Luego de que el Congreso español reconociera este miércoles a Edmundo González Urrutia como ganador de la elecciones presidenciales en Venezuela y exhortara al Gobierno del partido PSOE a unirse a esta postura, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, señaló que España se cree imperio y será sacada como hace 300 años, si se mete en asuntos internos del país

La mayoría absoluta del Congreso español, es decir 177 diputados, votaron a favor de reconocer a González Urrutia como ganador de las presidenciales en Venezuela. Los cinco grupos parlamentarios de VOX, PP, Partido Nacionalista Vasco, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria apoyaron la moción. Pero esto ni implica ser una orden para el Gobierno de ese país.

“Nos creen colonia, y ellos se creen imperio, y aquí los echamos hace 300 años y los vamos a volver a echar cada vez que intenten meterse en los asuntos internos de Venezuela”, aseveró.

Las autoridades venezolanas han insistido en no permitir la injerencia extranjera.

“Quién le pide las actas al Reino de España y vienen a pedirnos a nosotros lo que ellos no tienen. Jamás el CNE ha publicado las actas, el organismo electoral en Venezuela da los resultados”, dijo.

Según Cabello, “detrás de las actas está el golpe que no ha terminado”.

Por su parte, María Corina Machado aseveró en sus redes sociales que la oposición venezolana obtuvo otra gran victoria con el apoyo del Congreso español, ratificó que la lucha es hasta el final.

El Congreso español vota este martes una proposición no de ley del conservador Partido Popular (PP) en la que se insta al Gobierno a reconocer como ganador de las elecciones de Venezuela a Edmundo González Urrutia, quien se encuentra desde el domingo en España tras pedir asilo político.

Con esta iniciativa, registrada en el mes de agosto, el PP, principal partido de la oposición en España, quiere que la Cámara inste al Ejecutivo de coalición, presidido por el socialista Pedro Sánchez, a adoptar esta posición y pide el fin de la represión contra las protestas en Venezuela, la liberación de los presos políticos y contribuir a la seguridad personal de la opositora María Corina Machado y del propio González Urrutia.

Solicitan asimismo que el Ejecutivo lidere el reconocimiento de González Urrutia en las instituciones europeas con la meta de que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente de Venezuela, reseña una nota de Efe.

El PP carga además, en la parte expositiva de la proposición, contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que reprocha su “silencio”, un claro ejemplo, dicen, “de esta inaceptable falta de compromiso con la verdad y la justicia”.

Posteriormente, a través de la agencia Europa Press, se supo que el portavoz de PNV en el Congreso, Aitor Esteban, habría adelantado que sus cinco diputados apoyarán en el Pleno del Congreso la iniciativa del PP que exige al Gobierno el reconocimiento del opositor Edmundo González Urrutia.

El socialista Rodríguez Zapatero asistió como observador a las elecciones presidenciales venezolanas celebradas el pasado 28 de julio y él desde hace meses blancos de las críticas del PP, que lo acusa de estar próximo al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Tras la llegada del excandidato presidencial y dirigente opositor Edmundo González a Madrid, el PP insiste en que se reconozca su victoria mientras que el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reiteró que la posición de España ante la situación en Venezuela no sufre cambio alguno y sigue exigiendo la presentación de las actas electorales de los últimos comicios presidenciales para que se puedan verificar porque, de lo contrario, no se puede reconocer ninguna victoria, postura que comparte con la Unión Europea (UE).

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Por su parte, Pedro Sánchez, que prevé reunirse esta misma semana con el opositor venezolano, consideró este martes que cualquier lectura política que se haga de la presencia de Edmundo González en España es inapropiada porque se trata de una cuestión de humanidad.

En paralelo al debate de la proposición no de ley del PP en el Congreso, la líder opositora María Corina Machado convocó a todos lo venezolanos residentes en España a una concentración frente al Congreso es martes para “seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo”.

En un mensaje difundido a través de la red X, Machado afirmó: “Hoy más que nunca estamos unidos y decididos a avanzar. Hemos superado todos los obstáculos, todas las pruebas, estamos juntos y vamos a lograr la liberación de Venezuela y el regreso de nuestros hijos a casa”, dice Machado en su vídeo, de casi un minuto y medio, al que acompaña un texto en el que promete seguir “hasta el final” para hacer valer “la soberanía popular y la verdad“.

La muy polémica ley de amnistía a los independentistas catalanes condenados o encausados por la tentativa fallida de secesión de 2017 fue aprobada definitivamente este jueves por el Parlamento español, abriendo la puerta al regreso a España del expresidente regional Carles Puigdemont.

La ley recibió 177 votos a favor y 172 en contra en la Cámara Baja, gracias al apoyo de los diputados socialistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los independentistas y nacionalistas catalanes y vascos, y la extrema izquierda.

«El perdón es más poderoso que el rencor», escribió Sánchez en la red social X tras la aprobación. «Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino», añadió.

Esta medida, que domina la vida política española desde las elecciones legislativas del pasado julio, podría beneficiar en torno a 400 personas, según una estimación del Ministerio de Justicia, reseña la agencia AFP.

Ahora corresponderá a cada juez resolver si la amnistía es aplicable a sus casos.

Los magistrados tienen dos meses para plantear cuestiones al Tribunal Constitucional o a la justicia europea a partir de la publicación de la ley en el diario oficial, lo que podría retrasar los efectos de la ley durante un tiempo.

La votación estuvo precedida de una sesión bronca en la que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, se vio obligada a llamar la atención de los diputados en varias ocasiones.

«¡Traidor!» -dirigido a Sánchez-, «¡neofascistas!», «¡filonazis!» -al partido de extrema derecha Vox-, fueron algunos de los insultos cruzados en el hemiciclo.

«Esta mala educación no lleva a ningún sitio», les reprochó Armengol.

El Congreso ya había aprobado la medida el 14 de marzo, pero el Senado, controlado por la oposición de derechas, la vetó dos meses después, devolviendo el texto a la Cámara Baja, que este jueves dijo su última palabra.

Esta medida es el precio que tuvo que pagar Pedro Sánchez para mantenerse en el poder en la sesión de investidura de noviembre, en la que necesitaba el apoyo de los partidos independentistas catalanes.

Esta incómoda situación fue el resultado de las elecciones anticipadas del 23 de julio, que el Partido Popular ganó, pero sin conseguir garantizarse el apoyo de otros partidos para sumar 176 de los 350 diputados que tiene el hemiciclo.

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«Hoy hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español» de Pedro Sánchez, lanzó antes de la votación el líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), denunciando que la ley es un «intercambio de poder a cambio de impunidad».

Los representantes del independentismo catalán definieron la ley como una victoria y aseguraron que su próximo objetivo es celebrar un referéndum de secesión.

«Hoy es un día histórico, en toda la amplitud. Hoy no se perdona, hoy se gana, se gana una batalla del conflicto», aseguró Miriam Nogueras, la portavoz en el Congreso del partido de Puigdemont, Juntos por Cataluña.

«Próxima parada, referéndum», afirmó Gabriel Rufián, diputado de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), el otro partido independentista catalán en el Congreso español.

El PP lleva tiempo en pie de guerra contra esta amnistía, que considera «inconstitucional» y que promete derogar cuando vuelva al poder.

Contra ella ha organizado numerosas manifestaciones, la última de las cuales reunió el domingo en Madrid a decenas de miles de personas. Allí, Núñez Feijóo volvió a pedir a Sánchez que «retire esta amnistía».

Los representantes de la oposición no pierden nunca la ocasión de recordar que el propio Sánchez había expresado su oposición a una amnistía.

«Hay que hacer de la necesidad virtud», repitió Sánchez en varias ocasiones para explicar su giro.

Los sondeos muestran que los españoles están divididos sobre la medida, incluyendo los electores y simpatizantes socialistas.

Sin embargo, las elecciones regionales celebradas en Cataluña el 12 de mayo, en las que el movimiento independentista perdió la mayoría absoluta en el Parlamento catalán y registró sus peores resultados en 40 años, parecen haber dado la razón a Sánchez.

La rama catalana del Partido Socialista salió bien parada, y su líder, Salvador Illa, está en medida de aspirar a ser el próximo presidente del Gobierno regional.

Puigdemont, cuyo partido también progresó en las elecciones regionales, y que reivindica encabezar un Gobierno independentista en minoría, dijo durante la campaña que esperaba volver a España para estar presente en el debate de investidura en el Parlamento catalán, cuya fecha no ha sido fijada, pero que debería tener lugar como muy tarde el 25 de junio.

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El Congreso español aprobó este jueves por una clara mayoría el proyecto de ley de la eutanasia. La norma despenaliza y regula por primera vez en España la ayuda médica para morir.

La ley, que aún tiene que ser aprobada por el Senado, obtuvo la mayoría absoluta del Congreso, 198 de los 350 diputados, fundamentalmente de partidos de izquierda, con 138 votos en contra y dos abstenciones.

La ley reconoce la eutanasia como derecho y se incluirá como prestación gratuita del Sistema Nacional de Salud español. El paciente deberá confirmar la voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo del procedimiento. Los médicos podrán acogerse a la libertad de conciencia, publicó la agencia Efe.

Los parlamentarios discutieron sobre la vida, la muerte. Consideraron si cada persona tiene derecho a poner fin a sufrimientos intolerables sin perspectiva de curación o mejoría.

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«Como sociedad, no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento intolerable que padecen muchas personas; España es una sociedad democrática lo suficientemente madura como para afrontar esta cuestión», subrayó el ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa. Esta ley impone «sentido común y humanidad», agregó.

Por su parte, el Partido Popular (conservador) y Vox (extrema derecha) reivindicaron los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia.

Sin embargo, el resto de la cámara subrayó que no bastan y se decantó por una ley garantista para que la ayuda médica a morir en un centro sanitario o en el domicilio deje de ser ilegal, tras un proceso deliberativo y con el control de una comisión especifica.

La ley introduce en el ordenamiento jurídico la eutanasia como un nuevo derecho individual, entendida como «la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios».

El Congreso de español aprobó este jueves una resolución que condena al régimen de Nicolás Maduro. El documento aprobado surgió de una propuesta del Partido Popular (PP).

La condena, según informó la diputada Belén Hoyo (PP), se produce luego de conocerse el informe de la ONU sobre Venezuela.

Durante el debate, los parlamentarios condenaron «las violaciones de los derechos civiles y democráticos por parte del régimen dictatorial venezolano».

Instaron «a la devolución del control de los partidos políticos a sus administradores legítimos». También piden «el cese de la inhabilitación y enjuiciamiento de líderes políticos».

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Asimismo, instan «a la designación de un CNE elegido por la Asamblea Nacional que permita la participación de todos los partidos». En este punto, exigen «celebrar elecciones parlamentarias y presidenciales libres, creíbles, transparentes, justas y verificables».

Los legisladores también ratifican que «Juan Guaidó es el Presidente encargado. Así es reconocido por las instituciones españolas y los principales países europeos».

Piden «al Gobierno de España vincular cualquier negociación o cooperación con Venezuela a avances en materia democrática y de respeto de los derechos humanos».

Agregan que España debe «continuar dando una respuesta contundente ante las graves acusaciones del régimen de Maduro sobre la delegación diplomática española en Venezuela».

Por otro lado, ratifican el «acuerdo con la Unión Europea por la imposición de sanciones individuales contra funcionarios del régimen de Maduro».

Enfatizaron en que su gobierno debe «liderar en la Unión Europea los esfuerzos internacionales para promover el Estado de derecho» en Venezuela. Así como «restaurar la democracia mediante elecciones transparentes, cuando se den las circunstancias necesarias para hacerlo».

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