La delegación de Venezuela, en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, criticó este jueves a Estados Unidos por la expulsión de migrantes venezolanos de ese país, incluso sin tener antecedentes penales, y a El Salvador por prestarse a encerrarlos en sus prisiones.

«Estados Unidos está pagando a El Salvador sumas de dinero por cada venezolano recibido como supuesto delincuente, sin debido proceso y sometido a tratos crueles y degradantes, como evidencian infinidad de vídeos divulgados incluso por las autoridades salvadoreñas», señaló el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Alexander Yánez, en reseña de Efe.

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Dirigiéndose al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, el embajador aseguró que «su oficina tiene una responsabilidad crucial en la condena de esta atrocidad»

«La indiferencia del organismo y del sistema de derechos humanos no hace, sino confirmar, como ha ocurrido en el genocidio palestino, la inoperancia y poca credibilidad de este sistema», reclamó.

Yánez subrayó que EE. UU. utiliza para expulsar a ciudadanos venezolanos la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, de finales del siglo XVIII.

«Ejemplos anteriores de su aplicación evidencian su inhumanidad», aseguró el diplomático, para recordar que también fue la ley que se invocó para llevar a descendientes de japoneses a campos de concentración en suelo estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

«La Casa Blanca está usando a los migrantes venezolanos para probar que cumplen con firmeza la promesa electoral de deportaciones masivas, violando flagrantemente todos los derechos humanos de estas personas», aseguró Yánez.

A través de un informe de 37 páginas, publicado este 13 de enero, ocho instancias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se pronunciaron acerca de «las graves violaciones a los derechos humanos que sufren los presos políticos en Venezuela».

Se trata de una denuncia hecha por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, la Relatora Especial sobre el Derecho de Toda Persona al Disfrute del Más Alto Nivel Posible de Salud Física y Mental, la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, la Experta Independiente sobre el Disfrute de Todos los Derechos Humanos por las Personas de Edad, la Relatora Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, sus Causas y Consecuencias.

El informe está dirigido al Gobierno de Venezuela y expone: «Los centros de detención en Venezuela, tanto preventivos como penitenciarios, presentarían condiciones de detención inadecuadas, de manera sistemática, lo cual sería un obstáculo para garantizar una atención médica adecuada, condiciones sanitarias adecuadas y la seguridad alimentaria de las personas privadas de libertad».

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? ONU DENUNCIA CRISIS CARCELARIA Ocho instancias del Consejo de DD.HH. de la ONU, dos Grupos de Trabajo y seis Relatores Especiales en materia de DD.HH., denunciaron las violaciones a los DD.HH. que sufren los presos políticos en Venezuela. pic.twitter.com/cf9e0Ly5IL

Se reporta una sobrepoblación en centros penitenciarios y preventivos, lo que agrava las condiciones sanitarias y de seguridad, poniendo en riesgo la vida y salud de los detenidos.

•Josnars Baduel: Detenido el 4 de mayo de 2020 durante la denominada “Operación Gedeón” y sometido a torturas, como golpes, colgamiento de brazos y descargas eléctricas. Fue sentenciado a 30 años de prisión por terrorismo y traición a la patria. Actualmente, su salud se ha deteriorado considerablemente, presentando pérdida de peso, infecciones en la piel y episodios de asma no tratados adecuadamente.

•Raúl Isaías Baduel: Exministro de Defensa y padre de Josnars Baduel, quien falleció en prisión en octubre de 2021 bajo custodia estatal, presuntamente por secuelas de COVID-19 y torturas. Su caso evidencia la falta de atención médica y las condiciones inhumanas en los centros de detención venezolanos.

•Emirlendris Benítez: Detenida en agosto de 2018 sin orden judicial y torturada mediante asfixias y golpes. Durante su reclusión, fue obligada a abortar tras un procedimiento médico forzado. Actualmente, presenta problemas graves en la columna vertebral y necesita atención médica urgente, la cual no le ha sido proporcionada.Otros casos también documentan detenciones arbitrarias, torturas y negligencia médica que afectan gravemente la integridad física y psicológica de los detenidos.

Se han registrado desapariciones forzadas, torturas, violaciones al debido proceso y discriminación contra grupos vulnerables, como mujeres, personas mayores y personas con discapacidad.

El documento solicita al Gobierno de Venezuela que adopte acciones inmediatas para remediar estas violaciones, garantizando los derechos humanos de las personas detenidas de conformidad con las normas internacionales.

A continuación el informe completo:

La dirigente opositora, María Corina Machado, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el aumento de la represión contra la disidencia en Venezuela y pidió a la comunidad internacional que permanezca «vigilante» en este lapso que queda hasta las elecciones del 28 de julio.

«Faltando menos de un mes para las elecciones presidenciales en Venezuela, la represión, la persecución, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias de dirigentes políticos nacionales, regionales y miembros directos del equipo de campaña del candidato Edmundo González Urrutia han arreciado», dijo Machado, en un video publicado en sus redes sociales.

Denunció que hasta el momento, 31 venezolanos, miembros de la oposición y principalmente de su partido, «encarcelados y otros seis con asilo político en la embajada de Argentina en Caracas».

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Relató cómo la administración del presidente Nicolás Maduro, ha llegado a cerrar los negocios «de humildes venezolanos que me han atendido» en las giras por el interior del país.

Agradeció al Alto Comisionado de DD. HH. de la ONU el informe presentado este miércoles en Ginebra y ratificó que la oposición aboga por el cumplimiento de los «acuerdos de Barbados.

Además, aseguró que la Plataforma Unitaria no se va a alejar de la ruta electoral.

#4Jul? AUMENTO DE LA REPRESIÓNLíder de Vente Venezuela, María Corina Machado (@MariaCorinaYA), pidió ante el Consejo de DD.HH. de la ONU que la comunidad internacional se mantenga “vigilante” ante las elecciones presidenciales del #28Jul en Venezuela?: @VenteVenezuela pic.twitter.com/Jt8NBVmwmD

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, escuchó este miércoles a la candidata de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, durante una participación en línea, en la cual denunció el aumento de la represión en Venezuela, de parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

«Ha aumentado la represión y la persecución a los ciudadanos y a los miembros de nuestros comandos de campaña», alertó la dirigente en su intervención.

«Hay 264 presos políticos en Venezuela, entre ellos cuatro miembros de nuestros comandos de campaña: Juan Freites, Luis Camacaro, Emil Brandt y Guillermo López; y el 15 de febrero expulsaron de Venezuela a los miembros de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos», enfatizó.

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Machado destacó la importancia de las elecciones presidenciales del 28 de julio, por que representa una real oportunidad de cambio que todos los venezolanos desean.

«Los venezolanos tenemos la oportunidad este año de avanzar en la transición democrática a través de elecciones presidenciales limpias y libres», aseguró.

Relató que «Hemos avanzado: logramos unificar a todas las fuerzas de oposición a través de unas elecciones primarias en las que participaron casi tres millones de venezolanos dentro y fuera del país, y de la cual surgió un liderazgo legitimado», subrayó Machado.

Por ello, cree que Nicolás Maduro «se sabe perdido por la ruta electoral y quiere salir de esa vía».

«Maduro, que se sabe perdido en la ruta electoral, quiere bloquearla y quiere impedir que yo pueda participar como candidata», afirmó.

«Nosotros seguimos porque queremos votar y queremos elegir (…) Los necesitamos a todos ustedes elevando sus voces para que se detenga la persecución, la violación a los derechos humanos en Venezuela y para que pueda haber elecciones limpias y libres que conduzcan a la democracia, a la libertad y a la paz en nuestro país», finalizó.

En la sesión 55 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el canciller, Yván Gil, denunció el doble discurso de este organismo de las Naciones Unidas para con los países del cono sur, en materia de la defensa de los DD.HH.

En su discurso, Gil denunció “enérgicamente, una vez más, las medidas coercitivas unilaterales ilegales impuestas contra Venezuela, así como el evidente doble rasero que impera en este organismo con respecto a los países del Sur Global”.

Alertó que “se pretende ejercer un control y entrometerse en los asuntos internos de estas naciones bajo el pretexto de proteger los derechos humanos”.

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Sostuvo que “Venezuela reafirma su compromiso absoluto con el respeto y la observancia de las normativas internacionales de derechos humanos, y se muestra dispuesta a colaborar estrechamente con la ONU en iniciativas que beneficien a nuestra población”.

Igualmente, argumentó los motivos de la expulsión de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que se encontraban en Venezuela.

Dijo que ellos “mancillaron su deber al aliarse con sectores golpistas”, en referencia a que esa oficina se pronunció contra la detención de Rocío San Miguel.

«La oficina en Venezuela se había alejado de su mandato de imparcialidad, llevando a cabo acciones impropias al erigirse en una suerte de bufete particular de grupos golpistas y terroristas», acotó.

Agregó que “esa oficina debe comprometerse a no caer en la politización y trabajar con las instituciones venezolanas respetando estrictamente nuestra soberanía».

Igualmente, ratificó que Venezuela apoya «todos los mecanismos para que cese la violencia contra los pueblos, el respeto a la soberanía y la construcción de un mundo más seguro y justo».

«También resaltamos nuestro firme compromiso y defensa de los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas como paso fundamental para garantizar el derecho de los pueblos de vivir en paz», expresó.

Venezuela lleva su mensaje a la Conferencia de Desarme en el marco de la 55ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.Apoyamos todos los mecanismos para que cese la violencia contra los pueblos, el respeto a la soberanía y la construcción de un mundo más… pic.twitter.com/HvD21iAyyH

Es un hecho notorio que varios funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, comenzando por este, pasando por Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, entre otros, han asegurado que los «inhabilitados no van a participar en las elecciones presidenciales».

Pero, este miércoles, en el marco del día final del Diálogo del Consejo de DD.HH. de la ONU con el Estado venezolano, el canciller Yván Gil, dijo lo contrario:

«En Venezuela la Constitución es muy clara, los derechos políticos nunca se pierden, no hay manera de perderlos. No hay una persona, a no ser por decisión de un tribunal, que haya perdido su derecho a elegir o ser electo. En Venezuela lo que hay es que algunos personeros políticos han perdido su derecho de cumplir funciones dentro de la administración pública, no se les confisca ningún derecho político, todos tienen derecho a ser electos y elegir. No se trata de pérdida de derechos políticos que solo pueden ser levantados por medida de un tribunal, como manda la ley».

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«Hay son casos de inhabilitación de cargos públicos debido a asociaciones a casos de corrupción. Los inhabilitados aun así pueden participar en elecciones», enfatizó.

Inmediatamente, hubo respuesta del integrante del Comité, José Santos País, quien señaló: «Que aseguren que a pesar de estar inhabilitado las personas pueden ser candidatos me parece extraña, más cuando en el marco de las próximas elecciones vemos como ya hay candidaturas anuladas por inhabilitaciones».

Pero, peor aún, el mismo Gil aseguró que «la Contraloría no tiene la facultad de limitar el disfrute de los derechos civiles y políticos. En Venezuela solo se puede realizar mediante la orden de un tribunal».

Sin embargo, no explicó que la Contraloría ha inhabilitado candidatos sobre quienes no pesan cargos ni sentencias ni procesos judiciales.

Además, tampoco explicó que el Consejo Nacional Electoral no permite ni siquiera el registro de un candidato a un cargo público, porque el sistema automatizado emite un alerta y lo rechaza.

Entonces, cabe preguntar: ¿Quién miente?

? "LOS DERECHOS POLÍTICOS EN VENEZUELA ESTÁN INTACTOS"El canciller Yván Gil respondió a lo que llamó "un discurso para atacar la institucionalidad venezolana", a propósito de las inhabilitaciones a opositores, y precisó que estos "pueden elegir y ser electos".?: @UNWebTV pic.twitter.com/jX6LR2wQSF

En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que termina este miércoles en Ginebra, ocurrió un hecho lamentable que involucra a la delegación venezolana encabezada por el canciller Yván Gil y el Fiscal Tarek William Saab.

Y es que estos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, lejos de responder las preguntas de los integrantes del organismo, acerca de la situación de los DD.HH. en Venezuela, no solo se dedicaron a defenderse y a justificar la crisis del país con las sanciones, sino que profirieron ofensas contra los funcionarios del Consejo, lo cual provocó una airada protesta de los mismos.

“Nunca se habían proferido tantas descalificaciones. Pido a la presidenta que nos ampare”, dijo en su intervención el experto independiente del Consejo, Carlos Gómez Martínez.

Nota en mano, el delegado leyó algunas de las acusaciones de la delegación venezolana: “Parcialidad, falta de profesionalismo, politización, perder el tiempo, irresponsables…” fueron algunas de las palabras de Gómez, quien pidió respeto a los venezolanos.

«Nunca se había proferido tantas descalificaciones contra miembros del Comité», agregó.

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«No vamos a caer en el campo de las descalificaciones, pero pedimos que nos respeten», insistió.

En la jornada del martes, el Comité de la ONU expresó preocupación por la represión, asesinatos, torturas, falta de independencia de los poderes, corrupción, violaciones y más incumplimientos del Estado venezolano en materia de derechos civiles y políticos.

Puso especial énfasis en la creación de un registro único contra las ONG y proyecto de Ley contra la cooperación internacional en Venezuela.

Uno de los expertos se mostró sorprendido por la posición del Fiscal, quien defendió a Maduro, cuando su función es ser imparcial.

«Jamás he visto a un Fiscal General defender de tal forma al Gobierno de su país, cuando su rol aquí es presentar su situación de independencia», dijo el especialista.

Para este miércoles, cuando se reanuda el diálogo entre el Comité de Derechos Humanos de la ONU y Venezuela, se va a evaluar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado venezolano.

#11Oct? "TENEMOS DERECHO A PEDIR QUE SE NOS RESPETE"Carlos Gómez Martínez, experto independiente del comité de DD.HH. de la ONU, rechazó la respuesta de la delegación de Nicolás Maduro durante la sesión del Consejo de este #10Oct.?: @_Proveapic.twitter.com/IqkBA7xDPo

#VenezuelaPreocupa al Comité de Derechos Humanos por la actitud del Fiscal Tarek Saab ante las preguntas."Jamás he visto a un Fiscal General defender de tal forma al Gobierno de su país, cuando su rol aquí es presentar su situación de independencia" pic.twitter.com/208z5Yjs6Z

Este martes se lleva a cabo el diálogo entre el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Estado venezolano, donde representantes de este organismo denunciaron las violaciones de todos los derechos los habitantes de nuestro país.

La delegación venezolana, asistente al evento, está presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores Yván Gil e integrada, además, por el fiscal Tarek William Saab.

El Comité remarcó que siguen recibiendo “información preocupante” sobre uso continuado de torturas y malos tratos para obtener confesiones e información.

“Destacamos la impunidad en estos casos. Las víctimas temen denunciar», lamentaron los miembros de la instancia.

El fiscal de Maduro, Tarek William Saab, dice que las cifras adquiridas por el Consejo de DD.HH. en la ONU en materia de desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales «fueron sacadas de Twitter».

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En una primera intervención, los delegados de la administración de Nicolás Maduro manifestaron: «Hemos sido objeto de una agresión proveniente de los Estados Unidos de América, seguimos siendo garante de derechos humanos».

Pero, anteriormente, a través de sus redes sociales, el canciller Gil habló acerca de que «Venezuela presenta su Quinto Informe Periódico en el 139.º Período de Sesiones del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, mostrando nuestros logros, avances y retos en esta área».

«Nuestro país ratifica su férreo compromiso con el respeto a los DD.HH. y el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales».

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Distintos integrantes del Comité tomaron la palabras para denunciar las violaciones a los derechos de los venezolanos: «El Estado venezolano no se debe tomar acciones contra las personas defensoras que enviaron información al Comité. Las sanciones no son materia de discusión en esta evaluación», dijo Héléne Tigroudja, miembro del Comité.

«En su informe el Estado no incluyó información sobre las normas y leyes aprobadas en Venezuela que son contrarias a lo establecido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos», agregó.

Fustigó a la administración de Maduro porque: “Los argumentos por parte del Estado no son pertinentes, en cuanto se ha evidenciado el hostigamiento y persecución sobre la población venezolana durante el periodo del presente diálogo.”

En la misma tónica se pronunció el otro miembro del Consejo, K. Tchamdja Kpatcha, quien expresó: “En cuanto a violaciones de DDHH de las personas privadas de libertad, se debe mejorar el sistema de recogida de denuncias, por lo que preocupa la falta de independencia de la Defensoría del Pueblo, ya que solo transmiten el discurso gubernamental sobre DD.HH., no documenta violaciones de los derechos y como consecuencia la ciudadanía no tiene confianza».

Asimismo, otro componente del organismo, Santos Páez, se refirió a la falta de acciones contra la corrupción.

«En cuanto a la lucha contra la corrupción, sus estadísticas no están bien desglosadas» y cuestionó «la falta de credibilidad en cuanto a hechos de corrupción evidenciados en Venezuela, donde faltan auditorias directas por parte de la Contraloría del Estado a PDVSA, así como al sistema de salud pública», a lo que se suman «los hechos relacionados con el narcotráfico, donde el Estado solo ha investigado 22 situaciones».

Este funcionario también tocó el tema de la minería ilegal y los ataques contra la libertad de expresión, a través de Conatel y el cierre de medios de comunicación.

De igual forma, al Comité le preocupa «lo documentado por la Misión de la ONU sobre la falta de independencia del Defensor del Pueblo», porque «no hay confianza en esta institución”.

#10Oct #AHORAHéléne Trigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos, órgano de la ONU: "Los argumentos por parte del Estado no son pertinentes, en cuanto se ha evidenciado el hostigamiento y persecución sobre la población venezolana durante el período del presente diálogo"… pic.twitter.com/OI32b0j0aO

En nombre del Presidente @NicolasMaduro, Venezuela presenta su Quinto Informe Periódico en el 139° Período de Sesiones del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, mostrando nuestros logros, avances y retos en esta área. Nuestro país ratifica su… pic.twitter.com/QFOzayMiAP

Venezuela no logró el apoyo suficiente para mantener su asiento en el Consejo de Derechos Humanos, en donde este martes fueron elegidos como nuevos miembros Chile y Costa Rica.

Chile y Costa Rica se hicieron con las dos plazas vacantes para los países de Latinoamérica y el Caribe.

Con esto Venezuela perdió su asiento en la votación que buscaba elegir catorce de los 47 escaños de este órgano de la ONU con sede en Ginebra.

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Se conoció que tres países del bloque se presentaron y en la votación, que fue secreta y sin discursos, Chile obtuvo 144 votos, Costa Rica 134 y Venezuela 88, reseña AFP.

Pese a que Venezuela, está actualmente en el Consejo y  optaba a la reelección, tuvo oposición de grupos de defensa de los derechos humanos.

Estos grupos llamaron a no votar por Venezuela argumentando una serie de actos violatorios a los derechos humanos, de los cuales se señala a la administración de Nicolás Maduro.

Cabe recordar que en septiembre de este año un informe de la ONU denunció que los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de las altas esferas del gobierno.

Con información agencias

La organización Center for a Free Cuba (CCF) mostró su satisfacción este jueves por la suspensión de la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero, pidió que se tome la misma medida con China, Cuba y Venezuela, entre otros países.

La exclusión de Rusia se basa en las «violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos» cometidas por las tropas rusas en Ucrania, reseñó Efe.

«El Centro por una Cuba Libre (CFC), organización colaboradora en la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia, saluda y se une al llamado de UNWatch para expulsar a China, Cuba, Eritrea, Libia, Mauritania y Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU», afirmó John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, en un comunicado.

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Suárez agregó que «ahora es el momento de limpiar el disfuncional Consejo de Derechos Humanos para que pueda cumplir con sus deberes en este momento crítico».

Venezuela es uno de los países que apoya a Rusia en la guerra con Ucrania. La posición de Venezuela tiene que ver con la defensa de uno de sus principales aliados.

El canciller de Nicolás Maduro, Félix Plasencia, asegura que la medida del Consejo de DD.HH. de sacar a Rusia, atenta contra «el multilateralismo». No obstante, no menciona los miles de muertos ni la destrucción a la que se ha sometido a Ucrania.

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la iniciativa impulsada por EE.UU. con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.

El CFC, con sede en Washington, mencionó que Cuba, elegida para el Consejo en 2020, el mismo año que entraron Rusia, China y Pakistán. Es uno de los 24 países que votaron en contra de la suspensión de Rusia, entre los cuales también estuvo Nicaragua.

«Los acontecimientos de los últimos dos meses han demostrado el error de legitimar estos regímenes. Son activamente hostiles a las normas internacionales de derechos humanos», dijo CFC.

El régimen cubano «lleva décadas a la vanguardia de socavar las normas internacionales de derechos humanos», agregó.

Venezuela rechazó este jueves la decisión tomada por los países de la ONU de suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos. Esto, por los abusos cometidos durante su invasión a Ucrania.

Los argumentos los expuso el canciller de Nicolás Maduro, Félix Plasencia.

«Como miembro fundador de la ONU Venezuela reitera su compromiso con los principios y el mandato de su carta fundacional». Por ello, «rechaza la decisión de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU», escribió en su cuenta de Twitter.

La decisión de los miembros de ONU, tomada la mañana de este mismo jueves, se basa en las «violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos» cometidas por tropas rusas en Ucrania.

La Asamblea General de la instancia aprobó la iniciativa impulsada por Estados Unidos con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. De esta forma superó con holgura la mayoría de dos tercios necesaria, dado que solo se tienen en cuenta los «síes» y los «noes», reseñó Efe.

Rusia es el segundo país suspendido del Consejo de Derechos Humanos desde que este se creó en 2006. Hasta ahora, el único precedente era la exclusión de la Libia de Muamar el Gadafi.

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Al respecto, Plasencia aseguró que esta resolución afecta el multilateralismo y contraviene las opciones de diálogo que la administración de Nicolás Maduro respalda.

«Condenamos la aplicación de esa resolución que afecta al multilateralismo, así como las perspectivas para el diálogo que nuestro país promueve activamente. Esta decisión derrumba puentes necesarios para el entendimiento y amenaza seriamente la seguridad, el orden y la Paz global», dijo Plasencia.

Además, insistió en que la «imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales» contra Venezuela afecta a la «contribución activa en el mantenimiento de la paz».

«Denunciamos hoy la profundización de los ataques contra el multilateralismo, que coartan nuestro ejercicio del derecho inalienable al voto en ONU, mediante la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales. Las mismas afectan nuestra contribución activa en el mantenimiento de la Paz», apuntó el funcionario venezolano.

Desde que comenzó su invasión de Ucrania, el pasado 24 de febrero, Rusia está cada vez más aislada. En la víspera del voto del jueves, presionó a numerosos países. Lo hizo con una carta en la que les advertía de que votar a favor o incluso abstenerse sería visto como un gesto hostil y con consecuencias.

Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Iván Duque, intervendrán el próximo 28 de febrero en la inauguración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En sus tres sesiones de 2022, este consejo estará presidido por el embajador argentino ante Naciones Unidas en Ginebra, Federico Villegas.

Duque y Maduro, como en 2021, intervendrán en formato virtual en el segmento de alto nivel que comienza cada año estos debates. Los derechos humanos son el plato fuerte de este Consejo, que también contará con la presencia del presidente tunecino (Kais Said). Además, intervendrá el secretario general de la ONU, António Guterres, entre otras personalidades.

El programa de la que será la 49ª sesión de este consejo desde su creación en 2006, incluirá debates sobre la situación de las libertades fundamentales en unos 40 países. El foco estará puesto en países con graves crisis como Venezuela, Nicaragua, Bielorrusia, Afganistán o Etiopía.

El diplomático argentino expresó su esperanza en que en las sesiones de este año, con el levantamiento de numerosas restricciones, regrese una atmósfera similar a la anterior a la pandemia, reseñó Efe.

«La virtualidad tiene algunas ventajas, pero también plantea ciertos límites. En mi presidencia espero que haya más debates en persona que permitan un mayor entendimiento, un mejor debate para plantear cuestiones en común y diferencias», afirmó Villegas.

«El pasado año las consultas informales se tenían que llevar a cabo por internet. Eso era traumático para las delegaciones, para todos en general», recordó.

Pese a estas dificultades, el Consejo de DD.HH. es una de las instituciones más activas del sistema de Naciones Unidas en Ginebra durante la pandemia. En los dos años previos mantuvo las seis sesiones previstas y solo en 2021 aprobó 175 resoluciones.

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Los asistentes no tendrán que presentar pruebas de vacunación o tests negativos para asistir presencialmente a los debates. No obstante, las mascarillas seguirán siendo obligatorias.

Durante las cinco semanas de debate, que concluirán el 1 de abril, se analizarán las crisis políticas y de DD.HH. Birmania (Myanmar) y Sudán.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, intervendrán el 1 de marzo en el Consejo.

Se espera que la cuestión ucraniana domine sus discursos, aunque el consejo no celebrará un debate específicamente dedicado a Ucrania hasta el 29 de marzo.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió este lunes que el diálogo entre la oposición y el oficialismo, en México, derive en soluciones «significativas» para los problemas de la nación. También rechazó las sanciones contra Venezuela por empeorar la crisis en que se encuentra el país.

«Confío en que pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances la protección de los derechos humanos. También en el compromiso de las autoridades con mi oficina y confío en que seguiremos profundizando en nuestra cooperación», dijo Bachelet.

Lo hizo durante la instalación de la 48 sesión del Consejo de Derechos Humanos del organismo. Allí presentó un resumen del último informe de su oficina sobre Venezuela.

«La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de COVID-19, como por las sanciones sectoriales», expresó. Y agregó que las sanciones limitan «aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones», señaló.

En el informe de la oficina de Bachelet se pide a los países mantener su ayuda humanitaria a Venezuela. Hace énfasis en lo referido a la pandemia. Por ello pide que se asegure una distribución justa de las vacunas.

Bachelet anunció que el pasado viernes se renovó el acuerdo entre su oficina y la administración de Nicolás Maduro. La finalidad es que el personal especializado en derechos humanos de la ONU pueda trabajar en el país.

En consecuencia, los observadores de la oficina en Venezuela se duplicaron. Es decir, que pasaron de seis a doce.

Por otra parte, la alta comisionada defendió el papel de la sociedad civil para hacer un seguimiento de las políticas públicas y de su impacto en la sociedad.

Hizo un llamamiento para proteger a los activistas y defensores de los derechos humanos de ataques, intimidación o de la criminalización de su trabajo.

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El informe presentado ante el Consejo de DD.HH. de la ONU abarca el período comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

El documento está enfocado en los últimos acontecimientos durante el período que abarca y está relacionado con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además del nivel de implementación de las recomendaciones correspondientes a informes anteriores.

El escrito tiene información recopilada y analizada por el ACNUDH, sobre la base de entrevistas con víctimas y testigos. Así como de reuniones con funcionarios de Maduro y organizaciones de la sociedad civil.

Aclara que el ACNUDH «actuó con la debida diligencia para evaluar la credibilidad y fiabilidad de todas las fuentes». Asegura que «contrastó la información recopilada para verificar su validez. Solicitó el consentimiento informado de las fuentes a las que entrevistó y adoptó todas las medidas apropiadas para proteger sus identidades».

El escrito dice que «la población de Venezuela sigue enfrentando importantes desafíos relacionados con el disfrute de sus derechos económicos y sociales».

Pero, destaca que la administración de Maduro «ha promovido políticas sociales a través de programas económicos dirigidos a combatir la pobreza y a disminuir la brecha de igualdad de género».

Sin embargo, alerta que «persisten los desafíos en estas áreas debido, en parte, a la mala asignación de recursos». También «a la falta de mantenimiento de la infraestructura pública y a la grave subinversión en servicios esenciales. Las sanciones sectoriales y el impacto de la pandemia de COVID-19 han aumentado aún más la escasez de recursos disponibles».

Resalta que «las medidas coercitivas unilaterales sectoriales exacerbaron las condiciones económicas y humanitarias preexistentes». Las mismas afectan «los recursos disponibles para garantizar y proteger los derechos humanos, en particular de las personas más vulnerables».

Dice que, pese «a las excepciones humanitarias existentes, el exceso de cumplimiento de las medidas coercitivas unilaterales sectoriales, ha agravado la escasez de medicamentos». Igualmente, limitan «las importaciones de alimentos».

En este sentido, alerta que esas sanciones también imponen «una carga adicional a las organizaciones de la sociedad civil, cuyos donantes e instituciones financieras exigen información financiera adicional detallada».

Para la entidad esta situación desvía «las capacidades (de las ONG) para trabajar eficazmente, en particular en las zonas rurales y remotas».

Por otro lado, señala que «la escasez de combustible afectó negativamente en la producción y distribución de alimentos, el transporte público y los servicios públicos. Además de la educación y el sector de la salud».

Por ello, «el ACNUDH reitera sus anteriores llamamientos para que se levanten las medidas coercitivas unilaterales sectoriales».

Insiste en que las mismas tienen «un impacto desproporcionado en el conjunto de la población (…) y en el disfrute de los derechos humanos».

Asimismo, la oficina manifestó que «está preocupada por los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de funcionarios públicos. Así como de trabajadoras de sectores que dependen de la financiación pública, en particular de trabajadores de los sectores de la educación y la salud».

Cita fuentes como la Federación Médica Venezolana que «estimó, en agosto de 2020, que alrededor de 50 por ciento de médicos habían salido del país. Esto, principalmente debido a la rápida disminución de sus ingresos reales».

«La pérdida de profesionales médicos tuvo un impacto directo en la capacidad del país para responder efectivamente a la pandemia de la COVID-19», alerta.

Señala que entre el 2019 y el 2020 «80 por ciento de los ingresos de los hogares dependía de transferencias monetarias del Gobierno (bonos)».

No obstante, alerta que estas «transferencias monetarias están indexadas al salario mínimo oficial. Por lo tanto, las afectan los altos índices de inflación».

Resalta también que «la dependencia de las transferencias monetarias habría aumentado durante la pandemia de COVID-19».

Cita cifras oficiales sobre el empleo y señala que dos tercios de la población trabaja en el sector público, donde «el ingreso mensual promedio osciló entre dos y cinco dólares estadunidenses».

La oficina reconoce «los esfuerzos» de Maduro por digitalizar servicios. Pero reclama por «la reducción de la cobertura de Internet y cortes de energía eléctrica». Esto plantea «desafíos a los esfuerzos para garantizar la igualdad de acceso a las herramientas digitales, especialmente en zonas rurales y para personas de bajos ingresos».

El informe subraya las denuncias de «personas a las que supuestamente se les denegó la asistencia alimentaria por motivos políticos, por criticar al Gobierno. El acceso a las prestaciones sociales no debe estar condicionado a la afiliación política real o percibida», advierte.

Las protestas relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales continuaron. Esto, principalmente para exigir el acceso a servicios básicos adecuados, derechos laborales, vivienda, combustible, servicios de salud adecuados y alimentos.

«Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó ocho casos de protestas durante las cuales violaciones de derechos humanos fueron cometidas por las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados colectivos. Se incluyen por lo menos una ejecución extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza», dice el escrito.

De estos, el ACNUDH «tomó nota de las investigaciones abiertas en al menos dos casos de malos tratos y reitera la obligación de investigar de forma independiente todos estos incidentes y evitar que se repitan. El ACNUDH también documentó detenciones y arrestos ilegales o arbitrarios de al menos 45 personas en relación con esas protestas».

El ACNUDH «reconoce el establecimiento de foros de diálogo con los sindicatos en mayo de 2021 y recuerda el derecho de los sindicatos a funcionar libremente, sin limitaciones excesivas y el derecho a unirse a la asociación de su propia elección».

Sin embargo, «el ACNUDH documentó la falta de cumplimiento de los convenios colectivos de los funcionarios y las funcionarias públicos, en particular desde la promulgación del Memorando 2.792 del Ministerio de Trabajo en 2018, que permite efectivamente su revisión unilateral por un órgano especial del Ministerio, incluso en lo que respecta a los salarios, los beneficios y las condiciones de trabajo».

En este sentido, «el ACNUDH está preocupado por la reportada falta de consultas inclusivas de todas las partes afectadas en cuestiones laborales, lo que plantea preocupaciones relacionadas con la independencia de los sindicatos y el pleno disfrute de los derechos de sus miembros».

#13Sep #AHORA Actualización del informe de la ONU caso Venezuela:Bachelet: "152 detenidos han sido liberados desde junio de 2020. Reitero mi llamamiento a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. Doy la bienvenida a la absolución de Braulio Jatar" pic.twitter.com/xlAEutLfqd

Nicolás Maduro, sostuvo que las sanciones internacionales son responsables de la crisis en Venezuela. Entre otras cosas le impiden una mejor respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Maduro hizo la afirmación en una intervención virtual en la inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Las mismas se llevan a cabo en Ginebra.

Contabilizó más de 450 medidas que buscan “ejercer una presión desmedida y una persecución” en su contra. La finalidad de esto, según sus palabra es provocar un cambio de gobierno.

“Nuestra Patria enfrenta una guerra multidimensional. Está orientada a acabar con el modelo social inclusivo construido por la Revolución. Son acciones de presión desmedidas, de persecución contra nuestro país, a través de la imposición de más de 450 medidas coercitivas unilaterales e ilegales que han resultado en un bloqueo y una obsesiva persecución contra las capacidades del Estado y de la sociedad venezolana”, enfatizó.

La administración de Maduro sostiene que son al menos 30.000 millones de dólares en activos a los que no puede acceder por las restricciones. Y culpa de ello a Estados Unidos y la Unión Europea.

“Los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano han demostrado una gran crueldad. Incluso en circunstancias de pandemia, desacatando los llamados de la comunidad internacional”, dijo al Consejo de DD.HH.

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La Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, consideró en el pasado que las sanciones financieras contra Venezuela no son la forma más eficaz de propiciar la colaboración del gobierno de Maduro.

Una misión de investigación creada por mandato del CDH y que trabaja bajo el amparo de la Oficina de Bachelet corroboró graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo eventos que pueden representar crímenes contra la humanidad y de los que altos responsables del gobierno habrían sido cómplices.

En lugar de ello, denunció que las sanciones económicas se han incrementado. Insiste en que esta es la causa de la crisis humanitaria que padece el país y que en los últimos cinco años ha provocado un éxodo de más de 5 millones de personas.

Maduro prometió colaborar con el CDH. Pero mantuvo su posición de rechazar “cualquier mecanismo inquisidor que pretenda usar la causa de los derechos humanos como herramienta política”.

Sostuvo que se trata de “provocaciones ideologizadas” . Aseguró que las mismas no perturbarán la colaboración que ha empezado con la Oficina de Bachelet.

No obstante, el objetivo de Bachelet es establecer una oficina en Caracas. La idea es que pueda trabajar de forma independiente y con un alcance más amplio, lo que Maduro no acepta hasta ahora.

#AHORA ? | Pdte. @NicolasMaduro participa en la 46° sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU https://t.co/ftTEq3a6Uk