Más de 8.700 estudiantes de seis de los 32 departamentos en Colombia fueron afectados por el conflicto armado en el primer semestre de este año, informó este jueves el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), lo que significa «un ataque a la educación cada tres días».

«Desde enfrentamientos armados y el uso militar de escuelas hasta la presencia de minas antipersonal o el reclutamiento forzado, múltiples amenazas continúan poniendo en riesgo la vida de niñas, niños, maestros y otro personal en las escuelas», señaló un informe del Consejo, que da cuenta de 52 ataques a escuelas y otros recintos educativos.

Según los datos recopilados por el NRC, las acciones registradas en el primer semestre de este año afectaron a 9.436 personas, de las cuales 8.752 son estudiantes, 499 maestros y 185 miembros del personal escolar.

Los ataques fueron reportados en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca, los mismos en los que se concentra la presencia de los grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

La cifra total representa un aumento del 65 % en comparación con el mismo período de 2024, explicó el NRC, que hizo un llamado «urgente» a las instituciones estatales y a la comunidad internacional para que «aceleren sus esfuerzos para detener esta tendencia y garantizar la seguridad de las instalaciones educativas antes de que sea demasiado tarde».

«Trabajadores en las escuelas y estudiantes afectados por el conflicto armado están enviando un mensaje inequívoco: todas las partes, incluidas las fuerzas de seguridad del Estado, deben honrar su responsabilidad de respetar las instalaciones educativas y proteger a las niñas y niños de cualquier daño», afirmó Giovanni Rizzo, director del NRC en Colombia, citado en un comunicado de su oficina.

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Cambio en el patrón de los ataques  

El patrón de los ataques, según el Consejo, ha cambiado, con una mayor proporción y ahora ocurren dentro de las instalaciones escolares.

«En 2024, la mitad de los ataques contra la educación se reportaron dentro de las escuelas, una cifra que aumentó a 61 % en el primer semestre de 2025», señaló el documento.

El 39 % restante de los ataques tuvo lugar en las rutas de acceso a las escuelas, agregó el informe, que subrayó que «esto ha resultado en un mayor número de personas afectadas por estos ataques este año, en comparación con el mismo período de 2024».

En 2024, un total de 5.644 personas fueron afectadas por 59 ataques entre enero y junio, según datos recopilados por el NRC en las áreas donde la organización tiene presencia.

«Es inaceptable que los actores armados muestren menos respeto por las escuelas y pongan en mayor riesgo la vida de los estudiantes», aseguró Rizzo, quien sostuvo que todos los grupos armados deben escuchar a la población civil, especialmente a los niños «atrapados en el fuego cruzado en sus propias aulas».

Entre enero de 2022 y julio de este año, más de 56.500 estudiantes, maestros y demás personal escolar se han visto afectados en Colombia por ataques a escuelas y otros recintos educativos, según datos del organismo con sede en Ginebra.

Con información de Efe

Organizaciones de víctimas denunciaron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se sienten abandonadas en cuanto al Proceso de Paz;pues aunque se ha avanzado en los procesos de restitución y de acompañamiento económico y social a la víctimas, en el caso de las mujeres y niñas que sufrieron abusos sexuales por parte de los exguerrilleros aún no han recibido verdad ni reparación.

En cabeza de esta petición se encuentra Karla Pérez, coordinadora de la corporación Sisma Mujer, quien aseguró qué: “en nuestros informes sobre víctimas del conflicto armado, hemos evidenciado el silencio en el reconocimiento de la violencia sexual de los exintegrantes de las Farc, que afectó principalmente a mujeres y niñas”.

Según Sisma Mujer, persiste en Colombia un panorama de impunidad histórica frente a estos crímenes y una desaceleración en la implementación de las medidas de género establecidas en el Acuerdo Final de Paz. Por ello, presentaron un documento en el que se exponen los argumentos que sustentan la apertura del caso como medida urgente en una justicia transicional con perspectiva de género.

La organización aseguró que la violencia sexual, reproductiva y otros hechos motivados en la orientación sexual o identidad de género de las víctimas; tienen suficiente capacidad explicativa sobre lo sucedido en el marco del conflicto armado y, por lo tanto; tiene las claves para transformar las condiciones que dieron lugar a la violencia y discriminación que existen contra las mujeres, las niñas y las personas LGBT. 

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La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que priorice los hechos de violencia sexual en medio del conflicto armado; y diseñe nuevas estrategias para que los miembros de la desaparecida guerrilla realicen su aporte a la verdad de manera plena, detallada y exhaustiva, y reconozcan su responsabilidad.

En un oficio enviado a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, el Ministerio Público señaló que “hasta este momento no se ha alcanzado un énfasis determinante que logre respuestas efectivas que satisfagan a las víctimas de violencia sexual – violencia basada en género, en el reconocimiento de sus derechos”.

Además, expuso que, de acuerdo con el análisis realizado a los informes de las organizaciones de víctimas, encontró escasez de verdad en los relatos de los comparecientes, lo que “ha generado una perpetuación en el silencio de las víctimas, ahondando aún más en la invisibilidad que han tenido a lo largo de los años de conflicto”.

De igual forma, indicó que, si bien la desigualdad de género es preexistente al conflicto armado, la violencia se instrumentalizó y exacerbó, por lo que “deberán reconocerse medidas de reparación y restauración, el sufrimiento especial de las mujeres y la importancia de su participación activa y equitativa en la JEP”.

Según la Procuraduría, las estrategias que implemente la JEP deberán lograr una efectiva sensibilización y concientización de los exintegrantes de las Farc, con el fin de que sea comprendida la relevancia de contar la verdad sobre los hechos de violencia sexual – violencia basada en género.

La Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH, Michelle Bachelet, expresó este domingo su preocupación por la violencia que sacudió la ciudad colombiana de Cali. La Bachelet pidió una investigación «independiente» sobre las 13 muertes registradas en los últimos días.

«Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones», dijo la alca comisionada. Agregó que las mismas deben ser «rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes y que los responsables respondan ante la ley».

«Pido que se ponga fin a todas las formas de violencia, incluyendo el vandalismo. Que todas las partes sigan hablando, para que se garantice el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas», declaró Bachelet en un comunicado reseñado por AFP.

El ejército reforzó el sábado la seguridad en la tercera ciudad colombiana ante la violencia que mató a 13 personas la víspera, en medio de las protestas que estallaron hace un mes contra el gobierno de Iván Duque 

El sábado por la noche apenas se veían unos pocos vehículos y personas en las calles donde la víspera se enfrentaron manifestantes, policías y civiles armados hasta con fusiles. Restos de barricadas y escombros reflejaban el caos que envolvió a esta ciudad de 2,2 millones de habitantes, bajo toque de queda nocturno. 

Trece personas murieron el viernes en diferentes episodios, entre ellas un funcionario de la Fiscalía que mató con su arma a dos manifestantes que bloqueaban una vía. La turba se abalanzó sobre el hombre -que estaba fuera de servicio- y lo linchó, según el ente investigador. 

«En el sur de la ciudad tuvimos (…) casi una guerra urbana donde muchas personas no solamente perdieron la vida, sino que también tuvimos una importante cantidad de lesionados», dijo el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, a Caracol Radio.

Al menos ocho muertes fueron por arma de fuego, según la policía. 

En un mes de protestas fallecieron por lo menos 59 personas. Los heridos superan los 2.300 entre civiles y uniformados, según el Ministerio de Defensa.

La ONG Human Rights Watch asegura haber recibido «denuncias creíbles» de 63 muertes, 28 de ellas relacionadas con las manifestaciones. 

Duque ordenó desde Cali el despliegue de tropas bajo la figura de la asistencia militar que faculta al ejército a apoyar a la policía en tareas de control. 

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En total 1.141 militares asumieron la vigilancia de Cali. En un decreto firmado la noche del viernes, Duque activó un dispositivo de apoyo militar de unos 7.000 hombres para 10 departamentos afectados por bloqueos viales. 

Desde el 28 de abril se movilizan a diario multitudes para protestar contra el gobierno por los abusos policiales y el manejo de la crisis económica que trajo la pandemia. 

El viernes fue particularmente violento en Cali. «Nosotros estábamos en una actividad cultural con la gente porque ya estábamos celebrando un mes de paro» en el barrio de Meléndez (sur), «cuando se escucharon unos tiros», relató a la AFP un testigo que pidió reservar su nombre por temor.

«Empezaron a masacrar a la gente». Eran «unos cinco personajes de civil, escondiéndose detrás de los árboles», aseguró este desempleado de 22 años. Videos que se viralizaron en las redes respaldan su versión.

La policía aseguró en un comunicado que investigará a los uniformados que fueron «permisivos con la actuación de civiles armados».

El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, llamó en un comunicado a evitar el «escalamiento» de la violencia.

Colombia vive un inédito levantamiento popular que detonó una propuesta de Duque para aumentar impuestos a la empobrecida clase media, con el fin de tapar el hueco fiscal dejado por la pandemia. El mandatario cedió a la presión de las manifestaciones y archivó la iniciativa, pero la violencia policial agravó el malestar.

Los excesos de la policía, que en Colombia depende del Ministerio de Defensa, han sido condenados por la comunidad internacional. Según la ONG Indepaz, 43 de las muertes serían de «presunta autoría de la fuerza pública».

En los barrios deprimidos de Cali, donde se registran los peores episodios de violencia, la llegada de los militares suscita temor.

«No nos sentimos a gusto, nos sentimos amenazados, nos sentimos más en peligro. De hecho, nuestros niños tienen miedo», lamentó Lina Gallegas, líder social de 31 años en la comuna de Siloé. «Si pasa algo no podemos llamar a la policía porque ellos son los que (…) están matando».

El gobierno evita condenar abiertamente la represión y asegura estar enfrentando vandalismo y «terrorismo urbano de baja intensidad». También denuncia que grupos guerrilleros financiados por el narcotráfico infiltraron el movimiento de protesta.

Luis Felipe Vega, profesor de ciencias políticas en la Universidad Javeriana, cuestionó la medida. Es como «apagar un incendio con gasolina», ya que un soldado está formado para «neutralizar una amenaza», no para controlar protestas, dijo a la AFP.

Rechazado por 76% de la población, Duque intenta desde hace dos semanas negociar una salida a la crisis con el frente más visible de las protestas. Pero se encuentra bajo presión de su partido, el Centro Democrático (derecha), que reclama mano dura a un año de elecciones.

La ONU y la Unión Europea insistieron este sábado en «la necesidad de fortalecer el diálogo como instrumento fundamental para resolver los conflictos». Esto tras un mes de conflicto en Colombia que siguen dejando muertos.

«Hago un llamado a todos los actores a prevenir y eliminar la violencia. Hay que hacer todo lo posible para disminuir las tensiones y evitar su escalamiento». Así lo dijo este sábado en un comunicado el representante del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.

El representante de la ONU considera que «en cualquier circunstancia, incluso en las más difíciles, tenemos que impulsar el diálogo». Hizo la exhortación después de los «graves acontecimientos en Cali» el viernes y de un saldo de al menos 13 homicidios en el país.

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De la misma forma se había mostrado la oficina de la ONU para los Derechos Humanos. La alta comisionada Michelle Bachelet hizo un «llamado urgente a retomar la vía del diálogo». Esto «para dar respuesta a las preocupaciones de todas las personas y el respeto irrestricto a los derechos humanos».

«Solo el diálogo, no las armas, pueden garantizar los derechos de todos y todas», dijo Bachelet en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la UE, a través de su cuenta en Twitter, hizo una exhortación similar.

«Los 17 Embajadores de la UE respaldamos el diálogo y la negociación como la única vía para una salida sostenible a la crisis. Invitamos a las partes a aprovechar la reunión de mañana para alcanzar los consensos necesarios. El país exige reconciliación y fin de la violencia», publicó.

? #Declaración del Representante Especial del Secretario General de la ONU en Colombia, @CGRuizMassieu: "En cualquier circunstancia, incluso en las más difíciles, tenemos que impulsar el diálogo". ➡️ https://t.co/63pwcCraKl pic.twitter.com/YLmr7esMCM

Los 17 Embajadores de la UE??en?? respaldamos el diálogo y la negociación como la única vía para una salida sostenible a la crisis. Invitamos a las partes a aprovechar la reunión de mañana para alcanzar los consensos necesarios. El país exige reconciliación y fin de la violencia.