El congresista estadounidense, Miguel Díaz-Balart, abogó este martes por la libertad de los comisarios de la antigua Policía Metropolitana; Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovain, quienes “llevan más de 20 años encarcelados en Venezuela”.

“No olvidamos su valentía al protestar contra el régimen de Chávez”, dijo el congresista en su cuenta en X.

“Exigimos su libertad inmediata y rendición de cuentas por los años de vida que les han robado injustamente tras las rejas. 
¡Qué injusticia tan grande, qué miseria! El comunismo es corrupto y cruel”, agregó.

Díaz-Balart advirtió a la presidencia encargada que “Estados Unidos está observando de cerca y no perderá de vista las acciones del régimen. Seguiremos exigiendo rendición de cuentas. ¡Libertad para todos los presos políticos!”, publicó.

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El pronunciamiento del congresista se une al de otro de sus colegas, Rick Scott, quien hace unos días también en X publicó: "Son tres valientes policías venezolanos que se enfrentaron al brutal régimen de Hugo Chávez para defender al pueblo venezolano" Por cumplir con su deber, fueron condenados a 30 años de prisión, y ya han pasado 22 años tras las rejas".

“Al igual que los cientos de prisioneros políticos, que todavía están detenidos injustamente bajo el régimen de Nicolás Maduro, NO serán olvidados. Estados Unidos está observando, y NO dejaremos de luchar hasta que cada preso político sea liberado sin condiciones”, exclamó.

🇺🇸 DÍAZ-BALART EXIGE LIBERTAD PARA LOS POLICÍAS METROPOLITANOS El congresista @MarioDB recordó que presos políticos como Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovain llevan más de 20 años encarcelados en Venezuela y exigió su liberación inmediata pic.twitter.com/BrFOUlJXHs

Las personas con orientaciones sexuales y de género diversas históricamente han sido una población excluida de la participación política electoral en Colombia.

Sin embargo, durante los últimos veinte años la consolidación del movimiento LGBTIQ+, que hoy tiene un gran potencial de movilización y organización, ha llevado a la conquista de espacios donde antes solo eran posibles estando “enclosetados”.

Las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022 fueron un hito para la población diversa.

Por un lado, hubo 26 candidaturas abiertamente LGBTIQ+, que representan un aumento del 85,7 % de participación en comparación a las catorce del 2018.

Esto llevó a que, por primera vez, estas personas vayan a ocupar siete curules en el Congreso: una senadora y seis representantes a la Cámara.

Angélica Lozano (Alianza Verde) repite su curul del Senado. Las otras seis personas son:

Susana Boreal (Pacto Histórico), que se ganó un escaño en la Cámara de Representantes por Antioquia.

María del Mar Pizarro (Pacto Histórico), en la Cámara por Bogotá.

Andrés Cancimance (Pacto Histórico), quien llega a la Cámara por Putumayo.

Carolina Giraldo (Alianza Verde) y Alejandro García (Alianza Verde y Polo), por Risaralda.

Tamara Argote (Pacto Histórico), quien es la primera persona no binaria en llegar al Congreso de la República, estará en la Cámara por Bogotá.

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Los retos que tienen estos siete congresistas en materia de diversidad sexual se pueden organizar en cuatro líneas principales.

En primer lugar, tiene la tarea de avanzar en la ley contra las llamadas “terapias de conversión”, que deja el congresistaMauricio Toro, cuyo trámite no se pudo llevar a cabo en la legislatura anterior.

Asimismo, deben impulsar proyectos hacia una ley integral de identidad de género, estrategias de seguridad que permitan prevenir la violencia y una ley de bienestar y calidad de vida para las personas LGBTIQ+. 

Para muchos puede que no sea un número muy significativo de congresistas, pero este nuevo escenario vislumbra la eliminación de estigmas que se materializan en la vulneración de los derechos sociales y políticos.

El hecho de que haya representación LGBTIQ+ para territorios históricamente reprimidos, como Putumayo, muestra que las diversidades sexuales no solo se ubican en las grandes ciudades. 

Además, tener una persona no binaria refleja una parte de las experiencias de vida no normativas que suelen ser ignoradas.

Colombia es uno de los países con avances legales y jurisprudenciales más amplios de Latinoamérica en temas de diversidad.

Aunque era un proyecto que buscaba reducir las vacaciones legislativas en un mes y se venía tramitando durante un año en el Congreso, ayer se cayó y —lo peor— por ausentismo de los congresistas.

En la plenaria del Senado, justo cuando se iba a cumplir el último debate de la propuesta, no hubo quórum ni votos suficientes para aprobar la iniciativa. 

Al ser un acto legislativo, dicha propuesta no puede ser tramitada en sesiones extras y este 16 de diciembre acabaron las sesiones ordinarias, por lo que los legisladores no regresarán al Congreso hasta dentro de 3 meses.

Pues los senadores y representantes a la Cámara sólo sesionan hasta el 16 de diciembre de cada año y regresarán a sus labores el 16 de marzo.

La idea era que con el cambio el regreso de los congresistas se diera el 16 de febrero de cada año, pero eso —por lo pronto— no va a ocurrir. 

Los congresistas empezaron a irse del Legislativo y desconectarse de la plataforma cuando iba a comenzar la discusión de la iniciativa.

Gabriel Santos, representante del Centro Democrático y autor del proyecto, se mostró extrañado por lo ocurrido, ya que sí había quórum justo antes de la discusión de la iniciativa.

Voces críticas a través de las redes sociales han dicho que «mientras que los trabajadores y asalariados tienen 15 días de vacaciones, los padres de la patria no tuvieron la altura,ni la dignidad de bajar su corto descanso de tan sólo 3 meses».

Entre los que dicen, «sabotearon» la aprobación de que fueran reducidas las vacaciones a los congresistas, están: Luis Fernando Velasco (Partido Liberal y precandidato presidencial por el «Pacto Histórico» que lidera Gustavo Petro), Roy Barreras (del partido la U y líder en el «Pacto Histórico), Gustavo Bolivar (de Decentes, del Pacto Histórico, y quien más critica a congresistas), Angélica Lozano y Antonio Sanguino (Partido Verde), Feliciano Valencia (MAIS), Jesús Alberto Castilla (Polo Democrático Alternativo), Israel Zúñiga y Pablo Catatumbo (exFARC hoy «Comunes»)

Se aprecia indignación en la ciudadanía colombiana.

Un duro golpe le han dado a la libertad de prensa, los congresistas colombianos, quienes aprobaron un artículo que cercena las posibilidades de señalar y argumentar a los periodistas en Colombia.

El Congreso de Colombia, dando curso a una ley anticorrupción, proyecto en pos de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, colaron un artículo, en la jerga política colombiana denominado un “mico” ( artículo añadido a última hora, poco antes de las votaciones de la ley) que causó sorpresa e indignación entre los periodistas colombianos.

Se trata de una regulación con la que se limita la libertad de expresión y de prensa en el país, y que al parecer con el visto bueno de la Procuraduría y del Gobierno nacional.

El artículo de marras, es denominado el 68, o de “Injuria y calumnia contra funcionarios públicos”, concebido para castigar con cárcel y con multas a quienes critiquen a funcionarios públicos.

Ese artículo 68 establece que si la injuria o calumnia son debidamente comprobadas, y si se ataca y obstruye las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, se incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.

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Los periodistas colombianos están indignados y ya alzan voces de protestas contra esta sanción de los congresistas que limita el ejercicio de la prensa en una sociedad democrática.

A varios congresistas de los Estados Unidos les cayó como «una bomba», la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Más por tratarse de una institución cuyo origen rechazan, por considerarla ilegítima.

 Los representantes Mario Díaz-Balart y Debbie Wasserman Schultz, sostienen es «arbitraria e ilegítima designación de un falso Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela».

Dicen que Nicolás Maduro usará este poder para perpetuarse en el poder.  “El régimen de Maduro está intentando aferrarse al poder con una institución ilegítima de su propia creación», afirmaron en nota de prensa.

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Recuerdan que el CNE es «ampliamente rechazado. Está lleno de compinches de Maduro elegidos para sellar futuras tomas de poder».

Asevera el escrito que Maduro quiere «corromper aún más las instituciones que alguna vez fueron democráticas en Venezuela»

E insisten en que «Venezuela debe tener elecciones libres, justas, transparentes y multipartidistas”.

Varios congresistas de los Estados Unidos ratificaron este viernes que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre son «un fraude».

«Las elecciones legislativas del 6 de diciembre organizadas por el régimen de Maduro son ilegítimas. No cumplen ninguna norma para un proceso libre y justo», destaca un comunicado emitido por los representantes Albio Sires (D-NJ), Eliot Engel (D-NY), Michael McCaul (R-TX), y Francis Rooney (R-FL). Además de los presidentes y miembros de alto rango del Subcomité del Hemisferio Occidental y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.

Denunciaron que en este proceso «se prohíbe legalmente la participación de destacados líderes de la oposición. Los dirigentes de muchos partidos políticos han sido sustituidos a la fuerza por partidarios del régimen. Además, Maduro llenó el Consejo Nacional Electoral con leales, en violación de la Constitución de Venezuela».

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Recordaron que tan «predeterminado» es el resultado de los comicios, que hace tiempo maduro anunció el fin de la ANC.

«Conociendo el resultado predeterminado, Maduro declaró que después de estas elecciones disolverá la Asamblea Constituyente. Es un órgano legislativo paralelo que creó en 2017 para socavar la Asamblea Nacional legítimamente elegida».

Igualmente, los congresistas alerta que «fiel a su naturaleza autocrática, el régimen ha amenazado con quitarles la comida a los venezolanos que no voten en las elecciones simuladas».

«La comunidad internacional debe unirse para rechazar la última toma de poder del régimen de Maduro y el continuo abuso de poder. Estamos con el pueblo venezolano en su búsqueda por restaurar la democracia en su país y continuar apoyando su derecho a elegir a sus líderes a través de elecciones creíbles y competitivas», indicaron.