El Consejo de DD.HH. de la ONU aprobó la creación de una comisión investigadora sobre las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario en Ucrania.

La resolución se logró con 32 votos a favor, 2 en contra (Rusia y Eritrea) y 13 abstenciones. La misma tuvo lugar dos días después que la Asamblea General de la ONU votó para exigir a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania.

La votación se produce después del ataque por parte del ejército ruso a la mayor central nuclear de Europa, la de Zaporiyia, en el sur de Ucrania.

Es la primera vez en la historia del Consejo que una resolución concierne directamente a Rusia, explicó un portavoz de la ONU, reseña AFP.

La resolución condena «las violaciones y ataques a los derechos humanos como consecuencia de la agresión de la Federación Rusa».

El texto de la resolución reclama «la rápida y verificable retirada de las tropas rusas, y de los grupos armados aliados de Rusia, de todo el territorio reconocido internacionalmente de Ucrania». Pide la creación urgente, y durante un año (inicialmente) de «una comisión investigadora internacional e independiente».

Lea también: ONU alerta que más de 10 millones de personas podrían huir de Ucrania

Los investigadores tendrán la misión de «recoger, unir y analizar los elementos de prueba para atestar (…) violaciones» de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante la invasión de Ucrania». Lo harán «de cara a futuros procesos, así como identificar a los responsables de estas violaciones «para que respondan de sus actos».

La invasión rusa provocó mucha conmoción en el mundo. Las manifestaciones contra la guerra y los gestos de solidaridad con los ucranianos se han multiplicado. Esto por los bombardeos y el éxodo de cerca de 1,2 millones de personas, según las últimas cifras de la ONU.

“¿Para qué existe este Consejo? ¿Para escuchar a tiranos y criminales o para escuchar a las víctimas? ¿Para lavarle la cara a los peores violadores de derechos humanos del mundo o para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades?”.

Las preguntas las hizo la dirigente opositora María Corina Machado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo hizo a propósito de la sesión para actualizar el informe oral de la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, sobre Venezuela.

A través de un video, la coordinadora de Vente Venezuela expresó su rechazo a la permanencia de Nicolás Maduro en ese organismo. Consideró una “vergüenza” que se le permita ser miembro, pese a las acusaciones por delitos de lesa humanidad.

En su participación, cortesía de la ONG UN Watch, narró el saqueo que mantiene en la miseria a más del 90% de la población venezolana. Aseguró que se trata de una política “intencional” de un Estado mafioso que no está dispuesto a soltar el poder.

Lea también: ¡PÁNICO! EXPLOSIÓN al norte de Valencia ocasiona destrozos en un edificio (+Fotos)

“Es un país sin ley, donde la vida no vale nada. Una sociedad que vive bajo el terror de un Estado criminal que tortura, desaparece y persigue a periodistas. Incluso sindicalistas, amas de casa y estudiantes. Una generación de niños que crece sin alimentos, sin vacunas, sin educación y sin sus madres”, describió.

María Corina preguntó ¿Qué más hace falta para que el Consejo de DDHH de la ONU actúe y les instó a actuar? “¿Cuántos muertos más hacen falta para que ustedes actúen? ¿Cuántos desaparecidos y presos políticos? ¿No es suficiente seis millones de migrantes y desplazados? ¿Necesitan 10? ¿15?”.

Este jueves se lleva a cabo el 46° período de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU. Se actualizó el informe oral sobre Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Allí, distintas organizaciones como UN Watch tienen derecho a participar en un espacio de 90 segundos que la ONG cedió a Machado.

En julio de 2019, Bachelet relató su encuentro con venezolanos víctimas de la violencia del Estado venezolano. Esto se ratificó este miércoles en la actualización del informe sobre Venezuela. La Misión de la ONU en el país denunció que se trata de una violación a gran escala.

La verdad les incomoda a algunos.Dignidad y respeto es lo que exige el pueblo venezolano. https://t.co/nt9v2j1X9K

En Colombia se cometieron 76 masacres con 292 asesinados en 2020. Esto supone la mayor cifra de matanzas desde 2014. también son casi el doble de las 36 que se produjeron el año anterior.

La información se dio a conocer en el informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Se trata de una «violencia endémica». A pesar de la bajada de la tasa de homicidios en 2020 hubo «una intensificación de la violencia. También un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no estatales y grupos criminales».

La situación en Colombia será presentada por la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Lo hará ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el próximo 25 de febrero.

«Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente. El 2020 es el año con la cifra más alta registrada desde 2014», manifestó la representante en Colombia de la Alta Comisionada, Juliette Rivero.

Entre los casi 300 asesinados se encuentran 23 mujeres, seis niñas, 18 niños. Además de siete integrantes de pueblos indígenas y 10 afrodescendientes.

El comienzo de este año, que la Justicia Especial por la Paz (JEP) ya tildó como el más violento desde la firma de la paz. La ONU documentó seis masacres, con 21 víctimas, y está verificando cinco más. Mientras que organizaciones como Indepaz recogen datos muy similares con 14 masacres y 55 víctimas en 13 municipios.

«La tendencia de asesinatos de defensores es muy preocupante. El Estado tiene la capacidad y la posibilidad de ajustar sus políticas para prevenir estos casos de violencia», consideró la representante de Bachelet, citada por Efe.

Además, la violencia también provocó el desplazamiento masivo de más de 25.000 personas, sobre todo en los departamentos de Antioquia (noroeste), Chocó (oeste) y Nariño (suroeste), y casi 75.000 personas sufrieron confinamientos impuestos por grupos armados más allá de los dictados por la respuesta a la pandemia de la covid-19.

También siguió la violencia contra líderes sociales y desmovilizados del acuerdo de paz, siendo asesinados 73 exintegrantes de las FARC en 2020.

«La ausencia de una presencia integral del Estado en algunas regiones del país limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables», concluyó la representante.

Lea también: No son ocho, sino 11 los asesinados en Tumaco, Colombia

La oficina de la ONU recibió información acerca de casi 800 amenazas y agresiones a líderes sociales. Sobre todo en zonas rurales, pero también en Bogotá. Además, hubo casi 450 violaciones contra los derechos de los periodistas, con dos casos de homicidio.

También aumentaron, con respecto a 2019, los asesinatos de defensores de derechos humanos. La Oficina de la ONU recibió denuncias de 133 casos de homicidios. De ellos han podido verificar 90 y están pendientes de demostrar otros 25. Mientras que en 2019, contabilizó 108.

«Esta cifra es representativa de los casos conocidos por la Oficina. Por lo tanto constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo», dijo Rivero.

La ONU considera que lo «más importante es poner el acuerdo de paz en el centro de la respuesta del Gobierno. Pide reforzar los mecanismos creados por el acuerdo de paz para dar respuesta a esta situación».

Señala que la resolución de las peticiones de protección se retrasan y ponen en riesgo a los defensores.

«Creemos que el 2021 es un año de grandes oportunidades para Colombia», consideró Rivero. Se espera que con el fin del mandato de la Comisión de la Verdad, la sociedad y el Gobierno tienen la oportunidad «de recibir, escuchar y conocer la verdad entregada por la Comisión».

«De esta capacidad de entender la verdad y apropiarse de ella dependerá el presente y el futuro del país para construir una verdadera reconciliación y el respeto pleno de los derechos humanos», dijo la representante.

«Confiamos en la capacidad y voluntad del Gobierno y del Estado en su conjunto de buscar soluciones prácticas y eficaces a estos desafíos, con la participación de la sociedad civil, reforzando esfuerzos existentes», concluyó Rivero

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció el lunes su intención de implicarse de nuevo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Esta decisión marca una ruptura con el gobierno del expresidente Donald Trump, que abandonó el organismo en 2018 acusándolo de hipocresía.

Biden «dio instrucciones al Departamento de Estado para que se implique de forma inmediata y contundente» en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, en un comunicado.

No obstante, Blinken dijo saber que el Consejo «es un órgano lleno de defectos, que necesita reformar su programa».

Igualmente, «sus miembros y sus prioridades, incluida la atención desproporcionada que presta a Israel», reseñó la agencia AFP.

Lea también: Incendio en Planta PAVECA se originó en el almacén de productos terminados

Pero «para poder hacer frente a las deficiencias del Consejo y garantizar que cumpla su mandato, Estados Unidos debe estar presente en la mesa».

Además, hacer uso de todo el peso de nuestro papel de punta de lanza en materia diplomática», subrayó.

Ese vacío «ha sido aprovechado por países que tienen una agenda autoritaria», dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.

No dijo nombres, pero aludió claramente a China y Rusia, entre otros.

En un mensaje pregrabado que se transmitió en una reunión del Consejo, el encargado de negocios de Estados Unidos, Mark Cassayre, afirmó por su parte que «la forma más eficaz de reformar y mejorar el Consejo es trabajar con él».

Cassayre destacó que estando de nuevo «alrededor de la mesa, queremos asegurarnos de que [el Consejo] pueda cumplir su papel» en «la lucha contra la tiranía y la injusticia».

El Consejo está integrado por 47 Estados miembros, algunos de los cuales son denunciados periódicamente por sus abusos contra los derechos humanos.

Estos países son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Estados Unidos retomará su papel con su estatuto de observador.

«Tendrá la oportunidad (…) de dirigirse al Consejo, participar en negociaciones y aliarse con otros para presentar resoluciones», precisó Bliken.

«Estamos totalmente convencidos de que cuando Estados Unidos se involucra de manera constructiva en el trabajo del consejo, con nuestros aliados y amigos, los cambios positivos están a nuestro alcance», agregó.

La decisión del gobierno de Biden se aleja de la postura de la silla vacía de la administración Trump.

Trump anunció en junio de 2018 que abandonaba el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra.

«Tomamos esta medida porque nuestro compromiso no nos permite seguir formando parte de una organización hipócrita e interesada que se burla de los derechos humanos», dijo Nikki Haley, entonces embajadora de la ONU en Nueva York, junto al entonces secretario de Estado, Mike Pompeo.

Haley acusó al Consejo de proteger «a los autores de violaciones de los derechos humanos» y de constituir «un pozo negro de parcialidad política».

Aunque Estados Unidos aseguró que seguiría defendiendo los derechos humanos en el mundo, la decisión demostró la desconfianza de Trump hacia los organismos multilaterales.

Su mandato también estuvo marcado por la retirada de Estados Unidos del acuerdo sobre el clima de París.

Asimismo, el inicio de la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su estrategia para paralizar la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La nueva administración de Biden había anunciado desde su primer día el regreso de Estados Unidos a los acuerdos climáticos y a la OMS.