 de enero. De acuerdo con la JEP, la citación de «Otoniel» tiene sentido pues puede “contrastar la diversa información con la que cuenta sobre hechos de violencia de la región de Urabá y que ha obtenido el despacho de informes de organizaciones de víctimas, instituciones del Estado, de versiones voluntarias recibidas y de otras declaraciones ya practicadas”.

Además, también se citó al que fue el máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’, por petición de las víctimas acreditadas del conflicto en Urabá, quienes desean escuchar su versión con el fin de esclarecer la verdad sobre algunos episodios de violencia en esta subregión.

«El testimonio del señor Dairo Antonio Úsuga es pertinente por ser testigo presencial de hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado en la región del Urabá», señaló el alto tribunal de la JEP.

Sin embargo, cabe aclarar que la comparecencia de «Otoniel» ante la JEP no significa que haya sido aceptado por el Tribunal de Paz y pueda acceder a sus beneficios. A su vez, continuarán los términos en el estudio de la solicitud de extradición de la Corte del Estado de Texas, Estados Unidos, por narcotráfico. 

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En ese orden de ideas, este hombre que cuenta con 128 órdenes de captura por delitos que van desde narcotráfico y homicidio hasta delitos de lesa humanidad, permanecerá privado de su libertad en la sede principal de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), ubicada en Modelia, occidente de Bogotá. 

El cabecilla es custodiado por el Grupo Táctico Antiterrorista (Grate) de la Policía, ante un eventual intento de fuga.

El conflicto social que durante el mes de mayo se ha hecho sentir en Colombia comienza a afectar el mercado venezolano. Ocurre especialmente en el estado Táchira, donde cientos de pequeños y medianos establecimientos ofertan mercancías llegan por las trochas.

La situación ha generado que los rubros de más alta rotación comiencen a escasear. También se registra un incremento en los precios de todos los productos, publicó el diario La Opinión.

Según el economista Aldo Contreras, esta no es más que la respuesta al principio económico de oferta y demanda.

“En economía, cuando hay escasez o baja la oferta de bienes y servicios o de algún producto, los precios automáticamente suben”. Ello ha disparado los precios de los productos colombianos.

El experto destacó que, «las mercancías que llegan a Venezuela desde Colombia no provienen sólo de Norte de Santander. También de ciudades como Bogotá, Cali o Medellín. Los bloqueos, paros y protestas que impiden la transitabilidad en Colombia, terminan afectando al mercado venezolano», afirmó.

Para Contreras, Táchira pareciera convertirse cada vez más en la Pamplona antigua que una vez fue, y ser más parte de Colombia que de Venezuela, pues más del 90% de sus transacciones se realizan en pesos, las marcas preferidas de consumo son colombianas y las situaciones que afectan a Colombia repercuten directamente en esta parte del territorio venezolano.

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Algunos vendedores consultados, relatan que las fuertes lluvias también han incidido en el aumento de los precios, pues la crecida del río Táchira complica el paso de las mercancías, bien sea al menudeo o en gandolas, por lo que se incrementaron las tarifas del traslado de los productos en las trochas.

«Como a ellos les sale un poquito más caro pasar, me aumentan la mercancía», dijo María Prato, comerciante del sector de La Concordia.

Leandro Ramírez también se dedica a vender productos colombianos y señala que aunque son pocos, hay algunos productos que ya comienzan a evidenciar escasez, pues se agotan los inventarios de reserva que mantenían sus proveedores. “Ahora toca comprar la mitad de la mercancía que habitualmente compraba”. 

Lesbia Ramos es madre de cuatro hijos y sobrevive con su sueldo de maestra. Asegura que su presupuesto resiente estos aumentos en los precios, porque aunque parecieran pequeños, “300 pesos en un producto y 500 en otro, mil en el jabón y 200 en la harina, hacen mella en el sueldo de cualquier venezolano, que lo que percibe es apenas entre 200 y 300 mil pesos mensuales para cubrir las necesidades de toda su familia”.

Al menos 104 personas resultaron víctimas en Colombia de minas antipersona y otros artefactos explosivos. Todo en el primer trimestre de 2021, informó este domingo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La información añadió que «los accidentes» ocurrieron en nueve departamentos del país. Pero, el Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), Cauca (suroeste) y Nariño (frontera con Ecuador) son «las zonas más afectadas. En estos tres departamentos se concentró 71 % de las víctimas».

El CICR detalló que entre las víctimas que se reportaron durante el primer trimestre hay 61 civiles. Lo hizo con motivo del Día para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, establecido por Naciones Unidas.

De acuerdo con el CICR, de las 104 personas afectadas 41 son víctimas de minas antipersonal. Además de siete de restos explosivos de guerra y 33 de artefactos de detonación controlada. Otras 23 de artefactos explosivos lanzados.

«Entre enero y marzo el CICR registró 104 víctimas. De ellas siete fallecieron mientras que las demás sobrevivieron con graves consecuencias», dijo. La secuelas son «físicas, sicológicas y emocionales que perdurarán a lo largo de su vida», indicó el CICR en un comunicado.

El organismo internacional agregó que en 2020 documentó 389 víctimas de estos artefactos. Esta es la cifra «más alta de los últimos cuatro años».

Colombia es, después de Afganistán, el país con más víctimas de minas antipersona en el mundo.

En cuanto a las 389 víctimas de estos artefactos documentadas el año pasado, 77 % se registraron en cinco departamentos. Norte de Santander (80), Nariño (78), Antioquia (64), Cauca (50), Valle del Cauca (27).

De los afectados, 226 eran civiles, 152 de las fuerzas de seguridad del Estado y 11 pertenecían a grupos armados ilegales.

«La mayoría de las víctimas son civiles, principalmente población campesina. Mientras realizaban labores cotidianas como cultivar, buscar agua, tropezaron con estos artefactos», detalló el CICR.

El organismo internacional indicó que «resulta difícil estimar el grado de contaminación que hay en el territorio por estos artefactos», destacó Efe.

Reconoció que «desde la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano se han logrado importantes avances. Pero todavía existen grandes desafíos para descontaminar las regiones y garantizar el derecho a la no repetición de las víctimas, particularmente donde persiste el conflicto y la violencia armada».

En esas zonas, el reto es aún mayor, ya que «no solo se trata de la antigua presencia de dichos artefactos, sino también de una nueva contaminación que se está generando en el contexto de la confrontación armada entre las diversas partes del conflicto y la disputa entre grupos armados por el control territorial».

Los recientes combates en La Victoria, en el estado Apure, en la frontera con el municipio colombiano de con Arauquita, marcan un punto de inflexión en las relaciones de la administración de Nicolás Maduro con los grupos armados del país vecino. También de la estabilidad armada que durante los últimos años se ha mantenido tanto en la región como a lo largo de la frontera entre ambas naciones.

En un trabajo publicado por el diario La Opinión, de Cúcuta, se habla de un proceso de fragmentación de esas relaciones. Sobre todo la de las disidencias de Farc, tras la desmovilización del grupo principal de esta guerra. Esta situación tiene repercusiones en los arreglos criminales entre estos grupos y el estado venezolano. 

Por un lado, el creciente poderío económico de las disidencias del Frente Décimo y de otras estructuras que vienen ganando tracción local en algunas regiones del país. Esto supone un reto para’ Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’. Ellos, hasta el momento habían maniobrado con cierta efectividad para agrupar a las disidencias de las Farc. 

Estas disidencias que desde un principio rechazaron los acuerdos de La Habana, han venido creciendo de manera sostenida. Todo en el marco de la lenta implementación de dichos acuerdos y de la violencia desatada contra excombatientes del extinto grupo. 

Por otro lado, la Segunda Marquetalia, el grupo comandado por Márquez, Santrich y ‘E Paisa’, ha permanecido aislado militarmente. Esto, sin que su pretensión de reagruparse y recuperar el mando que tuvieron en las antiguas Farc haya llegado a buen puerto. Por el contrario, en lugares como el pacífico nariñense, ambos grupos se han enfrentado militarmente. 

Esto no quiere decir que las relaciones entre las disidencias y la Segunda Marquetalia sea de confrontación abierta. De hecho,  ‘Gentil Duarte’ quien a Márquez y los demás líderes de la Segunda Marquetalia cuando huyeron hacia Venezuela. 

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Por ello, el Apure venezolano sigue siendo la principal retaguardia para el grupo de Márquez. Él, en todo caso ha logrado mantener las estrechas relaciones de protección con el gobierno venezolano que habían creado desde la época de las Farc-EP. 

A medida que estos grupos residuales adquieren más dinero producto del narcotráfico y otras fuentes sus mandos buscan mayor autonomía. Así se alejan de la posibilidad de que las disidencias lleguen a consolidarse nuevamente como un grupo armado nacional.

Tal es el caso de Ferley, jefe financiero del Frente Décimo. Se ha convertido en uno de los intermediarios criminales más poderosos de la región. Afecta las rentas que otros actores ilegales como el Eln. Y también de agentes corruptos del estado tanto del lado venezolano como del colombiano. 

La inestabilidad provocada por Ferley y la expansión económica y militar del Frente Décimo ya provocó incidentes. Los mismos se dieron entre este grupo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Así, en septiembre del año pasado un operativo por parte del Grupo de Acciones Comando terminó con un saldo de quince guerrilleros muertos y otros más heridos.

Los acontecimientos se dan además como producto de la ausencia de una política de seguridad fronteriza . También por las ventanas de oportunidad que el cierre de la frontera colombo venezolana genera para el crimen organizado y para grupos armados.

Cómo se ha visto en Norte de Santander, los grupos armados son la autoridad migratoria y aduanera en la zona fronteriza.  

Para la investigadora de la Universidad de Oxford, Annette Idler, en la zona de frontera se da un fenómeno denominado como “ciudadanía en las sombras”. Es decir, comunidades que han permanecido al margen de los servicios públicos proveídos por el Estado.

Allí las economías ilegales se han convertido en las principales formas de subsistencia y de movilidad social. Esta ciudadanía está constituida sobre el ejercicio de la autoridad y la justicia impartida por grupos al margen de la ley. 

En el caso de Apure las diferentes guerrillas se comportan de manera muy similar en términos del control social. 

Asesinatos selectivos, amenazas y extorsiones constituyen la manera esencial de relacionarse con las comunidades. Al romperse el equilibrio entre grupos armados con sectores corruptos del estado venezolano, el orden social se vuelve altamente inestable. Esto hace que las comunidades queden expuestas a los abusos de unos y de otros. 

Así lo evidencia la presunta masacre cometida por fuerzas de seguridad venezolanas contra una familia en El Ripial. Posteriormente los presentaron como guerrilleros del Frente Décimo.

Además del desplazamiento de más de 5.000 personas hacia Arauquita, este episodio es en un nuevo capitulo del extenso conflicto binacional.

El conflicto armado que ocurre en el estado Apure tendrá consecuencias muy graves. Además de los desplazados, hay peligro de que desaparezca el pueblo indígena Makaguán.

La advertencia la hizo el senador colombiano y líder indígena Feliciano Valencia. “Entre los más de 3.000 desplazados como consecuencia de los enfrentamientos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el estado Apure, se encuentran 40 familias (200 personas) del pueblo indígena Makaguán», dijo Valencia, en Twitter.

Informó que «desde el 22 de marzo la población desplazada está concentrada en las instalaciones del Centro Educativo Indígena El Vigía, del municipio de Arauquita».

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Alertó que «a la amenaza de la pandemia se suma el conflicto armado que pone en riesgo la desaparición física y cultural del pueblo Makaguán”.

Señaló que las familias se desplazaron forzosamente desde su comunidad en La Soledad hacia Colombia en los últimos días.

Los enfrentamientos se están registrando desde el domingo. Han ocasionado muertos y heridos y la estampida de unas 3.000 personas, según ONG defensoras de derechos humanos.

El Gobierno de Colombia expresó su preocupación por la situación humanitaria de la zona.

#ALERTA Entre los más de 3.000 desplazados como consecuencia de los enfrentamientos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el estado Apure, se encuentran 40 familias (200 personas) del pueblo indígena Makaguán, que habitaban la comunidad La Soledad en Venezuela. pic.twitter.com/ioMw0TiMqC

El tribunal de Justicia Especial Paz comenzó a investigar los crímenes atroces cometidos contra niños y niñas durante el conflicto armado colombiano.

Para su indagación es de gran valía un informe entregado este martes por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Informe que retrata cómo entre 1997 y 2000 miles de niños fueron reclutados y «usados» para fines de «guerra».

A las cifras entregadas por ICBF se adiciona un sub registro estremecedor el cual revela que de los 4.219 casos que investiga la Fiscalía General solamente han sido dictadas 10 condenas.

Se trata de un reclutamiento forzado, violatorio de todos sus derechos como niños y en medio de un conflicto armado y sus actores quienes no respetaron su condición de menores de edad.

El presidente del tribunal de paz, Eduardo Cifuentes, reiteró que la JEP investigará, juzgará y sancionará a los máximos responsables del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.

Además recordó que, aunque los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, esto no pasó durante el conflicto armado colombiano.

«Niños que se vieron afectados por un conflicto armado que destruyó sus vidas y violó masivamente sus derechos humanos», dijo el magistrado.

En efecto, al reclutar y utilizar a niños, los actores armados colombianos vulneraron sistemáticamente los derechos humanos, el DIH y el Derecho Penal Internacional.

Las niñas y los niños fueron “las principales víctimas del conflicto armado”, al ser incorporados directamente en la confrontación armada, denuncia Cifuentes.

Pero también al ser usados como mensajeros, centinelas, cocineros y hasta compañeros sexuales.

Según la JEP se investigan cerca de 8.000 hechos victimizantes relacionados con el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

Para Cifuentes estos menores fueron víctimas de una masiva violación a sus derechos (libertad, educación, salud, una familia y al libre desarrollo de la personalidad).

En el caso de los niños indígenas, afrodescendientes, negros, Rrom y raizales, no solo fueron vinculados al conflicto armado, también fueron desarraigados de sus comunidades.

El mensaje contundente del presidente de la JEP es que se encontrará y se sancionará a los máximos responsables de estos hechos.

Asimismo se trabajará porque no se repitan y se logre una reparación integral a las víctimas.

Al respecto, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, dijo que todos los expedientes de ese Instituto están a disposición de la JEP.

«Para que logremos alcanzar eso que anhelamos todos los colombianos: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, aseguró la funcionaria

Por su parte, Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, confirmó las cifras por género de la barbarie con los niños colombianos.

«Se pudo evidenciar que el 70 por ciento de las víctimas son hombres y el 30% son mujeres. El 11% pertenecía a las poblaciones indígenas», describió.

Reclutar y utilizar niños, niñas y adolescente en el conflicto “no solo afecta a los individuos, afecta profundamente a las familias de las víctimas”, aseguro la magistrada Lily Rueda.

A la fecha la JEP ha incorporado al expediente 32 informes presentados por organizaciones de víctimas, indígenas y otras corporaciones del Estado colombiano.

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“Desde la Sala de Reconocimiento agradecemos a las instituciones que entregan el informe,(…) por el aporte al avance de la investigación que refleja confianza en la JEP”, agregó Rueda.

Los pronunciamientos se entregaron este martes en el marco de la entrega de un informe elaborado por el ICBF y entregado a la JEP.

El documento fue denominado: ‘Informe Institucional de Casos de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito por parte de las Farc-EP’.