Los ministros de Exteriores de Venezuela y Guyana se reúnen este jueves en Brasil para tratar la crisis sobre el Esequibo, sin que ninguno de los gobiernos haya cambiado su postura sobre la pugna de este territorio rico en petróleo.

El canciller venezolano Yván Gil se encuentra con su par guyanés Hugh Hilton Todd en una reunión que sigue al compromiso en diciembre de los presidentes Nicolás Maduro e Irfaan Ali para evitar el uso de la fuerza en medio de tensiones que despertaron el temor de un conflicto armado en la región.

Brasil, de hecho, señaló que la reunión servirá para «consolidar la región como zona de paz, cooperación y solidaridad».

Tras la llegada de las comisiones de ambos países a Brasilia, las partes oficialmente instalaron la Comisión Mixta de Alto Nivel, en la que se crearon subcomisiones que abordan los temas de la controversia territorial por la Guayana Esequiba, reseñó VTV.

Se estima que en las próximas horas las partes hagan una declaración conjunta sobre los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación y las tareas pendientes sobre el conflicto.

La instalación de esta Comisión Conjunta Guyana-Venezuela resulta de los acuerdos firmados el pasado 14 de diciembre entre los presidentes Nicolás Maduro y Irfaan Ali, respectivamente, en la isla de San Vicente y las Granadinas.

Gil llegó el miércoles a Brasilia para «una nueva etapa de diálogo directo, de diálogo bilateral», reseña la agencia AFP.

«Creo que ya el hecho de reactivar este diálogo directo (…) es un éxito para la diplomacia (…) porque aleja cualquier posibilidad de conflicto más allá de la controversia territorial que tenemos», dijo a VTV.

En la cumbre de San Vicente y las Granadinas se acordó un nuevo encuentro presidencial en Brasil en un plazo de tres meses.

«La reunión es un paso muy importante en el cumplimiento de lo que acordamos en San Vicente», dijo a la AFP Ali en Georgetown. «Las conversaciones entre Guyana y Venezuela aumentan la estabilidad y el entorno pacífico».

Gil aprovechó la oportunidad, para agradecer al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por acoger esta primera reunión, en donde también estarán presentes representantes de la Comunidad del Caribe (Caricom) y representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“La idea es poder definir los pasos a seguir entre Guyana y Venezuela, para tratar esta controversia de manera bilateral y diplomática. Nos hemos sentado nuevamente y fijado posiciones en donde no participen terceros y alejar la posibilidad de vincular potencias militares extranjeras y encausar dicho planteamiento anclado al derecho internacional”, dijo.

Desde la cumbre de diciembre, las tensiones se recrudecieron a los días con la llegada de un buque de guerra británico a aguas guyanesas, que Venezuela vio como una provocación y respondió movilizando más de 5.600 hombres en ejercicios militares cerca del límite en disputa. La situación no escaló.

Las posiciones de ambos siguen inamovibles.

Venezuela sostiene que el Esequibo, una región de 160.000 km2 rica en recursos naturales, forma parte de su territorio desde que era colonia de España y apela al acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sentaba bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899, el cual fijó las fronteras que Georgetown pide a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ratifique.

Aunque se trata de un litigio centenario, la disputa se recrudeció en 2015 luego de que la petrolera estadounidense ExxonMobil descubriera grandes yacimientos de crudo en la zona en reclamación.

Y las tensiones se acentuaron tras la celebración de un referéndum sobre la soberanía del Esequibo el 3 de diciembre en Venezuela, que impulsó la creación de un estado formal en ese territorio, visto por Georgetown -que lo administra- como un intento de anexión.

Maduro creó incluso una zona militar para esta zona de 125.000 habitantes, presente en el saludo oficial castrense: «El sol de Venezuela nace en el Esequibo».

Para Iván Rojas, internacionalista venezolano, el encuentro sirve para mantener el «diálogo abierto», pero no atenderá negociaciones de fondo.

«Es probable que se centre sencillamente en el aseguramiento mutuo de mantenimiento de la paz. Es decir, este acuerdo existe para que haya comunicación constante entre las partes durante un momento de tensión. Nada más, nada menos que eso», explicó a la AFP el directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales.

Gil aseguró que la agenda de trabajo pasa por «encauzar todas las conversaciones en el marco de este acuerdo» de Ginebra y «revisar todo lo que tiene que ver con el marco de este acuerdo internacional, sobre todo en los espacios marítimos que no han sido delimitados».

«Revisar y trabajar en función de evitar que terceras potencias o potencias imperiales o militares de gran escala puedan involucrarse en la controversia», añadió.

Georgetown ha insistido en que estas reuniones no abordarán la disputa territorial, que dejan a la CIJ. Ali dijo más bien que el encuentro serviría para esbozar una agenda con temas relacionados al «comercio, clima, seguridad energética… mejorar nuestra relación de vecindad».

«Todas estas cosas son cruciales para un entorno estable y pacífico».

La historia de la turbulenta relación que desde hace más de 15 años mantiene Venezuela con las transnacionales petroleras acaba de iniciar un nuevo capítulo. Se trata del conflicto por el Esequibo que involucra directamente a empresas petroleras de China y Estados Unidos.

El pasado 5 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro anunció que propondría una ley especial que prohíba la contratación de “empresas que operen o colaboren en las concesiones unilaterales dadas por Guyana en el mar por delimitar” entre ambos países.

“Propongo tres meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones”, dijo Maduro acerca de la norma que busca dificultar que Guyana prosiga con los proyectos petroleros que está desarrollando frente a las cosas del Esequibo, un territorio que controla Georgetown pero que Caracas reclama como propio.

El anuncio del gobernante se produjo dos días después de que se realizara el referendo para consultar a los ciudadanos, entre otras cosas, sobre la creación de un estado venezolano en ese territorio disputado.

En 1962, Venezuela reactivó ante la ONU su reclamo por el Esequibo y denunció el laudo arbitral.

Eso llevó a que en 1966 se suscribiera el Acuerdo de Ginebra, a través del cual Venezuela y Guyana quedaron comprometidos a buscar una solución práctica y satisfactoria para el diferendo, recuerda un reportaje de la BBC Mundo.

Pero en vista de que el mecanismo de buenos oficios al que recurrieron durante más de un cuarto de siglo no había permitido llegar a una solución, Georgetown pidió en 2013 llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde será decidido.

Al mismo tiempo, Guyana comenzó a otorgar concesiones de explotación petrolera en aguas no delimitadas sobre las cuales Venezuela considera tener derechos.

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El gobierno de Maduro rechaza la jurisdicción de la CIJ y parece intentar detener la explotación petrolera por parte de Guyana, amenazando a las transnacionales que recibieron esas concesiones.

Su ultimátum, sin embargo, puede tener también efectos negativos sobre la producción petrolera en Venezuela.

En medio de las nuevas tensiones surgidas en torno al Esequibo, Maduro y otros funcionarios venezolanos han enfilado sus baterías en contra de la petrolera estadounidense ExxonMobil, a la que acusan de explotar ilegalmente los yacimientos petroleros en las aguas por delimitar y de estar detrás de un intento de apoderarse de los recursos de Venezuela en el Esequibo.

Adicionalmente, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, quien antes de ocupar este cargo fue gobernador electo por el chavismo, ordenó la detención de 14 personas -incluyendo varios políticos de la oposición- bajo la acusación de traición a la patria por una presunta “trama de financiamiento y conspiración relacionada con ExxonMobil contra Venezuela”.

Exxon es el principal socio y operador del bloque Stabroek, donde se ubican en la actualidad todos los campos petroleros que están en operación en Guyana.

Esa empresa estadounidense abandonó Venezuela en 2007, cuando el gobierno de Hugo Chávez inició una ola de estatizaciones que afectó a numerosos sectores. Años más tarde, un tribunal internacional ordenó al Estado venezolano pagar a Exxon una indemnización de unos $984 millones.

Al no estar operando en Venezuela, ExxonMobil no se ve afectada por el ultimátum de Maduro.

Quienes potencialmente sí podrían ser perjudicados son los otros dos socios en Stabroek.

La participación actual en este bloque se reparte de la siguiente manera: Exxon (45%), Hess (35%) y la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) (20%). El detalle es que Hess está siendo adquirida por la también estadounidense Chevron, que sí opera en Venezuela.

“Si termina de concretarse esta adquisición, como todo parece indicar, la única empresa que quedaría operando en los dos lugares sería Chevron”, dice Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), a BBC Mundo.

“Pero también se da el caso de la empresa estatal China CNPC, que opera en Venezuela y que tiene el mismo dueño que la empresa CNOOC, del lado guyanés, por lo que estas serían las dos empresas que potencialmente tendrían que escoger, si el gobierno venezolano les forzara a decidir sobre dónde operar”, agrega.

Monaldi no cree que este escenario se vaya a hacer realidad y destaca que en estos momentos Chevron es el principal socio petrolero de Venezuela y CNPC, el segundo; por lo que apuesta a que, al final, prevalecerá un cierto pragmatismo en Maduro.

“Creo que no se va a llegar nunca ahí, porque sería bastante insensato de parte del gobierno venezolano llegar al punto de presionar a las empresas a que se vayan de Venezuela”, apunta.

El experto destaca que el gobierno de Venezuela ha centrado sus ataques en Exxon, que es una empresa que no opera en Venezuela, mientras que no menciona a las otras dos compañías cuya afectación sí tendría un costo para Venezuela, en caso de que el ultimátum se concretara.

“Eso te dice que es una postura política. Pareciera que se trata más de una postura para negociar que de una intención verdadera de forzar fuera de Venezuela a las empresas que operan en Guyana”, dice.

Monaldi considera improbable e irracional que el gobierno de Venezuela ponga a sus dos principales socios a escoger entre operar en Venezuela o en Guyana.

Pero, ¿qué ocurriría si lo hiciera?

“Si estas medidas se llevan hasta las últimas consecuencias y las empresas tuvieran que escoger creo que, lamentablemente para Venezuela, Chevron y posiblemente los chinos se decidirían por Guyana”, señala Monaldi.

Explica que Guyana tiene una producción que está creciendo, que en la actualidad se ubica en torno a los 400.000 barriles diarios, pero que se espera que en 2024 llegué a los a 600.000 barriles diarios y que para 2027 sea de casi 1,2 millones de barriles diarios.

Mientras, en Venezuela Chevron produce ahora unos 150.000 barriles y podría llegar a unos 250.000 barriles diarios.

“En ambos casos, Chevron tiene en torno a un tercio de la producción, que hoy en Venezuela son unos 33.000 barriles diarios, pero que en Guyana son unos 120.000 barriles diarios y que cuando la producción llegue al millón de barriles podrán convertirse en 300.000 barriles diarios, una cantidad muy elevada”, señala.

El experto añade que en Guyana el marco fiscal es más favorable que en Venezuela donde, además, Chevron solamente puede operar mientras tenga una licencia de Estados Unidos que, a su vez, tiene una relación complicada con el gobierno de Maduro.

Monaldi cree que esta situación con Guyana agrega un ruido adicional a la política de Venezuela de buscar atraer inversiones internacionales en el sector petrolero.

“Si pones una ley que dice que las que las empresas que operan en Venezuela no pueden hacerlo en Guyana, cierras las opciones con todas las que quieran operar en Guyana».

«Además, es una señal adicional de inseguridad jurídica sobre operar en Venezuela porque no solo entras en conflicto con varias compañías internacionales, sino que además incentivas el conflicto con el gobierno de Estados Unidos, que es el que te ha impuesto sanciones y el que ha hecho que muchas empresas internacionales no quieran invertir en Venezuela”, apunta.

Indica que cuando se otorgó la licencia a Chevron hubo muchas empresas internacionales que se interesaron ante la posibilidad de participar en el sector petrolero venezolano.

“Petrobras, por ejemplo, mencionó su interés en que si le daban un contrato como el de Chevron ellos podrían estar interesados, pero obviamente Petrobras no va a querer operar en Venezuela si está este conflicto planteado. Entonces, esto complica el objetivo del gobierno de Maduro de atraer grandes inversiones a Venezuela”, apunta.

Llamados a la moderación y un futuro inciertoIrfaan Ali y Nicolás MaduroFUENTE DE LA IMAGEN,REUTERSPie de foto,Varios actores internacionales se implicaron para lograr que los presidentes de Guyana y Venezuela se reunieran en un intento de reducir las tensiones.

El crecimiento de las tensiones entre Venezuela y Guyana ha encendido las alarmas y ha llevado a una activa implicación de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac), el Caricom y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.

Como fruto de sus esfuerzos las semana pasada se produjo una reunión bilateral entre Maduro y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, en San Vicente y las Granadinas.

“Hay una serie de actores pidiéndole a Venezuela moderación en esta situación”, afirma Monaldi.

Asegura que para Guyana ha sido muy valioso tener a empresas de Estados Unidos y China involucradas en este proyecto petrolero, porque estos dos países se muestran interesados en que no ocurra un conflicto que produzca una perturbación en la producción petrolera guyanesa.

Resalta, además, que China es uno de los aliados del gobierno de Maduro, quien hace apenas unos meses estuvo visitando ese país.

Pero más allá de asegurar que las diferencias se gestionen de forma pacífica, no es evidente que haya en el corto plazo una solución a la disputa entre Caracas y Georgetown.

Y es que antes de negociar sobre las fronteras marítimas y así saber a quién corresponde el petróleo que se encuentra en el mar frente al Esequibo, tiene que definirse a quién pertenece ese territorio y esa es una pregunta que permanece abierta desde hace más de medio siglo.