Recortes en programas sociales, y sobre todo en la cobertura del seguro médico Medicaid, del cual dependen millones de personas de bajos ingresos, son algunos de los principales rasgos del proyecto de ley fiscal del presidente Donald Trump, que aprobó el Senado este martes.

El paquete presupuestario, que fue a duras penas aprobado en el Senado —el voto del vicepresidente JD Vance, rompió el empate y decidió la votación por 51-50— contempla 4.5 billones de dólares en recortes fiscales.

Esto  significará una explosión del déficit público, por el recorte de impuestos y el mayor gasto en áreas como defensa y control migratorio, lo que ha generado críticas desde el bando demócrata, de senadores republicanos, y de personajes como Elon Musk, que esta semana recrudeció sus duros cuestionamientos a la propuesta de Trump.

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Estos son algunos de los principales aspectos de la ley fiscal de Trump:

Una de las vías republicanas para financiar los nuevos conceptos de gasto y la pérdida de ingresos fiscales es con recortes a la seguridad social, como el seguro médico o el acceso a los cupones de alimentos.

La ley impondría 1,2 billones de dólares en recortes fiscales, en gran parte a Medicaid y cupones de alimentos, al imponer requisitos de trabajo a personas en edad de trabajar, incluidos algunos padres y estadounidenses mayores, haciendo más estrictas las condiciones para inscribirse y cambiando los reembolsos federales a los estados.

Un reciente análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo no partidista, encontró que 11,8 millones más de estadounidenses, de bajos ingresos, quedarán sin seguro para 2034 si el proyecto de ley se convierte en ley.

Unos 80 millones de personas utilizan Medicaid, y 40 millones reciben asistencia alimentaria. La mayoría ya trabaja, según analistas.

La negativa

Este aspecto fue clave para la negativa de varios senadores republicanos al proyecto, e incluso votaron en contra. 

El senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, expresó el fin de semana que la mayoría republicana estaba por cometer "un error en la atención de salud y romper una promesa", al afectar a personas que califican y son elegibles para el seguro de salud Medicaid.

"Respeto al presidente Trump y apoyo la mayoría de su agenda, pero no me inclino ante nadie cuando las personas de Carolina del Norte están en riesgo, y esto (el proyecto de ley) los pone en riesgo", dijo Tillis.

Los republicanos Susan Collins de Maine y Rand Paul de Kentucky, también se unieron a todos los demócratas para votar en contra.

Collins luchó por incluir 50,000 millones de dólares para un nuevo fondo de hospitales rurales, estando entre los senadores republicanos preocupados de que los recortes a los proveedores de Medicaid del proyecto de ley serían devastadores y los obligarían a cerrar.

Aunque su enmienda para el fondo fue rechazada, la disposición se insertó en el proyecto de ley final. Aun así, votó en contra.

Miles de millones para seguridad y deportaciones

El proyecto de ley proporcionaría una inyección de 350,000 millones de dólares para seguridad fronteriza y nacional, incluyendo deportaciones, parte de la cual se pagaría con nuevos aranceles cobrados a los inmigrantes.

En este aspecto hubo un ligero alivio, pues la tasa del impuesto a las remesas, que por ejemplo aportan casi 4% del PIB de México, se redujo a 1%. Esta tasa inicialmente se había propuesto en 5% y luego en 3.5%.

"Se impone a cualquier transferencia de remesas un impuesto equivalente al 1% del importe" pero solo a los pagos en efectivo e "instrumentos similares", como cheques de caja, se lee en el texto.

Quedan exentos los pagos realizados desde una cuenta bancaria en Estados Unidos o con una tarjeta de crédito o débito emitida en el país.

El impuesto se aplicaría a las transferencias realizadas a partir del 31 de diciembre de 2025.

Otros gastos para seguridad contemplan 46,000 millones de dólares para el muro en la frontera con México y 45,000 millones para financiar 100,000 camas en centros de detención migratoria.

Más agentes para el ICE

También prevé la contratación de 10,000 nuevos agentes de ICE, con bonos de 10,000 dólares al incorporarse, y un aumento de agentes de la Patrulla Fronteriza. El objetivo declarado por la Casa Blanca es deportar a un millón de personas por año.

La secretaría de Seguridad Nacional tendría acceso a un fondo de 10,000 millones de dólares en subvenciones para estados que colaboren con acciones federales de inmigración. El fiscal general tendría 3,500 millones para un fondo similar, llamado BIDEN (siglas en inglés de Bridging Immigration-related Deficits Experienced Nationwide), en alusión al expresidente Joe Biden.

En materia de defensa, el proyecto prevé miles de millones para construcción naval, sistemas de munición y mejoras en la calidad de vida de los militares, además de 25,000 millones para el desarrollo del sistema de defensa antimisiles Golden Dome que quiere Trump. El Departamento de Defensa recibiría además 1,000 millones para seguridad fronteriza.

Menos dinero para energías verdes

La propuesta de ley del presidente Donald Trump revoca miles de millones de dólares en créditos fiscales para energías verdes adoptados durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden.

Según los demócratas, esto afectará negativamente y potencialmente eliminará las inversiones en energía eólica y solar en todo el país.

Según el presidente Trump, esta eliminación de créditos fiscales para vehículos eléctricos son la verdadera causa de las críticas que retomó el exaliado presidencial Elon Musk, que tras un arrepentimiento sobre sus cuestionamientos a la ley hace varias semanas, retomó sus ataques hace pocos días, señalando que buscará desbancar del Congreso a los senadores que voten a favor de la propuesta fiscal.

El texto hace permanentes las tasas de Trump de 2017, que expirarán al final del año si el Congreso no actúa, mientras agrega las nuevas que él promovió en su campaña, incluyendo eliminar impuestos, temporalmente, sobre las propinas o a las horas extras trabajadas.

Crece el déficit fiscal... y también el techo de endeudamientoEl proyecto de "Gran y Hermosa Ley", como lo llamó el presidente Trump, elevaría el déficit fiscal de EEUU en casi 3,3 billones de dólares hasta 2034, de acuerdo a la propuesta del Senado. En el texto de la Cámara de Representantes la cifra era de 2,4 billones.

La ley también contempla elevar el techo del endeudamiento, añadiendo 5 billones de dólares al tope. Esto fue reiteradamente criticado por el senador Paul, quien dijo desde hace varias semanas que no votaría por la ley por ese aumento propuesto.

Paul dijo este martes que "durante toda la votación estuve trabajando toda la noche para impedir que el Congreso aumentara nuestra deuda", para lo que, aseguró, se reunió con el vicepresidente Vance "para reiterar mi oferta de votar a favor del proyecto de ley, si incluía una reducción del 90% en el techo de la deuda".

El senador afirmó que busca "una verdadera reforma fiscal" con medidas "contra nuestra deuda descontrolada", pero que en cambio, "el Congreso optó por vender a los contribuyentes. Sólo cuando se publique el proyecto de ley sabremos cuál ha sido el verdadero precio".

Se estima que entre agosto y septiembre, Estados Unidos tendría que dejar de pagar parte de su deuda y obligaciones clave si el Congreso no eleva el límite de endeudamiento del país.

Con información de Noticias Univisión

El presidente estadounidense Donald Trump logró una importante victoria este martes con la aprobación por estrecho margen en el Senado de su colosal proyecto de ley de presupuestos, que incluye fondos para su política migratoria, exenciones fiscales y recortes a la cobertura médica.

Después de dos días de sesiones maratonianas, el resultado fue muy reñido.

A pesar de una mayoría republicana de 53 de 100 escaños, la votación terminó en un empate 50-50 y fue el vicepresidente JD Vance quien tuvo que emitir el voto final a favor, como lo exige la Constitución.

Una muestra más de la fuerte oposición que despierta, incluso dentro de sus propias filas, el Partido Republicano.

La ley "hermosa y grande", como la bautizó Trump, volverá ahora a la Cámara de Representantes, donde se enfrenta al rechazo de los demócratas y de republicanos opuestos a los drásticos recortes.

El mandatario de 79 años se puso el 4 de julio, feriado nacional que celebra el Día de la Independencia, como fecha tope simbólica para promulgarla.

El texto prevé prolongar los enormes créditos fiscales adoptados durante el primer mandato de Trump (2017-2021), elimina el impuesto a las propinas e incluye miles de millones de dólares adicionales para defensa y control migratorio.

Tanto expertos como políticos prevén que dispare el déficit federal.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, responsable de las evaluaciones imparciales del impacto de los proyectos de ley en las finanzas públicas, estima que incrementaría la deuda en más de 3 billones de dólares para 2034.

Para compensarlo parcialmente, los republicanos prevén recortar Medicaid, el programa público de seguro médico del que dependen millones de estadounidenses de bajos ingresos.

Los recortes en la atención médica podrían hacer que aproximadamente 12 millones de estadounidenses de bajos ingresos y con discapacidades pierdan su cobertura.

El paquete inyecta 350.000 millones para la seguridad fronteriza y el programa de deportaciones masivas de migrantes. Además, revoca miles de millones de dólares en créditos fiscales para energías verdes adoptados durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden.

También se plantean reducir el programa SNAP de ayuda alimentaria.

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Pero el texto del Senado supone un gran alivio para los migrantes al rebajar al 1% el impuesto a las remesas. En mayo los congresistas de la Cámara de Representantes lo habían fijado en 3,5%, un porcentaje alto, aunque inferior al 5% previsto en la versión inicial del proyecto de ley.

"Se impone a cualquier transferencia de remesas un impuesto equivalente al 1% del importe" pero solo a los pagos en efectivo e "instrumentos similares", como cheques de caja, se lee en el texto.

Quedan exentos los pagos realizados desde una cuenta bancaria en Estados Unidos o con una tarjeta de crédito o débito emitida en el país.

El impuesto se aplicaría a las transferencias realizadas a partir del 31 de diciembre de 2025.

Las encuestas muestran que el proyecto de ley es muy impopular y los demócratas prevén rentabilizar la ira con vistas a las elecciones de medio mandato de 2026, cuando esperan recuperar el control del Congreso.

Respaldados por un extenso análisis independiente, dicen que los recortes fiscales del proyecto de ley beneficiarían a los ricos.

"Hoy, los republicanos del Senado traicionaron al pueblo estadounidense y cubrieron al Senado de vergüenza absoluta", opinó Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado.

Donald Trump también se enfrenta a recelo en su partido. De hecho tres senadores conservadores se opusieron.

A estas reticencias se ha sumado la oposición de Elon Musk, la persona más rica del mundo y exasesor de Trump que se enemistó con el presidente precisamente por este proyecto de presupuesto.

Musk acusa a los republicanos de dar la espalda a la revolución de los vehículos eléctricos y las energías limpias y llamó a crear un nuevo partido.

Trump reaccionó con amenazas.

"No lo sé. Tendremos que examinarlo", declaró el presidente a los periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron si consideraría deportar a Musk, nacido en Sudáfrica aunque también tiene las nacionalidades estadounidense y canadiense.

Aunque ligeramente fuera de plazo, Estados Unidos evitó este sábado una parálisis del gobierno federal que habría enviado a cientos de miles de funcionarios a sus casas sin paga para las fiestas de Navidad.

Poniendo fin a una secuencia tumultuosa de varios días en la que se implicaron Donald Trump y Elon Musk, el Congreso adoptó con amplio margen una ley que asegura la financiación del Estado federal hasta mediados de marzo.

El texto prevé más de 100.000 millones de dólares de ayuda para regiones estadounidenses recientemente castigadas por catástrofes naturales.

«Es un buen resultado para Estados Unidos y para los estadounidenses», celebró el jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

El proyecto de ley aprobado previamente en la Cámara de Representantes no fue votado en el Senado hasta poco después de la hora límite, fijada a medianoche (05H00 GMT).

Sin embargo, la oficina de la Casa Blanca encargada de decretar el estado de «shutdown» (cierre del gobierno) no lo hizo finalmente ante la inminencia del voto en la Cámara Alta.

Una parálisis presupuestaria hubiera significado despedir a unos 875.000 trabajadores públicos y hacer que 1,4 millones de empleados más dejaran de cobrar sus sueldos.

También se hubieran congelado ayudas sociales o cerrado algunos jardines de infancia, todas ellas consecuencias muy impopulares, especialmente antes de Navidad.

Demócratas y republicanos pensaban el martes haber evitado la parálisis cuando el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, anunció que ambas partes habían alcanzado un consenso para una ley presupuestaria.

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Pero el espíritu navideño no duró mucho: Elon Musk y el presidente electo Donald Trump dinamitaron el acuerdo al día siguiente.

«Maten el proyecto de ley», escribió el hombre más rico del mundo en su red social X, denunciando un nivel de gasto que en su opinión llevaría el país a la «bancarrota».

El jefe de SpaceX y Tesla, convertido en aliado de Trump, fue secundado horas después por el presidente electo, que fustigó un texto como «ridículo y extraordinariamente costoso».

Su oposición generó que los responsables del acuerdo negociado por ambas bancadas volvieran a empezar de cero.

Esto dejó entrever que el regreso de Trump a la Casa Blanca, incluso antes de su investidura el 20 de enero, no estará lejos del estilo adoptado en su primer mandato, que generó cierto caos.

La influencia del hombre más rico del mundo sobre Trump es blanco de las críticas demócratas, que señalan cómo un ciudadano no elegido puede ejercer tanto poder.

En el bando republicano también hay voces de desacuerdo. «La última vez que lo comprobé, Elon Musk no tenía voto en el Congreso», dijo a CNN el republicano Rich McCormick, congresista por Georgia en la Cámara de Representantes.

Como principal responsable de las negociaciones, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, recibía presiones demócratas para regresar al texto previamente negociado y también de ciertos conservadores que pedían recortes presupuestarios para compensar las nuevas ayudas.

El nuevo plan votado el viernes no implica elevar el techo de la deuda estadounidense, una condición indispensable para Trump para no bloquear el texto.

Habitualmente prolijo en su plataforma Truth Social, Trump guardó silencio sobre la nueva ley. Johnson aseguró que había estado en «contacto constante» con él y que estaba «contento con el resultado».

También dijo que habló con Musk, quien elogió en X el «buen trabajo» del «speaker» para renegociar un presupuesto a la baja.

Antes del desenlace, cada parte había acusado mutuamente a la otra de la responsabilidad de una eventual parálisis.

«Es un problema que Biden debe resolver», escribió el presidente electo el viernes por la mañana.

De su lado, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, había afirmado poco antes lo contrario y defendió que correspondía a los republicanos «resolver el lío que habían creado».

Los senadores estadounidenses Lindsey Graham (R-Carolina del Sur) y Marco Rubio (R-Florida), junto con los representantes estadounidenses Carlos Giménez (R-Florida-28), María Salazar (R-Florida-27) y Jared Moskowitz (D-Florida-23) presentaron una resolución bipartidista y bicameral para condenar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Argumentan que esta resolución es en respuesta a la «comisión de numerosos actos criminales, antidemocráticos, inconstitucionales y corruptos por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y a la violación de los derechos humanos básicos».

Entre ellos mencionan:

– Malversación de miles de millones de dólares del pueblo venezolano a través de la extracción ilícita de oro del Banco Central de Venezuela;

– Declarar que aproximadamente el 12 por ciento del país es parte de un “Arco Minero del Orinoco” y utilizar su posición para supervisar la explotación de recursos vitales para beneficio personal; y

– Establecer la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) en 2017 y utilizarla para ejecutar redadas ilegales y ejecuciones extrajudiciales.

“Espero que Estados Unidos condene públicamente los esfuerzos de Maduro para socavar una vez más unas elecciones libres y justas en Venezuela”, dijo el senador Graham.

Agregó que Maduro ha tomado medidas incompatibles con unas elecciones libres y justas y está marginando a la oposición. Por eso instan a la Administración Biden a mejorar su juego cuando se trata de disuadir el intento de Maduro de «destruir una vez más las elecciones venezolanas pendientes. El pueblo venezolano merece algo mejor”.

“El narco régimen criminal de Maduro no se detendrá ante nada para mantener su control ilegítimo del poder mientras continúa atacando a miembros de la oposición y socavando las elecciones libres y justas en Venezuela”, dijo por otra parte el senador Rubio.

“Nuestros socios de todo el mundo deben mantenerse firmes en su llamamiento a la liberación de todos los presos políticos que actualmente están siendo torturados por esta dictadura ilegítima”, siguió expresando el senador por Florida.

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A todo esto, la resolución reza:

– Rechaza el intento del régimen ilegítimo de Maduro de celebrar elecciones fraudulentas y consolidar el poder mediante la militarización de las instituciones, especialmente el comité electoral y el sistema judicial;

– Exige que la República Bolivariana de Venezuela celebre elecciones libres y justas el 28 de julio de 2024 y permita que todos los candidatos de la oposición, incluido Edmundo González Urrutia, se inscriban en la boleta electoral y participen en las elecciones de conformidad con el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de los Derechos Políticos y las Garantías Electorales para Todos (comúnmente conocido como el “Acuerdo de Barbados”);

– Denuncia cualquier intento del régimen ilegítimo de Maduro de intimidar y reprimir al pueblo venezolano y a sus candidatos democráticos mediante cualquier tipo de violencia;

– Condena al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro por los flagrantes y reiterados actos de corrupción, la profanación del Estado de Derecho y la comisión de actos antidemocráticos y delictivos; y

– Alienta a la Administración a condenar los resultados de las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024, si se produce fraude, y a imponer posteriormente sanciones adicionales a Maduro y a los coconspiradores de su régimen ilegítimo para garantizar que no puedan beneficiarse de sus actividades ilegales y corruptas.

Los republicanos volvieron a fracasar el jueves en elegir un presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, luego de tres días de parálisis provocada por un puñado de miembros de derecha.

Favorito para suceder a la demócrata Nancy Pelosi, el republicano Kevin McCarthy intentó tender la mano y hacer concesiones a la veintena de representantes electos afines al exmandatario Donald Trump que lo resisten pero sus esfuerzos fueron en vano, pues no reunió el apoyo necesario tras once votaciones, reseña AFP.

Luego de haber culminado los debates de la jornada sin acuerdo, la Cámara volvió a reunirse, pero tampoco llegaron a un acuerdo.

McCarthy perdió este viernes por decimotercera vez la votación para liderar la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos.

Esto pese a lograr un nuevo apoyo respecto a la anterior, celebrada pocas horas antes, por lo que cuenta ahora con 15 nuevos respaldos que le acercan a la ansiada cifra de 218 apoyos para asumir el cargo, reseña Prensa Libre.

McCarthy ha obtenido 214 votos gracias a estos nuevos apoyos frente a los 212 del demócrata Hakeem Jeffries, dado que los congresistas Jim Jordan y Kevin Hern (que sí se han presentado a anteriores votaciones) no han sido elegidos esta vez como candidatos, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

El favorito para hacerse con el liderazgo de la Cámara Baja necesita aún hacerse con más apoyos entre las filas republicanas para hacerse finalmente con la mayoría cualificada.

Con la Cámara carente de presidente, los representantes, electos en noviembre, no pueden jurar su cargo y, en consecuencia, tampoco votar ningún proyecto de ley.

«Tengo la esperanza de que los republicanos terminen con las discusiones, las rencillas y las puñaladas por la espalda, para que podamos trabajar al servicio del pueblo estadounidense», había declarado más temprano el líder demócrata Hakeem Jeffries.

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McCarthy, que no puede ser elegido sin el apoyo de los republicanos rebeldes, aceptó una de sus peticiones para facilitar la destitución del «speaker», como se denomina al presidente de la Cámara, según varios medios estadounidenses. Aun así, la oposición a su candidatura pareció cristalizar.

«Estamos determinados a introducir cambios importantes», declaró el representante Dan Bishop en el hemiciclo.

La elección del presidente de la Cámara, la tercera figura más importante de Estados Unidos tras el presidente y el vicepresidente, requiere una mayoría de 218 votos. Kevin McCarthy tiene actualmente un techo de 201. ¿Por cuánto tiempo será viable su candidatura?

McCarthy, representante de California, no tiene un competidor creíble. Sólo el nombre del líder del grupo de trumpistas, Steve Scalise, circula como posible alternativa, pero sus posibilidades no parecen serias.

Los representantes electos seguirán votando hasta que se elija al presidente de la Cámara. Se pensaba que era cuestión de horas, pero podría demorar semanas. En 1856 llevo dos meses elegir al «speaker» y se realizaron 133 votaciones.

«No hay duda de que los problemas que nos dividen hoy son mucho menos graves que los que teníamos en 1856», dijo el representante John James, pidiendo a sus colegas que apoyen sin demora a Kevin McCarthy.

Biden calificó la situación como «vergonzosa para el país».

La exasperación y la impaciencia se hicieron sentir también en el «Grand Old Party», como se conoce al partido Republicano, que apoya mayoritariamente a McCarthy y dieron lugar a debates en el hemiciclo.

Como están las cosas, los republicanos no pueden por el momento abrir las numerosas investigaciones que habían prometido contra Biden.

Los demócratas observan la situación con cierta sorna, risas sarcásticas y aplausos a sus colegas republicanos. El partido de Biden se aglutina en torno a la candidatura del líder Hakeem Jeffries, pero este legislador tampoco tiene votos suficientes para ganar.

Enfrentarse a una Cámara hostil pero desordenada podría ser una bendición política para Biden, si confirma su intención de presentarse a la reelección en 2024, una decisión que debe anunciar a principios de este año.

Algunos de los detractores de McCarthy se han mostrado en desacuerdo con posiciones políticas específicas, pero otros simplemente han indicado un disgusto generalizado.

«Todos los republicanos en el Congreso saben que Kevin en realidad no cree en nada. No tiene ideología», escribió recientemente el congresista de Florida Matt Gaetz sobre McCarthy.

Hace 100 años que no ocurría: la nueva Cámara de Representantes de Estados Unidos levantó la sesión este martes sin lograr elegir a su presidente debido a tensiones entre los republicanos.

El republicano Kevin McCarthy, el gran favorito para sustituir a la demócrata Nancy Pelosi, no logró calmar la revuelta de un grupo de partidarios del expresidente Donald Trump, que lo consideran demasiado moderado.

Los congresistas decidieron levantar la sesión hasta el miércoles por la mañana para darse tiempo para negociar entre bastidores, reseñó AFP.

Los republicanos, que obtuvieron una ligera mayoría de los escaños de la Cámara Baja en las elecciones legislativas de noviembre, se proponen usar su contrapoder para abrir una serie de investigaciones sobre el presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, por ejemplo sobre la forma en la que gestionó la pandemia de COVID-19.

Pero antes tienen que ponerse de acuerdo sobre quién presidirá la Cámara de Representantes para que los congresistas puedan prestar juramento.

Al final del día, Trump criticó una «agitación superflua» en el seno de los republicanos, partido con el quiere concurrir a las elecciones presidenciales de 2024.

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La elección del titular de la Cámara Baja, conocido como «speaker», la tercera figura más importante de la política estadounidense después del presidente y el vicepresidente, requiere una mayoría de 218 votos.

Una cifra que McCarthy no ha logrado alcanzar por el momento, después de tres rondas, debido a la oposición de una veintena de congresistas afines a Trump que han decidido aguarle la fiesta.

Y eso que la candidatura de McCarthy cuenta con un amplio apoyo dentro de su partido. De hecho, el anuncio de su nominación el martes en el hemiciclo fue recibido con una gran ovación de pie en las filas republicanas.

Al comienzo de la tercera ronda se palpaba cierto malestar. Los republicanos más moderados pedían a sus colegas que apoyaran a McCarthy.

«Vinimos aquí para hacer cosas», afirmó el líder del grupo republicano Steve Scalise, lo que despertó risas entre los demócratas.

A lo largo de las votaciones, el partido de Biden se ha unido en torno a la candidatura del líder demócrata Hakeem Jeffries, aplaudiéndole al son de «¡Hakeem, Hakeem, Hakeem!». Pero carece de votos suficientes para salir elegido.

La elección de un presidente de la Cámara de Representantes podría decidirse en horas o semanas. En 1856 se tardó dos meses.

McCarthy parece dispuesto a hacer concesiones a los más conservadores para evitar que la historia se repita, ya que en 2015 el ala derecha del partido ya le impidió ocupar el cargo.

Pero tampoco puede darse el lujo de ponerse en contra a los republicanos moderados.

Aunque su margen de maniobra es reducido, por el momento no tiene un rival fuerte. Como posible alternativa solo circula el nombre de Jim Jordan.

Con la Cámara Baja bajo control de los republicanos, Biden no podrá impulsar grandes proyectos, pero el campo contrario tampoco porque el Senado sigue en manos de los demócratas.

Para que se atrincheren en una oposición sistemática tendrían que estar unidos y en la votación del presupuesto en diciembre se vio que algunos republicanos votaron con los demócratas.

Con la elección del «speaker» la desunión salta de nuevo a la vista.

Y una Cámara hostil incluso podría beneficiarle si Biden confirma su intención de presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales de 2024.

El presidente se cuida de comentar las divisiones republicanas. Su portavoz, Karine Jean-Pierre, aseguró que el líder demócrata no «se entrometerá en este proceso».

En caso de parálisis legislativa culpará del bloqueo, muy probablemente, a los republicanos, con la esperanza de beneficiarse políticamente.

Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, fue sentenciado el viernes a cuatro meses de prisión por negarse a testificar en la investigación del Congreso sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de partidarios del expresidente republicano.

Bannon, uno de los arquitectos de la campaña y la victoria presidencial de Trump en 2016, fue declarado culpable de dos cargos de desacato al Congreso por desafiar una citación para testificar sobre los disturbios.

El juez le permitió a Bannon, quien también recibió una multa de 6.500 dólares, permanecer en libertad mientras se procesa lo que según su abogado será una apelación «a prueba de balas», reseñó AFP.

El estratega de Trump durante mucho tiempo adoptó un tono desafiante al salir del tribunal federal en Washington, arremetiendo contra el presidente Joe Biden y los líderes demócratas de la Cámara de Representantes.

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«Hoy fue el día de mi juicio por parte del juez», dijo Bannon a periodistas.

«El 8 de noviembre se juzgará al régimen ilegítimo de Biden», prometió, en alusión a las próximas elecciones de medio mandato.

«Y sabemos en qué dirección va eso», dijo. «La administración de Biden termina la noche del 8 de noviembre».

Bannon había sido recibido al llegar al juzgado por manifestantes que gritaban «¡Traidor! ¡Fascista!»

En julio, Bannon había sido hallado culpable por dos cargos de desacato al Congreso, por negarse a acudir a una citación para declarar.

La sentencia de prisión fue inferior a los seis meses que había pedido la fiscalía, pero superior a la libertad condicional que había solicitado la defensa.

Bannon había argumentado que se negó a comparecer ante la investigación del Congreso por consejo de su abogado de que hacerlo violaría privilegios presidenciales de Trump. Pero también dijo que sentía que la investigación del comité del 6 de enero estaba motivada políticamente.

Sin embargo, el juez federal Carl Nichols rechazó los argumentos y dijo que Trump nunca había hecho valer el privilegio ejecutivo en el caso de Bannon y que era necesario investigar lo ocurrido el 6 de enero.

«Los hechos del 6 de enero fueron innegablemente graves», dijo Nichols antes de pronunciar la sentencia. «El comité del 6 de enero tiene todas las razones para investigar lo que sucedió ese día».

Además, dijo, Bannon ni siquiera cooperó con el comité en temas que no estaban relacionados con un posible privilegio ejecutivo.

Bannon «no ha entregado un solo documento (…) y no ha proporcionado ningún testimonio sobre ningún tema», dijo.

La violenta insurrección al Capitolio dejó cinco muertos y 140 policías heridos.

A pesar de la sentencia de prisión, Bannon, quien actualmente dirige un sitio web de comentarios políticos, podría permanecer fuera de la cárcel hasta bien entrado el próximo año mientras se procesa la apelación.

La investigación realizada por un comité especial de la Cámara de Representantes ha mostrado que Bannon conocía de antemano el plan de los partidarios de línea dura de Trump de atacar el Capitolio para evitar que el demócrata Biden fuera confirmado como el próximo presidente.

La comisión también mostró a Bannon defendiendo que el Congreso bloqueara la certificación de Biden, quien derrotó a Trump en las elecciones de noviembre de 2020.

«Los vándalos que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero no solo atacaron un edificio, sino que atacaron el estado de derecho sobre el que se construyó este país y por el cual perdura», dijo el Departamento de Justicia a la corte en su memorando de sentencia.

«Al burlarse de la citación del comité especial y su autoridad, el acusado exacerbó ese asalto», añadió.

Bannon se desempeñó en la Casa Blanca durante los primeros siete meses del mandato de Trump como jefe de estrategia y, según reportes, se fue debido a conflictos con otros altos funcionarios.

En 2020, Bannon fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero por tomar para uso personal millones de dólares que donantes habían aportado para la construcción de un muro en la frontera con México, una promesa de campaña de Trump.

Pero antes de dejar el cargo en enero de 2021, Trump emitió un indulto general para Bannon, lo que llevó a la desestimación de los cargos en su contra.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos adoptó este viernes medidas para proteger el acceso al aborto en respuesta a un fallo de la Corte Suprema, dos textos que, salvo sorpresa, no pasarán el filtro del Senado.

«Hace apenas tres semanas, la Corte Suprema asestó un fuerte golpe a nuestros derechos fundamentales», denunció la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. 

«Por eso (…) vamos a tomar nuevas medidas para defender la libertad reproductiva de las mujeres», dijo poco antes de la votación, rodeada de congresistas vestidas de verde, el color de las manifestaciones proaborto.

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El primero de los dos proyectos de ley, aprobado solo con los votos de los demócratas, legalizaría de nuevo el aborto en todo Estados Unidos. El otro ofrecería protección a las mujeres que viajan de un estado estadounidense a otro para abortar. 

Pero estos textos no tienen casi ninguna posibilidad de ser aprobados en el Senado, donde se necesitaría el apoyo de diez republicanos, en su mayoría opuestos al derecho al aborto. 

Desde que la Corte Suprema anuló el derecho federal al aborto el 24 de junio, varios estados conservadores ya lo han prohibido en su territorio. 

El presidente Joe Biden pide a los estadounidenses que voten por su partido en las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre, con la esperanza de ampliar la mayoría en el Senado. 

Pero estas elecciones suelen beneficiar a la oposición y es muy posible que hagan perder a los demócratas su estrecha mayoría en el Congreso.