Ryan Lance, director ejecutivo de ConocoPhillips, asegura que “Venezuela necesita reestructurar por completo su sistema fiscal si aspira a atraer nuevas inversiones en el sector energético”.

La afirmación la hizo durante su intervención en la conferencia CERAWeek en Houston, Texas, donde subrayó que, pese a los recientes cambios políticos tras la captura de Nicolás Maduro en enero, el país aún enfrenta importantes desafíos estructurales que limitan el interés de grandes inversionistas.

Según la agencia Reuters, Lance calificó de “lamentablemente inadecuada” la reforma de la ley de hidrocarburos y sostuvo que el marco actual requiere ajustes profundos, especialmente en materia fiscal y jurídica. En ese sentido, insistió en la necesidad de garantizar la estabilidad y durabilidad de los contratos como condición clave para atraer capital a gran escala.

Las declaraciones se producen en medio del impulso del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha instado a las petroleras a invertir hasta 100.000 millones de dólares para reconstruir la industria energética venezolana, severamente afectada por años de falta de inversión.

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Sin embargo, desde el sector privado prevalece la cautela. Venezuela mantiene una deuda cercana a los 12.000 millones de dólares con ConocoPhillips por la expropiación de activos en 2007, un factor que sigue condicionando cualquier posible retorno de la compañía al país.

La postura de Lance coincide con la de otros líderes de la industria, como el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, quien también advirtió que el nuevo marco legal presenta términos fiscales amplios y requiere incentivos específicos para resultar competitivo.

En conjunto, las principales petroleras internacionales coinciden en que, más allá de los cambios políticos recientes, Venezuela deberá ofrecer garantías legales, resolver disputas pendientes y rediseñar su esquema fiscal si quiere recuperar la confianza de los inversionistas y reactivar su industria petrolera.

Con información de Reuters.

Un tribunal español ha reconocido el laudo arbitral internacional que condena a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a su filial CVP a pagar 33,7 millones de dólares más intereses como reembolso de un préstamo para adquirir parte del yacimiento petrolero de Corocoro, que fue nacionalizado tras la concesión del crédito.

La decisión ha sido tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según informó este martes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que recuerda que las partes implicadas accedieron desde mediados de los años noventa a someter cualquier acuerdo a la Corte Internacional de Arbitraje (CCI).

 La entidad británica ConocoPhillips Gulf of Paria otorgó un préstamo a Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) para la adquisición de una participación del 35 % de Corocoro, crédito avalado por PDVSA.

El proyecto se desarrolló con normalidad hasta que, en 2007, el Gobierno venezolano aprobó un decreto de nacionalización que afectó a varias inversiones extranjeras del sector energético, entre ellas el proyecto Corocoro.

En un principio, ConocoPhillips presentó una demanda de arbitraje internacional y llegó a reclamar más de 1.400 millones de dólares en la Corte de Nueva York por perjuicios que incluían incumplimientos contractuales, responsabilidad extracontractual, enriquecimiento injusto y otras reclamaciones.

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Ese tribunal concluyó que, aunque la nacionalización de 2007 imposibilitó la continuación del proyecto en los términos inicialmente pactados, ello no exoneraba a las empresas demandadas de cumplir determinadas obligaciones contractuales previas, como la devolución del préstamo concedido para financiar la participación en el yacimiento.

De esa manera, PDVSA y su filial tenían que devolver a ConocoPhillips la cantidad prestada más los intereses, al entender que la obligación de reembolso no quedó extinguida ni justificada por la posterior nacionalización estatal venezolana.

Debido a la falta de cumplimiento de este laudo, emitido en 2019, ConocoPhillips presentó en julio de 2024 una demanda en Madrid para obtener la homologación del laudo arbitral extranjero y hacerlo efectivo en España.

El TSJM concluye que la resolución arbitral norteamericana «cumple todos los requisitos exigidos» por la convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras.

Además, entre otros argumentos, la materia es «arbitrable», se «respetaron» las garantías procesales y el reconocimiento del laudo «no resulta contrario al orden público español», por lo que estima íntegramente la demanda de ConocoPhillips. La resolución es firme y no admite recurso, indica el CGPJ en un comunicado.

 Con información de EFE 

La prioridad de Ryan Lance, el director ejecutivo de ConocoPhillips, en Venezuela no es extraer crudo en nuevos pozos; es recuperar miles de millones de dólares que se le adeudan a su compañía casi dos décadas después de que sus proyectos petroleros fueron nacionalizados.

 A pesar de aproximadamente US$10.000 millones en sentencias favorables de árbitros internacionales que responsabilizan a Venezuela por las confiscaciones, los esfuerzos del gigante petrolero de Houston por recuperar todo lo que se le debe se han visto frustrados.

 Resolver este problema tiene prioridad sobre realizar nuevas inversiones en la nación latinoamericana, señaló Lance, a pesar de la solicitud del presidente estadounidense Donald Trump de que perforadores estadounidenses ayuden a reactivar el sector petrolero de Venezuela.

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“Es una cantidad considerable de dinero; es lo que buscábamos”, declaró Lance a analistas e inversionistas durante una conferencia telefónica el jueves. “Seguimos centrados en intentar obtener la indemnización que nos corresponde por las dos sentencias judiciales vigentes”.

Lance le dijo a Trump durante una reunión de ejecutivos petroleros en la Casa Blanca el mes pasado, que su empresa había sufrido pérdidas por valor de US$12.000 millones en sus operaciones en Venezuela. La administración Trump tomó el control de la producción de crudo venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

“Intentamos ser útiles a la administración actual y brindarle nuestra perspectiva sobre el terreno”, dijo Lance. “Hay mucho que hacer” para allanar el camino hacia una mayor inversión extranjera.

Con información de Bloomberg

Venezuela deberá pagar una demanda de 8.700 millones de dólares a ConocoPhillips por las expropiaciones de activos durante el mandato del expresidente Hugo Chávez de finales de siglo, después de que un tribunal internacional rechazó la apelación final del gobierno nacional.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial ratificó una sentencia de 2019 a favor de un reclamo de la empresa petrolera estadounidense para la compensacióndebido a las confiscaciones de hace más de una década, anunció este jueves 23 de enero ConocoPhillips, cuya información recogió Bloomberg Línea.

La decisión cierra cualquier vía legal posible para que Venezuela evite su responsabilidad.

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En su fallo inicial, el tribunal de arbitraje calificó las medidas de expropiación como confiscaciones ilegales y ordenó que ConocoPhillips fuera indemnizada.

«ConocoPhillips está satisfecha» con la decisión, anunciada formalmente el 22 de enero, afirmó la empresa en un comunicado.

«La decisión confirma el principio de que los gobiernos no pueden expropiar ilegalmente las inversiones privadas sin pagar una compensación».

ConocoPhillips presentó una nueva demanda judicial para preservar su casi máxima prioridad para cobrar su deuda entre los acreedores de Citgo que aspiran sacar una parte de los ingresos en efectivo que se derivarán de una subasta de acciones de la matriz de la empresa de propiedad venezolana, informó la agencia Reuters.

Citgo es el único activo de PDV Holding que un tribunal de distrito de Delaware ha declarado como exigible para cancelar una parte de las deudas externas de Venezuela.

La demanda de Conoco ante el tribunal se produce como respuesta a las acciones judiciales interpuestas en Texas y Nueva York por tenedores de bonos y pagarés venezolanos que intentan saltarse la fila de acreedores, indica la publicación.

En concreto, se trata de 18 acreedores pretenden recuperar hasta 21.300 millones de dólares de la subasta fijada para pagar las expropiaciones y de la deuda en default de Venezuela, que se espera que concluya en los próximos meses.

«Esta acción pretende obtener órdenes de embargo contra las acciones de Citgo Holding a favor de cada acreedor judicial adicional en el orden de prioridad previamente establecido por el tribunal», dijo Conoco en su demanda presentada esta semana.

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Esto significa que Conoco se reserva el derecho de reclamar al menos parte de los recursos asignados por cualquier acreedor que no esté incluido en la lista original del síndico designado por el tribunal de Delaware, de manera que podría demandar a los tenedores de bonos si estos resultan beneficiados.

Conoco tiene tres demandas de arbitraje separadas aprobadas por Delaware para ser compensadas con los ingresos de la subasta. Una de las reclamaciones, de 1.330 millones de dólares, es la tercera en el orden de prioridad.

En los últimos meses, la petrolera estadounidense también se ha movilizado para embargar los pagos a Venezuela de un proyecto de gas natural en alta mar que están desarrollando PDVSA, Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago (NGCTT).

Conoco recibió recientemente una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. para solicitar los pagos, informó Bloomberg a principios de este mes, pero la petrolera estadounidense y el Departamento del Tesoro no han confirmado la autorización.

«El riesgo de que los… demandados puedan intentar obtener órdenes de embargo contra las acciones de Citgo Holding sobre la base de una teoría de alter ego es real», añadió Conoco en su demanda.

Con el objetivo de que ConocoPhillips recupere parte o la totalidad de los aproximadamente 10.000 millones de dólares que le debe Venezuela después de que el país confiscara y nacionalizara sus activos hace más de una década, Estados Unidos aprobó una serie de licencias, según Bloomberg.

Cabe destacar, el otorgamiento de estas licencias permite que en los países donde Pdvsa tiene cuentas financieras, que ConocoPhillips posicionarse bien entre las otras entidades que buscan recuperar la deuda con Venezuela.

Esto se traduce que “cuando el dinero en efectivo de esas cuentas de Pdvsa sea finalmente distribuido, la corporación estadounidense esté al frente o cerca en la fila para cobrar”, cita Banca y Negocios.

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Se trata de un espaldarazo del gobierno estadounidense a ConocoPhillips ya que con las licencias podrá avanzar en los esfuerzos legales en países donde Petróleos de Venezuela (Pdvsa) tiene cuentas en efectivo, según las fuentes de la agencia.

Esto permitirá que ConocoPhillips recupere el dinero adeudado por Pdvsa sin entrar en conflicto con las sanciones estadounidenses, ya que la empresa no ha operado en el país desde que el expresidente Hugo Chávez expropió sus activos hace años.

Según la agencia las licencias se concedieron en los últimos meses, dijo una de las fuentes.

La empresa petrolera ConocoPhillips logró este viernes que un tribunal de Trinidad y Tobago aprobara la incautación de pagos a Venezuela por el proyecto de gas marino Dragon Gas.

Según la agencia, la empresa logró que el tribunal acuerde «el nombramiento de una firma de contabilidad como síndico para perseguir los pagos», de parte de Venezuela.

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Menciona al juez Frank Seepersad, quien dijo que «tomó su decisión porque existe el riesgo de que PDVSA mueva activos de la jurisdicción de Trinidad para evitar pagar a ConocoPhillips».

Agrega que el juez «señaló la reubicación de PDVSA de su sede europea en Moscú como un ejemplo de cómo evitó en el pasado sus obligaciones legales».

Lo que han denominado como «la nueva apertura petrolera» aparentemente sigue «viento en popa», a pesar de las sanciones y la retórica política, una vez que otra empresa trasnacional norteamericana dedicada al crudo, ConocoPhillips, estaría en conversaciones directas con la administración de Nicolás Maduro.

Así lo dio a conocer el diario The Wall Street Journal, medio que en uno de sus escritos explica que las conversaciones con la administración de Nicolás Maduro ya están bien adelantadas.

Según el medio norteamericano, la intención de ConocoPhillips es recuperar una vieja deuda que sostiene Petróleos de Venezuela (PDVSA) con la empresa de unos 10 mil millones de dólares.

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La trasnacional norteamericana busca adquirir petróleo venezolano para refinarlo en Estados Unidos y venderlo en Norteamérica, recuperando así a uno de los principales proveedores de crudo para la región, antes del conocido bloque económico.

La administración de Nicolás Maduro no se ha pronunciado al respecto. Lo que ha dicho recientemente es que la problemática económica y social existente en Venezuela, es producto del bloqueo y las sanciones que mantienen Estados Unidos y algunos países de Europa.

Lo paradójico de esto es que ya la apertura petrolera con la trasnacional norteamericana Chevron está en curso y ahora, según The Wall Street Journal, ConocoPhillips se sumaría a las negociaciones con Nicolás Maduro, para llevar petróleo venezolano al mismo país que según el presidente venezolano, los tiene bloqueados económicamente.

Una vez que se conoció la medida de la Corte de Distrito de Washington D.C. que confirmó la indemnización por $8.700 millones que Venezuela debe pagar a ConocoPhillips, por la expropiación de sus activos en el país ¿Qué sigue? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Por qué esa corte toma esa decisión?

Son interrogantes que, según los expertos, salen a la luz y que implican, en primer lugar, que el Estado venezolano, no podría pagar esa cantidad de dinero.

Igualmente, hay que recordar de dónde viene este caso.

ConocoPhillips le ganó a Venezuela el arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) en el 2007, tras la expropiación, durante el gobierno de Hugo Chávez, de su participación en los proyectos de Petrozuata, Hamaca y Golfo de Paria.

Doce años después, es decir en 2019, el Ciadi decidió a favor de la petrolera y Venezuela aún intenta revocarla en esa instancia.

Al respecto, el economista Luis Oliveros sacó la cuenta y detalló que «la República tendría que pagarle a Conoco unos $8.750 millones. Eso equivaldría a entregarles, por unos 6 meses, toda la producción petrolera venezolana».

Actualmente, la producción de petróleo no pasa de los 600.000 o máximo 700.000 barriles de petróleo diarios, los cuales vende con descuentos muy grandes, debido a la sanciones de Estados Unidos.

Por eso, para el experto «no hay forma de pagarles, solo con Citgo». En consecuencia, Oliveros cree que «la fila de acreedores sobre Venezuela se hace larga».

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Por su parte, Jose Ignacio Hernández, exprocurador especial designado por la AN de Juan Guaidó, explica que a lo largo del proceso «la República no pudo presentar ninguna defensa» sobre este caso.

Por tanto, la medida de la Corte de Distrito de Washington D.C., «es un precedente muy grave».

Explica que «en 2019 Conoco inició el procedimiento para confirmar el laudo dictado por un tribunal Ciadi, por la expropiación de sus activos durante el Gobierno de Chávez. En octubre de 2021 Conoco pidió que se declarara con lugar la demanda, pues la República no había comparecido».

Hernández, a través de un hilo en Twitter, aclara que en su momento «la oficina del Procurador Especial advirtió que la República no podía contratar abogados en el caso de Conoco, pues la Asamblea Nacional no había aprobado la previsión presupuestaria».

Igualmente, alertó que «la Comisión Delegada comprometía su responsabilidad».

Resalta que la medida del tribunal, de este 19 de agosto, «implica que el laudo quedó confirmado y que, por lo tanto, Conoco podrá iniciar acciones para su ejecución».

Pero, también aclara que «la Corte no autorizó la ejecución del laudo en contra de activos de Venezuela. Solamente confirmó el laudo, ante la no-comparecencia de la República».

De todos modos, «esto eleva los riesgos de la defensa judicial de los activos de Venezuela en el extranjero».

Hernández aprovechó para responsabilizar a la AN de Guaidó por esta situación.

«Lamentable, las fallas de gobernanza en el seno de la Asamblea Nacional han afectado la calidad de la defensa judicial de Venezuela en el extranjero. El caso de Conoco así lo ratifica».

Hace tres semanas, el actual «procurador especial» de Guaidó, Enrique Sánchez, presentó su balance y alertó que «el país debe más de $18 millones a firmas de abogados en el extranjero».

además, dijo que «hay en juego unos $40.000 millones en demandas y, precisamente, una de ellas es la de Conoco, que «es la más grande».

Luego de que se conociera la decisión de un tribunal Federal en Washington D.C. que falló a favor de un laudo arbitral que obliga a Venezuela a pagar 8.7 billones de dólares a la empresa ConocoPhillips, la administración de Nicolás Maduro considera la sentencia como injusta y fraguada por la derecha.

«Esta injusta decisión ha sido fraguada violándosele a la República Bolivariana de Venezuela su derecho a la defensa y en complicidad con extremistas venezolanos entre los que seencuentran Juan Guaidó y José Ignacio Hernández quienes, usurpando funciones públicas,actuaron en componenda para favorecer a ConocoPhillips en el caso en cuestión», dice parte del comunicado.

#22Ago #COMUNICADO?| Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informó que defiende los activos de la nación como un derecho internacional, ratificando el firme rechazo al caso de la empresa "ConocoPhillips" contra el territorio venezolano. pic.twitter.com/78rMNM8jrP

La administración de Nicolás Maduro considera que esta acción legal lo que busca es que los activos de la nación sean entregados a la oposición.

«Con esta irrita e ilegal decisión se pretende consumar un paso de la intrincada trama decorrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras, mediante fraudes procesales donde se le impide a los representantes legítimos de Venezuela la defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA, mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales».

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«En este sentido, hacemos un llamado ante la comunidad internacional sobre las evidentesmaniobras con las que se pretenden justificar el expolio y el fraude contra una naciónsoberana. Con esta medida Estados Unidos no solo viola el Derecho Internacional, ademáspone en evidencia la ausencia de garantías y de justicia para cualquier Nación», dice el comunicado.

El juez de la corte de Washington lo que hizo fue ratificar una sanción del 2019, en donde, a través del Banco Mundial, la empresa debía recibir una indemnización por el monto antes mencionado, después de que el entonces gobierno de Hugo Chávez Frías expropiara varios activos de la empresa norteamericana.

El fallo del 2019 en su momento fue apelado y es ahora cuando la corte decide sobre el tema, por lo que Venezuela tendrá que llegar a un acuerdo de pago con la empresa.